Lo que se le olvida a las y los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil

Las necesidades y las vidas de las mujeres y las diversidades sexogenéricas de Guayaquil han sido colocadas en un segundo plano por quienes aspiran a la Alcaldía de la ciudad.

MARILYN URRESTO VILLEGAS

A menos de una semana para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, existe un ambiente de tensión electoral en el país; pero sobre todo en Guayaquil, donde se juegan cuatro posibles años más de administración a cargo del Partido Social Cristiano (PSC) o se apuesta por una nueva administración.

Las preocupaciones generales de la ciudadanía en Guayaquil giran alrededor de la seguridad ciudadana y el desarrollo económico

En 2021, Guayaquil se ubicó dentro de las 50 ciudades más peligrosos del mundo según el Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal. En 2022, alcanzó una tasa de homicidios de 36.51% por cada 1000 habitantes. Es la segunda ciudad más violenta del país después de Esmeraldas —ubicada en la frontera con Colombia—, según datos del Ministerio de Gobierno.

En lo económico, a diferencia de lo mencionado en los últimos días por la alcaldesa y candidata socialcristiana a la reelección Cynthia Viteri, Guayaquil no es una ciudad equitativa. 

La ciudad tiene una tasa de desempleo del 3.8%, donde el 41.8% de la población desempleada corresponde a jóvenes de entre 15 a 24  años; y mantiene una tasa de informalidad del 42.8%. Además, Guayaquil ocupa el 11.2% de incidencia de pobreza, según el informe de 2020 de pobreza y desigualdad del INEC.

No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil 49.9% de la población desempleadas son mujeres.

Fuera de estas preocupaciones generales hay algo en lo que la administración actual no ha trabajado y que las candidaturas a la próxima alcaldía no están tomando en cuenta: las condiciones de vida de las mujeres en Guayaquil.

Ese incremento de la violencia y las condiciones de pobreza y de desigualdad se perpetúan y reproducen sobre los cuerpos y la vida de las mujeres guayaquileñas. 

2022 fue el año más violento para Ecuador y, por supuesto, para las mujeres. Con un registro de 332 muertes violentas a mujeres por cuestiones de género, de las cuales 189 tuvieron relación con la delincuencia organizada.  

Guayaquil como cantón y ciudad se ubica como el territorio más violento a nivel nacional para las mujeres con un registro de 77 femicidios. 

No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil las mujeres mueren por cuestiones de género.

Estos datos nos brindan información suficiente para que el foco de atención de la alcaldía actual y de las candidaturas a las próxima alcaldía también esté sobre la seguridad y vida de las mujeres. No solo porque representamos alrededor de la mitad de la población de la ciudad, sino también porque es un competencia municipal diseñar e implementar políticas para la promoción y construcción de ciudades inclusivas y equitativas, además de la responsabilidad de crear políticas y planes para la seguridad ciudadana, seguridad que debe pensarse también desde un enfoque de género, teniendo en cuenta las particularidades con las que opera la violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, esta preocupación no existe. De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil, solo cuatro presentan dentro de sus planes de gobierno propuestas para la prevención de la violencia contra la mujer.

Propuestas que se reducen a los verbos empoderar, prevenir y emprender; propuestas vacías e insuficientes porque no existe un solo plan completo que explique cómo lo van a lograr. Son solo palabras y propaganda electoral a costa de las violencias que nos atraviesan. 

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la violencia basada en género no solo se ejecuta y reproduce en el espacio privado, sino que también tiene un escenario de representación en el espacio público, ¿cómo es posible pensar que una ciudad que nos violenta será capaz de protegernos? 

El uso del espacio público para las mujeres en Guayaquil es un problema. ¿Cómo logramos transitar y habitar en las calles de una ciudad (de la que somos parte) sin ser acosadas o abusadas sexualmente? El acoso callejero  es una representación del poder y represión machista que sufrimos las mujeres al transitar las calles de Guayaquil. El acoso se traslada de las calles al servicio de transporte público, que se configura como un espacio de zozobra, en el no sabemos cómo estar, cómo pararnos y dónde ubicarnos para no ser acosadas sexualmente. 

