Ley de Aborto por Violación: así fue el primer debate

El proyecto de Ley de Aborto por Violación tuvo su primer debate en la Asamblea. INDÓMITA realizó 20 verificaciones de los discursos pronunciados por los legisladores en el pleno. 

JÉSSICA ZAMBRANO y THALÍE PONCE

El pleno de la Asamblea Nacional realizó este 9 de diciembre de 2021, el primer debate del proyecto de Ley de Aborto por Violación. Esta vez, el debate por la despenalización del aborto, que ha tenido distintos escenarios en el legislativo, desde que entró en vigencia la Constitución de 2008, se abrió tras la sentencia de la Corte Constitucional, en abril de este año. 

«Tenemos la responsabilidad histórica de dejar de revictimizar a nuestras niñas, víctimas de violencia sexual. No podemos llamarnos ni proaborto, ni provida, sino pro-libertad de derechos«, dijo la asambleísta de UNES Jhahaira Urresta minutos antes de que se instale la sesión.

Una de las premisas de la discusión se centró en la declaratoria que promulga la presentación de esta ley: la Asamblea no debe decidir si es o no ley la despenalización del aborto por violación, sino que debe garantizar la existencia de un marco legal para su cumplimiento. 

La Asamblea recibió a comparecientes de la sociedad civil que presentaron sus posturas frente al debate. Sus intervenciones anticiparon varios de los argumentos y posturas con los que abordarían el debate los asambleístas en el pleno. 

Intervinieron 25 personas, muchas de ellas miembros de organizaciones activistas. Entre ellas estuvieron la directora de Surkuna Ana Cristina Vera, la comunicadora Gabriela Sinchi Gómez, la médica Ana Lucía Martínez y las abogadas Soledad Angus Freré, Roxana Arroyo y María Dolores Miño.

Con una postura en contra de la Ley, participaron, entre otros, el exasambleísta Héctor Yépez, la médica Pilar Calva y María Isabel ‘Mamela’ Fiallo. 

Dentro de estas comparecencias se destacaron puntos críticos de la Ley, como la contemplación de plazos, la existencia de una denuncia ante un órgano judicial y la reparación de las víctimas. Pero también se debatieron desde distintas perspectivas, aspectos como la objeción de conciencia para los médicos y la garantía de la vida desde la concepción, estipulada en el art. 45 de la Constitución vigente ecuatoriana. 

Soledad Angus, socia del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM-Guayaquil, recordó a los asambleístas que la finalidad de la Ley «no es limitar u obstaculizar el acceso a un aborto legal y seguro en casos de violación, sino por el contrario prevenir que en la práctica se impongan medidas leoninas o burocráticas que obstaculicen la práctica de abortos y deriven en la restricción de derechos».

«Recordemos que las personas más afectadas por la violencia sexual y también por la penalización del aborto son las racializadas, las más jóvenes y las más empobrecidas, por lo tanto es a ellas a quienes más adeuda esta asamblea una ley justa y reparadora», dijo Angus, quien además es magíster en Derecho Constitucional. “Si quieren proteger la vida es necesario que se empiece a hablar de inversión en educación, de salud, no desde lo penal, en restringir el derecho de las mujeres”, concluyó. 

Por su parte, Gabriela Sinchi Gómez, señaló que la normativa debe dar respuesta a la violencia racista que hace vulnerables a las runa warmikuna (mujeres indígenas), mujeres afrodescendientes, jóvenes y empobrecidas. «Háganse cargo y legislen como deben por las mujeres», dijo dirigiéndose a los legisladores.

UN DEBATE QUE DIO ROSTRO A LAS VÍCTIMAS

La sesión del pleno se volvió a instalar a las 16:00 y se extendió hasta las 20:50. 

El debate de los legisladores tuvo incidencia sobre los puntos de la ley que advirtieron los actores de la sociedad civil. Las asambleístas de Izquierda Democrática Johanna Moreira y Wilma Andrade; así como Victoria Desintonio, de UNES, centraron sus ponencias en lo que plantearon activistas como Gabriela Sinchi Gómez cuando se refirió a darle rostro a las víctimas

Una hora antes de la instalación del pleno, el buró nacional de la Revolución Ciudadana, que es parte del frente legislativo de UNES, emitió un comunicado en el que decía que no fue posible llegar a un consenso sobre la postura frente a la Ley dentro de la bancada. «La decisión de la Revolución Ciudadana es de dejar en libertad a sus asambleístas», dijeron en el documento. «Sus intervenciones y votaciones serán a título personal y no en representación del movimiento». 

Esa decisión se reflejó en el debate. Muchas asambleístas de UNES llevaron su pañuelo verde a la Asamblea y algunas, como Gissela Garzón, Jahiren Noriega (a) y Viviana Veloz, intervinieron en el pleno con argumentos a favor de la Ley. Sin embargo, otras legisladoras del mismo movimiento, como Pierina Correa y Sofía Espín, mostraron su inconformidad con el proyecto.

INDÓMITA —en alianza con CEPAM-Guayaquil— realizó un total de 20 verificaciones de las intervenciones que se realizaron en el debate. De las 20 declaraciones verificadas, siete fueron falsas, ocho verdaderas, cuatro imprecisas y una inverificable.

