La Feria Internacional del Libro de Quito tiene tres certezas: será del 30 de septiembre al 4 de octubre, tendrá un costo de entrada de USD 1 y se realizará en el Centro de Exposiciones Quito. En cambio, aspectos fundamentales como la curaduría, el comité editorial, las mesas de diálogo y los autores nacionales e internacionales invitados, aún no están definidos. Estas decisiones se discuten en mesas de trabajo que comenzaron apenas hace tres semanas, tras el anuncio en el que el Viceministerio de Cultura, la Biblioteca Eugenio Espejo y la Cámara del Libro, asumieron, después de cinco años de entregarla al Municipio de Quito, la organización del evento.
Existía una agenda programada,que incluía a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (Eulac) como entidad invitada y la participación de 43 autores internacionales, entre ellos, el periodista y escritor Jorge Carrión, la escritora argentina Agustina Bazterrica, y la mexicana Aura García Junco.
El Municipio de Quito, que organizó el evento desde 2021, anunció la cancelación de su programación en un comunicado el 25 de marzo.
Según el secretario de Cultura del Municipio, Jorge Cisneros, la decisión es una de las consecuencias de la reforma a la Ley Orgánica de Organización Territorial (COOTAD), aprobada y publicada en el Registro Oficial en febrero. Esta modificación, restringe el uso de la partida presupuestaria 730205, destinada a la contratación logística y a la producción de eventos culturales y sociales, como la Feria del Libro.
La reforma, además, redefine qué se considera gasto y qué inversión en la Ley 70-30, vigente desde 2010. En la práctica, aunque la partida puede seguir utilizándose, no permite cumplir el porcentaje mínimo de inversión exigido por el gobierno central.
La feria contaba con un presupuesto de USD 450.000 dólares, aprobado por el Consejo Metropolitano, y se planificó por un año. Sin embargo, tras una serie de discusiones al interior de la Secretaría de Cultura—entre suspender el evento previsto para junio y esperar el resultado de una de las demandas ante la Corte Constitucional al considerar que la reforma limita la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados—, se decidió, finalmente, cancelar.
Luego de este anuncio, la Viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, posteó en sus redes sociales un comunicado a título personal sosteniendo que “No se han eliminado las partidas ni se ha reducido el presupuesto para arte y cultura”. En él, acusa al Municipio de “omitir los procesos requeridos en los tiempos establecidos”, además sostiene que la Ley contempla los procesos desde junio, pero la Viceministra omite que la normativa dice que “ entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial”, por lo que el cumplimiento “progresivo” que pide la Ley, estaría sujeto a interpretación.
Cisneros aclara que nunca se dijo que no haya presupuesto: “el presupuesto está”; sin embargo, la ley aprobada, contrario a lo que dijo la Viceministra en su comunicado, establece que, en un plazo máximo de 90 días desde su publicación — en febrero de 2026— el ente rector de finanzas públicas debe emitir lineamientos técnicos para estandarizar el cumplimiento de esta regla, lo cual implicaba ajustar los presupuestos, a pesar de estar aprobados, así como se recomienda restringir la partida 730205. Sobre los plazos, el Secretario de Cultura señala que la convocatoria que cierra el contrato de logística es el último paso previo a la confirmación de fechas de los invitados.
En su comunicado —que luego fue eliminado de sus redes personales— la Viceministra también señaló que anualmente el Gobierno Central designa USD 90 millones para cultura y patrimonio. Pero la Secretaría de Cultura, la Fundación Museos de la Ciudad y la Fundación Teatro Sucre, que ejecutan el presupuesto de cultura, reciben una asignación anual de USD 24 millones y no el monto que sostiene la Viceministra. Para Cisneros no está claro el monto al que hace referencia, pero supone que es una suma entre lo que recibe la Secretaría de Cultura, sus Fundaciones y el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), una entidad distinta a Cultura.
“Hay mucha ingenuidad en estos comentarios, son con un tino específico, pero con ligereza y ofensa para los administradores públicos, sobre todo cuando dice que se sea transparente en lo que se gastan estos rubros, sin considerar que en realidad es una inversión”, agrega Cisneros.
¿Qué implica que la Cámara del Libro y el Viceministerio vuelvan a asumir la Feria del Libro de Quito?
Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL), dijo, en una entrevista con INDÓMITA, haber hecho dos llamados después del anuncio de cancelación. El primero fue dirigido al Municipio de Quito. Al no haber obtenido respuesta, se comunicó con el Viceministerio de Cultura para solicitarles ayuda financiera del Estado y ser ellos los ejecutores de la Feria del Libro de Quito.
El 26 de marzo, un día después de que el Municipio de Quito anunciara la cancelación, y que la Viceministra cuestionara la decisión imponiendo una narrativa contraria a las razones del Municipio, el Viceministerio respondió, ya de manera oficial, que Quito sí tendría Feria Internacional del Libro, pues ellos asumirían el 80% del costo de la Feria, mientras la CEL el 20%. Además, se dijo que lo harían en articulación con la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo.
Para la ejecución, la Cámara, la Biblioteca y el Viceministerio volverán a gestionar los diálogos con el sector del libro y con los invitados, y conformarán un comité para definir la agenda. Hay borrón y cuenta nueva.
Y aunque habrá Feria, quedan en el aire algunas preguntas sobre la institucionalidad del encuentro y su continuidad. ¿Cada cuánto se tiene que pensar un modelo de feria que, según varios gestores, ya se ajustaba a la realidad del sector independiente local?
Del Ministerio al Municipio sin institucionalidad
La Feria del Libro de Quito se organizó en alianza con la Cámara Ecuatoriana del Libro entre 2008 y 2020, a pesar de que durante ese período, en 2016, se aprobó la Ley Orgánica de Cultura. Esta no establece lineamientos para una Política de fomento del libro y la lectura en Ecuador, como sí ocurre en leyes que han dinamizado al sector en Brasil, Colombia o Chile. No obstante, el reglamento de dicha Ley enciende algunas luces, aunque tampoco la define en su totalidad. Por ejemplo, en el artículo 36 señala que el ente ejecutor de la Política de Lectura debe ser la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo; mientras que en el artículo 96 dice que «la instancia encargada de la coordinación de la ejecución del Plan será el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad – IFAIC en coordinación con la Biblioteca Nacional, las entidades del RIEFACP y las demás instituciones afines del Sistema Nacional de Cultura». Pero la ausencia de la Política en la Ley de Cultura permite la ausencia de su presupuesto.
A pesar de esa ausencia institucional, en 2019 la Feria, que sería parte de la estructura de la Política de Fomento del Libro y la Lectura, fue gestionada por la gerencia del Plan Nacional del Libro y la Lectura, que, ante la falta de resultados, lineamientos e institucionalidad, desapareció en 2022.
En 2021, cuando el cineasta y gestor cultural Juan Martín Cueva asumió la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito, mantuvo una reunión con la entonces ministra de Cultura, María Elena Machuca y la viceministra Fanny Samudio. En ese encuentro, la ministra señaló las dificultades que tenían para ejecutar la feria por falta de presupuesto; en cambio, Quito estaba en el año de su Bicentenario y la Feria podría ser una oportunidad para gestionar su labor alrededor de la cultura.
Ante ese escenario, Cueva —quien había participado en el debate de la Ley Orgánica de Cultura— propuso descentralizar la organización de la feria, en consonancia con el espíritu de la ley, y trasladar su gestión al Municipio.
La Ley, que ahora se enfrenta a una nueva posibilidad de reforma, luego de casi 10 años de vigencia, pues fue expedida en 2016, buscaba reducir la ejecución directa de proyectos por parte del ente rector de la cultura, en ese entonces el Ministerio de Cultura, que ahora funge como un viceministerio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en una operación del gobierno de Daniel Noboa que redujo 25 a 14 ministerios y despidió a 5.000 funcionarios públicos, buscando “mejorar la eficiencia del Ejecutivo”.
La Ley de Cultura “pretendía pasar atribuciones a entes especializados, técnicos y autónomos, como los institutos de fomento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los gobiernos autónomos descentralizados”, señala en una entrevista vía zoom Cueva, quien actualmente es director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella.
La primera feria del Municipio tuvo poco tiempo de planificación para su ejecución, como la que ahora plantea desarrollar el Viceministerio de Cultura con la Biblioteca Eugenio Espejo y la Cámara del Libro. “Aunque fue un proceso difícil y se realizó una versión más pequeña en 2021 a la que llamamos la Fiesta Intercultural del Libro, no internacional, finalmente, el Municipio asumió ese rol de manera ininterrumpida hasta ahora”, dice Cueva.
