942 mujeres en situación migratoria irregular y en movilidad humana fueron atendidas por violencia entre junio de 2020 y junio de 2021 en Ecuador, donde más de la mitad de personas refugiadas y migrantes son mujeres y niñas. Sin embargo, encontrar información para prevenir y denunciar estos hechos es un desafío más grande del que debería ser.
Eran las 10 de una noche de agosto de 2018 cuando Eglis cruzó la frontera desde Venezuela a Colombia. Pagó para recorrer una trocha, una vía ilegal, porque no tenía tiempo para hacer la larga fila y salir de su país con un sello en el pasaporte. Había apuro: uno de sus dos hijos necesitaba atención médica y era improbable que la recibiera. Cuando vivía en el estado de Aragua, Venezuela, su exmarido había sido violento, ella lo denunció y se separó de él. Desde entonces, Eglis se hizo cargo de todo. Decidió migrar y, con los dos niños, atravesó el camino en la oscuridad.
En algunos días, recorrió Colombia y, cuando llegó a la frontera con Ecuador, ingresó por Rumichaca. Una amiga la esperaba en Quito y con su ayuda pudo instalarse en un barrio en el sur de la ciudad. La oscuridad ahora era otra: las dificultades para navegar una ciudad con casi tres millones de habitantes.
Al principio le dolió que sus vecinos ecuatorianos no la saludaran cuando ella sí lo hacía. Pero se «mentalizó»: había llegado a Ecuador para sacar a sus hijos adelante. Inició la búsqueda de trabajo. Supo que, en un restaurante, requerían ayuda. Cuando asistió a la entrevista, el dueño del lugar se le acercó y trató de tocarle los senos. Ella retrocedió y salió del lugar. «En Ecuador las mujeres son muy maltratadas. Y no solamente me refiero a nosotras las venezolanas cuando llegamos a buscar un empleo. Aquí hay mucho machismo», dice Eglis.
El protagonismo de la mujer en la migración a veces es ignorado, pero más de la mitad de personas refugiadas y migrantes que viven en Ecuador son mujeres y niñas. Según la ACNUR, en coordinación con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) y el Gobierno ecuatoriano, desde 2017 hasta el 30 de mayo de 2022, a Ecuador han llegado 571,535 personas refugiadas y en movilidad humana. De ese número, el 88 % es población venezolana.
Un informe de la organización CARE sostiene que "las niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas, junto a población de la diversidad sexogenérica son más vulnerables a situaciones como la violencia sexual y la trata de personas". Señala también que "la existencia de relaciones de poder sobre las víctimas, impide la denuncia y por lo tanto limita considerablemente la respuesta por parte de las autoridades".
En teoría, en Ecuador existen canales para atender necesidades de salud, educación, justicia y protección. Esta atención es primordial en un contexto donde 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia basada en género al menos una vez en su vida, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC); y donde existen dificultades para aplicar las leyes y políticas contra la discriminación a las mujeres, detalla un informe de la organización Surkuna.
En mayo de 2022, el GTRM informó que el 73,3 % de la población venezolana está en situación migratoria irregular dado que no tiene visa o posee una visa vencida, lo que le quita la opción de obtener un trabajo formal. Además, según la Ley de Movilidad Humana, quienes no hayan regularizado su condición migratoria recibirán como sanción una multa de dos salarios básicos unificados, es decir USD 850.
A esto se suma que, para las mujeres en movilidad humana que arriban a Ecuador, es difícil obtener información sobre sus derechos y oficinas públicas. Este ha sido el caso de cuatro mujeres que contaron su experiencia para este reportaje: Franci, Eglis, Salomé* y Jenny.
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Franci, de 34 años, llegó desde el estado de Anzoátegui, Venezuela, en julio de 2021. Con sus hijos, recorrió trochas para cruzar la frontera de Venezuela con Colombia y la de Colombia con Ecuador. En un principio, le costó ubicarse en Quito. A bordo de un bus conoció a Zoila*, una mujer que la ayudó con indicaciones para instalarse en la ciudad. Durante sus primeros meses en la capital de Ecuador, vivió con sus hijos y su esposo en un departamento pequeño en el sur de la ciudad. Tuvo que reemplazarlo por uno más amplio, en el mismo sector, para recibir a su hermana y a su sobrina, quienes se mudaron desde Colombia.
