El 8 de diciembre desaparecieron los niños Josué, Ismael, Saúl y Steven. Un video de cámaras de seguridad muestra cómo fueron subidos a una camioneta de manera forzada por personal de las Fuerzas Armadas. Esta acción nos enfrenta a la idea de un Estado perverso.
BRADLEY HILGERT, ANA CARRILLO, FREDY VALLEJOS
Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; Saúl Arboleda, de 15 años y Steven Medina de 11 años fueron desaparecidos forzosamente en el sur de Guayaquil. En una época que debería invitarnos a la esperanza, la unión y la protección de los más vulnerables, Ecuador enfrenta una cruda realidad: vivimos bajo un Estado que ha abandonado su función primordial de proteger la vida para entregarse a una lógica perversa de muerte.
¿Qué significa hablar de un Estado perverso?
No se trata simplemente de un Estado fallido o ineficiente. El concepto de perversión, desarrollado desde el psicoanálisis, describe una estructura donde el goce viene precisamente de quebrantar las normas que deberían regir la convivencia social. Un Estado perverso es aquel que encuentra placer en la transgresión sistemática de sus propias leyes y en el quebrantamiento del orden social que dice defender.
La perversión como estructura de poder se manifiesta cuando las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía se convierten en fuentes de amenaza. Ver el vídeo en que las fuerzas del orden llevan a los niños, no solo tiene un efecto de intimidación: se reproduce una práctica histórica donde el poder estatal se ejerce a través del terror.
El video es desgarrador y muestra el momento de la detención de los niños de Las Malvinas. El procedimiento legal establece que debían ser entregados a la Policía junto con las EVIDENCIAS que justificaran la detención. No podían ir a la Base de Taura porque retener a civiles en… pic.twitter.com/nayMHuq9iF
— Yalilé Loaiza (@yali_loaiza) December 23, 2024
La impunidad no es accidental, es sistemática. Cuando los crímenes más atroces quedan sin castigo, cuando las instituciones que deberían proteger se convierten en amenaza, el mensaje es claro: la vida humana ha perdido todo valor. Este es el sello distintivo del Estado perverso, la normalización de la muerte como política.
Lo más preocupante es que esta perversión estatal produce y normaliza un tipo específico de lazo social. Cuando el poder se ejerce a través del terror, la sociedad misma comienza a estructurarse en torno al miedo y la desconfianza. Los ciudadanos interiorizan la violencia como modo natural de relación, y la brutalidad se convierte en lenguaje común.
En esta temporada navideña, cuando la humanidad celebra el nacimiento de una nueva esperanza, debemos recordar el llamado a cuidar y proteger a los más vulnerables entre nosotros. La desaparición de estos niños no puede ser solo otra cifra más en las estadísticas de un país golpeado por la violencia. Debe convertirse en un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que la indiferencia no puede ser la respuesta. Esta crisis demanda acciones inmediatas y radicales:
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Exigir una investigación internacional independiente sobre la desaparición de los cuatro menores
El involucramiento de organismos internacionales es clave para garantizar que la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos no se vean comprometidos por intereses internos.
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Demandar una depuración profunda de las fuerzas de seguridad
Esto implica no solo remover a los elementos corruptos, sino transformar la lógica institucional hacia un modelo basado en el respeto por la vida y los derechos humanos.
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Establecer mecanismos ciudadanos de vigilancia y control sobre las instituciones estatales
La ciudadanía debe participar activamente en la supervisión de las funciones públicas, reclamando transparencia y justicia, sin temor de ningún tipo de represalia .
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Invertir en políticas públicas que promuevan la igualdad y la paz
La violencia es la consecuencia directa de una desigualdad estructural que perpetúa la exclusión y la pobreza, y cae de manera desigual sobre las minorías étnicas y raciales. Es obligación del Estado dirigir recursos significativos a la educación, la salud, el empleo digno y la reducción de las brechas sociales.
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Construir redes de protección comunitaria que disputen el monopolio estatal de la seguridad
Se debe entregar a las comunidades las herramientas e insumos necesarios para que se organicen y participen activamente en la creación de estrategias locales de seguridad, priorizando la cooperación y la solidaridad, desafiando así la lógica neoliberal que privatiza la seguridad y devuelve a la ciudadanía el poder de decidir sobre su bienestar colectivo.
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Impulsar un pacto social para la reconstrucción del Estado
Este pacto debe estar orientado a restaurar la confianza en las instituciones mediante reformas profundas y la implementación de políticas basadas en la justicia, la interculturalidad, el reconocimiento pleno de los grupos históricamente excluidos, la equidad y el respeto por los derechos humanos.
La encrucijada que enfrentamos como sociedad no admite medias tintas: o nos movilizamos para desmantelar las estructuras perversas que han secuestrado al Estado, o nos condenamos a vivir bajo el reino del miedo. El futuro del Ecuador no puede construirse sobre la normalización de la violencia ni sobre la pérdida de nuestros niños. La transformación que necesitamos exige más que indignación: demanda un compromiso firme con la reconstrucción de un Estado donde la vida plena, y no la muerte, sea el principio fundamental de nuestra convivencia.
