Y porque no habían pruebas que respaldaran las acusaciones de los militares retransmitidas por televisión nacional, Maritza Rodríguez no piensa callar más. Ella, su hijo Cristopher, sus otros dos hijos varones y sus dos hijas mujeres buscaron una acción de protección, la cual fue negada por una jueza que consideró que no había racismo.
Maritza Rodríguez Ibarra no va a callar más. Lo ha hecho antes muchas veces, como mujer, madre y afrodescendiente. Pero no piensa detenerse después de que Cristopher Santacruz, su hijo, fuera acusado de robo y de portar drogas en una requisa militar, sin ninguna prueba más que su perfilamiento racial, mientras un canal de televisión transmitía en vivo. Maritza busca una disculpa pública y remediación ante un acto que considera absolutamente racista. No piensa callar más aunque la justicia ecuatoriana considera que no existe racismo a pesar de las pruebas.
Maritza es facilitadora educativa en una fundación que conformó con sus cinco hijos durante la pandemia, Funtuvrisa. Atiende a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Cuando sale de su trabajo al espacio público es de esas personas que intenta mediar si ve que alguien está siendo acosado o agredido. Desde su fundación trabaja para romper con los círculos de discriminación y violencia, pero cuando le ha tocado a ella se ha dejado llevar por la idea de que “es mejor dejar las injusticias en manos de Dios”. Hasta ahora.
El lunes 29 de mayo de 2023, Cristopher Santacruz, un joven de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, salía de la Universidad Central. Eran más o menos las 19:00. Viajaba en bus con otra compañera y al llegar al terminal de la Ofelia, en el norte de Quito, donde se movilizan unas 12.000 personas a diario, notó un control militar.
Pensó que lo pararían, por ser afro o por llevar su cabello ensortijado pintado, pero no lo hicieron. Al menos no mientras caminaba frente a ellos. Iba con audífonos, escuchaba música a todo volumen y luego de rebasarlos sintió un jalón en su maleta. Un canal de comunicación transmitía en vivo el suceso. La transmisión era parte del noticiero de horario estelar nocturno y un seguimiento a las nuevas medidas de seguridad tomadas por el gobierno en su proclamada “guerra contra el narcotráfico”. La primera reacción de Cristopher fue grabar, pues se sentía agredido. Querían revisar su maleta, pero la sostenían por atrás, mientras lo arrinconaban hacia el poste entre cuatro militares.
El periodista de televisión comenzó a describir la escena como si se tratara de un partido de fútbol, como si con tan solo ver pudiera deducir lo que ocurría.
Dijo en el micrófono que el operativo consistía en perfilar a “posibles sospechosos” para hacer la inspección. En la escena se ve cómo Cristopher intenta grabar con su celular y se lo quitan. “Al parecer el celular no es suyo”, dice el periodista.
“Vemos cómo los militares emplean el uso de progresivo de la fuerza”, agrega. Le piden la maleta, a pesar de que Cristopher está arrinconado e intenta decirles que es universitario, que conoce sus derechos, pero los militares insisten con la maleta, aunque él no puede sacarla, y se los dice, porque lo siguen presionando. Hasta que lo sueltan. Revisan la maleta. Sacan algo y un militar comenta con el periodista que es droga.
El periodista agrega que “quienes están siendo revisados y en ocasiones presentan antecedentes no están de acuerdo con esto, pero la gran mayoría de los ciudadanos, es decir los ciudadanos de bien, sí lo están”.
En un plano más cerrado, muestra lo que supuestamente habrían sacado de la maleta de Cristopher. El militar dice que las personas reaccionan de esta manera cuando les dañan sus negocios, cuando «le tocan el vicio».
“¿Acaso está diciendo que mi hijo es un expendedor de drogas? ¿Que es un drogadicto?”, se pregunta Maritza.
Cristopher se va, sale de la cámara, les deja el show sin que lo cuestionen por supuestamente cargar estupefacientes. Les dice a los militares que son maleducados y que Ecuador es un país racista. Un militar lo sigue con la intención de calmarlo y decirle que era un procedimiento de rutina; “pero lo estaban tratando mal, no era justo, a las otras personas no las arrinconaron”, insiste Maritza.
Cuando llegó a casa le contó a sus hermanas y a su mamá la escena. Juntas decidieron volver al terminal para hablar con los militares y pedirles una explicación, pero cuando llegaron ya no estaban. Luego, vieron la noticia de TC y decidieron llegar hasta el canal sin que nadie los atendiera hasta el cierre de este reportaje, casi un mes después de una noticia transmitida en vivo, sin pruebas y con el rostro de Cristopher expuesto como si se tratara de un delincuente.
Maritza grabó un video que se hizo viral, pidió las grabaciones del terminal y el pasado 12 de junio de 2023, junto con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentó una acción de protección en la que formaliza su pedido de justicia: que las autoridades que reproducen esta lógica de perfilamiento que afecta directamente a Cristopher, como a otros jóvenes afrodescendientes en el espacio público, pidan disculpas públicas.
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“Cuando me contaron lo ocurrido hice el reclamo porque me parecía una muestra de racismo la forma en la que tratan a mi hijo; luego, cuando vi a el video en la televisión y empecé a escuchar que el periodista presumía que el teléfono no era suyo, dijo que mi hijo se resiste a la requisa y nada de esto es verdad. No puedes juzgar a la gente por cómo la ves. La persecución a los jóvenes es tenaz. No se trata de política, es el caso de muchas mujeres, jóvenes que han sido víctimas de violencia, luego siguen los indígenas, es de acuerdo a la piel, a cómo están vestidos, a cómo nos identificamos con las personas de la comunidad GLBTIQ+ que nos tratan y eso no puede ser posible”.