Gracias a Zoila*, Franci se acercó al tema de la violencia de género, conoció algunas fundaciones y se unió a un colectivo. El conocimiento sobre qué hacer en casos de violencia y cómo prevenirla lo obtuvo en las reuniones de este grupo. Además, recibió capacitaciones para abrir su propio emprendimiento. Ese primer vínculo le permitió dar sus primeros pasos en Ecuador.
El estudio Voces y realidad de niñas y mujeres jóvenes migrantes en Ciudades receptoras de Ecuador, realizado en 2021 por la Fundación Terranueva, Plan Internacional y el Fondo Ítalo-ecuatoriano para Desarrollo Sostenible, hace referencia precisamente al acceso a información de mujeres en movilidad humana. Según el documento, el principal obstáculo para que las víctimas de violencia basada en género accedan a apoyo es el desconocimiento de las rutas de atención y protección.
El Gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha promocionado ampliamente los Servicios de Protección Integral (SPI) para atender a mujeres víctimas de violencia. Según la Matriz de Atención de SPI de Ecuador, disponible en Datos Abiertos Ecuador, un total de 942 mujeres en situación migratoria irregular y en movilidad humana fueron atendidas entre junio de 2020 y junio de 2021. Esta es una cifra mínima considerando que ingresaron al país 104,314 personas refugiadas y en movilidad humana durante 2020; y 113,175 en 2021.
La matriz indica que 639 de estos casos se encuentran en seguimiento. Esto significa que están en proceso de atención y no han sido cerrados, aun cuando ha transcurrido más de un año desde su recepción.
Así, la experiencia de mujeres en movilidad humana presenta desafíos únicos. Eglis, Franci, Salomé* y Jenny viven en Quito. Las une su nacionalidad, son venezolanas; la maternidad, su pertenencia a colectivos, y su participación en capacitaciones para prevenir la violencia contra la mujer.
Al llegar, no recurrieron a un canal de atención estatal sino hasta que tuvieron conocidas y amigas que les hablaron sobre organizaciones y fundaciones con programas de apoyo a población en movilidad humana. En esas instituciones, les explicaron qué rutas de atención podían seguir y cuáles son sus derechos en Ecuador.
Todas ellas requieren completar trámites para garantizar que en sus vidas se prolonguen, modifiquen o mejoren las condiciones que vivían en su país de origen. Inscribir su título profesional y ejercer su profesión; contar con un documento que les permita acceder a servicios de salud, u obtener un pasaporte vigente y sin error migratorio son algunas de sus aspiraciones.
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En Ecuador existen leyes, mecanismos y oficinas públicas que tienen como objetivo prevenir y erradicar la violencia de género para la población en movilidad humana. Su efectividad y los avances verificados en esta materia son otra historia. Las circunstancias por las que atraviesan mujeres en movilidad humana exigen una atención reforzada y diferenciada por parte del Estado, aquello a lo que la ley denomina el enfoque "interseccional".
Jenny tiene 45 años y es oriunda del estado de Aragua. Llegó a Ecuador en octubre de 2018. Tiene una sonrisa amplia y facilidad con la palabra. Enfatiza que en Ecuador le ha ido bien, aunque sabe que hay altos índices de violencia en el país: ve a diario en las noticias que existe maltrato hacia las mujeres, tanto físico como psicológico. Le impacta también el número de feminicidios. "En Venezuela nosotras nos defendemos a capa y espada. Esos niveles de violencia de género son muy bajos", dice con énfasis.
Pese a que Jenny afirma esto con orgullo, su declaración revela que existe la necesidad de defenderse. Sorprende de sus palabras que sea preciso que las mujeres tengan armas contra la violencia y que de eso dependa si son maltratadas o no. Aunque asegura que no ha tenido una experiencia de violencia en Ecuador, ha aprendido en capacitaciones de fundaciones sobre los mecanismos de protección a los que puede recurrir.
