Dos anuncios presidenciales para la reparación económica de los hijos de las mujeres asesinadas en Ecuador no han servido. Apenas el 13% de los niños y niñas en orfandad por la muerte violenta de sus madres recibe la subvención prometida.
El último día de 2022 todo era fiesta en el barrio en el que viven Renata* y su abuela. El ambiente de felicidad se ensombreció de repente: la niña de 10 años y sus cuidadores tuvieron que huir cuando supieron que a pocos metros de su puerta estaba el hombre que mató a Vanessa, una mujer de 37 años, y madre de Renata.
Han pasado nueve años desde el asesinato, pero su familia tuvo que esperar hasta 2019 para que Esteban fuera sentenciado por ese crimen. Estuvo en la cárcel por dos años y luego regresó a vivir al lugar de siempre.
Ivanova, hermana de Vanessa, dice con rabia que el fallo judicial no solo tardó de una manera humillante, sino que no se ha cumplido. “El femicida se benefició de la prelibertad y nunca pagó la reparación económica descrita en la sentencia. ¿Qué nos queda a nosotros?”.
En Ecuador ocurre un femicidio cada 26 horas, según la Alianza para el Mapeo de Femicidios. Desde 2014, cuando se tipificó este delito en el Código Orgánico Integral Penal, 1.752 mujeres han sido asesinadas, reconoce la Fiscalía. 2022 fue el año más trágico para las mujeres ecuatorianas: 412 muertes.
En ese periodo, organizaciones civiles dan cuenta de 1.526 niños y niñas que quedaron en orfandad por el asesinato de sus madres. Pero de esos 1.526 niños y niñas, apenas el 13% ha recibido la compensación monetaria que les fue ofrecida por dos gobiernos distintos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), encargado de llevar las asignaciones de todos los bonos a sus destinatarios, reporta que desde 2014 a noviembre de 2022, 194 niños y niñas se beneficiaron de un pago mensual que se calcula en función de la remuneración básica unificada vigente. Para un niño en orfandad es de USD 125,33; para dos, USD 183,30 y para 3 o más, USD 230,48.
Impunidad
El 8 de marzo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció en el Día de la Mujer, la creación del bono para “niños en situación de orfandad” por femicidio.
El decreto 696 establecía que ese pago mensual dependía de una sentencia condenatoria contra el femicida.
Pero la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura admiten en sus datos oficiales que, entre 2014 y el 11 de febrero de 2023, de 1.752 muertes violentas de mujeres, apenas 476 terminaron en sentencias condenatorias.
Y de 606 feminicidios en ese periodo, 241 tuvieron sentencia condenatoria.
Esto quiere decir que en apenas dos de cada diez casos de muerte violenta de una mujer en Ecuador, el responsable recibió una condena.
En marzo de 2022 —tres años después del anuncio de Moreno— el presidente Guillermo Lasso reformó el decreto que establecía el pago mensual a los niños y niñas en orfandad por el asesinato de sus madres. El publicitado anuncio por —una vez más— el Día de la Mujer hacía énfasis en que en el decreto 370 se cambiaba el requisito para recibirlo: de sentencia ejecutoriada por femicidio, al inicio de la investigación previa por cualquier tipo de muerte violenta de sus madres.
Pero el artículo 6 de este mismo decreto de Lasso aclara: “Se otorgará un bono provisional (de USD 125) a partir del inicio de la investigación previa y se dará el bono definitivo con la sentencia ejecutoriada”.
El 43% de los femicidios en Ecuador están en investigación previa. La misma Fiscalía detalla que de 1.752 muertes violentas de mujeres, 678 están “resueltas”. Esto implica que más de la mitad de los femicidios ocurridos en los últimos nueve años en Ecuador no están judicializados.
Es el caso del crimen de Norma Solís, ocurrido diez meses después del decreto. Ella fue asesinada en su casa en Los Piñuelos, Samborondón, presuntamente por el hombre que fue su pareja por dos años. Norma había tramitado una boleta de auxilio para defenderse de las agresiones físicas.
Su caso no está ni siquiera en investigación previa y no hay registro de denuncias contra Lauro A., el presunto femicida. Evelyn, hermana de la víctima, cuenta con tono resignado que no tienen recursos para ‘mover’ el caso.
Norma, de 43 años, trabajaba en un local de comidas y tenía tres hijos menores de edad. Después de su asesinato, no hubo respuestas ni reparación.
¿Por qué más de la mitad de las muertes violentas de mujeres no se resuelven? ¿Por qué en ocho años hay más de mil sobrevivientes que ni siquiera denuncian?
Perder a una hija de una manera abrupta debe ser un dolor irreversible, que mutila el alma. Pero a las abuelas, en la mayoría de los casos, les toca asumir una maternidad de repente, sin los recursos económicos y emocionales suficientes. En este camino de reparación en el que están solas deben poner en pausa su dolor y, muchas veces, la búsqueda de justicia.
Disputas jurídicas
No es un problema de dinero. Cada año, el Estado destina un presupuesto para entregar el bono a los niños y niñas que han quedado en orfandad por la muerte violenta de sus madres; pero ese presupuesto no se devenga correctamente. En 2022, por ejemplo, apenas superó el 50% de ejecución.
Desde agosto de 2019 hasta noviembre de 2022 se ha entregado el bono de manera mensual a 194 niños, niñas y adolescentes, hijos de 108 mujeres asesinadas, según el MIES.
¿Qué pasa cuando ni siquiera una sentencia es garantía de recibir la reparación ofrecida? El caso de Renata, la pequeña hija de Vanessa, evidencia una traba jurídica que enfrentan las víctimas.
