Históricamente, Guayaquil nos ha negado y vulnerado nuestros derechos, entre estos, el derecho a habitar, transitar y participar en una ciudad equitativa, justa y libre de violencia.
El derecho a la ciudad es el derecho que tenemos todas las personas —sin discriminación o distinción— a habitar, transitar, ocupar, utilizar y disfrutar de la ciudad y sus alrededores de forma libre, segura y justa.
Según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el derecho a la ciudad significa garantizar ciudades y asentamientos humanos libres de discriminación. Y añade algunos factores fundamentales: igualdad de género, integración de las minorías y la diversidad racial, sexual y cultural; ciudadanía inclusiva, mayor participación política y el cumplimiento de sus funciones sociales; el reconocimiento y apoyo de procesos de producción social y la reconstrucción del hábitat; economías diversas e inclusivas; y vínculos urbano-rurales inclusivos.
En el caso de Guayaquil, ¿estamos realmente las mujeres dentro de ese grupo de personas que tienen derecho a la ciudad? La respuesta es no. Guayaquil es la ciudad más violenta y más empobrecida del país con el 11.2% de incidencia de pobreza, según el último informe de pobreza y desigualdad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Y no es coincidencia que estos dos determinantes sociales vayan de la mano y que, además, tengan un mayor impacto en la vida de las mujeres.
Las calles de los barrios, de los suburbios, el centro y todos los linderos de la ciudad son el espacio físico en el que se evidencian las desigualdades sociales. Pero sobre todo, las desigualdades basadas en género.
El 27 de enero de 2022, una usuaria de la Metrovía denunció vía Twitter el constante acoso que recibió por parte del guardia de seguridad de una de las paradas de ese transporte, en el sur de la ciudad. El guardia fue grabado en un vídeo y, al verse expuesto, lejos de disculparse o avergonzarse, aceptó que la estaba acosando y se justificó diciendo que “no hay nada de malo, no le he faltado el respeto ¿Por un beso que le tiré me vas a llamar la atención? Sí, le tiré un beso a la señorita, que está muy bella”.
Situaciones como esta se repiten constantemente. Somos acosadas por los guardias de seguridad, choferes y usuarios del transporte público de Guayaquil. Debemos buscar, en medio de la multitud, espacios medianamente seguros cerca de otras mujeres o en las paredes del bus, para evitar roces y tocamientos inapropiados en nuestros cuerpos.
A diario, vivimos la vulneración del derecho que tenemos como mujeres a transitar y ocupar el espacio público, que históricamente ha sido concebido y construido desde la mirada y la experiencia masculina, relegándonos a las mujeres al espacio privado —donde tampoco estamos seguras— y a la invisibilización del trabajo de los cuidados.
En Guayaquil, un robo puede terminar en una muerte violenta: en lo que va del año se ha registrado un incremento del 233% de muertes violentas dentro de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), según los Indicadores de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.
En este mismo escenario, a las mujeres nos roban, nos violan y nos matan. En su libro La escritura en los cuerpos de las mujeres asesinadas en ciudad de Juárez, la escritora y antropóloga argentina Rita Segato explica cómo la exposición de los cuerpos muertos de las mujeres en las calles representa un ejercicio de poder. Este sirve como recordatorio de cuáles son los lugares que no podemos transitar.
Los diferentes tipos de violencia que cruzan nuestras vidas como mujeres constituyen una constante violación a los derechos humanos, pero también al derecho a la ciudad. Los hogares, las calles, los parques, las escuelas, los lugares de trabajo, el transporte público, son lugares en los que se perpetúa la violencia machista y donde el acoso sexual callejero es una de las situaciones violentas mas cotidianas que vivimos niñas y mujeres a lo largo de nuestras vidas.
Estas dinámicas violentas configuran la forma en que las mujeres habitamos, transitamos y usamos la ciudad, determinando cuáles son los horarios y lugares en los que podemos hacer uso del espacio público, sin que eso signifique un riesgo para nuestras vidas.
También restringen la libertad de movilidad de las mujeres, la participación económica, política y social, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a oportunidades de educación o empleo, y el disfrute del espacio público como un espacio que también es transitado, habitado, trabajado y sostenido por nosotras.
Guayaquil debe construir un modelo de ciudad con enfoque de género. Este debe pensarse, componerse y transformarse desde las experiencias, necesidades y derechos de las mujeres a habitar y vivir en una ciudad libre de cualquier tipo de violencia. Guayaquil debe garantizarnos el transitar y disfrutar del espacio público con seguridad y en igualdad de condiciones.