En el informe de 2021 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se observa que en Ecuador "las mujeres solicitantes de asilo y migrantes que sufren violencia de género (incluida la violencia doméstica y la violación), sobre todo las que se encuentran en situación irregular, evitan recurrir a los servicios de apoyo a las víctimas por temor a ser denunciadas a las autoridades de inmigración". Además, se advierte que las mujeres y niñas migrantes y refugiadas tienen un acceso limitado a la educación y a la atención sanitaria, pese a lo que consta en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Sobre el acceso limitado a la atención sanitaria, Franci cuenta que pasó 17 días con fiebre al llegar a Ecuador. Cuando llamó al 140, el número telefónico para tomar citas en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, le dijeron que debía presentar una identificación "válida" para recibir atención. Según consta en la Constitución y en la Ley de Movilidad Humana, la población en movilidad humana tiene derecho a acceder a los sistemas de salud, sin importar su situación migratoria.
Sin embargo, a Franci le informaron que necesitaba un pasaporte, una cédula ecuatoriana o una visa. Tuvo que pagar a un médico privado, a pesar de sus escasos recursos económicos. Esta situación continúa siendo un problema, debido a que no puede obtener su pasaporte: "En Venezuela, salgo bloqueada. Cuando se mete al sistema, dice ‘error migratorio’... No tener pasaporte me ha trancado muchísimas puertas aquí. Pero, bueno, tengo que seguir adelante". La única manera de arreglar este problema, dice Franci, sería regresando a Venezuela. Un viaje que, de acuerdo con sus cálculos y bajo su situación migratoria, llegaría a costar USD 700.
Franci considera que la falta de documentación ha obstaculizado sus planes. Uno de ellos es ejercer su profesión. Ella es enfermera y, para registrar su título, necesita un certificado apostillado y legalizado, y el registro sanitario. Debido a que no cuenta con esos documentos, Franci trabaja en limpieza tres días a la semana, dirige su emprendimiento de repostería y también aprendió a hacer uñas.
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Eglis tiene 44 años. Al migrar a Ecuador e instalarse en Quito, su objetivo era que su hijo menor —quien tiene autismo y epilepsia— recibiera atención médica. Tras seis meses de insistencia y una denuncia en la Junta de Protección de Derechos de Quitumbe, logró que lo atendieran en el Hospital Baca Ortiz en tres especialidades.
Con el tiempo, Eglis ha aprendido a moverse en su barrio, ubicado en el sur de la capital: sabe qué cuadras y parques evitar. Sabe que no puede salir de su vivienda alquilada después de las siete de la noche por la posibilidad de asaltos. Ha enfrentado la xenofobia en Quito y ha escuchado cómo, en otras ciudades, sus amigas encaran experiencias similares.
Sus ojos se llenan de lágrimas cuando rememora su vida en Venezuela y cuando habla sobre sus hijos mayores, ya adultos, que no viven en Ecuador. Pero cuando habla sobre los derechos de las mujeres, su voz se llena de ánimo y resolución.
Eglis cuenta que una vecina ecuatoriana sufría violencia física de parte de su marido. Ella le informó a qué lugares podía ir: primero a la Junta de Protección de Quitumbe (para ayudar a los niños) y después a la Fiscalía para solicitar una boleta de alejamiento. Su vecina no dejó de ser maltratada a pesar de que tenía esa boleta y terminó por mudarse a Cuenca. El contacto entre ellas se interrumpió.
Cuando reflexiona sobre lo sucedido con su amiga, dice: "Aquí llega la Policía y dicen: ‘son problemas de marido y mujer’. He visto peleas en la calle y la Policía pasa como si nada. Pienso que debe haber más orientación, deberían hacer talleres para los hombres y hacer más campañas contra el maltrato para niños y adolescentes".
En 2021, la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, declaró que el Gobierno de Guillermo Lasso destinaría, entre 2022 y 2025, un presupuesto de USD 24 millones para "combatir la violencia de género". El plan actual para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres de esa Secretaría contempla canales y servicios de asistencia como los Servicios de Protección Integral, las Casas de Acogida, los Centros de Atención y los Centros Violeta.
Yolanda Galarza es la directora de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico, y otros grupos de atención prioritaria de la Secretaría de Derechos Humanos. Afirma que, desde esta secretaría, se articulan "temas de violencia hacia mujeres, tanto que estén en movilidad humana como que no estén en movilidad humana". Además, señala que los SPI se encargan de dar un seguimiento "de emergencia durante un tiempo" y, posteriormente, hacen una derivación a los servicios que tienen otras instituciones del Estado. En los SPI, afirma Galarza, no hay un plan específico ni diferenciado para atender a mujeres en movilidad humana.