Desde entonces, la Feria Internacional del Libro de Quito a cargo del Municipio se ha enfrentado a distintas disputas: cuestionamientos por el comité editorial, cuáles deberían ser los espacios de exposición, cómo dialogar con el sector del libro; pero, finalmente ha logrado establecer un diálogo sostenido con el sector independiente del libro, al punto que gremios como la Asamblea del Libro —conformado por más de 124 personas, gestores culturales, libreros, editores— se sienten co-organizadores del encuentro, como explica Pamela Ríos, vocera de la Asamblea del Libro y una de las fundadoras de la Librería Cosmonauta.
“Hasta 2018 era muy complejo acceder a un espacio en la Feria del Libro. En 2019, cuando María Fernanda Ampuero asumió la Gerencia del Plan del Libro y la Lectura, finalmente accedimos, por primera vez, a un espacio afuera del recinto ferial. Esa fue la primera vez en la vida que existió, de alguna manera, la exposición de otro tipo de librerías que no fueran de corte comercial, como se venía haciendo con las Ferias organizadas por la Cámara del Libro”, cuenta Ríos.
Y aunque se lograron sistematizar procesos culturales desde el Municipio y una política de acción en diálogo con el sector, la Feria no logró institucionalizarse. “A nosotros nos costó muelas —en el Municipio— lograr que haya una resolución del Alcalde que establezca otra forma de relación con proyectos culturales para que se puedan inyectar recursos públicos en proyectos privados a través del fomento”, recuerda Cueva.
Aún así, agrega que no se logró institucionalizar la Feria en ese momento. El actual Secretario de Cultura, Jorge Cisneros, reconoce que sí hay un proceso de institucionalización. Comenta, por ejemplo, que ahora mismo se está desarrollando en la mesa de cultura el Plan Metropolitano del Libro y la Lectura, que incluye la Feria del Libro de Quito.
Para él, posiblemente no se midieron los impactos que tendría la Reforma de la Ley COOTAD, pues “suena bien decir que se debe invertir en obra y no en fiestas, pero al final se respaldan procesos culturales a través de estos fondos”, señala Cisneros, quien explica que además de la Feria Internacional del Libro de Quito estarían afectados el Día del orgullo LGBTIQ+, el día de la madre, el Verano de las Artes y el Quitofest. Con el Plan Metropolitano del Libro esperan reformar la forma en la que se aprueban los presupuestos que hoy quedaron cuestionados por las reformas al Cootad, “pero no lo pudimos hacer ahora”, agrega.
El sector no es el mismo de hace 18 años
La Feria del Libro se gestionaba a través del Ministerio de Cultura, la Cámara del Libro, la Gerencia del Plan del Libro, pero el mismo Ministerio cedió su gestión. ¿Cuál es el paraguas institucional con el que se cambia la ejecución?
Hay una Ley del Libro vigente desde 2006 que contempla en su artículo 15 que “el Ministerio de Educación y Cultura utilizará la partida presupuestaria específica del Consejo Nacional de Cultura, para auspiciar las ediciones anuales de la Feria Internacional del Libro organizada por la Cámara Ecuatoriana del Libro”. Esta Ley es anterior a la Constitución vigente y a pesar de que ahora se considera su aplicación para la futura Feria, no tiene un reglamento vigente, como debería tener toda Ley para su aplicación, y tampoco establece un presupuesto claro para la ejecución de la Feria.
Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara, dice que, una vez más, se está cumpliendo con la Ley, un modelo de organización que funciona en Bogotá o Perú, a pesar de que esos mercados tienen incentivos paralelos para el sector editorial independiente, así como agremiaciones más consolidadas.
“Todos tienen el mismo modelo, el Municipio participa prestando un lugar, el gobierno central contribuye con una parte muy importante para que esto se pueda hacer”, agrega Luzuriaga, quien lamenta que durante los años en que esta actividad fue gestionada por el Municipio de Quito, la participación de la Cámara no fuera más que como invitada. “Ahora, nuestra idea es tender puentes y ser facilitadores para construir una feria digna sin problemas ideológicos o de política pública”, señala el director de la CEL.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Cultura que “garantiza” la partida presupuestaria para ejecutar la Feria, según la Ley del Libro, fue eliminado en 2016, con la Ley Orgánica de Cultura. Y a pesar de la vigencia de esta Ley, la Cámara del Libro, desde 2019, cuando dejó de recibir fondos para la ejecución de la Feria Internacional del Libro de Quito, solo gestiona ferias del libro en centros comerciales de Quito y trabaja en ferias internacionales convocando a sus socios, según fuentes de la Cámara. Únicamente cuando las ferias internacionales en las que participan reiben fondos públicos, la entidad encargada hace la convocatoria pública para todo el sector.
