En un año en el poder, el gobierno de Daniel Noboa ha perpetuado violaciones a derechos humanos, represión y desigualdad, sin atacar las causas estructurales del crimen organizado. La declaratoria de conflicto armado interno y el uso recurrente de estados de excepción han exacerbado la violencia y el abuso de poder.

MARILYN URRESTO VILLEGAS y FERNANDO BASTIAS ROBAYO

A un año de su mandato, el presidente Daniel Noboa demuestra que la militarización no es la solución a la crisis de seguridad que atraviesa el país. Las promesas de un “Nuevo Ecuador” quedaron en el aire, mientras la violencia persiste y la vulneración de derechos es una constante.

Noboa llegó al poder con el desafío de liderar un Ecuador en profunda crisis. Asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023 tras la “muerte cruzada” decretada por Guillermo Lasso. Heredero de una de las familias más ricas del país, prometió combatir la violencia y el crimen organizado que durante 2023 convirtieron a Ecuador, en el país más violento de América Latina. Sin embargo, su estrategia se ha centrado en una militarización que no solo ha fracasado en ofrecer paz, sino que ha profundizado el conflicto.

En enero de 2024, Noboa emitió el Decreto 111, con el que declaró un “conflicto armado interno” y clasificó a 22 grupos delictivos como terroristas. Una acción nada novedosa porque para agosto de 2023, el expresidente Lasso ya había declarado como terroristas a las bandas del crimen organizado, y en 2018, el exmandatario Lenín Moreno utilizó la misma etiqueta tras el atentado en una estación de policías en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.

Aun así, la declaratoria de conflicto armado interno se presentó como una estrategia innovadora. Sin embargo, fue el punto de partida para alertas de graves violaciones a derechos humanos, advertidas por organizaciones de la sociedad civil.

Hoy somos testigos del uso de la fuerza letal de manera indiscriminada, que ha llevado a ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes como Carlos Javier Vega o desapariciones forzadas, como el caso de los dos jóvenes en Los Ríos. Comunidades empobrecidas y racializadas, han sido criminalizadas, lo cual se evidencia en las denuncias de tortura y malos tratos en el sistema penitenciario o en la construcción de la megacárcel sin consulta previa ni informe ambiental en la comuna ancestral Bajada de Chanduy en Santa Elena.

Así, la declaratoria de Noboa no solo ha fracasado en su “objetivo” de combatir el crimen organizado, sino que —en nombre de la seguridad— ha normalizado la represión y exacerbado el abuso de poder.

El Plan Fénix y el mito de la seguridad

Entre enero y julio de 2024 se ha registrado un preocupante aumento de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente en Guayas, en el contexto de la militarización de la seguridad ciudadana tras la declaratoria de conflicto armado interno, según datos de la Fiscalía. En Guayas, una de las provincias más afectadas por la violencia, se investigan cuatro casos de desaparición forzada, cuatro ejecuciones extrajudiciales, 36 incidentes de abuso policial de un total de 145 a nivel nacional y 10 casos de tortura. Todos los casos reflejan un patrón: violencia extrema e impunidad.

De acuerdo con información remitida por la Fiscalía a Amnistía Internacional, la mayoría de las víctimas son jóvenes de 18 a 29 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de esta población ante el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad en un clima de inseguridad y falta de garantías.

Estas cifras han generado alarma a nivel internacional y han puesto en duda la efectividad de las decisiones en materia de seguridad. En 2024, dos órganos de expertos de Naciones Unidas se han pronunciado sobre lo que ocurre en Ecuador.

La primera crítica vino del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas cuando en sus observaciones finales sobre el octavo informe periódico del Ecuador aprobados el 22 de julio de 2024, denunció la inefectividad de los estados de excepción y las prácticas de tortura recogidas por sociedad civil.

Luego, en noviembre, el Comité de Derechos Humanos manifestó preocupación sobre las violaciones a la Convención de Derechos Civiles y Políticos ocurridas durante el estado de excepción debido a excesos en la actuación de la Fuerzas Armadas en 2024.

Daniel Noboa ha recurrido a una estrategia usada en sobremedida por su antecesor Guillermo Lasso, la declaratoria contínua y casi permanente del estado de excepción. Durante 2024, Noboa ha emitido siete decretos de estado de excepción. Dos de ellos fueron declarados inconstitucionales. La Corte Constitucional, en su reciente pronunciamiento sobre el Decreto 410, emitido el 3 de octubre de 2024, excluye la figura de conflicto armado no internacional como causal para justificar el régimen de excepción y hace un llamado al ejecutivo a tomar medidas reales para combatir la criminalidad.

A pesar de la inconstitucionalidad, el gobierno ha insistido en dichas medidas. Tanto así que desde inicios de 2024 hasta hoy, Ecuador ha estado 325 días bajo estado de excepción. Esto se ha traducido en una restricción desproporcionada de derechos y el despliegue de fuerzas militares y policiales a las calles y sobre todo, a los barrios y comunidades identificados como peligrosos, con el objetivo de realizar operativos. 

