La psicóloga clínica Betty Soria hizo un informe en el que alerta que una niña fue víctima de abuso sexual. Soria fue demandada por el presunto abusador por supuesta falsificación de un documento público. La Fiscalía procesó la denuncia en su contra, mientras el proceso de abuso sexual está detenido.
A Betty Soria no le gusta aparecer en escenarios públicos. Sin embargo, en los últimos meses ha expuesto su nombre, su rostro y su historia en medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de buscar justicia: fue demandada por denunciar un abuso sexual a una menor de edad. Hoy, su caso es visible bajo la campaña #JusticiaParaBetty, a la que se han sumado organizaciones de derechos humanos, psicólogos, abogadas, algunos medios de comunicación y cientos de usuarios en la web.
Soria trabaja desde hace cinco años como psicóloga en el Hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. En 2019 comenzó a atender a una niña —de entonces ocho años de edad— y a su madre en ese hospital público. En agosto de 2020, en medio de la pandemia, la menor pidió ir de nuevo con la psicóloga, decía que tenía que hablar. En consulta, le contó a Soria haber sufrido abuso sexual por parte de su padre.
A partir de ese encuentro y los antecedentes familiares, Soria hizo un informe, como los otros 100 que ha hecho durante los cinco años que lleva de trabajo en el hospital. En este reportó que la niña había sido, en efecto, víctima de abuso sexual. Con este documento, el hospital debió activar la ruta de denuncia a Fiscalía, tal como lo establece la ley. Pero eso nunca sucedió por falta de personal jurídico, a pesar de que durante ese mismo año se hicieron al menos 70 denuncias desde el hospital a Fiscalía por violencia basada en género, según un reporte del mismo hospital.
En septiembre de 2020, la madre de la menor pidió el informe de Soria para adjuntar a los argumentos con los que le otorgarían una medida de protección. Al conocer el documento, la jueza de la Junta cantonal ordenó a Fiscalía levantar una denuncia por abuso sexual. La denuncia se procesó, pero hasta el día de hoy se encuentra en indagación previa y las ocasiones en las que la madre ha ido a constatar el estado del proceso, es sometida a largas horas de espera, hasta que finalmente abren el folio y le dicen lo mismo de siempre: que no ha avanzado.
Lo que sí avanzó de manera estrepitosa fue la denuncia que presentó el presunto agresor de la menor, su padre, en contra de Betty Soria, pero también en contra de la madre de la niña. En octubre de 2020, el abogado del presunto agresor, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, presentó la denuncia bajo el cargo de “falsificación de un documento público”. Con este se pretende declarar falso todo lo que dijo la menor.
Así, en diciembre de 2020, Soria fue llamada a juicio y el 27 de abril próximo será la audiencia de juzgamiento.
#JusticiaParaBetty se ha convertido en una alerta ante la criminalización a funcionarios públicos por hacer su trabajo, pero además revela —una vez más— la poca capacidad del Estado para atender casos de violencia basada en género.
Soria pasó de ser un nexo entre su paciente y la justicia, a acusada. La justicia ha procesado una denuncia en su contra, mientras se ha permitido que el informe clínico de la menor de edad, que cuenta su abuso sexual y detalles de su intimidad, sea notarizado, lo cual lo hace público. El abogado del presunto abusador logró obtener y sacar del Hospital la historia clínica de la niña bajo la figura de procurador judicial, algo que no está permitido por la ley, pues se trata del defensor del presunto abusador y no de la madre, quien tiene la patria potestad de la menor, la única que podía usar y pedir esa información.
Así, el caso de una niña abusada se ha hecho público, pero no por reparación ni justicia, sino para revictimizarla.
En octubre de 2018, la madre de la niña empezó un proceso legal por la patria potestad de su hija, es decir solicitó la tenencia total de la menor, en el que además se regula el régimen de visitas por parte de su padre. En este se ordenaron las primeras pericias técnico-psicosociales que dieron como alerta un posible abuso sexual por parte del padre. Con el primer informe, la madre presentó una denuncia en Fiscalía por “abuso sexual”; pero la registraron como “abuso psicológico”, considerando que no había suficientes elementos y que en el proceso se podría determinar si fue o no abuso sexual.
A pesar de la alerta, la jueza encargada permitió que continuaran las visitas del padre aduciendo que “no representaba ningún riesgo para la niña”. Un año después, la denuncia se archivó, alegando ausencia de pruebas. Los informes que se habían trabajado inicialmente nunca se presentaron como prueba para la causa: las trabajadoras sociales de la Fiscalía no lo hicieron.
En 2019, la unidad judicial derivó a la familia al Hospital de Monte Sinaí, donde la menor comenzó consultas con Betty Soria.
Soria recuerda que en las primeras entrevistas la niña no hablaba mucho, pero mencionaba hechos ocurridos en Alemania, el país de origen del padre y el lugar en el que reside, sin profundizar demasiado.
