Pese a las normativas y políticas públicas, no existe ninguna estrategia real y tangible que garantice el bienestar de las mujeres encarceladas en Ecuador, quienes pasan los días en sus celdas, sin atención especializada y sin las facilidades que les permitan obtener los medicamentos que puedan ayudarlas a superar el trauma del encierro.
“Si aquí no ven sangre, no sacan a nadie”.
Con esa frase contundente, Estela*, de 38 años, resume cómo es el manejo de la salud —y en específico, de la salud mental— en el interior de los centros de privación de libertad de Ecuador.
Estela es madre de tres niños y ha pasado nueve años encerrada en una cárcel de una zona costera del país. Me pide, vía mensajes de texto —por donde tengo un acceso limitado a conversar con ella—, que por su seguridad dentro del centro carcelario no identifiquemos de cuál se trata.
Para la protección de los derechos humanos de mujeres encarceladas como ella, existe la Política Pública de Rehabilitación Social, creada en 2022 durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que se extenderá hasta 2025. Aunque esta normativa aborda de manera específica la salud mental, ¿qué ocurre realmente con este tema dentro de los centros de reclusión?
Carla*, una de las compañeras de pabellón de Estela, una noche se cortó el cuello y los brazos con una navaja. Muy grave y casi desangrada, fue trasladada de emergencia a un hospital cercano.
De acuerdo con el censo penitenciario, un total de 1072 personas privadas de libertad han intentado —al igual que Carla— quitarse la vida en centros mixtos y femeninos en Ecuador. Aunque la información no se encuentra desagregada para conocer únicamente la cantidad de mujeres que han intentado morir por suicidio, la mayor cantidad de estos intentos ocurren cuando las personas han pasado más de dos años en reclusión, es decir, cuando el encierro ha empezado a dejar secuelas.
Aunque el episodio de Carla ocurrió hace tres años, Estela dice que las cosas no han cambiado mucho. Ahora, ante la declaratoria de conflicto interno por parte del Gobierno de Daniel Noboa y la intervención militar de las cárceles en Ecuador, algunas necesidades como las salidas a consultas médicas especializadas, las visitas de sus familiares y sus abogados, se han complicado aún más.
La última incursión de uniformados en la cárcel en donde se encuentran Estela y Carla dejó, además, mujeres golpeadas, despojadas de ropa, alimentos, implementos de limpieza y otros elementos necesarios para la vida diaria, que son provistos por sus familiares o por el mismo centro a través del economato, una especie de tienda que funciona en las prisiones.
Esta intervención, que se extendió por una semana aproximadamente, les complicó salir de sus celdas más de lo normal. “No nos dejaban ni siquiera ir a tender la ropa o con los niños al patio”, cuenta Estela. Según el censo del INEC, algunas mujeres privadas de libertad pasan entre 20 y 23 horas dentro de sus celdas. Sin embargo, el promedio de tiempo que una mujer encarcelada en Ecuador pasa dentro de su celda es 13 horas, es decir, poco más de la mitad de cada día.
“La experiencia del encarcelamiento tiene un impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas que se trasluce en un deterioro de su salud mental y también en su estado psicoemocional”, dice la socióloga Estíbaliz de Miguel Calvo, en su estudio El encierro carcelario: Impacto en las emociones y los cuerpos de las mujeres presas.
Lo cierto es que la realidad de la atención a la salud mental que se narra desde el interior de las 36 prisiones en el Ecuador a través de testimonios como el de Estela y el de Carla, difiere ampliamente de las versiones de los organismos oficiales donde todo parecería funcionar en orden y con un enfoque de justicia, atención y cuidado.
Algunos de estos organismos, como en el caso del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), solo permiten obtener la información que se encuentra en su sitio web, pues han negado por completo el acceso a entrevistas y entrega de información específica a la prensa.
INDÓMITA intentó gestionar entrevistas a través de sus comunicadores e interpuso un pedido formal de acceso a la información tal como lo contempla la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), dejando el documento en sus oficinas en Quito. Esta acción tampoco tuvo ningún efecto, pese a que la normativa da un máximo de 15 días para emitir una respuesta.