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Considerar el enfoque interseccional para apoyar a mujeres en movilidad humana se justifica debido a la ausencia y falta de atención del estado ecuatoriano que ellas viven. También por la naturalización de comportamientos xenófobos y estereotipos.
Esther Gualtieri, educadora y directora del colectivo Araguaney —que trabaja con temas de migración— afirma que una de las principales dificultades para acceder a apoyo ante la violencia basada en género es el miedo a la revictimización y al maltrato cuando hay estereotipos tan marcados para las mujeres venezolanas, quienes son consideradas "prostitutas" y "rompehogares". Aquel temor, potenciado por la situación migratoria irregular, se traduce en escasa confianza hacia los canales gubernamentales ecuatorianos.
Esto se evidencia en el relato de Salomé*, una mujer de 30 años de edad. Ella viajó a Ecuador en noviembre de 2018 desde el estado Falcón, Venezuela. Para ella, la atención de servicios públicos en Ecuador ha tenido varias facetas. Si en algunos casos ha encontrado "ángeles" que la trataron con dulzura, también enfrentó discriminación. Cuando dio a luz en el hospital Enrique Garcés, hubo personal médico que la atendió con comprensión y cuidado, pero también se encontró con profesionales que le dijeron que si no le gustaba el trato que le estaban dando, podía regresar a su país.
Antes de que comenzara el periodo de confinamiento por la pandemia, Salomé* trabajaba como vendedora ambulante. Al respecto, sostiene: "Ciertamente no es el mejor trabajo, pero a mí me abrió la puerta para salir de las calles".
Meses después de su llegada, cuando Salomé* estaba vendiendo agua cerca del centro comercial Quicentro Sur, un hombre se le acercó y le solicitó insistentemente tener intimidad por una alta suma de dinero. No recuerda si fue su esposo o alguien que estaba cerca quien consiguió alejarlo.
Una de sus amigas, con quien ya no es tan cercana, tenía un novio que la maltrataba. Él presenció cómo sus amigos, en estado etílico, violaron a su propia novia, la amiga de Salomé*. En este tipo de situaciones, afirma ella, las mujeres migrantes no presentan denuncias, temen no ser escuchadas porque no tienen documentación para ingresar en el sistema legal.
Salomé* narra además, la sensación de abandono con la historia de un compatriota quien, afirma, fue esclavizado. Trabajaba en una panadería y no le pagaban más que con comida y techo. Debido a que estaba en un lugar donde no conocía a nadie, por verse lejos de Venezuela, no sentía que ese fuera un trato tan malo.
Carlos Espinosa es director de la Zona 1 de los Servicios de Protección Integral, que atiende a las ciudades cercanas a la frontera norte del Ecuador: Ibarra, Otavalo, Tulcán, San Lorenzo, Esmeraldas y Lago Agrio. Señala que estos no atienden a un gran número de mujeres en movilidad humana, y lo atribuye a la falta de promoción de estos servicios, pero también a la cercana coordinación que existe en la red de organizaciones de apoyo a mujeres en movilidad humana que han sido víctimas de violencia. Menciona las iniciativas del GTRM, dirigido por la OIM y ACNUR. Enfatiza, además, que la atención en los SPI es reactiva, más que preventiva.
En 2022, se abrió el primer Centro Violeta en Guayaquil y, para 2025, se espera contar con 24 Centros Violeta, uno en cada una de las 24 provincias de Ecuador. Estos centros son "instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones para reducir o anular el riesgo de que ocurra un hecho de violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores". Buscan aumentar la eficiencia en la capacidad de respuesta y atención inmediata en casos de violencia basada en género.
¿Cómo se diferenciarían estos centros de los SPI y cómo ayudarían a mujeres en movilidad humana? Con el proyecto de los Centros Violeta, según Yolanda Galarza, se busca dar una atención más cuidadosa a poblaciones urbanas. Por ejemplo, las víctimas de violencia podrán acudir a estos recintos las 24 horas si necesitan refugio de manera urgente. Después de un análisis de necesidades, se ha proyectado en 2022 la apertura de estos centros en las ciudades con mayor cantidad de casos de violencia basada en género, como Guayaquil, Esmeraldas, Lago Agrio y Machala.
