2En Guayaquil, hay 225 centros de desarrollo infantil que trabajan con convenios a través de un representante legal y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Desde la pandemia, su situación está en constante deterioro y afecta, sobre todo, a las educadoras y a los más de 10.000 niños y niñas que reciben cuidados y desarrollo inicial en estos espacios.
Todos los días, por las noches, Catalina* le enviaba un mensaje de voz a Grecia*, la coordinadora de la guardería pública en la que trabaja. Le decía que no aguantaba más, que lloraba de impotencia, que trataba de ser fuerte, pero que solo de pensar que no tenía un sueldo seguro para su bebé, que nacería en cuatro meses, se quebraba.
“Yo sí digo que esto fue a causa del estrés, de ver que no le pagaban. No le faltaba control, no le faltaba el alimento, la ayudamos, pero en abril falleció el suegro que la apoyaba económicamente y colapsó. Por eso Catalina perdió el bebé”, me cuenta Grecia, en un mensaje de voz, a inicios de junio, cuando el Estado les adeuda seis meses de pagos a ella y a sus compañeras educadoras de guarderías públicas.
Ese mes, Catalina tuvo un desmayo mientras trabajaba, y eso le produjo un parto temprano. Su hijo nació sin vida. Todo lo que le preocupaba en el mundo había muerto.
Catalina, Grecia y otras 1.187 educadoras de guarderías públicas no reciben su sueldo a tiempo desde 2020, cuando el mundo colapsó por el covid-19.
Desde 2020, cada vez que se acumulan cinco meses o más sin pagos, han salido a marchar para pedirle al gobierno que les pague.
Las rondas, que suenan en altoparlante mientras las educadoras alimentan a los niños con juegos, se silenciaron entre 2020 y 2021. Las organizaciones encargadas tuvieron que buscar maneras para jugar y cuidar a los niños que, normalmente llegaban a los centros, de manera virtual.
Dos años después de la pandemia, en febrero de 2022, las educadoras retomaron las actividades presenciales. Sin embargo, en Guayaquil, la situación de violencia hace que el servicio presencial sea intermitente. En lugar de poner música de rondas para las comidas diarias de los niños, las educadoras tienen que obviar el ruido de sus casas para interactuar con los pequeños.
En enero de 2024, por ejemplo, luego de los decretos ejecutivos 110 y 111 en los que se declara un conflicto de guerra interno, se les impuso la virtualidad. Cuatro meses después, en abril retomaron sus labores presenciales, luego de que las organizaciones insistieran ante el Estado, en que educar a niños desde la virtualidad genera otras cargas para las madres que requieren de su cuidado, así como para las educadoras, que en muchos casos también son madres, a las que el Estado no les garantiza ni siquiera el pago a tiempo.
Pero además de ingeniarse formas para hacer su trabajo y de reclamar condiciones dignas deben buscar maneras para conseguir lo más básico: la violencia afecta a las formas de cuidar y la falta de pagos, a su rutina y su salud mental.
¿Cómo funcionan los Centros de Desarrollo Integral Infantil?
Las 232 guarderías públicas en las que trabajan Catalina, Grecia y otras 1.187 educadoras son más que guarderías. Se reconocen como Centros de Desarrollo Integral Infantil (CDI) porque más que ser un espacio donde las familias dejan a sus hijos, son espacios en los que los niños comen, aprenden y juegan. Son espacios donde la comunidad se activa.
Los Centros funcionan con convenios de cooperación entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y una fundación, a través de su representante a la que el MIES reconoce como cooperante.
Se trata de organizaciones sin fines de lucro constituidas por líderes barriales y comunitarios en sectores populares que establecen una estructura para, en el caso de Guayaquil, Samborondón y Durán atender a 10.000 niños.
Los proyectos se firman anualmente, luego de que el MIES los revisa y aprueba su financiamiento.
Se firman dos documentos: el convenio de la organización para atender a una cantidad determinada de niños y niñas, dependiendo de su capacidad; y un contrato, que se gestiona a través de un concurso público, con distintos proveedores de alimentos para los centros de desarrollo infantil.
El objetivo es atender a niños y niñas de 12 meses a tres años que viven con sus familias en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. Tan solo 7 guarderías son financiadas directamente por el Estado, a través de la misma cartera.
