Ante la incertidumbre, la falta de información y escaso ejercicio pedagógico para la comprensión de una consulta popular compleja, es fundamental reflexionar en colectivo y analizarla políticamente.
El 5 de febrero de 2023 todas y todos estaremos ante una triple elección: escoger autoridades de gobiernos locales, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y responder a una consulta popular, una iniciativa que no es ciudadana —como dice la propaganda del Gobierno— sino una iniciativa del presidente Guillermo Lasso.
Ante la incertidumbre, la falta de información y escaso ejercicio pedagógico para la comprensión de una consulta popular compleja, es fundamental reflexionar en colectivo y analizarla políticamente, para no caer en la ingenuidad que nos plantea la campaña de buenos y malos con la que se solucionaran todos los problemas del país.
Eso hemos hecho en la organización feminista y popular “De Base”. Las siguientes reflexiones son el resultado de ese diálogo con el que sostenemos que esta iniciativa solo busca aumentar el poder del ejecutivo timoneado por un presidente que pretende quedar en la impunidad ante los numerosos escándalos de corrupción que ensombrecen su mandato.
Vamos por partes.
Un fracaso del Gobierno
Comencemos planteando que la consulta popular es la muestra del fracaso del gobierno nacional para llegar acuerdos con otras fuerzas políticas, entendiendo que es minoría en la Asamblea Nacional y que no tiene fuerza social, por eso necesita limpiar esta iniciativa de cualquier tinte gobiernista. Ha fracasado en poner la sensibilidad en el ejercicio de gobierno ante los temas más urgentes y sentidos de la gente y ha insistido en leyes que han buscado retroceder en derechos como la “Ley de libre expresión y comunicación”, que buscaba desregular los medios de comunicación y promover su concentración; o la “Ley de reforma a la educación superior”, que buscaba disminuir los presupuestos de la educación superior pública y eliminar el candado constitucional para impedir el lucro en el sector educativo.
Además, es preciso recordar los nueve muertos y 318 heridos que dejó el Paro Nacional de junio de 2022 y las frustradas mesas de diálogo que no han logrado avanzar debido a la obstinación del Gobierno de relajar su estricta agenda fondomonetarista de austeridad.
Ante esto, el Gobierno ha decidido iniciar una millonaria campaña para pasar vía consulta popular las reformas que necesita para asegurar la implementación de su agenda y asegurar su impunidad, desarmando a la ciudadanía de la capacidad de elegir autoridades de control y fiscalización.
¿No sería más útil invertir esos milloncitos que se van en pagar publicidad, equipos de marketing, gente en los semáforos y troles digitales para sostener una consulta popular que nadie necesita, en derechos sociales? Por ejemplo, mejorar las escuelas y los centros de salud del país para atacar de raíz el problema de la miseria y la inseguridad que nos atraviesa.
Hay que dudar de las intenciones de un gobierno que dice querer resolver en una sola elección los problemas de narcodelincuencia, corrupción, ineficiencia de la política y la extracción minera, pero no ha ejecutado ni una sola política pública en esa dirección teniendo la plena capacidad de hacerlo sin pasar por un plebiscito.
Las preguntas caramelo: la extradición de narcodelincuentes, la reducción de asambleístas, los partidos políticos, la protección hídrica, la compensación ambiental, la extorsión y la deducción del impuesto a la renta.
Las preguntas medulares: las que refieren al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Las primeras son el enganche, pensadas desde la comunicación política, porque remueven las emociones de miedo frente a la ola de violencia que vivimos; de frustración ante la impotencia de la política en transformar la vida de la gente; y del filantropismo por las preguntas que aparentemente protegerán las reservas hídricas, pero todas son un engaño. Las del medio ambiente, por ejemplo, podrían hacerse vía decreto presidencial, y este Gobierno ha dado fuertes señales de apoyar la expansión minera en la Amazonía.
Sobre la extradición
Con esta pregunta se busca engañar a la gente porque se sobredimensiona los efectos que tiene este mecanismo para combatir el crimen organizado.
La extradición no ha salvado a países como México o Colombia de sus problemas de violencia asociados con el narcotráfico. Es más, los últimos eventos en Sinaloa con la captura de Ovidio Guzmán para su extradicción generaron hechos de violencia generalizada, demostrando el poder territorial de estas bandas frente al Estado. Es justo ahí, sobre el poder territorial, donde apuntan las numerosas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el lugar donde debe trabajar el Estado para ganarle al narco.
