Las mujeres indígenas en la política están en las comunidades, pero no tienen la palabra en los espacios donde se toman las decisiones. En este reportaje tres de ellas cuentan su experiencia por las que vienen, por las que ya no están.
En la pintura ‘Los trabajadores’ de Oswaldo Guayasamín, un grupo de hombres sostiene las herramientas de trabajo mientras una mujer, detrás de ellos, sostiene la comida, la casa, la familia, la toma de fuerzas de la comunidad.
Una gran parte del movimiento indígena se consolidó más de 40 años después de que Guayasamín pintara aquel cuadro que hoy se exhibe en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC). En 1943, cuando Guayasamín la pintó, el movimiento indigenista surgía y se nombraba a través del arte y la literatura, pero desde una mirada blanco-mestiza.
Este 2024, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, la organización indígena más grande del país, cumple 38 años de vida política y está en un proceso de digitalización de más de 2.500 de sus archivos en la Cinemateca Nacional.
En estos 38 años, a pesar de tener en su camino a lideresas como Dolores Cacuango, una de las grandes precursoras de los derechos humanos y políticos de las comunidades indígenas en la región, las mujeres parecen seguir ocupando el mismo lugar que en la pintura de Guayasamín: detrás de aquellos que sostienen las herramientas de trabajo, aunque en las bases se forma una primera generación de lideresas que se capacitan dentro y fuera del país para construir una alternancia del poder masculino.
Las mujeres en la comunidad indígena se forman en campamentos, mingas, asambleas, en las convocatorias de las bases, dirigencias comunitarias; pero su voz suena poco en los espacios de toma de decisiones más grandes. Aunque han sido electas popular y masivamente como dirigentas, aún allí, atraviesan procesos de violencia política, que se derivan de estructuras más fijas: las tradiciones de las comunidades y la justicia indígena.
Sisa Pakari Chicaiza: “No quiero un puesto de trabajo, quiero justicia para las comunidades a las que represento”.
En 2022, Sisa Chicaiza, quien aprendió a militar por el movimiento indígena desde niña en su comunidad, en el pueblo Puruhá, fue elegida dirigente de Juventudes del movimiento indígena y campesino de Chimborazo (COMICH) hasta 2025. A pesar de haber sido electa para una representación popular, sus compañeros, dirigentes hombres, le pidieron que se calle.
En julio de 2024, después de un Consejo de Gobierno de la COMICH, la institución que representa, tomó la palabra para señalar puntos de la agenda, pero el dirigente de la COMICH le pidió que fuera al punto que él había planteado: definir el cuadro electoral para febrero de 2025.
Sisa buscaba debatir dos temas que afectan a las comunidades que representa: la minería que merma la capacidad del agua y que hoy pone a Ecuador en un punto crítico ante la sequía en fuentes hidroeléctricas y la falta de acceso a cupos universitarios para jóvenes indígenas.
Ese día, el Frente Minero Pungalá llegó al consejo para exponer su preocupación sobre la concesión de 900 hectáreas de territorios comunales. Además, había recolectado datos de la provincia sobre los niveles en los que se ha reducido el acceso universitario para la población indígena, sobre todo en el último año cuando se mermó el presupuesto para las instituciones de Educación Superior, a pesar de que su financiamiento depende, en gran medida, de las proyecciones de la recaudación del IVA.
Pero “los que más se quedan sin cupos son los jóvenes que son parte de las comunidades indígenas”, insiste Sisa.
El día que Sisa protestó, llegaron 15 de 32 organizaciones de Chimborazo. Solo la mitad de las entidades políticas decidieron ante el Consejo dar inicio al proceso de elecciones internas. Para ella, las resoluciones eran inválidas. Pero su celular se llenó de mensajes anónimos que le decían: hazte a un lado, ganamos.
En las Asambleas no les gustan las karishinas
En kichwa se llama karishinas a las mujeres que realizan actividades que se reconocen como exclusivas para los hombres.
Toa Villavicencio, vocal de la Junta Electoral del Cañar y dirigente indígena y Stefanía Lalvay, dirigente de comunicación de la CONAIE, pueden pensarse karishinas porque se han lanzado a la dirigencia aunque reciban cuestionamientos desde distintos frentes.
Stefania Lalvay fue la primera en presidir las juventudes en la Unión de Comunidades Indígenas del Azuay (UCIA) y hoy, a sus 29 años, es una de las dirigentes más jóvenes de la Conaie. Desde su experiencia, sostiene que la violencia política en el movimiento indígena tiene su base en la violencia de género, en espacios domésticos, en la familia, en las comunidades.
De allí que lo primero que se preguntó cuando asumió la dirigencia fue cómo podría quitarse el miedo de hablar en público. Ese miedo se agrandó cuando llegaba a reuniones provinciales y no le daban espacio. “Es un mundo de sensaciones y eso pasa con todas las mujeres que estamos en comunidades”, dice Lalvay.