Salud mental garantizada, pero de papel
La Política Pública de Rehabilitación Social es un documento de casi 200 páginas que propone proveer atención permanente y prioritaria a través de los equipos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otros actores relacionados, para el desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos para la atención de salud mental de las personas encarceladas.
Habla también de fortalecer la asistencia a nivel grupal e individual, según la necesidad, con enfoque de género y sexogenérico con los equipos de SNAI y MSP, y ampliar esta atención a familiares de personas encarceladas que han sido víctimas de masacres y a personas que fueron testigos de las mismas.
El documento propone también brindar un espacio adecuado dentro de los Centros de Privación de Libertad para quienes sufren de trastornos mentales graves, así como la implementación de programas de desintoxicación y el tratamiento para el consumo problemático de sustancias de manera ambulatoria y ambulatoria intensiva.
El mismo Código Orgánico Integral Penal (COIP) habla de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en su Artículo 12, en donde explica que estos deben gozar de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su numeral 11 hace énfasis en la salud y explica que las personas privadas de libertad tienen derecho a métodos preventivos, curativos y de rehabilitación, tanto física como mental.
No son los únicos documentos que hacen referencia a la atención de la salud mental en las prisiones. El Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en vigencia, hace algunas puntualizaciones en torno a este tema. La salud es uno de los ejes de tratamiento que las cárceles ejecutan, y que se traducen en planes, proyectos o actividades. Los otros ejes se enfocan en lo laboral, la educación, la cultura, el deporte y la vinculación social y familiar.
En este reglamento se incluye también la prevención de ideación e intentos suicidas, trastornos mentales graves y consumo problemático de alcohol y drogas. De hecho, dentro del eje referente a la salud, se hace énfasis puntual a la salud mental y a sus diferentes tipos de atención.
En su artículo 92, indica que toda persona que ingresa a un centro de privación de libertad, deberá recibir atención médica inicial y deberá realizarse la apertura de su historia clínica en donde se establecerá si tiene enfermedades infectocontagiosas o síntomas respiratorios, así como los resultados del tamizaje de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, detección de embarazo y evaluación de otros riesgos o problemas de salud.
También, en esta evaluación deberán identificarse problemas de salud mental como ansiedad, depresión, riesgo suicida, consumo problemático de tabaco, alcohol y otras drogas, psicosis, trastornos de personalidad y otros que puedan requerir atención.
Las vivencias de Elizabeth Pino, integrante del colectivo Mujeres de Frente —una organización de acción feminista antipenitenciaria— difieren de la versión que el SNAI establece en sus documentos oficiales. Se trata de una experiencia que ella, como mujer ex privada de libertad, conoce bien.
“Es totalmente mentira. Cuando tú ingresas a un centro de privación de libertad es imposible coger un turno para que te revisen porque somos tantas… y le dan prioridad a las que están más enfermas e incluso para ellas es difícil porque asignan dos turnos por pabellón, en pabellones con unas 200 mujeres”, cuenta Pino.
Ella, que ha estado presa en varias ocasiones —en la antigua cárcel de mujeres de El Inca en Quito, en 2007 y 2012, y en Ambato en 2015— ha recibido únicamente dos chequeos médicos dentro de un centro de privación de libertad. La última vez que estuvo detenida fue en la cárcel de Latacunga, entre 2021 y 2022. En esos cinco meses, no recibió ninguna atención médica. Tampoco a su ingreso, tal como lo indica la normativa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un análisis y monitoreo de la situación de las personas privadas de la libertad, publicado en 2022. Aquí también se hace mención a este tema, de manera puntual. “La CIDH observa que el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social establece que cuando una persona ingresa al sistema penitenciario debe contar con una revisión médica inicial. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública informó que hay personas privadas de libertad que nunca han recibido atención médica ni están registradas en las bases de datos sobre salud”, dice el informe.
La carencia es la forma de vida de las mujeres dentro del sistema penitenciario ecuatoriano y es lo que dejan ver los casos de Estela, de Carla y de Elizabeth: carencia de atención direccionada, de especialistas, de medicinas, de garantías cumplidas y también carencia de un cuidado con enfoque de género, tomando en cuenta sus condiciones y necesidades particulares, como también se encuentra amparado en toda la documentación oficial al respecto.