Su familia cuenta con una sentencia ejecutoriada de junio del 2019 por homicidio, pero el MIES les respondió que, como esa sentencia fue emitida antes del decreto 370 que incluye a los huérfanos por muertes violentas de mujeres, la niña en situación de orfandad no puede acceder al bono.
“Este es un escenario de revictimización que no es justo para mi sobrina que tiene 10 años… Todos los gastos de la niña los asume la abuelita, que es una adulta mayor. Nosotras conseguimos la sentencia y no nos pagan la reparación, el femicida está libre y tampoco conseguimos el bono”, lamenta Ivanova.
Ella comparte esa frustración con Agustina, la madre de otra víctima de femicidio: Jennifer Martillo, de 26 años. Desde hace seis años, esta abuela de una zona rural de Samborondón tuvo que asumir la maternidad de su nieta Naomi, de 9 años.
El dolor por el asesinato de su hija parece haber hecho implosión y no puede hablar del tema sin sollozar. “No teníamos dinero y usted sabe que a los abogados hay que darles dinero para que ellos se muevan. Yo ya no quiero nada de abogados, ni de seguirlo a él”, dice.
Por el asesinato de Jennifer no hay nadie preso. El caso pasó la investigación previa en 2020 y desde abril de 2021, cuando se llamó a juicio, no se ha movido. El presunto femicida, Máximo Y., no solo está libre, sino que pide “ver” cada cierto tiempo a la niña. La abuela teme represalias y, como es lógico, no confía en el sistema judicial.
Mayra Tirira, abogada de la organización feminista Surkuna, aclara que el decreto establece como beneficiarios del bono a los niños y niñas de entre 0 y 18 años que en la actualidad se encuentren en esa situación de orfandad por el asesinato de sus madres, independientemente de cuándo se obtuvo o se obtendrá la sentencia ejecutoriada.
“Cuando yo tengo duda de una interpretación legal, siempre tengo que favorecer los derechos de los niños. Todas las víctimas, sin distinción, tienen derecho a una reparación integral e incluso existe un principio de progresividad de los derechos”, subraya.
También hay precedentes que amparan la inclusión de beneficiarios anteriores al decreto de Lasso. “De hecho, en la información oficial existen dos casos en los que el MIES ha entregado el bono en 2014. Uno de ellos anterior a la tipificación del femicidio”, menciona la asambleísta Jahiren Noriega, quien ha fiscalizado la gestión de los bonos.
En un comunicado, el MIES detalla que en noviembre de 2022 se realizó una consulta a la Procuraduría por el tema de la irretroactividad, que no ha recibido respuesta hasta el cierre de este reportaje.
Burocracia revictimizante
No existe una ruta específica para acceder a la justicia y mucho menos a la reparación, se queja Ivanova, la hermana de Vanessa. Agustina, en cambio, dice que aunque su nieta sí necesita el dinero y ha escuchado sobre el bono “en las noticias”, no sabe por dónde empezar el trámite.
La primera traba con la que chocan quienes acogen a los hijos del femicidio es que deben conseguir el cambio de tutoría legal de los menores. “En el 99% de los casos, no tienen la custodia legal e iniciar ese proceso judicial adicional puede tomar de 6 meses a un año. No hay conocimiento sobre este proceso y es costoso para las víctimas, por los traslados”, dice la abogada de Surkuna.
El cambio de tutoría legal es indispensable para obtener el bono y hay que conseguirlo aunque el papá esté prófugo, preso o se haya suicidado. Las organizaciones sociales piden que este trámite se haga no solo en las Unidades Judiciales de Familia sino en las Juntas de Protección de Derechos.
Los profesionales que acompañan a decenas de familiares en la peregrinación por el bono prometido, también sugieren que el Consejo Nacional Electoral quite las multas para la obtención de las papeletas de votación a las familias que han sido impactadas por la violencia feminicida; y que el Registro Civil elimine el pago por la obtención de cédulas de ciudadanía actualizadas para los menores y se gestione la apertura de las cuentas especiales en BanEcuador sin el depósito de los USD 20.
Además, las organizaciones civiles han pedido formalmente no quitarle la posibilidad del bono a las abuelas que también reciben el Bono de Desarrollo Humano. “Son abuelas empobrecidas, que están encargadas de la crianza de un niño que no solo requiere lo que todos, sino que además han quedado en orfandad y no por cualquier causa, sino por femicidio”, argumenta la asambleísta Noriega.
Muchas veces, los abuelos y tíos deben costear consultas psicológicas para los menores por fuera del sistema de salud pública. Y aquí es donde se evidencia la falta de una articulación estatal para proteger a las niñas y niños víctimas de la violencia machista.
La legisladora advierte que “en tanto no haya el traspaso correcto de información entre las instituciones, lo que va a responder el MIES es que, como no tienen la información, no saben a quién deben darle el bono”.
La propuesta es que en el parte policial de muertes violentas de mujeres se incluya el número de contacto para proteger a niños que estaban a cargo de ellas y facilitar el soporte a los nuevos tutores.
La abogada Mayra Tirira ha acompañado varios intentos de conseguir el bono prometido. “El proceso es absolutamente largo. Tenemos un caso que solicitó el bono en 2020 y hasta hoy, 2023, no se lo dan”.
Una verdadera integración de las entidades gubernamentales en favor de los niños y niñas en orfandad permitiría que esta reparación encuentre a los beneficiarios y no que sean ellos quienes tengan que buscarla por meses e, incluso, por años.
El último decreto presidencial dice que el Ministerio de la Mujer es el ente que garantiza que se cumpla con lo ofrecido. Pero si no hay entrega de los bonos mucho menos hay seguimiento… solo muchos anuncios, poca gestión y nula reparación.
* Este nombre fue cambiado por petición de sus cuidadores.
