El extractivismo —nos lo demuestra la industria— comienza mucho antes de perforar la superficie terrestre. Hace nueve meses, antes de la Consulta Popular de 2025, Dundee Precious Metals Ecuador (DPM), la empresa minera que trabaja en proyectos como Loma Larga, publicó un video. En él, niños y niñas de la parroquia Chumblín, en San Fernando (provincia de Azuay), saludan a la cámara mientras una voz en off dice: «Dundee, pensando en el bienestar de la comunidad de Chumblín, inauguró la biblioteca comunitaria».
Acto seguido, se ve a funcionarios de la empresa minera y del gobierno local, sentados en una mesa firmando papeles. En el centro está Guillermo Salgado, gerente general de DPM, sonriendo. Detrás de la escena, el mural de un niño sentado sobre un árbol y un arreglo de globos azules componen la imagen de un día festivo.
Aunque celebran, las tomas donde aparecen los libros, dejan un mal sabor. Se trata de una mezcla de enciclopedias caducas, colecciones incompletas de casas editoriales que ya no existen o diccionarios rotos y sucios. En la toma general, se ve cómo los libros ni siquiera caben en el estante blanco sobre el cual han sido colocados al apuro. Un par de folletos anillados dejados detrás de los últimos casilleros del estante completan el cuadro revelando así que no se trata de adquisiciones pensadas para una comunidad, sino más bien de un donativo caritativo conformado por insumos obsoletos de segunda mano que hoy en día nadie usa, insumos que seguramente si les consultamos a esos funcionarios, ellos no les darían a sus hijos o hijas como regalo.
Y esto indigna porque da cuenta del desprecio con que una empresa puede configurar su relación con las comunidades. Una relación que, no por existir, es automáticamente equitativa. Cuando el contacto empresa-comunidad se fundamenta en la caridad, reproduce el racismo estructural e histórico con que se ha tratado a las comunidades rurales, campesinas e indígenas. Así, confirma un sesgo sumamente violento: “allá” se puede dejar “cualquier cosa” porque nadie va a reclamar. En la lógica del descarte crece el gesto abiertamente racista que además, se tolera cuando viene de una empresa multimillonaria.
No solo se tolera, también se fomenta, cuando las autoridades locales que acompañan a Salgado, posibilitan la ejecución de estos eventos: en el video aparece Benito Paccha, Presidente del GAD de Chumblín.
Estos espacios, que lejos de ser garantes de derechos de las infancias y juventudes, son lesivos en tanto permiten que personal de una empresa privada tenga acceso a niños, niñas y adolescentes para fines comerciales. Cuando las autoridades políticas y educativas deciden interrumpir una jornada de clases, sentar a los y las estudiantes frente al gerente de una empresa privada y ordenar que se formen para recibir el “regalo”, están instaurando un orden en el cual se diluye el estándar de derechos.
Dentro del evento no se habló de programas de lectura, procesos de mediación, talleres de escritura, espacios de co-creación de libros comunitarios ni nada por el estilo. Así, en el marco de intereses privados, el estándar de derechos se diluye. Lo paradójico es que políticos y empresarios aún justifican la minería a gran escala en Ecuador tomando estas acciones como ejemplo de buenas prácticas.
Es necesario resaltar que DPM y las empresas antecesoras (IAMGOLD, INV Metals) no son nuevas en las comunidades. Las han estudiado cuidadosamente y visitado en múltiples ocasiones. Antes de acceder a la capa natural, hacen el trabajo necesario para disolver el tejido social con acciones degradantes para la humanidad de sus supuestos «beneficiarios». Así como la “biblioteca”, han hablado de emprendimientos, capacitación y promesas tan crueles como el diccionario roto cuya entrega sirve para arrancar las imágenes campesinas dentro del marketing empresarial.
No puedo regresar a ese vídeo sin sentir la violencia con que, históricamente, la lógica colonial ha relegado a nuestros territorios y comunidades a un lugar de despojo. Cuando empresas como Dundee Precious Metals entregan pilas de libros viejos como «bibliotecas», ratifican su prejuicio de que las comunidades no leen ni merecen acceder a productos culturales de calidad. No cuentan, siquiera, con que las hijas de esas comunidades ya hemos aprendido a leer y, por tanto, sabemos que aquello que entregan no puede denominarse material educativo o insumo literario. Son sobras. Sobras de la ciudad letrada que no deberían abandonarse en las comunidades como si las escuelas o la infraestructura del Estado fueran el depósito de la institución privada.
Pero la lógica del depósito no es una novedad para el modus operandi extractivista que de por sí, habla de responsabilidad mientras hace cálculos en función de la ganancia. Así como sale barato comprar libros de segunda mano y llamar biblioteca al desecho para dar la apariencia de salvaguarda de los derechos educativos y culturales, también le resulta barato construir infraestructura “responsable” en la cual guardar sus desechos y decir que esto garantiza los derechos de la naturaleza. Si leemos el Plan de Manejo Ambiental presentado por DPM para Loma Larga/Kimsakocha, inquieta —por decir lo menos— la forma en que hablan de la gestión de riesgos, como por ejemplo, al momento de construir relaveras, una formación de roca molida que contiene los químicos aplicados en el proceso de minería; y que en contacto con el agua y el oxígeno, podría producir ácido.