Entre los asambleístas que proporcionaron datos falsos, estuvieron Geraldine Weber (PSC), Ricardo Vanegas (PK) y Pierina Correa (UNES).

Las declaraciones imprecisas fueron de Nathalie Viteri (PSC), Dallyana Passailaigue (PSC), Jahiren Noriega (UNES) y  Sofía Espín (UNES). 

Entre los legisladores que entregaron información verdadera, constan Johanna Moreira (ID), Wilma Andrade (ID), Gissela Garzón (UNES) y Victoria Desintonio (UNES) y Jahiren Noriega(UNES), de quien realizamos dos verificaciones.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL

En los exteriores de la Asamblea Nacional se congregaron activistas por los derechos humanos. Entre ellas estuvo Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, una niña de once años que fue víctima de femicidio dentro de la institución en la que estudiaba, en Quito. 

Mientras la sociedad civil presentaba argumentos en contra y a favor de la Ley, Montenegro mantenía su atención en las seis personas que estaban siendo procesadas por el caso de su hija, y que a pesar del entorno, tuvo la declaratoria de prescripción en cinco de ellos por el cargo de homicidio culposo en el transcurso de la tarde. “No más impunidad”, dijo Montenegro frente a la Asamblea mientras se debatía la Ley. 

En Guayaquil, distintas organizaciones feministas se congregaron frente a la Fiscalía, en la Plaza que rebautizaron como Paola Guzmán (plaza de La Merced) para sintonizar el debate y exigir que el órgano legislativo dé paso a esta ley como una forma de reparación a las víctimas. 

Se espera que la Asamblea Nacional  fije el segundo debate de la Ley el 11 de enero de 2022, a pesar de que el fallo de la Corte Constitucional fijó un plazo de seis meses para la aprobación de este instrumento legal, el cual vencerá el 28 de diciembre próximo.

  • Periodista. Es ciclista urbana en una ciudad caótica y busca la calma descendiendo a la profundidad del mar. Usa el ciclismo y el buceo a pulmón para hilar sensaciones del cuerpo con historias cotidianas. Desde que practica estos deportes –en los que la mente se involucra mucho más de lo que parece– ha buscado la manera para que su profesión, el periodismo que muchas veces condena a los profesionales a la hostilidad de un espacio laboral, sea también viajar y contar las historias que no se miran desde las ciudades donde –incrédulamente– se cree que todo acontece.

  • Periodista y editora con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. Es exbecaria del International Center for Journalists (2019), la International Women's Media Foundation y el programa Reham Al-Farrah de la ONU (2021). En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y en 2020 fue finalista del premio Roche de periodismo en salud, edición Ecuador. En los últimos años su cobertura se ha centrado en la violencia basada en género y los derechos de las mujeres.

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    «Tenemos la responsabilidad histórica de dejar de revictimizar a nuestras niñas, víctimas de violencia sexual. No podemos llamarnos ni proaborto, ni provida, sino pro-libertad de derechos«, dijo la asambleísta de UNES Jhahaira Urresta minutos antes de que se instale la sesión.

    Una de las premisas de la discusión se centró en la declaratoria que promulga la presentación de esta ley: la Asamblea no debe decidir si es o no ley la despenalización del aborto por violación, sino que debe garantizar la existencia de un marco legal para su cumplimiento. 

    La Asamblea recibió a comparecientes de la sociedad civil que presentaron sus posturas frente al debate. Sus intervenciones anticiparon varios de los argumentos y posturas con los que abordarían el debate los asambleístas en el pleno. 

    Intervinieron 25 personas, muchas de ellas miembros de organizaciones activistas. Entre ellas estuvieron la directora de Surkuna Ana Cristina Vera, la comunicadora Gabriela Sinchi Gómez, la médica Ana Lucía Martínez y las abogadas Soledad Angus Freré, Roxana Arroyo y María Dolores Miño.

    Con una postura en contra de la Ley, participaron, entre otros, el exasambleísta Héctor Yépez, la médica Pilar Calva y María Isabel ‘Mamela’ Fiallo. 

    Dentro de estas comparecencias se destacaron puntos críticos de la Ley, como la contemplación de plazos, la existencia de una denuncia ante un órgano judicial y la reparación de las víctimas. Pero también se debatieron desde distintas perspectivas, aspectos como la objeción de conciencia para los médicos y la garantía de la vida desde la concepción, estipulada en el art. 45 de la Constitución vigente ecuatoriana. 

    Soledad Angus, socia del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM-Guayaquil, recordó a los asambleístas que la finalidad de la Ley «no es limitar u obstaculizar el acceso a un aborto legal y seguro en casos de violación, sino por el contrario prevenir que en la práctica se impongan medidas leoninas o burocráticas que obstaculicen la práctica de abortos y deriven en la restricción de derechos».