Un estudio sobre la salud mental en las mujeres en prisión, realizado por un grupo de especialistas de la Universidad Libre de Colombia determina que los síntomas psicológicos son más reportados en las mujeres que en los hombres y que es este grupo poblacional tiende a pedir ayuda de manera más frecuente para el tratamiento de sus trastornos mentales, que usualmente son la ansiedad y la depresión.
Las mujeres en prisión, de acuerdo con este análisis de varias publicaciones científicas sobre el tema, son particularmente vulnerables a los trastornos de salud mental, debido a factores como su rol en la sociedad, la preocupación por el cuidado de los hijos y la crianza, en algunos casos, dentro de la prisión y también los problemas económicos de sus familias, que en el caso de Ecuador, deben sostener varios aspectos de la vida dentro de las cárceles. “Las mujeres generalmente son el principal pilar del hogar. El dolor que provoca esa separación es muy fuerte”, dice Olivia Rope, directora ejecutiva de Penal Reform International (PRI).
“El encarcelamiento genera nuevos problemas de salud mental o exacerba los ya existentes, pues en la mayoría de comunidades las mujeres son cuidadoras de sus familias y el cambio súbito de su rol de cuidadoras a “criminales”, así como el aislamiento, tienen un efecto intensamente adverso sobre su bienestar mental”, dice el Manual sobre mujeres y encarcelamiento, publicado por las Naciones Unidas.
De ahí, la necesidad de una atención en salud mental, también con enfoque de género.
Hay más cifras que refuerzan todas estas deficiencias. El censo penitenciario encuestó a 1965 mujeres privadas de la libertad a nivel nacional y una de las preguntas está enfocada en la atención médica: el 33.1% de las mujeres privadas de la libertad indicó que se encuentra muy insatisfecha con la atención médica general dentro de las cárceles.
Respecto a la atención psicológica durante su permanencia en un centro de privación de libertad en los últimos 12 meses, el 54.6% respondió que no ha recibido ninguna.
La odisea de lograr atención especializada
Carina Pavón, coordinadora de gestión interna de la Dirección Nacional de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSP), explica que la atención psiquiátrica a personas privadas de la libertad se realiza a nivel hospitalario, es decir, fuera de los centros de detención, en todos los hospitales del sistema público.
Existen 26 unidades de salud mental hospitalarias con el servicio de psiquiatría a los que las mujeres encarceladas que presentan diagnósticos de este tipo deben ser trasladadas para atenciones o seguimientos. “Por ejemplo, Guayaquil tiene cerca del complejo penitenciario el Hospital Guasmo Sur, el Hospital Monte Sinaí y el Hospital Universitario. Entonces las PPL reciben atención psiquiátrica desde estos centros de salud, es decir, deben movilizarse hasta estos lugares con custodia policial”, explica Pavón.
Pero esto, en la práctica, no es un proceso sencillo: el MSP saca la cita en el hospital y comunica el caso al SNAI. Estos son los responsables de llevar a las presas a las consultas de todo tipo de especialidad hospitalaria, también las psiquiátricas. “Francamente, hay citas que se cumplen y otras que no, porque el SNAI debe desplegar recursos como custodia y movilización”, dice Pavón.
Estela cuenta que cuando recién ingresó al centro de detención en el que se encuentra ahora, atravesó por momentos muy duros: la separación de sus hijos —de 10 y 6 años, a los cuales no ha vuelto a ver desde que está en la cárcel—, sumado a la adaptación al nuevo entorno de encierro y la aceptación de su sentencia, fueron aspectos muy complejos de manejar. Entonces necesitó medicamentos. “Estuve en tratamiento psiquiátrico tomando antidepresivos y pastillas para dormir durante tres años”, cuenta.
Incluso en ese momento, tuvo que suplicar por atención médica. “Yo atenté contra mi vida, me quise suicidar. Entonces las guías me ayudaron a abrir mi carpeta en el MSP y logré hacerme atender, pero hoy todo es más complicado. Aquí no hay nada”, dice.
El testimonio de Elizabeth Pino, de Mujeres de Frente, reafirma lo que cuenta Estela: el sistema no funciona y lograr atención psiquiátrica en el exterior del centro de privación de libertad es, en muchos casos, cuestión de suerte.