Según reportes de la Unidad para combatir la violencia contra la mujer del Municipio y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil –Amiga ya no estás sola, desde 2019 hasta octubre 2022 hubo 104 denuncias por acoso sexual dentro del servicio de transporte Metrovía

Este registro representa a las mujeres que lograron denunciar y no al sin número de mujeres, adolescentes y niñas que ni siquiera logran moverse frente a una situación de acoso sexual, que solo desean que el hombre que se está masturbando detrás de ella se baje del articulado en la siguiente parada, que alguien se dé cuenta y las ayude o simplemente llegar a su destino, llorar e imaginar todas las posibles reacciones si tan solo el miedo no las hubiera paralizado.

No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil las mujeres no pueden transitar las calles y usar el transporte público en igualdad de condiciones que el resto de la población.

De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil solo uno presenta una propuesta para controlar la violencia y acoso en el transporte y espacio público.

Esta representación de la violencia en el espacio público no solo responde al acoso callejero, también se evidencia en la represión por parte de la Policía Metropolitana a las vendedoras y comerciantes autónomas de Guayaquil que son acosadas, extorsionadas y golpeadas por agentes metropolitanos en el cumplimiento de “regular” el comercio “informal” en el espacio público. 

De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil solo tres presentan propuestas de regulación y oportunidades comerciales a las y los trabajadores autónomos; ninguno presenta propuestas de cambio frente al abuso de poder o accionar de la Policía Metropolitana para el control del comercio en la ciudad.

Agentes de la Policía Metropolitana de Guayaquil. | Foto: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

El uso del espacio en Guayaquil no es solo un problema para las mujeres sino también para las diversidades sexogenéricas que habitan y ejercen su ciudadanía. En octubre de 2021 el artista vogue Jordy de los Milagros denunció a través de un video en redes sociales actos de discriminación por parte del personal de seguridad de un parque público y de miembros de la Policía Nacional quienes le exigían retirarse por estar vestido de “forma inmoral”. 

En diciembre de 2022, artistas drag convocaron a un plantón pacífico para denunciar actos de discriminación en Mercado del Río del Malecón 2000, donde solo se pueden realizar eventos considerados “normales”. En el imaginario de la administración del Malecón, la población trans no cabe dentro de esta normalidad: en el plantón, miembros de la Policía Metropolitana y guardias de seguridad exigían que se retiraran porque “incomodaban al resto de la población”, la Policía Nacional reprimió con gas lacrimógeno y de forma arbitraria detuvo a uno de los activistas, quien estuvo retenido e incomunicado por 12 horas. 

Asimismo, en enero de 2023, la Fundación Mujer y Mujer hizo pública una denuncia por actos de discriminación y violencia contra una pareja de mujeres lesbianas trabajadoras autónomas por parte de la guardia del sistema de transporte Metrovia y la Policía Nacional. 

De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil ninguno presenta propuestas para atender las demandas de las diversidades sexogenéricas y la generación de espacios inclusivos. 

El espacio público fuera de ser un lugar de convivencia e integración, es un escenario de representación de las normas sociales y morales de la sociedad y por tanto, de regulación de comportamiento de lo masculino y femenino.

Todo lo que se encuentre fuera de estos comportamientos socialmente correctos y aceptados es rechazado y excluido a través de dispositivos de poder conformados por la administración municipal que restringe en uso del espacio público y los agentes de “orden y control” municipal que violentan y excluyen a las diversidades sexo-genéricas de los espacios que también deben y pueden hacer uso por el simple hecho de ser ciudadanos de esta ciudad.

Foto: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil todo cuerpo salido de la heteronorma es discriminado y expulsado del espacio público. 

El escenario actual para la próxima administración de Guayaquil es encontrar varios desafíos y deudas en relación al género; seguridad, desarrollo económico y uso del espacio público son algunos de los temas pendientes que deben empezar pensarse desde un enfoque de género en la ciudad.

No se puede hablar de una ciudad equitativa si las mujeres de Guayaquil somos víctimas colaterales del crimen organizado, si vivimos en condiciones de pobreza en barrios olvidados por la administración municipal sin acceso a servicios básicos, si somos violentadas por la Policía Metropolitana, o acosadas en el espacio público y sobre todo, si no podemos vivir libres y sin miedo.

