Había una granada en el suelo. Diego Simistierra, un niño de 8 años, caminaba con su mamá, la vio, la tomó por curiosidad y de inmediato explotó con ella. Su mamá y una vecina con la que conversaban, quedaron heridas.
La granada llevaba diez días ahí, según los moradores de Socio Vivienda 2.
Diez días antes de la explosión que mató a Diego, el 6 de marzo de 2025, la Policía levantó 22 cuerpos y una ambulancia se llevó a seis heridos. Los moradores dicen que fueron muchos más los que murieron que los que reportan en las noticias de manera oficial. En el suelo aún es posible ver los restos de la masacre.
Desde ese día, el barrio se quedó en silencio. Diego, como si nada hubiera cambiado, por un momento pensó en jugar. Pero esa masacre marcó un antes y un después, y su muerte es una de las muestras de ello.
“Esto empezó el jueves 6. Desde hace años no teníamos una violencia tan terrible», dice N., una mujer de 60 años que vive sola en Socio Vivienda 2.
El territorio era dominado por el grupo de delincuencia organizada, en un acuerdo con una pequeña fracción de otra banda. En 2023, las bandas hicieron un trato en el que intervinieron varios líderes del barrio, sobre todo mujeres, para poder seguir viviendo en paz. Pero desde diciembre de 2024, según constatan los moradores y la Policía Nacional, llegó un comunicado. La fracción estaba anunciada, aunque los habitantes no se imaginaron que sería tan sangrienta.
“No robaban. Había conciertos, fiestas. En Navidad pasamos bien. No sé qué pasó de un momento a otro que comenzó este socavón”, continúa N.
Antes de la masacre, N. vivía con su hija y su nieta, pero después de lo que pasó ellas se fueron a otro barrio de Guayaquil para no correr riesgos. N. no tiene a dónde ir. Tampoco sale demasiado de su casa y piensa que “menos mal”, antes de que el conflicto empezara, había comprado la comida de la semana, porque ahora no puede ni ir a hacer las compras.
El GDO que pretende mantener el control ha impuesto un toque de queda desde las 19:00. Pero puede activarse en cualquier momento. Lo anuncian con comunicados a través de celulares y, al que no obedece, lo asesinan. Seis días después de la masacre “le pasó a un hombre adulto mayor, que no se enteró del toque de queda y lo mataron, lo descuartizaron”, dice Xavier Moreira, excandidato a asambleísta y miembro de la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo, activa hace seis años e integrada por ONGs, fundaciones, iglesias, agencias de cooperación, universidades y corporaciones empresariales. Cuatro días después de la masacre también apareció un chico en las mismas condiciones, cerca de la cancha de fútbol, según N.
N. vive en Socio Vivienda 2 desde 2013. Ese año dejó su casa en la Isla Trinitaria, como parte del programa ‘Guayaquil Ecológico’, que trasladó a 3.027 familias del sur al noroeste, en el sector de Nueva Prosperina, a 22 kilómetros de distancia. Este proyecto buscaba recuperar 10 kilómetros de ramal del Estero Salado, por lo que reubicó a parte de las familias que vivían de manera irregular a la orilla del Estero.
La reubicación ofrecía una nueva vivienda a los beneficiarios. Sin embargo, después de 12 años, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) no ha entregado los títulos de propiedad que ofreció. Después del reasentamiento, el ministerio impuso un rubro de USD 900 a los habitantes que dejaron su propiedad en la Isla Trinitaria, como una forma de copago. En 2022, los moradores de Socio Vivienda 1 y 2 presentaron una demanda a la Corte Constitucional en la que piden al Estado que cumpla con lo que les ofreció inicialmente: el acceso a una vivienda digna. Hasta hoy no reciben una respuesta. N. y sus vecinos solo tienen la factura de luz como constancia de que viven allí.
Hoy, en medio de una guerra entre bandas, las autoridades no tienen un registro real de la población en el sector. Ni el Miduvi ni el Municipio de Guayaquil tienen datos de cuántas personas habitan Socio Vivienda 2; o cuántas se han desplazado de manera forzada durante los últimos dos años por el constante incremento de la violencia. Tampoco hay certezas sobre cuántas personas en el sector requieren de atención urgente y servicios básicos.
Los que se fueron
En Socio Vivienda 2 vivían 3.027 familias, según datos del Miduvi. El Movimiento de Barrios en Lucha (MBL) registra que hoy, al menos, el 60% de las personas que vivían en el sector se fueron después de la masacre. La tarde del 6 de marzo comenzaron a dejar sus casas y sus objetos personales en busca de seguridad. Quedaron pocos, escondidos y en silencio. “Los que se quedan es porque realmente no tienen dónde ir”, dice H., en una entrevista desde el lugar en el que se ha acomodado con otros vecinos, lejos de Socio Vivienda.
Una parte se ha ido a Esmeraldas, donde tienen familiares; pero también se han refugiado con amigos o familiares en el sur de Guayaquil, en lugares como la Isla Trinitaria, las Malvinas y el Guasmo.
