La ciudad más grande, pero también la más inequitativa del país, ha enfrentado ocho estados de excepción. ¿Cuáles han sido los resultados? Las autoridades nos enfrentan a través de un discurso polarizador: los buenos contra los malos.
Empezó noviembre en Guayaquil con una cadena de atentados violentos que pusieron a toda la ciudadanía en zozobra, como si el día de muertos —conmemorado el 1 de noviembre— se encarnara en nuestra realidad. ¿Los culpables? Las autoridades de turno apuntan al “narcotráfico”, “las bandas delictivas”, “gobiernos anteriores”; pero nunca al abandono estatal, al aumento del desempleo, a la falta de oportunidades, a la decadencia de los servicios públicos, ni a la inoperancia de un gobierno que no ha atendido una crisis carcelaria que tiñe de sangre nuestro país desde 2019 y que es el reflejo de todo lo que está mal fuera de las cárceles.
Desde que Guillermo Lasso inició su gobierno, en agosto de 2021, hasta la fecha ha decretado 8 estados de excepción para Guayaquil por grave conmoción interna y por razones de seguridad ciudadana.
Esas ocho veces Guayaquil ha sido militarizada, sus derechos de asociación y libertad de tránsito han sido limitados. ¿Cuántas veces funcionó el estado de excepción? La respuesta es ninguna.
El sentimiento de inseguridad, el estado de supervivencia, la colectivización del terror y el miedo se han apoderado de Guayaquil, no solo por su realidad, también por un discurso de odio de los “buenos” contra los “malos”, el cual ha sido patrocinado por el Municipio de Guayaquil que abiertamente ha dado como solución a la crisis de seguridad que vive el país el porte de armas para la ciudadanía.
Cuando pienso en la disputa de los “buenos” contra los “malos” viene a mi mente el nombre de Michael, un adolescente afroecuatoriano de 14 años que vive en una casa de caña a las orillas del Estero Salado, en el Guasmo Sur. Durante la pandemia Michael no podía estudiar porque no tenía acceso a internet. Actualmente no puede estudiar porque debe quedarse a cargo del cuidado de su hermana menor.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de julio del 2022 195.188 niños y adolescentes han desertado del sistema escolar.
Día a día Michael pierde a amigos y vecinos por disputas de territorios por la venta de drogas, comenzó a adoptar los signos de las bandas que operan en el Guasmo como parte de su identidad, porque era lo que le rodeaba, porque era la única forma que de asociación que conocía, porque la realidad en la que creció es la de Policías tumbando casas, el Estero como medio para transportar drogas, donde las armas y las bandas son formas de liderazgos.
¿Qué más le puede esperar?
Pienso en Lissette, una adolescente que vive en el sector de la Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil, quien a sus 13 años está embarazada. Lissette vive en una casa de construcción mixta que en invierno se inunda. Ni sus vecinos, ni ella cuentan con servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. En la escuela nunca recibió educación integral en sexualidad pero cuando les dijo a sus padres que estaba embarazada fue echada de su hogar. Ahora vive en la casa de su suegra, está a cargo de las tareas del hogar y a la atención de su pareja de 18 años, quien no tiene empleo.
Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor número de embarazos adolescentes ¿Qué más le puede esperar a Lissette?
Pienso en José, un joven que vive en Socio Vivienda 2, al norte de Guayaquil, quien no ha podido acceder a educación superior y que, con entusiasmo, fue a una entrevista de trabajo en la que le dijeron que si quería conseguir empleo, debía cambiar la dirección de su domicilio.
José debe despertar en las madrugadas en medio de balaceras entre bandas delictivas, que debe cargar con el estigma de vivir en el sector “más peligroso de Guayaquil” y durante los últimos meses ha visto a policías y militares con armas en las manos recorrer las calles de su barrio como si se tratase de una película de terror. ¿Qué más le puede esperar?
Pienso en las innumerables veces que los moradores de Nueva Esperanza, en Monte Sinaí, han visto entrar maquinarias pesadas a su sector para derribar sus viviendas.
Pienso en las trabajadoras y trabajadores autónomos que deben correr todos los días para que los Agentes Metropolitanos, la seguridad del Municipio de Guayaquil, no les quite su mercadería.
