Un Ecuador en llamas y un presidente de cartón

Mientras la militarización cobra vidas inocentes en Ecuador, la pobreza, la crisis educativa y el colapso del sistema de salud siguen sin respuesta. ¿De qué sirve la seguridad si no garantiza una vida digna?

THALÍE PONCE

Enero de 2025 en Ecuador terminó con una cifra de 750 muertes violentas. Para entender mejor los números, eso significa un asesinato por hora. Es el inicio de año más violento del que se tiene registro en el país jamás.

Esa cifra debería ser suficiente para entender el fracaso del Plan Fénix del gobierno de Daniel Noboa.  Pero repasemos algunos otros hechos para entender por qué la estrategia de securitización y militarización no está funcionando.

En marzo de 2024, el Presidente decretó el aumento del IVA del 12 al 15% para supuestamente, entre otras cosas, “enfrentar el conflicto armado interno”. 

A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, las estadísticas —como demuestra este inicio de año— no solo no han mejorado, sino que además hay víctimas directas de una securitización caracterizada por ser racista y clasista, financiada con nuestros impuestos.

Steven, Nehemías, Ismael y Josué salían de jugar fútbol en un barrio del sur de Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024, cuando fueron interceptados y llevados por una patrulla militar. Los niños, negros y provenientes de barrios empobrecidos, estuvieron desaparecidos varios días en medio del dolor y sufrimiento de sus padres.  Sus cuerpos fueron encontrados el 31 de diciembre, calcinados y con claros signos de tortura.

Que cuatro niños mueran de una forma tan cruel debería hacernos replantear profundamente cómo estamos enfrentando los problemas del país. Incluso narrativamente. Porque el hecho de que haya quienes justifiquen este crimen, siguiendo el (ya comprobado falso) relato de que eran delincuentes, muestra lo poco que valen la niñez y la vida para algunos cuando se trata de personas negras y empobrecidas. Cuando no es uno “de los suyos”.

La tortura y asesinato de esos cuatro niños es solo la punta del iceberg. El 2 de febrero de 2024 fue Carlos Javier Vega, de 19 años, asesinado por militares que estaban realizando un operativo en el sur de Guayaquil.

Este 4 de febrero de 2025, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció otro caso de ejecución extrajudicial durante un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas el 30 de enero. Otro niño, también negro, como los cuatro de Guayaquil.

Miguel Ángel Rodríguez tenía 14 años y estaba jugando con su hermano Juan José, de 16, en un parque del Guasmo Sur, cuando su padre, Milton, escuchó disparos fuera de casa. En ese momento no sabía que quienes habían recibido esos balazos eran sus dos hijos y un vecino. Juan José sobrevivió y se está recuperando, pero Miguel Ángel murió. El otro chico también está herido.

Durante una rueda de prensa organizada por el CDH, Milton Rodríguez contó que su hijo era un estudiante, que además ayudaba a su padre con el trabajo en el campo. La securitización le costó la vida a otro niño inocente. De acuerdo con el CDH, hasta el momento se registran 27 víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno.

Mientras tanto, Fito —el líder de Los Choneros— sigue prófugo, los criminales siguen siendo contratistas del Estado, la corrupción ha penetrado el sistema de justicia (como lo reveló el caso Metástasis), las cárceles —aunque militarizadas— siguen mostrando signos de descontrol, con motines y asesinatos. Y afuera, en las calles, la violencia continúa creciendo. Y se ha ensañado particularmente contra las mujeres: en 2024 hubo 274 femicidios en Ecuador, 129 de ellos relacionados a sistemas criminales.

El plan, además, dejó de lado el factor social, clave para enfrentar la situación del país. 

Porque vivir no basta. ¿De qué sirve la vida si no es digna? 

Si hay pobreza: según el INEC, en diciembre de 2024 la pobreza en Ecuador fue de 28%, un aumento del 2% respecto al mismo mes de 2023. 

Si la educación está en crisis: en 2024, al menos 78.000 estudiantes quedaron fuera del sistema educativo, lo que —entre otras cosas— deja a esos niños, niñas y adolescentes en mayor vulnerabilidad para ser captados por las bandas criminales.

Si la salud no está garantizada, pues en los hospitales públicos hay escasez de medicamentos e insumos básicos, como lo han contado incansablemente médicos y pacientes del sistema de salud.

Un país seguro es un país en el que hay educación, salud, vivienda, dignidad. En el que los jóvenes tienen motivos por los que mirar al futuro. Pero en este país, ni siquiera está garantizado el derecho a la vida. Lo que tenemos es un presidente-candidato que regala figuras de cartón en tamaño real de sí mismo, mientras la gente se sigue muriendo y él calla.