Guayaquil no será una ciudad equitativa si la totalidad de sus habitantes no vive en igualdad de condiciones, derechos y oportunidades. Y nosotras —y nosotrxs— somos la mitad.

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    Las preocupaciones generales de la ciudadanía en Guayaquil giran alrededor de la seguridad ciudadana y el desarrollo económico

    En 2021, Guayaquil se ubicó dentro de las 50 ciudades más peligrosos del mundo según el Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal. En 2022, alcanzó una tasa de homicidios de 36.51% por cada 1000 habitantes. Es la segunda ciudad más violenta del país después de Esmeraldas —ubicada en la frontera con Colombia—, según datos del Ministerio de Gobierno.

    En lo económico, a diferencia de lo mencionado en los últimos días por la alcaldesa y candidata socialcristiana a la reelección Cynthia Viteri, Guayaquil no es una ciudad equitativa. 

    La ciudad tiene una tasa de desempleo del 3.8%, donde el 41.8% de la población desempleada corresponde a jóvenes de entre 15 a 24  años; y mantiene una tasa de informalidad del 42.8%. Además, Guayaquil ocupa el 11.2% de incidencia de pobreza, según el informe de 2020 de pobreza y desigualdad del INEC.

    No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil 49.9% de la población desempleadas son mujeres.

    Fuera de estas preocupaciones generales hay algo en lo que la administración actual no ha trabajado y que las candidaturas a la próxima alcaldía no están tomando en cuenta: las condiciones de vida de las mujeres en Guayaquil.

    Ese incremento de la violencia y las condiciones de pobreza y de desigualdad se perpetúan y reproducen sobre los cuerpos y la vida de las mujeres guayaquileñas. 

    2022 fue el año más violento para Ecuador y, por supuesto, para las mujeres. Con un registro de 332 muertes violentas a mujeres por cuestiones de género, de las cuales 189 tuvieron relación con la delincuencia organizada.  

    Guayaquil como cantón y ciudad se ubica como el territorio más violento a nivel nacional para las mujeres con un registro de 77 femicidios. 

    No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil las mujeres mueren por cuestiones de género.

    Estos datos nos brindan información suficiente para que el foco de atención de la alcaldía actual y de las candidaturas a las próxima alcaldía también esté sobre la seguridad y vida de las mujeres. No solo porque representamos alrededor de la mitad de la población de la ciudad, sino también porque es un competencia municipal diseñar e implementar políticas para la promoción y construcción de ciudades inclusivas y equitativas, además de la responsabilidad de crear políticas y planes para la seguridad ciudadana, seguridad que debe pensarse también desde un enfoque de género, teniendo en cuenta las particularidades con las que opera la violencia contra las mujeres. 

    Sin embargo, esta preocupación no existe. De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil, solo cuatro presentan dentro de sus planes de gobierno propuestas para la prevención de la violencia contra la mujer.

    Propuestas que se reducen a los verbos empoderar, prevenir y emprender; propuestas vacías e insuficientes porque no existe un solo plan completo que explique cómo lo van a lograr. Son solo palabras y propaganda electoral a costa de las violencias que nos atraviesan. 

    Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la violencia basada en género no solo se ejecuta y reproduce en el espacio privado, sino que también tiene un escenario de representación en el espacio público, ¿cómo es posible pensar que una ciudad que nos violenta será capaz de protegernos? 

    El uso del espacio público para las mujeres en Guayaquil es un problema. ¿Cómo logramos transitar y habitar en las calles de una ciudad (de la que somos parte) sin ser acosadas o abusadas sexualmente? El acoso callejero  es una representación del poder y represión machista que sufrimos las mujeres al transitar las calles de Guayaquil. El acoso se traslada de las calles al servicio de transporte público, que se configura como un espacio de zozobra, en el no sabemos cómo estar, cómo pararnos y dónde ubicarnos para no ser acosadas sexualmente. 

    Según reportes de la Unidad para combatir la violencia contra la mujer del Municipio y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil –Amiga ya no estás sola, desde 2019 hasta octubre 2022 hubo 104 denuncias por acoso sexual dentro del servicio de transporte Metrovía

    Este registro representa a las mujeres que lograron denunciar y no al sin número de mujeres, adolescentes y niñas que ni siquiera logran moverse frente a una situación de acoso sexual, que solo desean que el hombre que se está masturbando detrás de ella se baje del articulado en la siguiente parada, que alguien se dé cuenta y las ayude o simplemente llegar a su destino, llorar e imaginar todas las posibles reacciones si tan solo el miedo no las hubiera paralizado.