¿Puede la Cámara del Libro gestionar un modelo de política pública fuera de sus intereses privados?
De manera paralela a la Ley del Libro se lanzó una Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro en Ecuador, a cargo del extinto Ministerio de Cultura en 2024, y aunque este hace un diagnóstico sobre el sector, principalmente con datos basados en el ISBN de la Cámara del Libro, no está claro cómo se articula esta Política con la Feria y su sistema a largo plazo.
No obstante, en la primera rueda de prensa, realizada el 7 de abril por el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Cultura, la Biblioteca Eugenio Espejo y la Cámara, se afirmó que la feria “se enmarca en la implementación de la Política”. La declaración abre varias preguntas: ¿en qué medida esta política ha sido ya aplicada previamente y con qué resultados? ¿Se trata de una línea de trabajo sostenida o de una articulación que responde a una coyuntura específica? Y, más ampliamente, ¿puede una Política Nacional de Fomento a la Lectura expresarse principalmente a través de una feria concentrada en la capital? ¿Existe una planificación que contemple el desarrollo de ferias y circuitos del libro en otras ciudades del país, o una estrategia que descentralice estas iniciativas?
El mismo Luzuriaga dijo en una entrevista con este medio que durante 2024 tuvo acercamientos al entonces Ministerio y varias mesas de trabajo alrededor de la ejecución de la Política, pero “no quedó en más que eso” hasta hoy, que se usa el marco de “la Política” para sustentar la Feria.
INDÓMITA solicitó vía correo electrónico una entrevista con la Viceministra de Cultura Romina Muñoz para aclarar cómo se articula esta Política con la Feria, pero no ha respondido hasta la fecha.
En la rueda de prensa de lanzamiento de la Feria, la Ministra de Educación Gilda Alcívar, dijo en cambio, contradiciendo la expectativa de la Ley de 2006, que el Gobierno “espera que el Municipio de Quito se reorganice internamente para que vuelvan a encargarse de la Feria Internacional del Libro, pero que si no lo hacen en los años siguientes, el Gobierno lo hará con aliados”.
Cisneros, por su parte, considera que la Política, cuyos lineamientos tampoco han sido socializados con entidades técnicas como las secretarías de cultura de los GADS, a pesar del presupuesto que reciben, debería considerar los parámetros para sacar adelante una feria, ya sea desde los distintos municipios o desde el Ministerio.
“Si no se entiende que la cultura es un proceso permanente, siempre será considerado gasto”, agrega Cueva.
Por el momento, la política del Libro y su fomento está enmarcada en leyes distintas cuyos vacíos vuelven a relucir en la disputa de la Feria del Libro de Quito, así como en la necesidad de gestionar nuevos diálogos y mesas de trabajo con el objetivo de garantizar un evento en poco tiempo y no, por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, en la necesidad de ampliar el horizonte de institucionalidad para el sector. Esta Ley también comenzó su discusión en la Asamblea recientemente, pues en 2024 fue aprobada por el Legislativo y vetada por el Ejecutivo.
En medio de estos vacíos, la Asamblea del Libro ha generado una serie de comunicados aclarando que “toda feria es política” y que se requiere conformar un Consejo consultivo del sector del libro diverso, en el que se garantice que hay voz y voto para todas las políticas públicas consideradas alrededor del libro.
De acuerdo a su vocera, Pamela Ríos y otros miembros de la Asamblea, hay una apertura al diálogo para la realización del evento considerando al sector editorial independiente; pese a eso, se estableció una tarifa de entrada a la Feria anunciada en la Rueda de Prensa, sin que haya sido socializada de manera previa, a pesar de que era una de las solicitudes expresadas por el sector: no fijar un valor de entrada.
Ríos aclara que desde 2021 se ha trabajado con el Municipio en el diseño de una Feria que responda a las necesidades del sector que no es el mismo que figura en la Ley del Libro, con la que la Cámara estaría sustentando su gestión, ni tiene los mismos modelos de desarrollo editorial con los que se compara en países como Perú o Colombia. Para la Asamblea esta Feria tampoco puede ser igual a las que se hacían en 2008.
