Aunque la trata de personas parezca algo excepcional, en realidad es más frecuente de lo que parece. Las niñas, niños y adolescentes son víctimas de tráfico con fines de explotación sexual y laboral.
En Playas, un poblado costero a 78 kilómetros de Guayaquil, una pareja decidió vender a sus dos hijas. Como si fueran mercancías, anunciaron la venta de las pequeñas de 3 y 4 años por redes sociales. El precio: USD 6.000 por cada una. Un usuario que vio el anuncio denunció el caso a la Policía. Así, el padre y la madre de las niñas, que llegaron a Guayaquil para concretar la venta y entregarlas a un supuesto comprador, fueron detenidos por agentes policiales que los esperaban. Ambos dijeron que no tenían los medios necesarios para encargarse de sus niñas y que por eso las vendían.
Sucedió el 23 de marzo de 2022, y aunque fue el primero registrado en el año, no es el único. En Ecuador hay padres que venden a sus hijos.
Tal vez se explique en la falta de oportunidades, en la crisis económica desatada por la pandemia o porque hay redes criminales ocultas que operan en el país con más frecuencia de lo que parece. Solo entre marzo y abril de 2022, la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia detuvo a una pareja y a una madre que intentaban comercializar a sus hijos.
El segundo caso de 2022 sucedió apenas un mes después de la detención de la pareja que vendía a sus niñas. Una mujer que vivía en Chanduy, una parroquia rural en la provincia de Santa Elena, también decidió vender a su bebé de dos años. El mecanismo fue el mismo: la madre promocionó a su hija a través de las redes sociales. El caso llegó a las manos de la Policía Nacional y la mujer fue detenida el 24 de abril de 2022. Y el motivo, nuevamente, el mismo: la madre dijo a la Policía que no tenía dinero para mantener a la bebé; el padre de la niña las había abandonado. La bebé fue entregada a su abuela materna, que estaba consternada por la decisión que su hija había tomado.
Las personas que intentaron vender a sus hijos fueron juzgadas en flagrancia y la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes. Estos casos son catalogados como trata de personas. En Ecuador, este delito se entiende como la acción provocada por una persona o personas que capten, transporten, trasladen, retengan o reciban, en el país, desde o hacia otros países, a personas con fines de explotación.
La normativa ecuatoriana define ocho tipos de trata: aquella que busca la venta de órganos u otros tejidos, la relacionada con la mendicidad, con el reclutamiento para formar parte de grupos armados, los matrimonios o uniones concertadas con fines de procreación, la adopción ilegal, la explotación sexual y laboral, entre otras.
En ambos casos, la Policía recibió alertas por parte de ciudadanos que vieron las publicaciones en redes sociales. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) resalta que mantenerse alerta y comunicar a las autoridades sobre un posible delito es clave para luchar contra la trata de personas: «Las sospechas pueden despertarse en el lugar de trabajo o en la vida privada; recuerde que puede haber víctimas de la trata en diversos sectores».
Estos dos hechos no son los primeros en Ecuador. El 7 de mayo de 2019, la periodista Catalina García reveló que un padre intentó alquilar a su hijo de un año y ocho meses por USD 40. El caso se juzgó como trata de personas con fines de explotación sexual.
El padre se comunicaba por redes sociales con otro hombre que quería diez minutos con el bebé para «acariciarlo, tocarlo» y le prometía a su padre que «no lo haría sufrir».
En las conversaciones los dos hombres negociaban el precio del niño. La madre denunció a su pareja ante la Policía. Sin embargo, luego defendió a su esposo pues si él iba preso no tendría quién les provea lo necesario para vivir. El otro hombre aceptó que había negociado con el padre del bebé para abusarlo.
Las niñas, niños y adolescentes tienen más riesgo de ser cooptados para los distintos tipos de trata. Desde 2015 hasta julio de 2022, la Fiscalía General del Estado ha receptado 997 denuncias por trata de personas. Alrededor del 43% de las víctimas —registradas como números fríos— son adolescentes entre 13 y 17 años. El 15% son niñas y niños desde 0 a 12 años. Un informe global de la Unodc señala que el 30% de las víctimas de trata son menores de edad.
