Al menos 156 niñas, adolescentes, adultas y ancianas fueron asesinadas en Ecuador en el contexto de la emergencia por coronavirus. Silenciadas genera memoria.
En Ecuador, la palabra femicidio se lee y escucha casi a diario, pero es una más en medio de otras como violencia, pandemia y muerte. ¿Nos acostumbramos a un mal que tiene cura y que le quita la vida a niñas, jóvenes y adultas de formas brutales, infames?
Señalar, una y otra vez, que en este país de más de 17 millones de habitantes una de nosotras puede ser —o es— asesinada cada 72 horas ya no conmueve. Es una cifra que se ultraja.
Por eso nació Silenciadas. El proyecto periodístico partió del principio de que el femicidio es otra pandemia, otra enfermedad que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región… Mientras las autoridades, la ciencia y los medios de comunicación exponían la letalidad del coronavirus, niñas, jóvenes y adultas morían en el contexto del confinamiento. Eran muertes prevenibles. Antes de la emergencia sanitaria, el dato indicaba que al menos una mujer era asesinada en el país cada tres días. Esta realidad no cambió. El riesgo se incrementó de la mano de la expansión del Covid-19.
La pregunta que ha guiado el trabajo que arrancamos con Gianna Benalcázar fue: ¿cuáles son las vidas que alimentan la estadística? Casi un año y medio después, encontramos 156 respuestas.
Desde junio de 2020 monitoreamos medios de comunicación, cotejamos información con la Alianza para el mapeo de femicidios y con la Fiscalía, y los datos retratan que entre las víctimas hay niñas de cero a once años; pero también ancianas de más de 80. En nuestro registro, una bebé de tres meses fue asesinada a golpes por su papá; mientras que Zoila, de 83 años, fue violada y atacada con un golpe en la cabeza. La provincia más violenta con las mujeres es Guayas, con al menos 39 casos; seguida de Pichincha (23) y Manabí (15). Las parejas de las mujeres son los principales femicidas. Pero también hay padres y padrastros que matan a sus hijas.
En el contexto de la crisis por coronavirus, febrero y abril de 2021 han sido los meses con mayor reporte de asesinatos por cuestión de género, con 14 cada uno. La paradoja: ese período comprendió la campaña presidencial, donde la palabra “mujeres” apareció más de 100 veces en los planes de gobierno de los 16 binomios presidenciales. “Género”, más de 80.
De hecho, el entonces candidato Guillermo Lasso ofreció “generar una Fiscalía preparada para investigar los casos de violencia e impedir la impunidad”. Ya como presidente se planteó la política “femicidio cero”. A finales de septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos anunció la creación de un Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El plan consiste en la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (LOIV), aprobada por la Asamblea en noviembre de 2017. Una norma que hasta el momento ha sido letra muerta.
Esa legislación nació, tal como dice el texto, porque las medidas que se habían tomado hasta entonces eran insuficientes. Su misión es articular un Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género: política intersectorial para atender, proteger y reparar a las víctimas.
En diciembre de 2020 entrevisté a Cecilia Chacón, entonces secretaria de Derechos Humanos. Le pregunté cómo evaluaba ese primer año de pandemia y su incidencia en los asesinatos de mujeres a manos de los hombres de su círculo más íntimo. Me respondió que “siempre hacemos cuenta de las cifras negras que tiene el Ecuador sobre femicidios pero nunca decimos nada sobre cuántas vidas salvamos, nadie lleva los registros de las vidas que salvamos. Creo que por sentido justo del equilibrio hay que colocar las vidas de las mujeres que se encontraban en estas condiciones de altísimo riesgo”. En 2020, los datos oficiales indican que se logró prevenir el asesinato de cien mujeres. 118 no se salvaron. Y, de acuerdo a reportes de prensa, desde que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) penaliza el femicidio, solo el 40% ha recibido sentencia.
“Quiero que se haga justicia, porque lo que le hizo a mi hija puede hacerle a otra mujercita, a otra persona”, nos dijo Carmen Mugmal. Ella es la madre de Solange Tituaña, asesinada en Rumiñahui (Pichincha), en abril de 2020.
“Nunca me imaginé estar pidiendo a la gente que postee una foto de mi hija”, reconoció Maricela Guzmán, madre de Kattya Basurto, asesinada en Quevedo.
“La muerte de mi hija debía haberse evitado”, insiste Marlene Beltrán, madre de Jennifer Haz, asesinada en Puerto Ayora (Santa Cruz, Galápagos).
“Haremos presión para que la voz de Gaby no se quede silenciada, no nos queda más que su legado para ayudar a las víctimas”. Es el testimonio de la familia de Gabriela León, asesinada en Cuenca.
“La Justicia es injusta con nosotras”, se lamentó María Erlinda Ortiz, madre de Cristina Liliana Balcázar. Su hija estaba embarazada cuando la asesinaron, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
“Mis dos hijas son defensoras de las mujeres. Mi marido y yo pensábamos a veces que eran exageradas, pero ahora nos damos cuenta de que no es exageración. La violencia existe”, nos comentó entre lágrimas Pilar Ubilla, tía de Vilma Ubilla y de sus hijas Micaela (9) y Rafaela (6), asesinadas en Vinces.
“Cada día vemos en los medios de comunicación que matan mujeres a diestra y siniestra. ¡Queremos justicia!”, grita Kathy Muñoz, madre Lisbeth Baquerizo, asesinada en Guayaquil.Son mujeres luchando por la vida de sus mujeres. Mujeres que le han puesto el cuerpo a la violencia, a esa que mata, pero también a esa que olvida. Si el periodismo puede generar mecanismos de reparación, Silenciadas quedará como ese repositorio de memoria. ¿Cuáles son las vidas que alimentaron la estadística de la otra pandemia?
