Las mujeres ecuatorianas sostenemos la economía de este país con los cuidados. Sin embargo, es el trabajo más invisibilizado y denigrado.
Hay un sinnúmero de alusiones para no nombrar a las trabajadoras remuneradas del hogar. La más utilizada: ‘la señora que ayuda en la casa’. El problema es que cuando usamos esa clase de eufemismos invisibilizamos el hecho de que el trabajo de cuidados es el que sostiene la vida de las sociedades y se encuentra en el centro de las economías.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado divide el trabajo de cuidados en dos actividades:
1) Las actividades de cuidado directo como dar de comer a hijos e hijas, o cuidar a personas enfermas.
2) Las actividades de cuidado no remunerado como cocinar o limpiar.
Esta misma organización reconoce que el trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado— es fundamental para el futuro del trabajo decente y para el acceso a un empleo, especialmente para las mujeres. La mayoría de trabajadoras remuneradas de cuidado son mujeres y, por lo tanto, su tratamiento u omisión por parte del Estado tiene una consecuencia directa en el incremento o erradicación de la desigualdad de género.
A pesar de esto, el trabajo de cuidados remunerado a nivel internacional aún se encuentra invisibilizado especialmente en la realidad ecuatoriana. En Ecuador, nueve de cada 10 trabajadores del hogar son mujeres, según el informe Estudio sobre el trabajo remunerado y no remunerado del hogar en niñas y adolescentes del Ecuador, realizado por la organización Care Ecuador. Adicionalmente, para 2010 se encontraban más de 140.000 niñas y adolescentes como trabajadoras remuneradas, dentro y fuera de los hogares.
En 2014 se realizó una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a través de la cual se estableció una pena de tres a siete días para aquellos empleadores que no afilien al seguro social a sus empleados y empleadas. Esta reforma significó que la afiliación de personas trabajadoras del hogar pase del 17% en 2008 al 43% en 2018. Sin embargo, siete años después, hay aún un 57% restante de trabajadoras del hogar que no cuenta con una afiliación formal.
A pesar de que esta reforma tuvo un impacto positivo al acceso al trabajo de cuidados como un empleo formal con los mismos beneficios de ley que cualquier otro trabajo, la desigual división del trabajo entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad que afecta directamente a los estereotipos sobre las niñas y mujeres, y a la profundización de las desigualdades de género.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador se destinan más de 11 millones de horas al año en actividades domésticas y de cuidado, representando el 20% del PIB anual. De esas horas, el 76% corresponden al aporte de mujeres a la economía en los hogares y el 24% restante corresponde al de los hombres. De acuerdo a esta misma institución, de cada 100 horas dedicadas a trabajos del hogar (alimentación, limpieza, arreglos) 88 horas son realizadas por mujeres y solo 12 por hombres.
Las mujeres ecuatorianas sostenemos la economía de este país con los cuidados. Sin embargo, es el trabajo más invisibilizado y denigrado.
En Ecuador el trabajo de cuidados tiene rostro de mujer, y en la mayoría de los casos, de una mujer empobrecida. La feminización de la pobreza en el trabajo de cuidados tiene mucho que ver con el acceso a la educación de las mujeres, y por ende, a mayores oportunidades y garantías de derechos. De acuerdo al INEC, para 2018 existían alrededor de más de 200.000 personas con empleos domésticos, pero únicamente el 28% contaban con un contrato de trabajo formal. El informe de Care Ecuador menciona que el 67% de las trabajadoras del hogar no ha accedido a ningún nivel de educación formal.
La realidad ecuatoriana no dista de ser un reflejo de la latinoamericana, en donde las tasas de desempleo en las mujeres disminuyeron de manera significativa en 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la participación laboral de las mujeres en la región para el 2020 se encontró en un 46%, diferenciándose considerablemente del 52% correspondiente al 2019. En cambio, la tasa de participación laboral de los hombres para 2020 se ubicó en un 69%. De acuerdo a la Comisión, estas brechas se asentaron principalmente sobre las mujeres pues su deserción laboral fue motivada en gran medida por la carga laboral dentro de los hogares ocasionada por el aislamiento de la pandemia.
El compromiso y la voluntad de los Estados son vitales para implementar políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidados como un empleo formal con las implicaciones legales que conllevan, y también que existan acciones concretas para que las mujeres puedan realizar este trabajo en condiciones de igualdad y de dignidad. Tal es el caso de Argentina, donde en agosto de 2021 se aprobó el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que garantiza derechos como la jubilación a mujeres no remuneradas del hogar, madres, y de manera general a aquellas quienes durante toda su vida se hayan dedicado a las actividades de cuidado y mantenimiento del hogar sin recibir ningún reconocimiento o beneficio de ley por el mismo. Derechos como la jubilación por el cuidado de hijos e hijas ahora existen y desde que se aprobó la ley en Argentina, en menos de una hora, se obtuvieron más de mil turnos de madres y abuelas.
Las desigualdades históricas a las que las mujeres hemos estado sometidas imponen sus consecuencias hasta hoy. Y a pesar de que muchas de nuestras luchas han sido reivindicadas y hemos alcanzado cambios significativos para transformar nuestras realidades, las imposiciones patriarcales y los roles tradicionales impuestos a las mujeres por nuestro género se encuentran arraigados culturalmente.
Hoy las mujeres que cuentan con empleos formales llegan a tener doble o triple jornada de trabajo pues deben hacerse cargo de sus trabajos remunerados y además, del trabajo de cuidados en el hogar.
Es urgente que esos patrones culturales sostenidos por el patriarcado empiecen a ser removidos por políticas públicas con enfoque de género, que permitan el reconocimiento de que las economías son sostenidas por los cuidados que han realizado históricamente las mujeres. Ese reconocimiento no solo debe darse en términos legales: debe también incluir otras garantías a largo plazo como una jubilación o pensiones que dignifiquen la vida de las mujeres, porque aquello que llaman amor es trabajo no pago.