Las formas de trata más comunes son con fines de explotación sexual y laboral. De acuerdo con el informe global, en los últimos quince años, el porcentaje de niñas tratadas con fines de explotación sexual incrementó del 10 al 19%. Los casos de niños explotados laboralmente también aumentaron del 3 al 15%.
Las niñas y las mujeres son las víctimas más comunes. De acuerdo con la Unodc, cinco de cada 10 víctimas de trata en el mundo, en 2018, eran mujeres adultas y dos eran niñas. Sin embargo, en los últimos 15 años, el porcentaje de niños capturados para ser víctimas de trata ha aumentado del 10% a más del 30%. Cinco de cada diez víctimas fueron destinadas a la explotación sexual.
Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde los criminales captan y venden a sus víctimas. El 19 de mayo de 2019, la activista Daniela Mora Santacruz denunció en su cuenta de Twitter sobre perfiles en Facebook que vendían niñas para servicios sexuales en Ecuador. En aquel momento, la ministra de gobierno María Paula Romo informó que había iniciado una investigación al respecto.
Gracias a todos quienes hicieron eco de la publicación sobre la página/perfil de fb en el que se ofertan niñas para servicios sexuales. La ministra @mariapaularomo se puso en contacto para informar que se inició una investigación al respecto. Nos mantendremos alerta.
— Dani Mora 💜💚 (@DaniMSantacruz) May 23, 2019
El grooming —cuya traducción al español es «engaño pederasta»— es el delito conocido como el contacto con menores de edad para fines sexuales o de extorsión a través de identidades falsas, por las redes sociales, juegos en línea, mensajes, chats, entre otros. Puede tener tres finalidades principales: el placer personal del depredador, la pornografía infantil o la trata. A veces estos tres tipos de delitos se combinan.
El 22 de julio de 2022, la policía detuvo en Ecuador a una pareja que integraba una red internacional de pornografía infantil que operaba desde 2009. Según las investigaciones policiales, los detenidos contactaban a niñas, niños y adolescentes entre 10 y 16 años a través de las redes sociales y luego les pedían fotografías sexuales que servían para difundirlas.
La pornografía infantil está estrechamente relacionada con la trata y el grooming. Los casos no son novedad en el país. Por ejemplo, en 2016, en Quito, se arrestó al mayor distribuidor de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes de Sudamérica.
Uno de los casos más estremecedores que reveló una red de trata y pornografía infantil fue el de Emilia, la niña de 10 años que fue secuestrada, violada y asesinada en Loja, en el sur del país.
El 15 de diciembre de 2017, mientras las personas se preparaban para la Navidad, Emilia desapareció. La niña había asistido a clases ese día e incluso preparó un regalo navideño para sus padres. Al salir de la escuela y dirigirse a su casa, un hombre la secuestró.
El criminal, alias Chino, era conocido por ser profesor de bailoterapia y por animar fiestas infantiles. Emilia lo conocía de alguna clase de bailoterapia así que cuando la encontró a las afueras de la escuela, la niña caminó con él sin temor.
La confesión de alias Chino sobre el crimen de Emilia fue desgarradora. Él habría sido contactado por una mujer que buscaba a niñas de «entre 10 y 12 años para hacer tomas fotográficas y videos desnudas». Como recompensa por el delito le pagarían USD 4.000. Chino debía secuestrarlas, violarlas y luego devolverlas, pero como a Emilia la buscaban en toda la ciudad, el hombre decidió matarla.
Las investigaciones que se produjeron a raíz del crimen de Emilia descubrieron que en Ecuador operaba una red dedicada a la trata de personas y a la pornografía infantil. La red era liderada desde Loja y se extendía por varias ciudades como Cuenca, Quito, Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas. Los miembros de la red buscaban a menores de edad a través de Facebook y tenían una página con el nombre ‘Inocentes 10’.