En agosto de 2020 —mientras se vivía aún la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país— la menor le pidió a su madre que la llevara a consulta con Soria. Temía quedarse con su padre en caso de que su madre falleciera por la enfermedad; además, como parte del régimen de visitas, la niña debía hablar con su padre de manera telemática, aunque ella se negaba a hacerlo. En este nuevo acercamiento, la psicóloga recogió indicios de presunto abuso sexual. Con ello hizo el informe que hoy la podría llevar a la cárcel.
Como funcionaria pública, Soria pidió al departamento jurídico del Hospital de Monte Sinaí, en el que trabaja, activar la ruta que establece la Norma Técnica para casos de violencia de género, vigente desde 2019.
Esta especifica en su capítulo III, la derivación del Sistema Nacional de Salud al de Justicia:
“Todos los casos de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos deben ser notificados en el plazo máximo de 24 horas a la Fiscalía correspondiente de la localidad, conforme lo determina el artículo 423 del Código Orgánico Integral Penal y el Artículo 72 del Código Orgánico de Niños, niñas y adolescentes”.
La ruta no se activó, aunque era responsabilidad del personal jurídico del Hospital. Soria explica que la abogada encargada dijo no poder hacer el proceso pues estaba sola para asumir todos los asuntos del hospital; el resto del departamento había sido despedido por la pandemia.
Esta omisión fue el comienzo de una serie de negligencias que han descartado el abuso sexual como una denuncia urgente, para dar paso a una serie de cuestionamientos sobre el proceso de trabajo de Soria y la voz de las víctimas.
Durante los primeros llamados de audiencia por falsificación de documento público, entre diciembre de 2020 y julio de 2021, Soria tenía un embarazo de riesgo y pidió conexión telemática para afrontar su versión sobre un caso que le resultaba inverosímil. Su solicitud fue negada. Incluso, fue llamada a comparecer el día que debía dar a luz. La psicóloga fue, finalmente, a una de las audiencias pocos meses después del parto.
A pesar de que ha asumido todos los costos legales y psicológicos que implica este proceso, Soria espera aún que sea solo un mal sueño. “Quizás mi error sea no hacer caso a lo que se dice en el medio: no denuncies, no te metas en estas cosas, porque al final yo soy la perseguida”, dice la psicóloga en una entrevista con INDÓMITA, en una cafetería de Guayaquil un sábado por la tarde.
La acompaña su amiga, la abogada Marcela Dunn. “Me acompaña porque a mí me gusta poco hablar en público”, dice Betty mientras encoge los hombros y se recuesta levemente en la silla. Dunn es fundadora del networking femenino FEMEUnited y fue una de las primeras en activar la alerta que busca #JusticiaParaBetty. Mientras enumeran una serie de razones por las que este proceso les resulta incoherente, sus voces suben de tono, a pesar de que intentan no hacerlo, parece inevitable. Están indignadas.
Soria sigue sin tener claro cuál es el argumento por el cual se pretende declarar falso su informe. Lo dice con la mirada perdida, mientras mueve las manos, como buscando una explicación posible. Si existe una razón para considerar este informe falso, posiblemente sea técnica. En las audiencias anteriores se ha justificado el proceso penal porque Soria puso mal la fecha, pero según explica Dunn, legalmente hay un principio en el que no se puede invalidar el contenido legal por un error técnico, como ocurre en este caso.
En una entrevista a Diario El Universo, Gagliardo, abogado del padre de la niña y presunto abusador, afirma que el mismo hospital había considerado que dicho documento estaba “mal hecho”, puesto que iba “más allá de sus atribuciones”.
La abogada Stephanie Heredia, de la organización CEPAM Guayaquil, sostiene que Soria sí hizo su trabajo, que es de los funcionarios públicos de salud: brindar atención, diagnosticar al paciente y emitir el informe correspondiente.
En una entrevista vía Zoom, Heredia agrega que este no es un acto petitorio, “es un documento con el cual se notifica a las entidades del Estado para que la Fiscalía, en una investigación previa, de un proceso judicial pueda determinar si existen o no culpables”. Un proceso que a pesar de poner en riesgo la vida de una menor, está detenido.
Para Marcela Dunn, el Estado actúa en detrimento de una discriminación por género. “Esto genera una cultura del silencio para todos los funcionarios de salud que se encuentren en una situación análoga. No hay razón jurídica para que este caso haya avanzado tanto. Deja a una menor en la indefensión y a una profesional de salud destruida emocionalmente, de ser psicóloga pasa a ser víctima. Hay una madre que no puede confiar en el sistema y todo un gremio que siente que esto le puede pasar a cualquiera”.
Heredia, por su parte, recalca que “esto nace de una obligación del Estado de erradicar esta violencia. Si no tenemos un personal de salud que levanta las alertas, no tendremos fiscales que puedan investigar”.
Este proceso, que debió levantar alertas para su tratamiento en Fiscalía, ha avanzado, según Heredia, hacia la criminalización del personal de salud que cumple con su trabajo. A esto se suma que Soria no pudo defenderse por vía telemática en las primeras instancias como solicitó por su embarazo de riesgo, considerando que las mujeres embarazadas son población de atención prioritaria.