El conflicto interno armado, declarado por el gobierno el pasado enero, afecta precisamente a los barrios populares en los que se encuentran sus usuarios ya reconocidos en condiciones vulnerables, y a pesar de eso, los pagos siguen siendo irregulares.
Las educadoras tienen miedo de hablar públicamente de este tema, aunque su vida y el sostenimiento del servicio dependa de su financiamiento y la posibilidad de exigirlo a tiempo, en condiciones justas.
La constante vulneración y sus consecuencias
Durante diciembre de 2023 una educadora de uno de los centros de desarrollo infantil de Guayaquil se suicidó. Sus compañeras se enteraron por redes sociales y en un grupo que tienen en común en whatsapp. “Las deudas se acumularon y nadie hizo nada”, dice Victoria*, quien lidera 9 guarderías públicas y tiene a su cargo 34 educadoras.
Victoria ha accedido a darme una entrevista con la condición de preservar su identidad, porque esta vez no nos encontramos en una marcha en la que hay más personas tras ella haciendo fuerza. Esta vez, ella es una voz que habla por otros, pero no hay otras personas que puedan protegerla.
“No lo tome como que no le quiero dar información. Para nosotras el suicidio de una de nuestras compañeras fue un boom, no se dijo en qué sector ni cómo se llamaba, pero es terrible todo lo que tiene que pasar un ser humano ante la ausencia del pago que merece su trabajo”.
A pesar de que otras educadoras recuerdan haberse enterado del suicidio de una de sus compañeras, no hay registros en medios de comunicación que vinculen al caso con la situación económica de los centros. Ellas tampoco dicen su nombre. Pero, cada vez que protestan la recuerdan como un reflejo de aquello a lo que están expuestas.
Mientras se desarrolla esta investigación, el 25 de junio de 2024, Esther*, una cuidadora de 21 años, perdió a su hijo al nacer, igual que Catalina a inicios del mismo año. Cuando Esther llegó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —donde estaba afiliada por el Centro en el que trabaja— para dar a luz, le dijeron que no podía atenderse pues se encontraba en mora durante los últimos seis meses, en los que el Gobierno de Daniel Noboa no les ha desembolsado los fondos correspondientes a los Centros. Horas después de llegar a una clínica privada, su bebé nació y a los minutos murió.
Catalina, después de haber perdido a su hijo, sueña con irse. Ha pensado que Colombia es una opción. Mientras no recibe su sueldo a tiempo ha decidido duplicar sus jornadas y ofertar sus servicios de manera particular en la plataforma BabySits, que conecta a las niñeras con los padres para que estos puedan escoger los perfiles de quienes pueden cuidar a sus hijos.
En un pedido de información sobre la situación que enfrentan las educadoras en medio de un conflicto interno armado, proclamado por el gobierno, se cuestiona la atención que han recibido las mujeres que educan a los niños de zonas populares afectadas directamente por la violencia mientras sus padres trabajan.
La institución responde que ellas “son personal contratado por cada organización cooperante, por ende, al presentar enfermedad alguna educadora, debe justificar y dar a conocer a su empleador para que este, a su vez, pueda informar a la unidad de atención CDI o enviar un reemplazo en aplicación de la norma laboral vigente”.
Un reemplazo que tal vez no reciba pagos. “Pero más allá de esto el MIES –continúa la respuesta gubernamental– hace un seguimiento permanente del cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores en general y si hay alguna necesidad especial, la organización y el ministerio trabajan en conjunto”.
Ni Catalina ni Esther han recibido atención directa del MIES por sus embarazos ante la falta de pago. “Esta ayuda no se nos ha dado”, confirma Victoria.
La falta de pago también ha hecho que las educadoras transformen sus hábitos básicos de vida y ha afectado profundamente a su salud mental.
Nada detiene su trabajo
Las educadoras que trabajan con niños de 12 meses a tres años en los Centros de Desarrollo Infantil de Guayaquil salen a protestar después de las 15:00, cuando han entregado a los niños a sus padres y han terminado su jornada laboral.
Es 22 de mayo de 2024. Al menos, 150 educadoras mujeres protestan con megáfonos y carteles en los bajos de la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil. No les han pagado enero, febrero, marzo, abril, mayo.