Me acusan de racista por transmitir en vivo el momento de un joven que se resiste a un control militar. Al joven el encontraron droga.
Pero resulta que el racista soy yo…. https://t.co/hm8G6dKw53
— Juan Pablo Ruiz (@juparu_ec) May 31, 2023
En alianza con INREDH, Maritza y su hijo buscaron una acción de protección para que se declare la vulneración de los derechos constitucionales de Christopher y que permita una reparación integral para él y su familia. Pedían disculpas públicas tanto del medio de comunicación que difundió el operativo, de las fuerzas armadas y del periodista a título personal.
En una audiencia, que se realizó el pasado viernes 7 de julio, la medida fue negada. En una entrevista posterior Maritza dijo a INDÓMITA, con un tono dulce, a pesar de manifestarse indignada que “lo que está en las grabaciones no significó nada para la jueza ni para las otras personas”. Pero Maritza no va a callar más. Maritza, su hijo y sus hijas piensan convocar a nuevas marchas para que otras personas no tengan que pasar lo mismo que ellas, piensan que es la única manera de desarticular un discurso que los perfila a ellos, como población afro, como los primeros sospechosos.
#NoMásRacismo | Jueza negó la acción de protección en el caso de Christopher Santacruz, quien fue víctima de un acto de discriminación por parte de militares, en el marco de un operativo transmitido en vivo en TC Televisión.
Más detalles 👉 https://t.co/m8BHioNZN6 pic.twitter.com/7nAUMsOV8o— INREDH (@inredh1) July 7, 2023
LOS OTROS
Tanto Maritza, como sus cinco hijos; Cristopher; Jimmy Ocles, Michael Arce, Helen Congo, Carlos Reyes se enfrentan día a día al racismo y otros actos de odio por el color de su piel. Ellos, así como los 134 casos en los que los agredidos han iniciado un proceso judicial por delito de odio y discrimación en Ecuador, según informes judiciales, donde solo uno ha tenido sentencia, están dispuestos a enfrentar el proceso aunque los acusen de “buscar fama”, aunque hacerlo les afecte a su salud mental, aunque las posibilidades de un cambio sean lentas. Aunque el racismo implique agresiones que no necesariamente correspondan a la violencia física, sino verbal o la forma en la que se habitan los espacios públicos.
Para ellos, tanto la violencia como el supuesto orden policial que busca medidas “securitistas” atenta siempre a los pueblos históricamente discriminados: los indígenas, el pueblo afro.
A Jimmy Ocles lo detuvieron en diciembre de 2021 unos policías vestidos de civiles, una tarde a las 15:00 en Iñaquito, luego de que sacara dinero del cajero. Lo tomaron desprevenido, le mostraron un arma, lo acostaron en el piso al punto de casi asfixiarlo porque era el único sospechoso de un robo que hubo horas antes en el mismo centro comercial. Lo acusaron de robo por ser afrodescendiente, sin ninguna prueba. Cuando era evidente que no era culpable, los policías ni siquiera le pidieron disculpas por haber atacado y violentado su imagen por un delito que no cometió.
Jimmy Ocles fue detenido ilegalmente. Lo golpearon e insultaron. Quiso procesar a los policías que vulneraron sus derechos, pero el juez de primera instancia dijo que la detención fue culpa de él por «tener una actitud sospechosa».
Hoy no se instaló la apelación, por 5ta VEZ. pic.twitter.com/5ZwlyM88mv
— Patricio Sebastián Peralta R. (@patop12) June 22, 2023
En el juicio que inició por delito de odio, la jueza le dijo a Ocles que todo el exceso de la Policía era su culpa “por no colaborar” y les dio sobreseimiento, es decir que los liberó de sus cargos, a los tres implicados, dos de ellos eran policías. El piensa que si se hubiera resistido hoy estaría muerto.
Ocles busca justicia a través de un juicio que después de postergarse más de seis veces, finalmente avanzará a juicio por delito de odio. Ocles dice que continuar con el caso le ha costado al punto de temer por su seguridad. Sin embargo piensa que “si no denunciamos somos parte de un delito. Somos el pueblo más criminalizado dentro de este perfilamiento racial. El caso del hijo de Maritza me dolió mucho porque no deja de pasar esto en nuestro país. La violencia policial se sigue ocultando y denunciar es la única manera que tenemos para buscar solución para nuestro pueblo”.
La abogada de Inredh, Rosa Bolaños, considera que este tipo de acciones no solo dejan un precedente sino que aplican un discurso “securitista” al cual el Estado ha priorizado. “El Estado plantea securitizar, poner más uniformados en las calles, y es ahí donde se ve esta dejadez del estado por la población más vulnerable. No se interesa en los problemas sociales y la primera respuesta es usar la fuerza pública. La política de seguridad va solo sobre una arista: es una política de reacción más que de prevención. Y luego va a actuar sobre otros actores de la sociedad, por eso no debemos callar más”.
Piensa que “en nombre de la seguridad se sacrifican derechos fundamentales para que la sociedad se sienta más segura”.
A pesar de la maquinaria que ha lanzado el Estado a las calles para promover una idea de reacción en cuanto a la inseguridad, ni Maritza, ni sus hijos, ni Cristopher o Jimmy Ocles, se sienten solos porque han decidido no callar más.