“Cuando las mujeres detenidas tienen familiares, ellos se encargan de movilizarse, de meter escritos con sus abogados para que puedan lograr un turno, agilitar eso y así mismo, puedan sacarlas a la cita médica, porque si no hay carros (del SNAI) no las pueden sacar, pierden el turno y les toca hacer todo de nuevo. Si no tienen un familiar que las ayude, les toca hacerlo a través del servicio social carcelario. Es todo un trámite”, explica Elizabeth.
Rosa*, una expsicóloga que trabajó por tres años en uno de los centros de privación de libertad del país y que brindó sus servicios a través del SNAI, también habla sobre las complicaciones de todo este procedimiento. “En los centros carcelarios hay muchísimas personas que tienen trastornos mentales graves como esquizofrenia, psicosis, entre otros. Necesitan atención psiquiátrica urgente y salir a recibir atención médica, pero deben someterse a todo el proceso: la valoración del MSP, la solicitud a los directores, a la policía para tener el resguardo, saber incluso si los carros tienen gasolina para la movilización y todo esto debe ser gestionado por el SNAI. Aparte está la problemática de la falta de agentes de seguridad penitenciaria, que también son necesarios en todo este proceso”, explica.
A nivel nacional y de acuerdo con el MSP, existen 48 psicólogos que brindan sus servicios profesionales dentro de los centros de privación de libertad y que atienden a 31.263 personas privadas de la libertad, la cantidad registrada en la estadística del SNAI hasta diciembre de 2023. A esto es importante añadir que ninguno de los ejes de tratamiento de rehabilitación social —tampoco el de la salud— cuenta con especialistas direccionados únicamente a personas privadas de libertad.
“No contamos con personal que se dedique exclusivamente a la atención de privados de libertad. Nuestros médicos rotan cada seis meses. No existe un grupo especialmente formado para atender en los centros de privación de libertad. A alguno le puede tocar estar en un centro de atención general y luego de seis meses en un policlínico de un centro de detención y así. Los médicos ejercen su profesión de manera regular y la adaptan a los casos y necesidades particulares”, explica Pavón.
“A mí me tocaba hacer valoraciones psicológicas para ver en qué estado llegaban quienes habían sido trasladados, pero no existe una continuidad en los informes en las carpetas de cada persona encarcelada. Puedes hallar informes de un año, luego de dos, de pronto la persona se cambia de centro y dejan de aparecer”, cuenta Rosa, de su experiencia como psicóloga de un centro de privación de libertad y añade que, como no hay especialistas disponibles, entonces quien atiende —en el mejor de los casos— es el mismo doctor que puede revisar otras afecciones no relacionadas a la salud mental, como hipertensión o diabetes.
Normalmente hay un psicólogo por cada centro, a excepción de Guayas, donde, supuestamente, existen tres. Hasta octubre de 2023 y según el MSP, el centro de detención femenino de Guayaquil contaba con personal de psiquiatría que seguía yendo al sitio a brindar atención. Sin embargo, una fuente al interior de ese mismo centro confirmó que al momento no cuentan con el servicio de ningún especialista en esta rama y que el único que asistía ya no quiere ir por miedo
La delegación de la CIDH que realizó el informe sobre la situación carcelaria en Ecuador explica que los médicos, en muchos casos, se niegan a entrar a los centros penitenciarios para brindar servicios de salud, sobre todo, en donde ocurrieron las masacres carcelarias, por temor a arriesgar su integridad. Así también, el documento indica que “algunas personas trabajadoras de la salud habrían sufrido amenazas por parte de personas detenidas”.
Por todo esto, en la mayoría de los casos, el servicio de psiquiatría en el interior de los centros de detención se ha suspendido. Por razones de seguridad, dice el MSP.
Los especialistas en salud mental están expuestos. Rosa también lo menciona. “Desde que yo entré a trabajar allí hasta que me fui, no hubo ni un solo psiquiatra en el centro en el que yo estaba. Nadie quiere ir”. Y es que suceden cosas.
Estela cuenta que una de sus compañeras, en medio de una crisis psicótica, golpeó a una psicóloga y la profesional nunca regresó. Hay casos más extremos, como el de Alexander Suárez Bravo, de 29 años, psicólogo del MSP y colaborador de la Penitenciaría del Litoral, asesinado en agosto de 2022, cuando salía de su trabajo.
