¿Qué tienen en común los territorios que experimentan violencia y desplazamientos forzosos? La precariedad, poco o nulo acceso a derechos básicos y la presencia de economías ilegales que se consolidan sobre la base del miedo y la vulnerabilidad de los barrios. El Estado ha fallado en garantizar seguridad y condiciones de vida digna a estas poblaciones.
Cuando pensamos que nada puede estar peor en Ecuador, nos explota una nueva sorpresa en la cara. Marzo estuvo cargado de violencia y tragedias ambientales. Y antes de empezar, quiero decir que esto que escribo no es solo una opinión, es un sentimiento de profundo dolor.
En medio de la grave situación ambiental en Esmeraldas, estalló en redes sociales y medios de comunicación la situación de extrema violencia de Socio Vivienda. Según las autoridades, una fracción entre bandas del crimen organizado ocasionó una de las masacres más grandes de Guayaquil en los últimos años.
Frente a esta nueva masacre, cabe preguntarse: ¿Qué se necesita para que un barrio llegue a ese nivel de violencia? ¿Quiénes son los responsables de estas tragedias? Estas preguntas atraviesan la reciente crónica de nuestra compañera Jessica Zambrano publicada en Indómita, donde se aborda cómo la guerra entre las bandas ha provocado el desplazamiento forzado en Socio Vivienda, un plan habitacional que desde su conformación fue un anuncio de fracaso.
Un estudio sobre los desalojos violentos y la vivienda social en Guayaquil identificó que el proyecto de vivienda social en Socio Vivienda es una política fallida por tres razones específicas:
1.- Las viviendas no cumplían con los mínimos estándares de construcción.
2.- Las familias reubicadas en Socio Vivienda fueron desalojadas de sus viviendas originales, lugares que eran espacios de encuentro y de redes familiares, comunitarias y comerciales.
3.- Se reforzó la segregación espacial, aislando a estas familias y generando mayores condiciones de vulnerabilidad.
Socio Vivienda nació en 2012 con el proyecto Guayaquil Ecológico, una iniciativa que pretendía «recuperar» las riberas del río Guayas en el sur de la ciudad, pero ha derivado en desalojos forzados de cientos de familias.
En la actualidad, las mismas familias que se vieron obligadas a dejar sus barrios en 2012, hoy son desplazadas forzosamente por los altos niveles de violencia del barrio al que intentaron hacer suyo.
Por dos ocasiones desalojados y desplazados: primero por el Estado, luego por la violencia.
Este doble despojo ha dejado cicatrices profundas. Recientemente conversé con una lideresa de “Socio”, como se refiere la gente de su sector, y me contó la sensación dolorosa de tener un barrio fantasma. “Ahora el único bus que entra es la 21 y desde que vas llegando se ven las calles vacías, la poca gente que queda permanece encerrada en su casa por miedo y en la noche es peor. Los únicos que salen todas las noches son los hermanos evangélicos a hacer vigilia y orar por Socio. Yo también salgo con ellos a orar para que todo mejore”, me dijo.
Este sentimiento se percibe, incluso, en las redes sociales. Basta con entrar a TikTok y escribir «Socio Vivienda» para encontrarse con un sinnúmero de videos recientes que muestran las calles vacías, acompañados de mensajes con sentimientos de tristeza por la situación del sector y con el deseo de que todo mejore. Además, varios videos muestran camiones de mudanza entrando y saliendo del sector porque las familias están abandonando sus casas buscando garantías mínimas de seguridad y de vida en otros sectores.
Todo esto sucede en un sector que, paradójicamente, ha estado sometido a una presencia militar permanente desde 2022. Como ha advertido el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CDH Guayaquil, la continua militarización ha sometido a su población en una constante segregación y criminalización.
Entonces, ¿cómo es que un sector que ha estado con intervención militar desde hace tres años continúa con estos niveles de violencia? ¿Dónde se ven los resultados de la militarización? Con el caso de Socio Vivienda todo apunta a que no hay resultados ni respuestas, solo una política de seguridad que fracasa y que en contraposición, aumenta la violencia, que toma a los barrios populares de Guayaquil como escenarios mediáticos y laboratorios de intervenciones policiales y militares que no funcionan.