    No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil las mujeres no pueden transitar las calles y usar el transporte público en igualdad de condiciones que el resto de la población.

    De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil solo uno presenta una propuesta para controlar la violencia y acoso en el transporte y espacio público.

    Esta representación de la violencia en el espacio público no solo responde al acoso callejero, también se evidencia en la represión por parte de la Policía Metropolitana a las vendedoras y comerciantes autónomas de Guayaquil que son acosadas, extorsionadas y golpeadas por agentes metropolitanos en el cumplimiento de “regular” el comercio “informal” en el espacio público. 

    De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil solo tres presentan propuestas de regulación y oportunidades comerciales a las y los trabajadores autónomos; ninguno presenta propuestas de cambio frente al abuso de poder o accionar de la Policía Metropolitana para el control del comercio en la ciudad.

    Agentes de la Policía Metropolitana de Guayaquil. | Foto: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

    El uso del espacio en Guayaquil no es solo un problema para las mujeres sino también para las diversidades sexogenéricas que habitan y ejercen su ciudadanía. En octubre de 2021 el artista vogue Jordy de los Milagros denunció a través de un video en redes sociales actos de discriminación por parte del personal de seguridad de un parque público y de miembros de la Policía Nacional quienes le exigían retirarse por estar vestido de “forma inmoral”. 

    En diciembre de 2022, artistas drag convocaron a un plantón pacífico para denunciar actos de discriminación en Mercado del Río del Malecón 2000, donde solo se pueden realizar eventos considerados “normales”. En el imaginario de la administración del Malecón, la población trans no cabe dentro de esta normalidad: en el plantón, miembros de la Policía Metropolitana y guardias de seguridad exigían que se retiraran porque “incomodaban al resto de la población”, la Policía Nacional reprimió con gas lacrimógeno y de forma arbitraria detuvo a uno de los activistas, quien estuvo retenido e incomunicado por 12 horas. 

    Asimismo, en enero de 2023, la Fundación Mujer y Mujer hizo pública una denuncia por actos de discriminación y violencia contra una pareja de mujeres lesbianas trabajadoras autónomas por parte de la guardia del sistema de transporte Metrovia y la Policía Nacional. 

    De los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil ninguno presenta propuestas para atender las demandas de las diversidades sexogenéricas y la generación de espacios inclusivos. 

    El espacio público fuera de ser un lugar de convivencia e integración, es un escenario de representación de las normas sociales y morales de la sociedad y por tanto, de regulación de comportamiento de lo masculino y femenino.

    Todo lo que se encuentre fuera de estos comportamientos socialmente correctos y aceptados es rechazado y excluido a través de dispositivos de poder conformados por la administración municipal que restringe en uso del espacio público y los agentes de “orden y control” municipal que violentan y excluyen a las diversidades sexo-genéricas de los espacios que también deben y pueden hacer uso por el simple hecho de ser ciudadanos de esta ciudad.

    Foto: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

    No se puede hablar de una ciudad equitativa si en Guayaquil todo cuerpo salido de la heteronorma es discriminado y expulsado del espacio público. 

    El escenario actual para la próxima administración de Guayaquil es encontrar varios desafíos y deudas en relación al género; seguridad, desarrollo económico y uso del espacio público son algunos de los temas pendientes que deben empezar pensarse desde un enfoque de género en la ciudad.

    No se puede hablar de una ciudad equitativa si las mujeres de Guayaquil somos víctimas colaterales del crimen organizado, si vivimos en condiciones de pobreza en barrios olvidados por la administración municipal sin acceso a servicios básicos, si somos violentadas por la Policía Metropolitana, o acosadas en el espacio público y sobre todo, si no podemos vivir libres y sin miedo.

    Guayaquil no será una ciudad equitativa si la totalidad de sus habitantes no vive en igualdad de condiciones, derechos y oportunidades. Y nosotras —y nosotrxs— somos la mitad.

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