Paracetamol para la fiebre y para la depresión
El Cuadro Nacional de Medicamentos Básico, creado por el Ministerio de Salud Pública, establece que los fármacos destinados a los policlínicos de los centros de privación de libertad son los mismos que deben estar en los centros de salud del nivel 1 de atención, que son algo así como dispensarios generales.
De acuerdo con la institución, cada centro de salud —de manera trimestral— realiza el pedido de medicamentos en base a su perfil epidemiológico, es decir, en función de los tipos de enfermedades más frecuentes.
Al respecto, el MSP aclara que la población privada de libertad demanda mucha medicación. «Puedes dar, por ejemplo, paracetamol porque a alguien le duelen los huesos por el síndrome de abstinencia. Se trata de una persona que no va a dejar de tomar esa medicación. Lo mismo con la medicina psiquiátrica: el mismo contexto del encierro no va a permitir que esa persona pueda suspender un medicamento», dice Pavón, quien explica que, hasta octubre del 2023, el abastecimiento de medicamentos en todos los centros de salud —también el de los policlínicos dentro de las cárceles— estaba en el 80%.
Sin embargo, nuevamente, la versión oficial es contradicha por las mismas mujeres privadas de la libertad.
Martha, compañera de celda de Estela, toma quetiapina, un fármaco que se utiliza comúnmente para el tratamiento de episodios maníaco-depresivos del trastorno bipolar. Ella, preocupada porque le quedaban ya pocas pastillas, hizo la solicitud correspondiente al Ministerio de Salud Pública a mediados de enero, para poder continuar con su tratamiento. Aunque en un comienzo le dijeron que no había, logró hablar con trabajo social para apurar el trámite y obtener sus dosis.
Sin embargo, Estela añade que la respuesta ante el pedido de medicamentos ante cualquier trastorno de salud, mental o físico, suele ser siempre el mismo: paracetamol, un analgésico utilizado principalmente para tratar la fiebre.
“Aquí lo único que hay es paracetamol. Las mujeres que atraviesan estados depresivos dentro de la cárcel tienen que esperar todo el proceso para ser evaluadas y luego la medicina prescrita por los psiquiatras usualmente debe ser comprada por los familiares. Mientras tanto, no tienen medicina así la necesiten”, agrega Elizabeth Pino, de Mujeres de Frente.
La CIDH cita un informe de la Asamblea Nacional, de octubre de 2021, sobre la actuación de los funcionarios públicos de distintas funciones del Estado para resolver la crisis carcelaria en Ecuador. En este documento se menciona la falta de laboratorios clínicos y atención odontológica, pero también se menciona que muchas afecciones son tratadas únicamente con paracetamol e ibuprofeno, tal como cuentan Estela y Elizabeth.
Carlos Orellana, director del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuenta que hasta 2012 la institución tenía un programa dentro de los centros de privación de libertad de la ciudad, en el que llevaba personal médico y los fármacos necesarios para los tratamientos de afecciones psiquiátricas. El proyecto, que arrancó en 2008 y duró cuatro años, atendió a más de 150 pacientes de manera regular y gratuita.
“Teníamos un sistema de atención médica dentro del policlínico. Les dejábamos la mayor cantidad de medicamentos para sus afecciones. Entregamos benzodiacepinas, antidepresivos, anticonvulsivos. Atendimos a pacientes epilépticos, con ideación suicida y también trastornos adaptativos”.
Sin embargo, para él, la medicación estupefaciente y psicotrópica debería ser administrada con una estricta vigilancia. “Lo ideal en esos casos es suministrar el medicamento, tener al paciente unos 20 minutos en observación y una vez que esté absorbida, se puede ir. Si le toca, por ejemplo, el antidepresivo todos los días a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana debería ir al policlínico y tomar ahí el medicamento”, detalla.
Es por esto que en 2017, el Hospital de Neurociencias propuso la creación de un pabellón neuropsiquiátrico para ser manejado desde las instalaciones de este hospital, por medio de la telemedicina, tanto para la cárcel de hombres como para la de mujeres, pero la propuesta no prosperó.