Y aún al cierre de esta investigación los meses impagos se siguen acumulando. Han trabajado por siete meses sin recibir su sueldo, aunque no han dejado de organizar la fiesta del día de la madre o la del padre. Tampoco han dejado de pedir dinero prestado para conseguir los materiales con los que los niños dibujan, pintan y leen.
“Tenemos que andar prestando para comer y todos los días las educadoras están en situaciones de riesgo”, dice Leonor Anchundia, durante una de las protestas que han hecho las educadoras en los bajos de la gobernación, por su sueldo y, a diferencia de sus compañeras, decide poner su nombre. Lleva más de 30 años trabajando con niños y está convencida de que su trabajo es fundamental.
“Hay muchas familias que necesitan nuestros servicios y es importante que los niños, en su primera fase de vida, aprendan mientras juegan”, agrega.
La última vez que recibieron un pago por su trabajo fue el 7 de marzo de 2024.
El 6 de marzo, un día antes de que el Ministerio de Finanzas transfiriera los fondos al MIES para que ejecutara el pago atrasado, protestaron luego de seis meses de no haber cobrado salario: tenían impagos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero.
Entonces, el gobierno de Daniel Noboa tenía cuatro meses en el poder y tres de un permanente estado de excepción, mientras ellas vivían con la incertidumbre sobre la continuidad de los convenios que les permiten trabajar con niños y niñas, pues funcionarios del MIES, con quienes las entidades para las que trabajan, firman convenios de cooperación para brindar el servicio de cuidado les habían dicho que no se renovarían.
Este día de marzo, en los bajos de la Gobernación del Guayas, los policías las dispersaron con gas pimienta y motos, pero, al día siguiente, les pagaron tres de los seis meses que les debían y, pese al gas, tuvieron un primer respiro.
Ahora, tres meses después, luego de una segunda protesta, una reunión con el gobernador del Guayas, Vicente Auad —cuando solo tenía un mes en ejercicio— y la promesa de que el Ministerio de Finanzas desembolsará los montos adeudados, los pagos han llegado a cuentagotas y las organizaciones que menos recursos tienen han sido las más perjudicadas.
Los convenios funcionan desde 2008 y este año, en el 2024, el presupuesto asignado, según el MIES, fue de $12’687.449,85 para los 225 centros que atienden a través de convenio en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.
En este rubro se distinguen dos contratos: los que regulan los pagos de alimentación, para el cual los proveedores participan en un concurso público, y el pago mensual a los cooperantes, con lo que se paga a las educadoras de los distintos CDI y se financia, en gran medida, los proyectos.
Según información entregada por el MIES, cada coordinación zonal del país a cargo de los distintos CDI ha realizado “todos los procesos administrativos y financieros requeridos” y se han “generando los pagos y enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el ente encargado de realizar los pagos y desembolsos a las organizaciones cooperantes”.
El Ministerio dice que ha pagado los anticipos de los convenios firmados y que solo están pendientes los segundos desembolsos que “corresponden a mayo y junio de 2024”.
Sin embargo, al menos 15 guarderías de las 232 que funcionan a través de esta modalidad, constatan que este pago no ha llegado, aún dos meses después de la protesta.
Según Flavio, un contratista que asesora a estas instituciones desde hace más de 14 años, el pago no ha llegado específicamente a las organizaciones que en sus convenios, a diferencia del año pasado, no pudieron obtener un seguro bancario o póliza, un requisito que se implementó en el gobierno de Rafael Correa y se retomó en el de Guillermo Lasso.
Converso con Flavio en una cafetería del norte de la ciudad. Está dedicado al trabajo comunitario. Además de proveer el alimento que requieren los CDI, capacita a líderes de barrios y lleva adelante proyectos con adolescentes. Aunque prefiere no dar su nombre completo porque hacerlo ya le ha valido la supresión de contratos con el Ministerio y dice que en cuanto salga este reportaje, las autoridades sabrán de quién se trata.
El MIES acepta los convenios con los CDI una vez que las organizaciones, además de avalar su experiencia, presentan un proyecto y proponen una de las dos modalidades de los convenios: o pagos por factura de servicio o a través de las pólizas.