Puesto que la atención en los Servicios de Protección Integral puede tener una duración de tres a seis meses, ¿podría considerárselos como canales de protección efectivos? Cristina Burneo, docente universitaria y miembro de la organización Corredores Migratorios, destaca que estos servicios tienden a ser más "primeros auxilios" que alternativas para una verdadera prevención, protección y reparación para mujeres en movilidad humana. Según Burneo, si buscaran en realidad prevenir la violencia, tendrían como prioridad dar opciones de regularización de la condición migratoria. Así, podrían encontrar maneras de integrarse y conseguir trabajo, con el fin de lograr independencia económica.
En esto coincide la relatoría del Comité para la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que destaca cómo se reproduce en estas políticas el paradigma de la Ley y el Orden. Se hace énfasis en tratar los efectos de la violencia más que en establecer por qué existe violencia y atacar las causas. La aplicación de estas políticas es temporal y no implica un cambio profundo, sino que representan medidas para atender casos como si fueran emergencias.
Lourdes Vallejo, asesora en temas de Protección de Derechos, Género, Pueblos y Nacionalidades de la GIZ, destaca la importancia de la articulación de varios sectores para atender a la población en movilidad humana y a las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género. Considera limitado pensar que una sola oficina estatal logrará otorgar atención integral a todas las víctimas de violencia, pues cada caso presenta características únicas, que revelan intersecciones respecto al género, la situación migratoria, la discapacidad, la etnia, entre otros.
Los SPI atienden a toda la población vulnerable. Por eso resulta poco realista que un solo servicio de la Secretaría de Derechos Humanos solucione una problemática tan compleja. En esto coincide Susana Quiloango, asesora nacional de Movilidad Humana de la GIZ. Quiloango enfatiza la importancia de las redes institucionales que se activan localmente en provincias y cantones e incluyen organizaciones de la sociedad civil, oficinas públicas y fundaciones. En el ámbito nacional, aún no se evidencia la articulación de todos los sistemas involucrados en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y, menos aún, contra mujeres en movilidad humana.
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Jenny, Salomé, Eglis y Franci hacen referencia a la violencia de diferentes maneras. A partir de sus testimonios, es posible evidenciar la inseguridad que viven las mujeres en movilidad humana que llegan a Ecuador con recursos económicos limitados. Esto tiene relación directa con su situación migratoria y, seguramente, redunda en su incapacidad de enfrentar y denunciar actos de violencia o abuso, ya sea laboral, civil o doméstico.
Ellas viven en barrios populares de la ciudad de Quito, debido a los retos que enfrentan para integrarse laboralmente. Se dedican a emprendimientos nuevos, a veces en el comercio informal, y tienen ingresos bajos. Como muchas personas en movilidad humana, encuentran alojamiento en condiciones no siempre adecuadas. Esto revela, además, otras vulnerabilidades de índole económica y social, que las enfrentan a entornos donde existe la inseguridad y donde pueden verse sometidas al ejercicio de poder de los arrendadores.
En este escenario, la violencia basada en género es uno más de los obstáculos que pueden encontrar en un camino que ya es de por sí complejo y, en muchos casos, doloroso.
El 3 de junio de 2022, con el Decreto 436, el Gobierno ecuatoriano anunció una nueva campaña de regularización para población en movilidad humana. La Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos o VIRTE tendrá una vigencia de 2 años. Queda por verse cuántas personas podrán acogerse a este programa, considerando que uno de los requisitos es haber ingresado al Ecuador de forma regular, es decir, por puntos de control migratorio habilitados.
El camino de la movilidad humana está lleno de reveses. Los obstáculos aumentan si la migrante es mujer, pues la injusticia se transforma en peligro palpable. El apoyo gubernamental y de organizaciones de la sociedad civil es parte de un entramado que muestra claramente la larga vía por recorrer hacia la dignidad plena, que debería ser la regla antes que la excepción.
*El nombre de este testimonio fue cambiado para proteger la identidad de la fuente.