Sea como sea, la atención psiquiátrica y psicológica de manera más cercana es necesaria, pues los intentos de suicidio no son pocos. De acuerdo al censo penitenciario, de un total de 9578 personas detenidas —una sumatoria en la que se incluyen los recluidos en centros mixtos y las que están en centros de privación de libertad femeninos— 1072 presos y presas han intentado quitarse la vida. Esto representa cerca de un 10% de esa totalidad.
Pese a estos datos, no existe un protocolo específico para la atención de emergencias psiquiátricas dentro de los centros de privación de libertad. Sí existe, en cambio, un mecanismo de atención para emergencias en general.
“Si la emergencia ocurre en el horario en el que está el médico, la persona privada de la libertad es atendida y estabilizada y después se llama a una unidad prehospitalaria para que evalúe el caso y si es necesario su traslado. Si no está el médico, las personas responsables del centro activan la emergencia (llamando al 911) para realizar el traslado inmediato”, explica la autoridad del MSP.
Otras posibilidades y otras miradas
El eje cultural es parte de las políticas de rehabilitación social y uno de esos componentes está enfocado en la literatura, de la que participan, de acuerdo a esta encuesta penitenciaria realizada por el INEC, 564 mujeres privadas de la libertad, de un total de 1773, de acuerdo a cifras del SNAI.
Le siguen las artes escénicas, a las que se dedican 535 mujeres. En el censo también se mencionan a las artes plásticas y visuales, la música, la comunicación y la producción audiovisual.
Una de ellas es Alicia, una mujer privada de la libertad en una de las cárceles de Ecuador. “Llevo 9 años y 6 meses aquí. Fue un poco duro hasta poder acoplarme (…). Fue una lucha fuerte, pero gracias a Dios salí triunfante también. Ahora ya me siento mucho más adaptada”.
Su testimonio es uno de los que constan en “La Carcelaria”, la revista hecha por y para personas privadas de la libertad, que tiene el objetivo de fortalecer la oferta cultural y también la salud mental de este sector de la población.
Este proyecto surge “con el propósito de promover la escritura como un ejercicio de expresión y reflexión que contribuya al proceso de rehabilitación social de carácter reparativo, moral, espiritual y social de los PPL, mediante la publicación de textos escritos por ellos, que dan a conocer (…) contenidos literarios que surgen de su experiencia”, dice el comunicado oficial del lanzamiento del proyecto, que contó con financiamiento estatal.
Sin embargo, Alicia —cuya entrevista se encuentra en la edición No. 3 de La Carcelaria— coincide con los otros testimonios recogidos a lo largo de este reportaje y que dicen que lo afectivo y lo emocional no tiene un espacio adecuado dentro del sistema penitenciario. “Con respecto a ese tema no se avanza mucho”, argumenta.
Ella padece de epilepsia, que aunque no es un trastorno de salud mental, afecta la actividad normal del cerebro y se manifiesta mediante convulsiones, que de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, pueden mostrarse como episodios catatónicos o como temblores, con pérdida temporal de conocimiento.
“Vivir con epilepsia dentro del centro de privación de libertad es difícil. Hoy estamos aquí sentados y mañana no sabemos si vamos a recaer. Se toma pastillas para poder controlar la enfermedad, pero es feo tener miedo a tener un ataque en cualquier momento”, relata.
La escritora Gabriela Vargas lideró este proyecto que arrancó en 2022 y concluyó en 2023. En total se realizaron cuatro ediciones de La Carcelaria, con un tiraje de 500 revistas por cada una, que se entregaron en los centros de privación de libertad y también en otras instituciones del Estado.
“Creo que escribir es algo terapéutico. Sabía que dentro de los CPL existían ya proyectos de escritura creativa, gente que había hecho cuentos o trabajado en talleres de otras artes también y creo que todas estas actividades logran que ellos puedan expresar las cosas que tienen dentro”, explica Vargas.
“Después de la pandemia todos entendemos un poco más lo que significa estar encerrado y lo difícil que puede ser”.
Además de las tareas editoriales, de montaje, diseño e impresión, al equipo de La Carcelaria también se sumó un especialista en salud mental, quien acompañaba a Gabriela a las entrevistas y sugería luego ciertas consideraciones a tener en cuenta en la presentación de los textos, que eran cartas, relatos y poemas, pero también dibujos.