Para los cooperantes es más rentable trabajar con póliza, pues así el MIES paga el 50% de anticipo una vez firmado el contrato. Sin embargo, con la prestación de servicio se debe dar el servicio y justificarlo mes a mes para que el MIES y el Ministerio de Finanzas, después de hacer observaciones y recomendaciones, hagan el desembolso.
Según los cooperantes, muchos de estos convenios sacaron pólizas con las aseguradoras aliadas al Banco de Guayaquil, del cual el expresidente Guillermo Lasso es socio fundador. Sin embargo, este año incrementaron los montos para obtener una y, aunque muchas de las organizaciones plantearon este modelo, conseguirla fue imposible en el camino.
Esto es un problema sobre todo para las organizaciones más pobres, pues para obtener una póliza deben tener un bien que sea equivalente al valor del contrato con el que prestan el servicio: alrededor de $120.000. “Pero ninguna tiene propiedades con ese valor”, dice Flavio.
“Nosotras hacemos labor social, no tenemos ingresos de otro lado”, cuenta en cambio Victoria*.
El valor de los convenios depende de la capacidad operativa de cada centro y establece una serie de obligaciones para los cooperantes, entre las cuales figura financiar el convenio en, al menos, el 25% del valor total.
Este rubro que el MIES les pide a los cooperantes cubrir, casi siempre son gastos por arriendo, papelería, administración. “Pero las organizaciones son muy pobres, no pueden ser contrapartes.
Entonces hay un acuerdo con la organización para que una parte de este rubro se cubra con el valor de los contratos de alimentación, que casi siempre se ofrece como otro servicio, de manera que esto le permite generar unos recursos para que el proyecto se sostenga”, dice Flavio.
“Nadie dice que estos valores que el Estado les exige a las organizaciones para firmar convenios salen de otros contratos con el Estado, porque en teoría, eso es corrupción, pero desde el Estado no hay un enfoque de fortalecimiento de la organización, sino un uso de recursos que cubren con una política pública fundamental: la cobertura de necesidades de la población vulnerable”, explica.
El Acuerdo Ministerial No. 30, del 16 de junio de 2020, expidió la llamada «Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social».
Esta sostiene que el MIES tiene como “misión, definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria”.
Esto valida que se gestionen los convenios con organizaciones sociales y que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución, se considere a “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad” como grupos de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
Pero más allá del fomento de la economía popular y solidaria, “si el MIES contratara personas dentro de su nómina para gestionar este servicio de manera directa, estas deberían sujetarse a un escalafón y todo saldría más caro”, insiste Flavio.
Durante la última protesta, los cooperantes pidieron cambiar la modalidad de sus contratos porque conseguir una póliza era imposible. Desde el MIES ya les habían dicho que no, pero insistieron en una protesta y el 24 de mayo les dieron una respuesta positiva, que implicaba cambiar y firmar nuevamente los convenios. Mientras eso pasa siguen impagos y no tienen una fecha para formalizar la nueva modalidad.
Aunque los pagos se retrasan, ni la atención de las guarderías ni las educadoras pueden detenerse, aunque hacerlo sin pago las vuelva cada vez más vulnerables.
Sostenerlos sin financiamiento ha derivado en un deterioro del servicio que recae, sobre todo, en los hombros de las mujeres que están a cargo del cuidado y atención de los menores de edad, es decir, las educadoras.
El servicio y la salud de las educadoras se precariza
Los convenios establecen que la atención de los CDI debe ser de cinco días a la semana, por 8 horas diarias, con actividades de juego y aprendizaje, cuidado diario, monitoreo de salud y nutrición, con 4 tiempos de alimentación.
En el caso de la alimentación, “los contratistas tratamos de cumplir con los estándares, pero para hacerlo, mientras no nos pagan, tenemos que incluso prestar plata a chulqueros. Si no, ¿cómo?”, dice Flavio.
La falta de pago incide directamente en la falta de alimentación que, por convenio, debe entregar cada Centro a los niños y niñas. “Mientras no haya presupuesto, no hay para la alimentación”, dice una de las educadoras y aunque no quiere dar su nombre dice que “se está precarizando el servicio. Nosotras somos la comunidad. Nosotros sostenemos a las familias de barrios populares”, agrega.
Diana, otra educadora, cuenta que trabaja hace 10 años en un CDI que tiene capacidad para 72 niños, pero atiende a 80.