La vocera agrega que el sector editorial independiente, cuya mayoría de integrantes no son socios de la Cámara del Libro, ha crecido y diversificado su oferta. Hoy, uno de los temores del sector es que, ante la deriva institucional, se pierdan los logros y el modelo gestado en diálogo con el Municipio de Quito para pensar la Feria del Libro y promover a un sector cuyos ingresos dependen, al menos en un 50%, de este encuentro.
“En la transición del Ministerio al Municipio tuvimos por primera vez mesas de trabajo y hablamos sobre el aporte que hacemos nosotros a la bibliodiversidad y la necesidad del sector de acceder a subvenciones”, señala Ríos.
Durante 2025, uno de sus logros fue tener una subvención incluso en los mobiliarios de la Feria, lo cual les permitió gestionar de mejor manera la curaduría de su pabellón en la Feria así como tener una visibilidad que no compitiera con las grandes cadenas privadas y ser parte de la agenda. Ahora, dice Ríos, uno de los mayores riesgos es que eso se pierda y se plantee un modelo “privatizador” de la Feria de distintas maneras, como con el cobro anunciado de la entrada.
Para la Cámara del Libro dicho cobro es una forma de contabilizar de manera real el número de asistentes que llegan al recinto ferial y permitiría subvencionar su porcentaje de participación en la Feria.
Según Luzuriaga, el Viceministerio asumió el apoyo a la feria pensando que “no debía ser en las condiciones en las que el sector está acostumbrado, que es a recibir todo: el Estado pone el dinero y los demás bien puedan”.
El comité curatorial y el concepto, así como la agenda, saldrían de las mesas de trabajo con las 14 asociaciones y sectores involucrados en la construcción de esta feria, entre los cuales constan el sector gráfico, los bibliotecarios, escritores y librerías independientes. “Los hemos invitado a un diálogo para que nos cuenten un poco qué necesitan y sobre todo, más lo que necesitan, cómo pueden sumarse y contribuir a esta feria”, dice Luzuriaga.
Por ahora, los espacios feriales se han garantizado de manera subvencionada en un límite de 9 m² por participante, pero a cambio se solicitará una actividad de agenda, en caso de requerir más, estos tendrán un costo adicional.
Para Ríos, pensar en un modelo de cobro no funciona en la capital porque la feria se ha consolidado desde otras lógicas de promoción y aproximación a la lectura.
Micaela Mantilla, una de las fundadoras de la Librería La Bodeguita, dice que desde el sector independiente se está “defendiendo el modelo de la Feria porque ha funcionado. Esta Feria es de la gente y la gratuidad ha permitido que las personas se acerquen a los libros de otra manera”.
María del Pilar Cobo, vocera de Acorte, la Asociación de Correctores de Texto del Ecuador, dice que espera que la Feria incluya a todos y no haya censura, “que haga ver a todos los integrantes del sector del Libro que es lo realmente importante”. Piensa que hasta ahora se han dado todas las condiciones para establecer un diálogo que incluso ha permitido que las actividades de la Asociación entren en la agenda central y no en la alternativa, como ha ocurrido en otras fechas.
Juan Martín Cueva agrega que el problema es que siempre se termina reduciendo la discusión a los presupuestos y se termina personalizando. “Esta no es una discusión entre Romina Muñoz y Pabel Muñoz, entre quienes defienden la Ley Orgánica de Cultura y quienes defienden la idea de las economías naranja. Esas cosas tienen que convivir en distintos niveles. El problema es que no se ha hecho una política de promoción del libro en este país y no se ha hecho lo que se tenía que hacer y se depende muchísimo de las circunstancias políticas y económicas”.
El sector, sin tener una institucionalidad clara sobre el modelo de conformación de la Feria del Libro, trabaja, hasta ahora, de manera conjunta para resolverlo.
“Pienso que es posible hacerlo, que hay una disposición a escuchar todo lo que se ha consolidado, pero que más allá de lo que sea, una feria de seis meses de ninguna manera va a ser una feria como la que esperábamos”, sostiene Ríos. Agrega que lo más importante es que se establezcan lineamientos claros para el próximo año y no que “se reinvente el nombre, el logo, el lugar y el diálogo” cada año.