En un pronunciamiento público, CEPAM Guayaquil plantea la necesidad de contar con “Justicia con enfoque feminista para prevenir e identificar posibles irregularidades que afecten al ejercicio profesional en la detección y prevención de posibles casos de violencia sexual”. Sin ellos no hay casos de reparación.
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EL ESTADO NO GARANTIZA UNA RUTA SEGURA CONTRA LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
Carmen*, psicóloga clínica del Ministerio de Educación desde hace siete años, cuenta que desde que se emitieron las cinco rutas para denunciar casos de violencia de género en el sistema educativo hay muchos docentes que enfrentan estos procesos con miedo. “No se sabe qué va a pasar. En la Fiscalía, si el abogado del presunto agresor pide el informe, están nuestros datos y a nosotros nadie nos protege”.
Las rutas se trazaron en 2020, como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Paola Guzmán Albarracín, que dispuso que el Estado cree medidas de reparación y no repetición. Entre ellas se encuentra tratar la violencia sexual en el ámbito educativo.
A pesar de que estas rutas se desarrollan en mesas técnicas, en las que participan representantes de distintas entidades del Estado —entre ellas Fiscalía— Carmen afirma que hay varias trabas en el proceso.
Comenta que normalmente los casos llegan primero a los docentes. Estos los llevan al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para activar la ruta y “poner en comunicación a las entidades pertinentes” a través de un informe en Fiscalía.
“Si no eres firme en cuanto a la necesidad de presentar el proceso en Fiscalía no lo reciben, mucho menos si no tienes la asesoría adecuada por parte del distrito para enfrentar el caso. Yo he tenido la suerte de que en nuestro distrito, (el departamento legal) siempre nos acompaña”, cuenta la psicóloga.
UNA RED CONTRA EL SILENCIO
Soledad* es psicóloga clínica y trabaja desde hace cinco años en organizaciones vinculadas con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Cuenta que muchas veces las rutas de denuncia no se activan porque falta información y capacitación sobre este tipo de casos en las comunidades y en los intermediarios.
Hace dos años, Soledad recibió la denuncia de una menor de edad que fue violada y amenazada por su abusador, miembro de una organización criminal. La niña tuvo que dejar la escuela y la ciudad.
En este caso, cuenta la psicóloga, no se activó ningún tipo de protocolo pues, de parte de las autoridades de la organización en la que trabajaba, quienes podían activar la denuncia, consideraban que la menor ya había accedido a tener relaciones sexuales con su abusador.
“A pesar de que legalmente era una violación y la niña quería salir de ese círculo, la comunidad estaba amedrentada a la hora de denunciar y tenían consideraciones morales del caso, por lo que consideraban que era normal que la niña se vaya con su abusador, sin pensar en la violencia a la que estaba expuesta”, dice Soledad.
Además, cuestiona cuánto influyen las creencias y convicciones personales ante los casos de violencia basada en género.
Considera que hay formas de actuar para prevenir los distintos tipos de violencia y que la ley, así como las distintas instituciones públicas, deben acompañar y fortalecer estos procesos con capacitaciones y campañas que involucren a las comunidades donde la violencia armada afecta en mayor medida a las niñas.
Para Carmen, el miedo siempre está presente cuando hay que afrontar la violencia basada en género. Considera que a partir del caso de Betty Soria, el personal médico debe buscar las formas y los respaldos para cumplir con su obligación de activar las rutas en casos de violencia de género.
Por su parte, Soledad considera que aún hay esperanza y que estos casos deben alertar sobre la necesidad de no criminalizar al personal médico que está en primera línea.
El jueves 5 de abril de 2023, la Fundación Dignidad y Derecho hizo pública la solicitud de un Hábeas Data para la madre de la niña y toda la información que se ha hecho pública en este proceso. En un comunicado pide que se siente un precedente para no revictimizar a las niñas y mujeres que han sufrido abuso sexual. Reclaman que la revictimización venga de quienes deben hacer justicia.
Durante este proceso judicial en contra de una funcionaria y la madre de la niña —activado por el padre y presunto abusador— la víctima ha sido revictimizada constantemente. Algunos medios de comunicación han dado espacio al abogado del agresor, quien ha revelado información íntima de la niña que debió ser reservada para proteger su identidad, integridad y vida. Mientras tanto, las razones que promueven la acción legal en contra de la psicóloga siguen sin estar claras.
El proceso en contra de Betty Soria ha continuado —continúa— a pesar de que no es realmente contra ella, sino contra una víctima y su madre. Contra la posibilidad de reparación y justicia. Si Soria llega a ser encontrada culpable, el Estado mostrará su inoperancia y no sólo condenará a una persona inocente, sino que le dará la espalda a una víctima y a miles que, como ella, sufren abusos sexuales en los lugares donde deberían cuidarlas.
*Estos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.