Cada educadora, según el reglamento del MIES, debe tener a su cargo a 9 niños, pero “damos más cupos porque las madres necesitan este servicio, buscan los CDI para darles mejor alimentación. Nosotras no queremos parar, pero nos toca protestar porque queremos continuar con los servicios. A una le nace trabajar con los niños”.
De acuerdo a Flavio, el Ministerio no les ha pagado, “no necesariamente porque no haya recursos, sino que no se prioriza”.
Este año, durante el Día del niño, el pasado 1 de junio, las educadoras de un Centro de Desarrollo Infantil del sur de Guayaquil se prestaron ropa entre ellas para disfrazarse y entretener a los niños en su día. “Pero no fue de nuestro agrado”, cuenta Malena*.
Ella trabaja en este CDI del sur de Guayaquil hace 18 años y a pesar de tener un título profesional, como sus otras cinco compañeras, gana un sueldo básico. Trabaja una jornada de 8 horas. Desarrolla juegos y actividades de estimulación temprana. Les enseña a sus madres a trabajar en casa con sus hijos.
Ella y sus compañeras cuidan a los hijos e hijas de mujeres que trabajan en zonas populares, pero el lugar en el que trabajan no les ofrece garantías económicas y temen que finalmente puedan cerrar.
Para resistir a la falta de pago ha tenido que plantearse estrategias. Ya no toma el bus que le permitía llegar hasta su trabajo en 30 minutos. Ahora camina, deja a sus dos hijas pequeñas en el colegio y sigue su ruta hasta el trabajo. Hacerlo, le toma una hora y quince minutos. Debe salir más temprano. Dejar todo listo antes y caminar.
No ha recibido un pago de su sueldo desde hace seis meses, por eso, además de cambiar su rutina no ha podido comprarle uniformes nuevos a sus hijas y la comida la fía a personas que ya no le quieren fiar.
Ella trabaja con 9 niños de dos años. En su CDI se atienden a 63 niños que son hijos de estudiantes o mujeres jefas de hogar que “confían en nosotras y nos dejan al cuidado de sus niños, y también es incómodo para ellas porque hay algunas actividades que se han suspendido por la falta de presupuesto”.
“Nosotros seguimos brindando el servicio, no podemos parar, porque luego se consideraría incumplimiento de contrato y seríamos sancionados”, insiste Malena, quien además de no recibir su sueldo a tiempo teme que por hablar se tomen represalias en su contra.
La falta de pago a los CDI ha sido constante y una de sus consecuencias más graves es el quiebre de un servicio social por el que la comunidad ha apostado durante años.
Así lo considera Victoria. “Si esto se mantiene vamos a tener un colapso. La no credibilidad de los padres de familia de la comunidad a proyectos que tienen años trabajando. Estamos poniendo en riesgo nuestra credibilidad. No podemos protestar más si no hay alimentación, si no hay educadoras, si no hay quien trabaje con las educadoras. Las educadoras hoy están trabajando con voluntad, pero cada empleador merece su sueldo y yo no las puedo detener”.
En un pedido de información presentado al MIES sobre las acciones que toman en un contexto de violencia para que los CDI, la cartera de Estado respondió, vía correo electrónico, que cada Centro de Desarrollo Infantil “elabora sus acciones internas con base a los Protocolos de riesgos, emergencia y seguridad.
Dentro de las acciones para la protección de niñas y niños, se cuenta con el apoyo de la familia y los actores locales. Estos participan en simulacros que ayudan a medir el nivel de emergencia que podría presentarse para mejorar el Plan interno de riesgos”.
El Estado pone gran parte de los cuidados a cargo de mujeres. Ellas sostienen a niños en condiciones vulnerables, pero hasta el día de hoy, el Estado no les garantiza su sueldo. Las mujeres que cuidan a los niños de zonas vulnerables en situaciones de pobreza corren peligro.
Catalina, Grecia, Esther, Victoria y cada una de las mujeres que se ingenian formas de continuar con un trabajo al que le han dedicado toda su vida, exigen el sueldo que les pertenece. Aún así temen pedirlo en voz alta, con su nombre y apellido.
* Los nombres de las educadoras han sido cambiados para proteger su identidad.
Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de producción de la Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