    «Recordemos que las personas más afectadas por la violencia sexual y también por la penalización del aborto son las racializadas, las más jóvenes y las más empobrecidas, por lo tanto es a ellas a quienes más adeuda esta asamblea una ley justa y reparadora», dijo Angus, quien además es magíster en Derecho Constitucional. “Si quieren proteger la vida es necesario que se empiece a hablar de inversión en educación, de salud, no desde lo penal, en restringir el derecho de las mujeres”, concluyó. 

    Por su parte, Gabriela Sinchi Gómez, señaló que la normativa debe dar respuesta a la violencia racista que hace vulnerables a las runa warmikuna (mujeres indígenas), mujeres afrodescendientes, jóvenes y empobrecidas. «Háganse cargo y legislen como deben por las mujeres», dijo dirigiéndose a los legisladores.

    UN DEBATE QUE DIO ROSTRO A LAS VÍCTIMAS

    La sesión del pleno se volvió a instalar a las 16:00 y se extendió hasta las 20:50. 

    El debate de los legisladores tuvo incidencia sobre los puntos de la ley que advirtieron los actores de la sociedad civil. Las asambleístas de Izquierda Democrática Johanna Moreira y Wilma Andrade; así como Victoria Desintonio, de UNES, centraron sus ponencias en lo que plantearon activistas como Gabriela Sinchi Gómez cuando se refirió a darle rostro a las víctimas

    Una hora antes de la instalación del pleno, el buró nacional de la Revolución Ciudadana, que es parte del frente legislativo de UNES, emitió un comunicado en el que decía que no fue posible llegar a un consenso sobre la postura frente a la Ley dentro de la bancada. «La decisión de la Revolución Ciudadana es de dejar en libertad a sus asambleístas», dijeron en el documento. «Sus intervenciones y votaciones serán a título personal y no en representación del movimiento». 

    Esa decisión se reflejó en el debate. Muchas asambleístas de UNES llevaron su pañuelo verde a la Asamblea y algunas, como Gissela Garzón, Jahiren Noriega (a) y Viviana Veloz, intervinieron en el pleno con argumentos a favor de la Ley. Sin embargo, otras legisladoras del mismo movimiento, como Pierina Correa y Sofía Espín, mostraron su inconformidad con el proyecto.

    INDÓMITA —en alianza con CEPAM-Guayaquil— realizó un total de 20 verificaciones de las intervenciones que se realizaron en el debate. De las 20 declaraciones verificadas, siete fueron falsas, ocho verdaderas, cuatro imprecisas y una inverificable.

    Entre los asambleístas que proporcionaron datos falsos, estuvieron Geraldine Weber (PSC), Ricardo Vanegas (PK) y Pierina Correa (UNES).

    Las declaraciones imprecisas fueron de Nathalie Viteri (PSC), Dallyana Passailaigue (PSC), Jahiren Noriega (UNES) y  Sofía Espín (UNES). 

    Entre los legisladores que entregaron información verdadera, constan Johanna Moreira (ID), Wilma Andrade (ID), Gissela Garzón (UNES) y Victoria Desintonio (UNES) y Jahiren Noriega(UNES), de quien realizamos dos verificaciones.

    VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL

    En los exteriores de la Asamblea Nacional se congregaron activistas por los derechos humanos. Entre ellas estuvo Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, una niña de once años que fue víctima de femicidio dentro de la institución en la que estudiaba, en Quito. 

    Mientras la sociedad civil presentaba argumentos en contra y a favor de la Ley, Montenegro mantenía su atención en las seis personas que estaban siendo procesadas por el caso de su hija, y que a pesar del entorno, tuvo la declaratoria de prescripción en cinco de ellos por el cargo de homicidio culposo en el transcurso de la tarde. “No más impunidad”, dijo Montenegro frente a la Asamblea mientras se debatía la Ley. 

    En Guayaquil, distintas organizaciones feministas se congregaron frente a la Fiscalía, en la Plaza que rebautizaron como Paola Guzmán (plaza de La Merced) para sintonizar el debate y exigir que el órgano legislativo dé paso a esta ley como una forma de reparación a las víctimas. 

    Se espera que la Asamblea Nacional  fije el segundo debate de la Ley el 11 de enero de 2022, a pesar de que el fallo de la Corte Constitucional fijó un plazo de seis meses para la aprobación de este instrumento legal, el cual vencerá el 28 de diciembre próximo.

    • Periodista. Es ciclista urbana en una ciudad caótica y busca la calma descendiendo a la profundidad del mar. Usa el ciclismo y el buceo a pulmón para hilar sensaciones del cuerpo con historias cotidianas. Desde que practica estos deportes –en los que la mente se involucra mucho más de lo que parece– ha buscado la manera para que su profesión, el periodismo que muchas veces condena a los profesionales a la hostilidad de un espacio laboral, sea también viajar y contar las historias que no se miran desde las ciudades donde –incrédulamente– se cree que todo acontece.

    • Periodista y editora con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. Es exbecaria del International Center for Journalists (2019), la International Women's Media Foundation y el programa Reham Al-Farrah de la ONU (2021). En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y en 2020 fue finalista del premio Roche de periodismo en salud, edición Ecuador. En los últimos años su cobertura se ha centrado en la violencia basada en género y los derechos de las mujeres.

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