H. se fue un día después de la masacre. Llamó a su familia y vecinos para decirles que no pensaba regresar y lloraron, pero piensa que no había otra opción. “No tengo garantías del respeto a la vida, de que estando en ese lugar pueda amanecer al día siguiente”. Piensa que este no es el final sino el inicio de la gran guerra que hay.
Judith piensa lo mismo que H., por eso se acomodó con su hija en un barrio lejos de Socio Vivienda. No fue fácil encontrar dónde vivir, pero una prima la ayudó. Dos semanas después de la masacre tomó lo que podía llevar en tricimoto y bus; y se fue.
“En la casa que uno deja ya ha de vivir otra gente. Es difícil dejarlo todo porque es la casa que una cree que era de uno y ahora tiene que dejar para poder estar un poco más tranquila”, dice Judith.
H. dice que cada día hay más familias buscando una nueva casa para vivir, lejos de Socio Vivienda 2.
A esto se suman, quienes por amenazas o miedo se han quedado en el sector confinados. Según un informe preliminar del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), al menos 26 familias del sector se quedaron atrapadas después de la masacre y viven en un confinamiento forzado.
No hay carros que lleven víveres, las mascotas están abandonadas, las tiendas están abiertas “a media llave”, la línea de buses 121, que circulaba en el sector, dejó de hacerlo y solo pasan unas cuantas tricimotos por la avenida principal. Los que se quedaron las esperan para tomarlas por las mañanas a las 6:00 a.m., para ir a trabajar; y por las tardes antes de las 19:00. Intentan caminar rápido a casa y cerrar las puertas antes del toque de queda impuesto por la banda.
Desde hace un año, cuando el presidente Daniel Noboa dictó el conflicto interno armado “no ha habido seguridad. No hay UPC que funcione, los Centros de Desarrollo Infantil no abren, no hay dispensario médico, vivimos en la segregación total”, dice H.
A pesar de que el barrio estaba controlado por un GDO, “esta era una islita de paz”, dice N.
El teniente Herbie Guamaní, jefe de la Policía en Nueva Prosperina, cuestiona la versión de los vecinos. “Si se hubieran ido el 60% de las pobladores ya no debería haber delitos”, dijo en entrevista con INDÓMITA. Según Guamaní, la Policía no ha registrado más de 60 viviendas vacías, de las 3.027 que hay en el lugar.
Según los datos de la Policía, los homicidios en Nueva Prosperina, donde se encuentra Socio Vivienda 2, incrementaron en un 637% en 2025. En lo que va del año, ha habido 205 homicidios en comparación con los 8 que se registraron los mismos meses de 2024. Los homicidios no son solo entre las bandas que están en conflicto, sino contra quienes habitan el sector.
Uno de los casos que ejemplifica el impacto de esta guerra entre bandas en los vecinos es el de Flor, una mujer que vivía con un hijo con discapacidad intelectual y otro de 21 años. Durante la madrugada del jueves 13 de marzo, en un conflicto entre la Policía y el GDO, explotó una bomba en su casa. “Le dieron de alta y está viviendo en una casa abandonada, aunque ella no tenía vínculo con nada”, cuenta Xavier Moreira.
Luisa estaba trabajando el día de la masacre. Se enteró a través de las noticias y llamó de inmediato a un familiar para saber si la situación estaba controlada. Regresó a casa, pero envió a su hijo adolescente a Esmeraldas, donde su mamá, porque teme que lo recluten las bandas o que lo capture la Policía por ser afrodescendiente. “Yo me arreglo como pueda sola, pero él no”, dice durante un receso en su trabajo, del que espera salir todos los días a tiempo para llegar a casa antes de las 19:00 y cerrar las puertas.
Después de la masacre, los que más se han ido son adolescentes afrodescendientes, como el hijo de Luisa. Según H., ellos corren más riesgos porque pueden ser reclutados por las bandas o capturados por la Policía.
Después de la masacre tres jóvenes afrodescendientes fueron detenidos por la Policía durante un operativo en el sector. Dos de ellos eran parte de las Batucadas Populares, una iniciativa de la Fundación Minkayni que protege a más de 150 niños y adolescentes de barrios vulnerables de Guayaquil, entre ellos Socio Vivienda. A inicios de este 2025, ganaron un fondo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una agrupación que impulsa la transformación social en jóvenes desde distintos barrios. Según Moreira, quien es parte de la gestión de las Batucadas, ellos no tenían ningún vínculo con el crimen organizado, solo eran jóvenes afrodescendientes que vivían en Socio Vivienda 2.
H. dice que a todos los jóvenes que cumplen ciertas características físicas, les hacen el mismo parte policial: los acusan de terrorismo. En cambio, cuenta que a los que tienen vínculos con los GDO si los arrestan, salen libres enseguida.