De acuerdo con la Unocd, la mayoría de las personas que han sido investigadas y sentenciadas por trata de personas son hombres (64 %). «Los tratantes pueden ser miembros de grupos de delincuencia organizada, que cometen trata sobre una gran mayoría de las víctimas, hasta personas que operan por su cuenta o en pequeños grupos de acuerdo a la oportunidad», señala el último informe global sobre trata elaborado por la oficina de las Naciones Unidas.
La asesora de género de la Fiscalía General del Estado, Juana Fernández, enfatiza en que los casos de trata no son aislados pues «hablamos de criminalidad organizada». Los delitos entonces no solo suceden en Ecuador sino que forman parte de redes que operan trasnacionalmente. Fernández indica que en los casos de trata el trabajo interinstitucional e internacional es clave para desarticular estas redes y para prestar atención a las víctimas: «la lectura que se haga del caso es clave porque según esto tú vas a poder ir derivando a las entidades o vas a activar los servicios de las carteras de Estado que ameriten».
Al referirse a los casos de trata que involucran a niñas, niños y adolescentes, Fernández destaca la importancia de la especialización al tratar a este grupo que está expuesto a distintas vulnerabilidades: «Cuando hablas de medidas de protección, tú no vas a poder devolver a los guaguas (niños) a su núcleo familiar y si no tienes redes de protección porque está, por ejemplo, en una situación de Movilidad Humana, necesariamente vas a tener que trasladar a esa niña, niño o adolescente a una casa de acogido. En el caso de que los agresores tengan antecedentes penales, hay un nivel de riesgo alto de la víctima y se la debe de ingresar necesariamente al sistema de protección a víctimas y testigos».
Entre enero de 2017 y septiembre de 2022, el 25% de las víctimas de trata corresponde a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. El 62% del total de las víctimas es de género femenino, según estadísticas del Ministerio de Gobierno de Ecuador.
Las cifras sobre trata de personas en el país, como la mayoría de delitos que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes y mujeres, se fundamentan en apenas los casos que se conocen, es decir, que existe un subregistro.
¿Qué hace el Estado para enfrentar este problema? El gobierno creó el Plan de Acción contra la trata de personas en Ecuador 2019-2030. El documento, que fue elaborado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, define algunos lineamientos para priorizar “acciones concretas y de carácter operativo que articulan a las distintas instituciones, delimita períodos para el cumplimiento, y clarifica responsabilidades institucionales en la prevención y promoción de derechos, protección integral a víctimas e investigación y judicialización”.
En el plan gubernamental se reconoce que la pobreza, el desigual acceso a derechos como la educación, el trabajo y la discriminación por razón de género, entendidos como problemas estructurales, son causa de la trata de personas y se conviernten en factores de riesgo para quienes están en una situación de vulnerabilidad “por ende los grupos humanos con mayores carencias socio económicas y sometidos a relaciones de subordinación serán los que se ubiquen en situación de mayor vulnerabilidad frente a la trata de personas”.
Ecuador es un país inequitativo. Cuando se habla de pobreza, las cifras a junio de este año del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo revelan que uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre y 1 de cada 10 está en situación de pobreza extrema. Cuando se habla de género, Ecuador tiene una brecha de género del 74.3% y se ubica en la posición 41 de 155 del Índice de Brecha Global de Género.
En ese contexto, en el que las instituciones incluso reconocen que los gobiernos han mostrado desinterés frente a esta problemática, considerando que Ecuador está calificado como el tercer país más corrupto de la región andina, según el Índice de Percepción de la Corrupción de este año; y cuando incluso los burócratas pertenecen a redes criminales, como el funcionario que contactaba a niñas para usarlas en pornografía infantil, ¿qué pueden esperar las víctimas que están inmersas en estos ciclos de violencia? ¿En quiénes pueden confiar las hijas e hijos de esos padres que los venden como mercancía en la web?