Pese a todo, Socio Vivienda lleva varios años luchando contra el estigma y posicionando desde la organización comunitaria acciones por la paz del sector. Varias organizaciones de la sociedad civil han tratado de sostener un trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la prevención de la violencia y la posibilidad de construir proyectos de vida fuera del crimen organizado. Ha habido campeonatos de fútbol, batucadas, una orquesta sinfónica, danza, apoyo pedagógico y refuerzo escolar, entre otros. Gente del barrio y fuera de él está haciendo lo que ninguno de los gobiernos desde su creación ha hecho: luchar por darle a la gente de Socio una vida digna.
Conozco de cerca esas resistencias. He tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes y jóvenes en Socio. He caminado por sus calles viendo sonreír a la gente, con sus parlantes afuera de la casa escuchando salsa. He comido tortillas de verde y jugo de coco, he entrado a su escuela y he visto a sus profesores reinventar estrategias para evitar la deserción escolar de sus estudiantes. He visto a la gente de Socio luchar por su derecho a la vivienda y la paz.
Sin embargo, esta situación no está poniendo el foco en el desplazamiento forzoso interno que se está viviendo en los barrios y que organizaciones sociales como La Batucada Popular, Movimiento de Barrios en Lucha y el CDH han denunciado, sino en seguir reproduciendo discursos que criminalizan a estos sectores y que reducen la responsabilidad a “un enfrentamiento entre bandas” y no al abandono estructural y despojo sostenido a estos barrios y su gente.
Pero esta situación no se limita únicamente a Socio Vivienda. El desplazamiento forzado también se ha venido desarrollando silenciosamente en otros sectores de Guayaquil, como Flor de Bastión, donde desde finales del 2024 hay una disputa territorial por una fracción entre bandas del crimen organizado. O la Isla Trinitaria que una semana antes de lo ocurrido en Socio ya experimentaba una situación similar. En estos barrios, la violencia, el miedo y el abandono han obligado a muchas familias a huir, dejando atrás sus hogares, negocios y sus proyectos de vida con la total permisividad y silencio del Estado.
¿Qué tienen en común estos territorios? La precariedad, poco o nulo acceso a derechos básicos y la presencia de economías ilegales que se consolidan sobre la base del miedo y la vulnerabilidad de los barrios. El Estado ha fallado en garantizar seguridad y condiciones de vida digna a estas poblaciones.
Las políticas habitacionales fallidas y la violencia generalizada son dos caras de la misma moneda que siguen empujando a muchas de personas a vivir en un constante estado de emergencia e incertidumbre ¿Quién se responsabiliza de estas masacres cotidianas?
A solo dos días de la segunda vuelta electoral, y con un escenario político que pretende vender la idea de que la solución a la crisis de seguridad pasa por contratar mercenarios extranjeros bajo el disfraz de “asesoramiento técnico y estratégico en materia de seguridad”, es urgente repensar las políticas públicas. No podemos seguir responsabilizando exclusivamente al crimen organizado, mientras el Estado continúa desatendiendo, engañando, usando la crisis de seguridad como espectáculo y vulnerando los derechos de su población. Si no se enfrenta la desigualdad estructural y la violencia con soluciones integrales, seguiremos presenciando barrios que mueren-que los matan- y familias que se van.
El desplazamiento forzado no es un hecho aislado ni una tragedia espontánea. Es el resultado de decisiones políticas, de la negligencia histórica del Estado y del abandono sistemático de los barrios populares. Mientras no se escuche a las comunidades, mientras no se protejan sus vidas y barrios, seguirán pagando los costos más altos de una guerra que no empezaron.
Y quiero cerrar este texto sosteniendo y replicando lo que organizaciones de la sociedad civil que trabaja en los barrios, como el CDH, nos han venido diciendo hace tiempo: “Las comunidades de Guayaquil no son violentas, reciben violencia por la falta de política social de prevención y decisiones improvisadas, sin planificación y sin resultados técnicos”.
Y es que en Guayaquil, como en muchas otras ciudades del país, los barrios populares no mueren porque sí. Los están matando.
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