Todo esto, en el marco del hasta hoy desconocido “Plan Fénix” (un nombre que ni siquiera es original, pues ya fue usado como plan de vacunación en el marco de la emergencia sanitaria con Lasso en 2021), anunciado como el Plan Nacional de Seguridad desde la campaña electoral en octubre de 2023. Este plan, ha servido además, como discurso e imagen en todo su periodo, posicionando la necesidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.

Bajo esta lógica, Noboa ganó la consulta popular de abril de 2024 en las preguntas relacionadas a seguridad: apoyo de las FFAA a la Policía Nacional para el combate del crimen organizado, el aumento de las penas en delitos graves y la extradición.

Y entonces ¿la militarización qué?

La militarización no es una novedad en la región. Las experiencias en México y Colombia, han demostrado que esta estrategia es insostenible y contraproducente, pues criminaliza la pobreza, y favorece la corrupción y la expansión del crimen organizado. Paradójicamente, en Ecuador, el incremento de la violencia ha ido de la mano con el aumento del financiamiento estadounidense para labores de seguridad. En 2022, la asistencia internacional alcanzó un récord histórico de más de $240 millones, con más del 67% destinado a la militarización.

¿Por qué, entonces, si la militarización recibe recursos sin precedentes, la violencia sigue en aumento? Se debe a que esta estrategia no busca resolver las causas estructurales del problema. En lugar de combatir a las principales redes del crimen organizado, traslada el conflicto a los barrios populares, criminaliza a sus habitantes y exacerba las desigualdades y violencia.

El crimen organizado opera como un negocio transnacional profundamente integrado en las estructuras políticas y económicas del país. Sus redes de corrupción incluyen a actores judiciales, policiales y políticos. Además, estas organizaciones han sofisticado sus métodos y sus prácticas, controlando territorios con una efectividad que el Estado no ha logrado contrarrestar.

La militarización sirve, entonces, a dos propósitos: por un lado, legitima una agenda política que perpetúa el control social a través del miedo; por otro, garantiza la impunidad de las élites económicas que, según investigaciones recientes, mantienen vínculos con las economías ilegales. Este modelo no busca la paz, sino el control.

Los pocos efectos del discurso de la militarización y del conflicto armado interno no se ven reflejados en la reducción de la violencia en el país, sino en el incremento de graves vulneraciones a Derechos Humanos. O también, en la imposición de agendas económicas, por ejemplo en las reformas tributarias que incrementaron el IVA al 15% para apoyar a la fuerza pública a combatir el crimen organizado.

Este discurso político, que ha intentado polarizar la opinión pública entre buenos y malos, defensores de terroristas y libertadores, ha quedado expuesto como una política mediática electoral. Por ejemplo, cuando la ministra del Interior Mónica Palencia enfrentaba un juicio político en su contra, su respuesta fue que era “una ofensa comparar a Daniel Noboa, un presidente que se ha fajado los pantalones por este país, declarando por primera vez el conflicto armado interno, con otros gobiernos”. A sabiendas de que la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado en seis ocasiones que no existe tal conflicto armado. Sus declaraciones demuestran que el único interés que persigue el Plan Fénix es consolidar un poder económico (el del presidente) en el poder político (el Estado) a través de un discurso de guerra y de miedo.

En lo material, Noboa y su gabinete solo se han lucrando electoralmente de la precariedad de la gente y la violencia.

A solo tres días del primer año de su gobierno, Noboa, desde Esmeraldas, una de las provincias mayormente afectadas por la violencia, afirmó que su gobierno está resolviendo la crisis de seguridad. “El tema de inseguridad lo estamos resolviendo, estamos por muy buen camino. Ya hay paz en muchos sectores del Ecuador, ya hay turismo, ya hay reactivación económica, ya la gente puede salir a las calles”, dijo.

¿Paz en qué sectores? Si la extorsión se convirtió en el delito más denunciado en 2023, con un alarmante incremento de 364% respecto al 2022. Entre enero y septiembre de 2024 se registraron 2.108 secuestros. El sector turístico, lejos de la reactivación económica que menciona el gobierno, registró una disminución del 15,73% de flujo de visitantes en el primer semestre del año. 

¿Paz para quien? Si la violencia, la inseguridad y el miedo se encuentran en el centro de las preocupaciones de toda la población.

Un año después, queda claro que las promesas de un “Nuevo Ecuador” fueron una cortina de humo para ocultar la incapacidad de enfrentar la crisis. La militarización no solo ha fracasado en combatir la inseguridad, sino que ha profundizado la violencia, la exclusión y la represión. En lugar de enfrentar las causas estructurales, el gobierno ha apostado por una guerra contra su propio pueblo con el discurso de mano dura y el populismo penal. Esto, al igual que todas las medidas fallidas de este gobierno, se hizo antes y ya había fracasado. Noboa recicla estrategias fallidas de antiguos gobiernos y habla de un “Nuevo Ecuador”que no existe. 

La verdadera solución a la crisis de seguridad requiere un enfoque integral, que aborde la corrupción, la desigualdad y las raíces del crimen organizado.

Ecuador no necesita más militares en las calles, sino políticas que garanticen justicia, inclusión, el cumplimiento de los derechos humanos y una vida digna, libre de violencias, para todos y todas.