El perfilamiento racial es la forma en la que las autoridades actúan en contra de ciertas personas por su condición de raza o apariencia, aunque no tengan ningún sustento legal para arremeter en su contra. Las Naciones Unidas lo considera un tipo de discriminación racial. Desde la declaratoria del conflicto interno armado, el CDH ha denunciado casos de perfilamiento racial que derivan en desapariciones forzadas, como el caso de ‘Los cuatro de Las Malvinas’ y otros 27 desaparecidos durante la militarización.
Guamaní dice que los operativos en el sector son constantes, y en coordinación permanente con las Fuerzas Armadas. A partir de la masacre, han detenido a 47 personas en tres grandes operativos denominados ‘Resurgir’. En el primero detuvieron a 29 personas y decomisaron más de 20 armas de fuego. En el segundo, arrestaron a 14 personas y hallaron 10 armas de fuego; y en el tercero, después de un atentado a una unidad policial del sector, detuvieron a cuatro personas. Según Guamaní, solo tres presentan antecedentes penales y cuatro de los 47 son menores de edad.
“La Policía no puede controlar la fricción de las bandas, nosotros hacemos nuestro trabajo de manera estratégica, pero muchas veces la justicia deja libres a quienes nosotros apresamos”, dice Guamaní.
Razones de la violencia
Después de la masacre, Luisa dice haber recibido más de cuatro comunicados de las bandas. Todos dicen que la guerra no es contra el barrio, “pero cómo se sabe si al final lo pueden matar a uno”, agrega.
H. cuenta que durante la noche la Policía entra muy poco. “En el gobierno de Lasso, al menos los militares dormían allí, ahora nada”. Para N., es lo mismo de siempre. “Han de pensar que se maten entre ellos. El día de la masacre solo vinieron a recoger a los muertos. Solo tiene rodeada la entrada y la salida, pero aquí nadie nos protege”.
Según un reporte de las autoridades locales sometido a análisis para estrategias de seguridad al que accedió INDÓMITA, Nueva Prosperina, donde está Socio Vivienda, es un punto estratégico para el almacenaje, traslado y venta de armas y drogas, por estar ubicado en la vía Perimetral, que rodea la ciudad. Los centros de acopio, dice el informe, se concentran en “viviendas abandonadas y sectores periféricos, lo que incrementa la violencia en estas áreas”.
Además, dice H., se puede llegar fácilmente a otros espacios a través de Socio Vivienda, como a los cerros. “Esta es una disputa de la economía informal que hay en Nueva Prosperina”, señala Guamaní.
Para los habitantes del barrio, el incremento del conflicto significa dejar de acceder a servicios básicos. Según informes de seguridad analizados por las autoridades locales, distritos como Nueva Prosperina presentan hasta un 99% de su población en situación de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos, lo que facilita el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
Al contrario de todo lo que se ha hecho durante este año de conflicto interno armado, H. piensa que “hay que poner a funcionar el sistema de estructura de oportunidades, donde los jóvenes puedan tener otra forma de sustento más allá de lo que ofrece el GDO, brindar asistencia social”.
Las instituciones que integran la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo en Guayaquil, piden al Gobierno Nacional “reconocer y declarar el desplazamiento forzado como una realidad urgente en Guayaquil, adoptando un enfoque integral que priorice la protección y atención de las familias afectadas”. Esto implica reconocer que las familias se están mudando de manera involuntaria para “activar mecanismos de protección y asistencia”.
N. se queda en el barrio, encerrada y con miedo. H. no va a volver. Luisa se separó de su hijo. Diego no volverá a abrazar a su mamá. “Son nuestras muertes. Son nuestros desplazados, son defensores, jóvenes de la Batucada Popular, de Misión Alianza. Todos están siendo afectados por el conflicto en Socio Vivienda 2”, dice Moreira.
Y agrega que a pesar de la emergencia, “el Estado no interviene, no ha manifestado un hogar, no hay un programa especial para el sector. La gente se está muriendo allí”, insiste. Por su parte, la agrupación Movimiento de Barrios en Lucha gestiona ayuda para financiar con medicina y alimentos a las personas que están fuera del barrio y a las familias que se quedaron, además de gestionar una campaña que visibiliza los desplazamientos forzados.
Mientras esperan una respuesta de las autoridades, las madres, mujeres autónomas, jefas de hogar planean organizar una marcha para que se acabe la masacre. Para H. no hay tregua posible y aunque por ahora están lejos de Socio Vivienda, eso tampoco garantiza su seguridad.
Guamaní explica que el conflicto se ha trasladado a varios sectores de la ciudad: Bastión Popular, la Sergio Toral y ahora, Socio Vivienda. Hacia el sur, donde están los barrios a los que también se han desplazado de manera forzada las familias de Socio Vivienda,también registran un incremento del 33% de muertes violentas, según la Policía Nacional.
“A pesar de la segregación que hay, de la falta de servicios y oportunidades, hay lazos, hay familias que funcionan en este contexto y eso hoy se ha roto”, dice H.