“Las compañeras en las Asambleas no hablan”, agrega Villavicencio. Ella ha constatado que cada vez que las mujeres quieren decir algo en las Asambleas piensan que las van a recriminar.
Toa no era consciente de este contexto antes de ir a estudiar Ingeniería Forestal en Cuba, en 2003, cuando tenía solo 18 años de edad. En 2009, después de cinco años de haber vivido en la Isla regresó a Ecuador con la idea que le había fundado su padre “salvar el mundo en base al conocimiento de la tierra” pero se encontró con lo marcada que está la política entre hombres y mujeres en espacios comunitarios.
Para Lalvay en el movimiento indígena muchas veces se “minimizan a las mujeres en la toma de decisiones” y se explica porque a pesar de que “las mujeres sostenemos a las comunidades, en espacios de toma de decisión solo están los compañeros”.
Estas condiciones parecen no tener reversa cuando se detienen procesos de formación política, como los que ha planteado Chicaiza en Chimborazo y que tienen espacios bloqueados para su ejecución. Otro ejemplo, son las escuelas de formación cultural-política y de violencia de género que inició Lalvay, pero que no se activan de manera sostenida.
Toa Villavicencio y Laura Tenemaza, —esta última fue la primera dirigente de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC-Cañar)—, hicieron lo mismo en su comunidad, cuando formaron las dirigencias de juventudes en 2014, pero reconocen que muchos jóvenes ven la política desde un punto de vista electoral y no estructural, lo cual complejiza la posibilidad de activar el cambio generacional de las dirigencias.
“Nuestra idea era incentivar a los jóvenes a sumarse al debate sobre la problemática que atraviesa a los territorios indígenas y plantear soluciones”, dice Villavicencio, pero el trabajo debe ser sostenido para que tenga frutos.
A la falta de espacios para la formación y toma de decisiones se suman los distintos tipos de violencia que viven las mujeres en la comunidad indígena.
“En otras instancias las mujeres llegamos, pero muchas veces los esposos, los padres, los compañeros no nos dejan participar”, dice Lalvay. Lo constata a través de un informe sombra que desarrolla desde la Conaie para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En los datos que ha recabado desde la Conaie, a través de entrevistas a lideresas indígenas, se evidencia que una gran parte de ellas ha tomado la decisión de divorciarse o que prefieren estar solteras antes de que sus parejas detengan sus proyectos de vida.
En el informe sombra, una de las entrevistadas dice:
«Nosotras no queremos ser así como otras mujeres que vemos mal, y sufren violencia (…)». «Ahora sí podemos separar si él es malo y no quiere entender que las mujeres valemos».
Entre 1994 y 2011, solo 69 informes de los Estados nacionales a la CEDAW, de un total de 332 hacen referencia a las mujeres indígenas.
Según la CEDAW, institución que busca la igualdad de género como mecanismo de protección de la democracia, las mujeres indígenas reconocen avances en el respeto y garantías para el cumplimiento de los derechos humanos de sus comunidades, pero también reclaman por una protección que es aún insuficiente.
De allí se derivan temas como la impunidad en crímenes de violencia contra los cuerpos de las mujeres, los cuales son, tradicionalmente, abordados a través de la justicia indígena.
“En estos últimos tiempos la justicia indígena no ha sido a favor de las mujeres. En Cayambe, en Otavalo ha habido casos que favorecen al hombre porque quienes deciden son hombres”, dice Lalvay.
Los femicidios de Jessica Maribel Guapi o el de Meibi Lozano Andrade fueron tratados primero a través de la justicia indígena. “Están matando a las mujeres que son parte de las organizaciones”, señala Chicaiza.
Chicaiza, Lalvay y Villevicencio coinciden en que la justicia indígena no debería usarse para juzgar casos donde las mujeres son violentadas porque “por el bien de la comunidad terminan abriendo paso a la impunidad”.
“Nosotras, que estamos capacitadas, vivimos la violencia. Es el sistema, es el estado patriarcal. Eso es lo que reclamamos”, insiste Lalvay y agrega que a pesar de que la justicia indígena ha protegido a la comunidad en temas de seguridad, muchas mujeres no están de acuerdo con las resoluciones que se toman cuando sus cuerpos enfrentan violencia.
Reconocer estas formas y abrir caminos para que haya más mujeres tomando la palabra es una vía para fortalecer la democracia y a uno de los movimientos políticos más importantes del país.
Sisa Chicaiza hace hincapié en que “las decisiones de las organizaciones son colectivas porque de no serlo se debilitan las organizaciones provinciales y resquebrajan la organización regional”. Chicaiza piensa que es vital “impulsar a las bases para mejorar las condiciones para las comunidades indígenas, así como lo hicieron nuestros padres y abuelos”.
