Desde 2018, Ecuador ha acudido cuatro veces a las urnas para consultas populares y referéndums impulsados por sus últimos tres gobernantes. Las propuestas han ido desde “la lucha contra la corrupción” hasta “el combate al narcotráfico”.
Este 16 de noviembre de 2025, en la segunda consulta popular y referéndum convocada por el presidente Daniel Noboa, después de haber abierto una pugna contra la Constitución de 2008, se planteó —entre otras cosas— transformar el modelo constitucional del país. La respuesta del electorado fue un NO en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno.
La victoria del NO en las preguntas contradijo a la mayoría de encuestas de proyección de resultados, las cuales anticipaban lo contrario, al menos en dos de las cuatro preguntas: las vinculadas a la reducción de asambleístas y eliminar la obligación del Estado a asignar presupuesto a los partidos políticos.
Noboa, quien durante su primera campaña presidencial negaba la necesidad de cambiar la Constitución, impulsó el referéndum a pocos meses de haber iniciado su segundo mandato, luego de que la Corte Constitucional diera paso a más de 10 demandas de inconstitucionalidad a las propuestas de ley del Ejecutivo aprobadas como económicas urgentes.
La campaña del mandatario estuvo respaldada por Estados Unidos para imponer un modelo securitista. Muestra de ello fue la visita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por segunda ocasión al país, a pocos días de las votaciones. En esta se planteó espacios específicos en los que se implementarían dos bases estadounidenses: una militar y otra de seguridad. También se puso como “señal del modelo” el traslado de personas privadas de la libertad a la cárcel El Encuentro, en Santa Elena, como respuesta a una masacre en la cárcel de Machala, en la que murieron 27 personas ahorcadas, aun cuando esta está en el 30% de su construcción.
Pero los resultados de la consulta popular y referéndum también pueden entenderse como una respuesta al paro nacional convocado por el movimiento indígena, principalmente en provincias del norte de Ecuador, durante 31 días, luego de la eliminación del subsidio al diésel. Un levantamiento marcado por la represión militar y que dejó tres comuneros fallecidos: José Guamán, Efraín Fuerez y Rosa Paqui; además de cientos de ciudadanos, sobre todo manifestantes, heridos.
Así, ni siquiera la captura en España de Pipo Chavarría, líder de Los Lobos, durante el domingo de elecciones, como “muestra de resultados”, fue suficiente para conquistar el relato propuesto por el mandato de Noboa a través de medios de comunicación, todos sus ministros y su bancada legislativa.
Un voto reactivo que no logró sostenerse
La politóloga Selene López explica que una de las razones estructurales para entender lo que hay detrás de este rechazo es que el voto por Noboa en las elecciones presidenciales del pasado 13 de abril de 2025 fue un voto frágil. «No fue un votante por convicción, sino un voto reactivo», asegura. Es decir, que estaba movilizado no por él, como un personaje convincente, sino por otros factores como el miedo al correísmo, un deseo de estabilidad y un miedo de la ciudadanía a empezar desde cero. Esto vino de la mano con una paciencia condicionada.
Es por eso que esa adhesión fue fácil de romper, como se demostró en estas votaciones. López considera que la ruptura se dio al cruzar algunos “umbrales”, entre ellos el paro nacional, el hecho de que las condiciones (socioeconómicas) no mejoran y la percepción de improvisación que siente la ciudadanía por parte del Gobierno.
A esto se suma un deterioro acelerado de la seguridad, marcado por un aumento brutal de los homicidios. Solo en los primeros seis meses de 2025 se registraron 4.619 asesinatos, un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024. Si la tendencia se mantiene, el país podría cerrar el año con más de 9.000 muertes violentas, una cifra sin precedentes que proyecta una tasa superior a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este contexto profundizó la sensación de descontrol y agotó aún más la ya limitada tolerancia del electorado.
“En ese punto el electorado deja de esperar y vota para poner un freno. Entonces, gana el NO porque la gente no quiso más incertidumbre sobre un gobierno que ya ve inestable”.
Para Caroline Ávila Nieto, experta en comunicación política, otra razón de peso es la desconfianza hacia el gobierno. “El electorado no rechazó solo el contenido de las preguntas, sino la falta de claridad sobre el proyecto de país que las sustentaba». Esto, en medio de un país agotado, con temores y necesidades urgentes.
“La población vive entre la amenaza de la violencia y la sensación de un Estado que no logra controlarla. En ese contexto, cualquier propuesta que suene incierta se enfrenta a una ciudadanía que busca estabilidad, incluso si esa estabilidad es precaria. El voto terminó expresando ese ánimo defensivo”.
En ello coincide López, quien dice que el clima político actual es el de una ciudadanía en modo defensivo y no transformativo. “En conjunto el resultado no habla de las preguntas, sino del humor del país, un Ecuador que vota desde el miedo, el desgaste y la necesidad urgente de una estabilidad real”, dice López.
“El referéndum fue un plebiscito sobre el gobierno y el mensaje fue muy claro: la ciudadanía siente que el gobierno perdió coherencia, liderazgo, rumbo”, agrega López.
Para la abogada Mónica Luzárraga, “los ciudadanos no confiaron en que los cambios propuestos por el gobierno (especialmente la constituyente y la modificación institucional) fueran en su beneficio o respetaran suficientemente los equilibrios democráticos, por lo que votaron “NO” como señal de resguardo institucional y soberanía”.
La opinión de Pamela León Andriuoli, consultora en comunicación política, es similar. “El electorado no está entregando cheques en blanco a ningún proyecto personalista: rechazó la refundación de Noboa sin por ello regresar al correísmo”, asegura.