“La intención es que todos los trabajos que se publicaban en la revista fueran lo más pertinentes posibles con la temática que abordábamos en cada número. El especialista en salud mental nos orientaba en cómo usar ciertas palabras, cómo tocar ciertos temas, para que cuando ellos y ellas lean La Carcelaria no se sientan revictimizados de ninguna forma”, cuenta.
Las propuestas ganadoras para la continuidad de este proyecto debían ser notificadas hasta el 13 de octubre del 2023, de acuerdo al cronograma publicado en el portal de convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Un nuevo concurso público enfocado en artes literarias para la rehabilitación social se abrirá en agosto del 2024.
Según el censo penitenciario, el 79.6% de mujeres dice que sí tiene material para leer, es decir libros, periódicos y revistas dentro del centro de privación de libertad, mientras que el 15.7% dice que no. Un 4.7% no respondió a esta pregunta.
El material para lectura llega, a veces, gracias a iniciativas como Con dedicatoria, que se realizó en el 2022 y desde la sociedad civil, se enfocó en el fortalecimiento emocional de las personas privadas de la libertad, a través de la entrega de libros que tengan sentido y significado. Los libros llegaban con una dedicatoria especial de parte de estos donantes desconocidos, pero con palabras especiales dirigidas a las personas en prisión.
La intención de Con dedicatoria era recolectar libros que las personas quieran entregar de manera voluntaria, explica su promotora, la periodista Gisella Rojas. Libros que hayan sido leídos por estas personas y que pudieran tener algún sentido o nexo emocional con lo que las mujeres están viviendo en el encierro y que a su vez, conlleven un mensaje de esperanza, de optimismo y de apoyo.
“Algunas de las dedicatorias que pude leer, de todos los libros que recogimos, me conmovieron mucho. Una de ellas hablaba del tipo de batallas que todos libramos y le decía a la ppl que piense que aquí afuera, de alguna forma, hay gente que está pensando en ella, que no está olvidada tras las rejas. Hubo otra, en un libro de Rosa Montero, que hablaba sobre el duelo y que decía que todos vivimos un duelo. En el caso de ellas, que es el duelo de su libertad, de su vida anterior y que esperaba que el libro la conforte”, cuenta la periodista, quien logró recolectar 100 libros.
Rojas relata que para la realización de este proyecto se inspiró en una iniciativa española, que en 2019 realizaba una actividad similar a través de un colectivo de mujeres feministas, quienes pedían a la ciudadanía libros que hayan leído, para que los dediquen a mujeres encarceladas. Cuenta que en ese país, el proyecto arrancó como algo pequeño que creció y tuvo mucha acogida en Madrid.
Para la realización de este proyecto, la periodista se alió con Fundación Dignidad, enfocada en derechos humanos. La dificultad en nuestro país, dice, es el prejuicio existente en contra de las personas privadas de la libertad y la falta de empatía ante la crisis carcelaria constante en la que se mantiene Ecuador.
“Muchas personas me dijeron que no les nacía donar ningún libro, peor aún escribir una dedicatoria. Aún persiste esta idea de “que se pudran en la cárcel”, que se viene repitiendo mucho, desde hace tiempo”, dice Rojas. Estos libros fueron entregados en un centro de privación de libertad de mujeres de Quito. Su intención era replicar esta iniciativa a finales de 2023 en Guayaquil, pero debido a la crisis carcelaria y la situación actual por la que atraviesa el país, no fue posible.
Otras actividades como la participación de las personas privadas de la libertad en programas radiales son también un componente de los procesos de rehabilitación social, que de acuerdo al SNAI aportan favorablemente en la no reincidencia en el cometimiento de delitos. Para esto, reciben capacitación en redacción, locución, elaboración de guiones, manejo de programas de edición de audio y otros temas.
La paradoja, Palabra libre, Voces de libertad y Sueños infinitos son algunos de proyectos radiales que se han realizado en los centros de privación de libertad a nivel nacional desde hace 16 años y que se transmiten por la radio de la Asamblea Nacional.
Actualmente el SNAI mantiene operativas cinco cabinas radiales en cuatro centros, en donde aproximadamente 40 personas privadas de la libertad participan semanalmente en estos programas. Uno de ellos también fue Estación Libertad, un espacio que se grababa tanto en la Penitenciaría del Litoral como en la cárcel de mujeres de Guayaquil y que se transmitía semanalmente por Radio Pública del Ecuador, siendo uno de los pocos proyectos que transmitía un programa grabado en un centro carcelario en una radio de señal abierta a nivel nacional.