Anota DPM que un riesgo es la caída de animales en aquella piscina de desechos tóxicos, otro riesgo es la afectación a la salud de la población por daños en la infraestructura. Cuestiones que hoy en día, no son ni una remota posibilidad pero no porque los saberes mineros se hayan especializado, sino porque simplemente no existen esos proyectos dentro del páramo. Los gerentes, accionistas, funcionarios y la clase política que se beneficiará del extractivismo, así como no daría los libros desechados a sus familias, tampoco las llevarían a vivir en los territorios que ellos sacrifican y que convierten en el desecho global de su riqueza.
La resistencia a estos proyectos crece y se ratifica porque hoy para ningún ser vivo que habita el páramo existe la posibilidad de morir hervido en los flujos tóxicos de una multinacional. Es totalmente inaudito pensar que la vida de un pequeño zorro andino pueda ser interrumpida para siempre de esta forma tan espeluznante, o que después de algunos años, sean esos deshechos los que bajen hacia las comunidades y ciudades por donde hoy cruzan los ojos de agua que nos alimentan. La empresa, claro, frente a este último escenario lo que hará es -a lo mucho- notificar “la emergencia a organismos estatales dentro de las veinticuatro horas”. Esos mismos organismos estatales que hoy se cruzan de brazos cuando un gerente de DPM, amparado en el poder económico, dispone como si de objetos se tratara, de las infancias y juventudes campesinas para su marketing empresarial.
Los movimientos sociales latinoamericanos ya lo dijeron desde la década de 1970: no somos el patio trasero. Hay que sumarle que tampoco somos la bodega, el sótano o el basural en el que las empresas transnacionales pueden vaciar los residuos de su proyecto político.
Los saberes comunitarios como base de la política
El acceso a derechos culturales y educativos implica mucho más que dar un libro y pintar una frase genérica en una pared. Empieza por reconocer los saberes comunitarios como la base de la política; empieza por hacerle un espacio a la memoria de esas comunidades. En ese sentido, cabe recordar que las comunidadesque donde se proyectan los negocios extractivos en Azuay, como las diferentes parroquias y cantones donde se proyectan los negocios extractivos en Azuay: Girón, Tarqui, Victoria del Portete y Cuenca se han pronunciado a través de las Consultas Populares con un rotundo NO a la minería en fuentes de agua.
Asimismo, a nivel nacional desde Íntag hasta la Cordillera del Cóndor, las comunidades han declarado que no somos un distrito minero para el enriquecimiento privado de las corporaciones. Declaraciones que, para la población local, ha implicado enfrentarse a desplazamientos, militarización de sus territorios, criminalización y también asesinatos de compañeros dirigentes queridos en sus comunidades y en las organizaciones.
En Ecuador, la minería “responsable” ha dejado, a la fecha, más que beneficios, grandes preguntas, como por ejemplo:
¿Quién ordenó la muerte del docente bilingüe Bosco Wisuma sobre el puente del río Upano en Macas?
¿Quién utilizó al Estado para promover sentencias condenatorias hacia los defensores y defensoras del agua en Bolívar?
¿Quién lanzó los tractores que demolieron la escuelita Tres de Noviembre en Tundayme-Zamora Chinchipe?
¿Quién ingresó disparando perdigones a campesinos y campesinas para validar la consulta ilegítima de Las Pampas-Palo Quemado en Cotopaxi?
¿Quién organizó el ingreso de los militares amenazando con violar a las compañeras de Saraguro por oponerse a la minería en Fierro Urku-Loja?
¿Quién plantó los carteles de “servidumbre minera” o “propiedad privada” que vemos a lo largo de páramos y selvas?
¿Quién intenta influir en la política para desobedecer cada uno de los mandatos populares de las comunidades de este país?
Quién, o mejor dicho, quiénes.
Las respuestas a estas preguntas definitivamente no las encontraremos en los libros rotos que entrega el extractivismo.
Si las empresas transnacionales mineras pueden hablar de acceso a la cultura al tiempo que apuntan a la extinción de universos comunitarios enteros, es porque están amparadas por una clase política nacional que odia trabajar para la garantía de derechos.
Los 77 asambleístas que aprobaron este 2 de marzo la “Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía” son prueba de ello. No legislan a favor del agua, por mucho que griten en el pleno el nombre de los páramos, tampoco defienden la vida por mucho que se autonominen protectores de la misma.
Son las comunas, desde sus dirigencias hasta sus infancias quienes lo hacen.
Son las comunas, desde sus dirigencias hasta sus infancias, quienes deberían tener sus derechos asegurados, y no puestos como cartas sobre la mesa para tranzar contratos de compra-venta que el Estado firma con las empresas megaextractivistas.