En un país donde ninguna fuerza política logra consolidarse como alternativa clara, el triunfo del NO aparece menos como la adhesión a otro proyecto y más como un mensaje de contención: una ciudadanía que marca límites, aun sin saber quién podrá ofrecer una salida.
Una comunicación deficiente
La comunicación oficial también falló. Avila Nieto considera que esta generó más dudas que certezas. “Las preguntas llegaron sin un relato coherente que explicara por qué eran necesarias y cómo se enlazaban con los problemas urgentes”.
La experta dice que, al no ofrecer un mensaje estable ni resultados previos que fortalecieran la credibilidad, el gobierno dejó espacio para que el debate se desplazara desde las propuestas hacia su propia capacidad de ejecución, o a la crítica de cómo estaba actuando el gobierno.
“A esto le añades que la crisis en salud sigue siendo ignorada por el gobierno y es un dolor creciente en los ciudadanos”.
A inicios de noviembre, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) declaró en emergencia la compra de medicamentos ante un desabastecimiento que rondaba el 50%. El 5 de noviembre pasado, el presidente del IESS, Édgar Lama, admitió ante la Asamblea que los problemas de abastecimiento son “estructurales” y que parte de la crisis viene de modelos administrativos anteriores que generaron pérdidas importantes.
Para León, este deterioro en servicios esenciales —como salud y seguridad— alimentó la misma sensación de incertidumbre.
“El ciudadano común razona de forma pragmática: si no has podido resolver la violencia con las herramientas actuales… El miedo no se tradujo en delegación de poder, sino en rechazo a soluciones percibidas como inútiles o distractoras”.
La campaña gubernamental estuvo protagonizada por el relato “al miedo de la expansión del narcotráfico”, “la violencia” y “el crimen organizado”, pero como contraparte surgió una respuesta ciudadana que, a través de múltiples actores y sin pertenencia a ningún partido político, logró articular una campaña por el NO.
Luzárraga considera que esto refleja “una vitalidad del tejido cívico y político opositor. Más que apatía, hubo activación democrática frente a un paquete de reformas percibidas como regresivas o riesgosas. El resultado de la consulta no fue simplemente un revés electoral para el gobierno, sino una señal más profunda del clima político incierto, desconfiado y fragmentado que caracteriza al Ecuador contemporáneo”.
Esta campaña, a decir de Luzárraga, “refleja una sociedad con temor a las soluciones verticales, una exigencia de garantías democráticas más sólidas y una demanda de que las transformaciones partan de consensos, no de imposiciones”.
El NO como rechazo a la ruta militar del Gobierno
Las preguntas referentes a eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras y convocar a una Asamblea Constituyente tuvieron la mayor cantidad de votos por el NO, incluso en provincias donde la inseguridad es crítica, como Manta, con más de dos millones de votos de diferencia. De acuerdo con León, estas eran aquellas en las que se basa el modelo de gobierno planteado por el Presidente Noboa. “Eso indica que el NO, no fue un voto ideológico sobre contenidos constitucionales, sino un voto evaluativo sobre la forma en que el Gobierno intentó construir poder a partir de la consulta”.
Según el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR por sus siglas en inglés), el voto por el NO refleja además “una afirmación más amplia de la soberanía ecuatoriana ante la creciente presencia militar estadounidense” en la región latinoamericana.
“Mientras Estados Unidos emprende el mayor despliegue militar en el hemisferio occidental en décadas, oficialmente para combatir a los narcotraficantes, los votantes ecuatorianos han optado por desvincular a su nación de la creciente militarización de la llamada Guerra contra las Drogas, una campaña que, en toda la región, ha generado violaciones de derechos humanos, víctimas civiles y escaso éxito en la lucha contra el narcotráfico”, dijo el CEPR en un comunicado emitido este 17 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la organización, el mensaje de este voto es que los ecuatorianos buscan soluciones civiles y no militares.
Esto también podría relacionarse con el desgaste que ha generado la aplicación del Plan Fénix y la declaratoria de conflicto armado interno, episodios en los que organizaciones de derechos humanos han advertido sobre uso excesivo de la fuerza y riesgos para la población civil.
En septiembre pasado, Amnistía Internacional alertó —a través de un informe— sobre 43 desapariciones forzadas en el país durante el gobierno de Daniel Noboa y cuestionó los excesos de la militarización. Uno de los casos que documenta la organización para ilustrar estos abusos es el de los cuatro niños de Las Malvinas.
De acuerdo al abogado defensor de derechos humanos Fernando Bastías, “se habla de política de mano dura pero en la práctica y represión de los grupos vulnerables históricamente discriminados. Hay un contexto de militarización, violencia, crisis en las cárceles, desapariciones forzadas —principalmente el caso de los cuatro niños de Las Malvinas y cómo el presidente lo ha invisibilizado—”.
“Todas las comunidades empobrecidas de Ecuador, que son muchas, viven la represión militar y la violencia derivada del narcotráfico. La respuesta contundente fue un no me voy a comer el cuento esta vez”.
En ese contexto, una parte del electorado parece haber leído la propuesta de permitir bases militares extranjeras como una profundización de la misma estrategia y no como un camino hacia mayor seguridad.
Así, el resultado del referéndum deja al Gobierno con menos margen político y a la ciudadanía con más preguntas que respuestas. El voto mayoritario por el NO no fue un gesto ideológico ni un retorno al pasado, sino una advertencia: en medio de una crisis múltiple —de seguridad, de servicios públicos y de conducción política— la población no está dispuesta a entregar más poder sin ver resultados concretos.