“La radio es un espacio terapéutico para quienes están en el proceso de rehabilitación”, dijo en su momento Mayra Benalcázar, productora de este programa que duró diez años en total. “Podemos hablar de nuestras emociones y tristezas, lo que las personas afuera no conocen. Me gusta porque puedo hablar sin temor”, dijo también Tatiana*, una de las conductoras del espacio, en una nota publicada originalmente en Diario El Telégrafo.
Todo lo que las pueda conectar con sus afectos y emociones que tienen lugar lejos del encierro es positivo para la salud mental de las mujeres privadas de la libertad.
Rosa*, la expsicóloga del SNAI, contó que antes de renunciar a su cargo, propuso que se realicen programas telemáticos de fortalecimiento de los vínculos familiares con las personas privadas de libertad que no tienen acceso a visitas, ya sea porque viven en otras ciudades, provincias o porque tienen dificultades económicas para ir hasta el centro.
“Es una de las cosas con las que más te encuentras y las que más se repiten: las ppl muchas veces están en situación de abandono, no tienen familiares que las visiten, no tienen con quien apoyarse, ni quien les lleve, por ejemplo, implementos de limpieza personal y eso es muy duro”, cuenta la especialista.
De acuerdo al censo penitenciario, la mayoría de mujeres recluidas en los centros de privación de libertad del país, un 29.3%, reciben visitas apenas una vez al mes. El 25.4% recibe visitas cada 15 días y el 19.7% cada tres meses.
Quiénes las visitan son mayormente sus hijos (25.7%) o sus madres (32.2%). En cambio, en las visitas de cónyuges o convivientes la diferencia es abismal comparada con la realidad de los hombres. Mientras ellos reciben un 38.8% de visitas de sus parejas, las mujeres llegan apenas al 8.9% en esta categoría. Es decir, el nexo emocional provisto por una pareja sentimental queda usualmente roto luego del encarcelamiento.
La obra de teatro físico y danza contemporánea, Consecuencias imprevistas, estrenada en Cuenca a finales de 2023, reflexiona sobre la perspectivas del encierro y la libertad, a partir de una investigación antropológica y la recolección de testimonios de mujeres encarceladas, analizando la vulnerabilidad del confinamiento.
Es una obra que también revisa la fragilidad de los vínculos y los afectos que surgen dentro y fuera de las prisiones y cómo estos afectos —familiares, sobre todo— son un motor para el sostenimiento emocional de estas mujeres.
Una parte de la obra se desarrolla con grandes cubos elaborados con madera, que son estructuras vacías en las que las actrices pueden introducir sus cuerpos, pero también sacarlos. Ángela Maldonado, cocreadora, intérprete y productora de esta obra, explica que esas posibilidades, de estar dentro y fuera del cubo, son una representación del encierro, pero no únicamente del físico.
“Esos cubos nos dicen que todos nosotros somos una construcción de encierros, de cosas encerradas, de perspectivas encerradas, que estamos dentro de un cubo y que este cubo no es solo la cárcel: es el gobierno, es la moral, es nuestra propia cabeza. Y por eso son huecos, porque nosotros podemos atravesarlos, salirnos de esas estructuras”, explica.
Pero Estela aún no logra salir del cubo en que se encuentra encerrada. Esas paredes no son como las que representa la obra de teatro: no se pueden atravesar. A finales de marzo tendrá una audiencia de habeas corpus y, si todo marcha como espera, pronto podrá reunirse con su familia.
Mientras tanto, su vida transcurre en ese límite físico que también es mental y emocional, en el que la reciente intervención militar dejó secuelas, vejaciones y un ambiente alterado. “Este lugar te aniquila psicológicamente. Yo prefiero que me den un golpe, que se me hace morado y se borra, pero el maltrato psicológico te perdura y está ahí, día y noche”, confiesa.
Dice que no para de pensar, que en estos últimos días le cuesta mucho quedarse dormida. Sueña con irse y desea con todas sus fuerzas que, pese al dolor y al tormento del encierro a lo largo de los años, su libertad pronto deje de ser una ficción.