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    Enero de 2025 en Ecuador terminó con una cifra de 750 muertes violentas. Para entender mejor los números, eso significa un asesinato por hora. Es el inicio de año más violento del que se tiene registro en el país jamás.

    Esa cifra debería ser suficiente para entender el fracaso del Plan Fénix del gobierno de Daniel Noboa.  Pero repasemos algunos otros hechos para entender por qué la estrategia de securitización y militarización no está funcionando.

    En marzo de 2024, el Presidente decretó el aumento del IVA del 12 al 15% para supuestamente, entre otras cosas, “enfrentar el conflicto armado interno”. 

    A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, las estadísticas —como demuestra este inicio de año— no solo no han mejorado, sino que además hay víctimas directas de una securitización caracterizada por ser racista y clasista, financiada con nuestros impuestos.

    Steven, Nehemías, Ismael y Josué salían de jugar fútbol en un barrio del sur de Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024, cuando fueron interceptados y llevados por una patrulla militar. Los niños, negros y provenientes de barrios empobrecidos, estuvieron desaparecidos varios días en medio del dolor y sufrimiento de sus padres.  Sus cuerpos fueron encontrados el 31 de diciembre, calcinados y con claros signos de tortura.

    Que cuatro niños mueran de una forma tan cruel debería hacernos replantear profundamente cómo estamos enfrentando los problemas del país. Incluso narrativamente. Porque el hecho de que haya quienes justifiquen este crimen, siguiendo el (ya comprobado falso) relato de que eran delincuentes, muestra lo poco que valen la niñez y la vida para algunos cuando se trata de personas negras y empobrecidas. Cuando no es uno “de los suyos”.

    La tortura y asesinato de esos cuatro niños es solo la punta del iceberg. El 2 de febrero de 2024 fue Carlos Javier Vega, de 19 años, asesinado por militares que estaban realizando un operativo en el sur de Guayaquil.

    Este 4 de febrero de 2025, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció otro caso de ejecución extrajudicial durante un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas el 30 de enero. Otro niño, también negro, como los cuatro de Guayaquil.

    Miguel Ángel Rodríguez tenía 14 años y estaba jugando con su hermano Juan José, de 16, en un parque del Guasmo Sur, cuando su padre, Milton, escuchó disparos fuera de casa. En ese momento no sabía que quienes habían recibido esos balazos eran sus dos hijos y un vecino. Juan José sobrevivió y se está recuperando, pero Miguel Ángel murió. El otro chico también está herido.

    Durante una rueda de prensa organizada por el CDH, Milton Rodríguez contó que su hijo era un estudiante, que además ayudaba a su padre con el trabajo en el campo. La securitización le costó la vida a otro niño inocente. De acuerdo con el CDH, hasta el momento se registran 27 víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno.

    Mientras tanto, Fito —el líder de Los Choneros— sigue prófugo, los criminales siguen siendo contratistas del Estado, la corrupción ha penetrado el sistema de justicia (como lo reveló el caso Metástasis), las cárceles —aunque militarizadas— siguen mostrando signos de descontrol, con motines y asesinatos. Y afuera, en las calles, la violencia continúa creciendo. Y se ha ensañado particularmente contra las mujeres: en 2024 hubo 274 femicidios en Ecuador, 129 de ellos relacionados a sistemas criminales.

    El plan, además, dejó de lado el factor social, clave para enfrentar la situación del país. 

    Porque vivir no basta. ¿De qué sirve la vida si no es digna? 

    Si hay pobreza: según el INEC, en diciembre de 2024 la pobreza en Ecuador fue de 28%, un aumento del 2% respecto al mismo mes de 2023. 

    Si la educación está en crisis: en 2024, al menos 78.000 estudiantes quedaron fuera del sistema educativo, lo que —entre otras cosas— deja a esos niños, niñas y adolescentes en mayor vulnerabilidad para ser captados por las bandas criminales.

    Si la salud no está garantizada, pues en los hospitales públicos hay escasez de medicamentos e insumos básicos, como lo han contado incansablemente médicos y pacientes del sistema de salud.

    Un país seguro es un país en el que hay educación, salud, vivienda, dignidad. En el que los jóvenes tienen motivos por los que mirar al futuro. Pero en este país, ni siquiera está garantizado el derecho a la vida. Lo que tenemos es un presidente-candidato que regala figuras de cartón en tamaño real de sí mismo, mientras la gente se sigue muriendo y él calla.

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