Este Gobierno no ha dado ni una sola señal de voluntad política de invertir en salud y educación en las primeras infancias para evitar que caigan en manos de estas bandas. Al contrario, solo ha habido gestos de necropolítica que tiene a la ciudadanía en constante terapia de shock con masacres carcelarias, sicariatos y femicidios que aumentan cada mes.
Sobre la reducción de asambleístas
Con esta pregunta el Presidente busca golpear políticamente al poder que le significa contrapeso, balance y fiscalización de sus decisiones.
Reducir el número de asambleístas no asegura su calidad de representación, solo retrocede décadas en representatividad territorial y descentralización.
Con esta reforma Lasso busca llevarnos al país del congreso de los ochenta, una Asamblea con mayores dificultades de armar bloques, más fáciles para comprar sus votos y más elitista, a la que llegarán los mismos de siempre, y retrocederemos en la democratización de la legislatura.
La joya de la corona: las preguntas 5 y 6
Hay que volver al pasado y entender las razones de ser del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su intención original, así como sus múltiples críticas, para entender cuál es la motivación del Presidente en cambiar la manera en que se eligen sus autoridades.
En el espíritu de la Constitución de Montecristi de 2008 el poder de transparencia y control social es liderado por este organismo que resultaba en su momento como una innovación democrática que tenía como competencias: designar las autoridades de control que no son pocas: procurador/a general del Estado, y de las superintendencias, primera autoridad de la defensoría del pueblo, defensoría pública, de la Fiscalía General del Estado, Contralor/a, y los miembros del Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura.
Las primeras críticas del Consejo fueron aquellas que apuntaban a la falta de imparcialidad de los consejeros, que en los años iniciales eran afines al Gobierno de Rafael Correa. Los consejeros fueron elegidos por concursos de méritos y oposición efectuados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mecanismo que cambió el gobierno de Lenín Moreno para ser elegidos por el voto popular. Pero en medio, se creó un Consejo de Participación Transitorio plenipotenciario que destituyó todas las autoridades elegidas por el anterior consejo.
Aquí comenzó la crisis institucional y la disputa de poder político sin terminar dentro del organismo. Pasamos de consejeros elegidos por concurso a través del CNE; a consejeros elegidos por voto popular; a la intención de Lasso con un espíritu anti Constitución de Montecristi que pretende aumentar su poder para proponer en terna a los consejeros y que lo elija la Asamblea Nacional.
Esto es clave, porque tener a su disposición consejeros que designen autoridades a fines a su gobierno permitirá tener: un superintendente de bancos que no controle el poder financiero, sino lo envalentone y desregule; un contralor que no investigue las negligencias de su gestión; y un Fiscalía lenta e ineficiente a la hora de investigar los casos de corrupción que lo salpican.
Como los Pandora Pappers que reveló los entramados mecanismos con el que el Presidente oculta su patrimonio en paraísos fiscales para no tributar en país; el caso Danubio que revela la compraventa de cargos públicos dirigido por el amigo de toda la vida de Guillermo Lasso y exconsejero presidencial Juan José Pons; la venta de cargos dentro del Ministerio de Agricultura; y la última denuncia sobre la estructura de corrupción dentro del Gobierno liderado por el cuñado del Presidente, Danilo Carrera.
Danilo Carrera no niega haber participado en la llamada en la que Rubén Cherres pide curriculums y confirmación de ministros. Y asegura que pedirá judicialmente que presente el audio.
Ya está en manos de Fiscalía, señor Carrera. Allí es donde debe responder, como investigado. pic.twitter.com/6KDn5m3aL4
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) January 23, 2023
Esta consulta popular es el intento del Gobierno de Lasso de patear políticamente el tablero, aumentar su poder ejecutivo y darle legitimidad a su gestión negligente.
El mismo ejercicio que hacemos para escoger un candidato y rechazar otro a la hora de designar quién va a dirigir nuestros cantones y provincias, hay usarlo para responder políticamente al desgobierno de Lasso.
Derrotemos con la herramienta democrática que tenemos, el voto, con la misma fuerza que utilizamos para salir a las calles a reclamar por un país más justo.