Pienso en todas las personas que habitan esta ciudad y que deben salir a trabajar día a día con la incertidumbre de qué nos deparará Guayaquil hoy.
¿Cómo se puede hablar de una lucha de los “buenos” contra los “malos” cuando habitar en un barrio marginado nos pone en desventaja?
Frente a una ciudad violenta y excluyente que criminaliza la pobreza, los “malos” son Michael, Lissette, José.
Los malos son los niños de Nueva Esperanza que crecen sin el derecho a la vivienda.Son el señor y la señora a los que los Agentes Metropolitanos les robaron sus herramientas de trabajo y ahora tienen la incertidumbre sobre cómo seguir trabajando.
El malo es el hijo de la madre que tuvo que salir a trabajar porque no contaba con el apoyo de nadie y ahora su hijo está en la cárcel por portar drogas para su consumo. Es el adolescente que fue captado por bandas delictivas y ahora debe robar y asesinar como parte de su trabajo.
Según datos del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) hasta septiembre del 2022 se registran 311 adolescentes infractores con medidas socioeducativas privativas de libertad.
Pobreza, violencia y delincuencia es la trilogía de nuestros males.
Guayaquil es el puerto principal del país pero ocupa el 11.2% de incidencia de pobreza, el mayor del país, según el informe del 2020 de pobreza y desigualdad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
El 2022 ha sido el año más violento que ha tenido la ciudad, con un registro de 1.178 homicidios intencionales hasta octubre del presente año dentro de la Zona 8 —que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón—.
Esta cifra representa una tasa de 36,51 homicidios por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio de Gobierno. Sobre los niveles de seguridad ciudadana este Ministerio solo cuenta con datos hasta el mes de mayo con 7.854 robos en Guayaquil, en lo que va de 2022.
¿La nueva ciudad?
Parece increíble pensar que esos datos son reales cuando desde la administración municipal de Cinthya Viteri se habla de “la nueva ciudad” a través de obras, de turismo, de reactivación económica, de regeneración urbana, como si Guayaquil solo se tratara de la calle Panamá donde hay comida típica, bailes, música, algarabía que resalta la “energía guayaquileña”, donde hay guardianía privada y la Policía Nacional brinda seguridad 24 horas para “proteger y servir a la ciudadanía”.
Pero sabemos que eso no es Guayaquil, es la fachada pintoresca que niega nuestros males. La ciudad real está para quienes viven en los suburbios, en los bordes, en los barrios históricamente marginados, no solo por esta administración municipal, sino por todas las administraciones del Partido Social Cristiano que tiene 30 años gobernando la ciudad, con problemas estructurales graves y que no han sido solucionados, sino heredados de sector en sector.
Mientras en el Batallón del Suburbio, la alcaldesa de Guayaquil inauguró la más emblemática obra de su administración, una piscina de olas artificiales valorada en $2,3 millones, en Monte Sinaí viven alrededor de 40.000 habitantes, ciudadanos de Guayaquil que no cuentan con acceso total a un servicio básico como el agua y alcantarillado.
Los niveles críticos de violencia que sufre Guayaquil afectan en mayor medida a quienes viven en los barrios marginados y empobrecidos de la ciudad, ya que ven y viven de cerca los resultados de la nula voluntad política para implementar políticas de integración social, prevención de la violencia, acceso a la educación superior, oportunidades laborales a jóvenes, planes integrales de seguridad ciudadana, derecho a la vivienda digna o mejoramiento de la salud, frente a la ausencia de aquello que deberían recibir, lo que tienen a cambio es criminalidad y violencia.
Desigualdad y exclusión, factores que propician la violencia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH establece que los factores que propician los contextos de violencia son de carácter estructural e institucional y entre ellos están: las desigualdades y la exclusión; la falta de oportunidades reales para los jóvenes y los adolescentes; la existencia de un cierto nivel de “normalización” y “tolerancia social” hacia la violencia; la debilidad institucional de la policía y el sector justicia; la escasa capacidad de re-integración social del sistema penitenciario y la capacidad de permeación y cooptación que tiene el crimen organizado en las instituciones del Estado.
Estos factores que nos mantienen en un estado de terror y muerte, hacen que el discurso de odio y discriminación de “los buenos contra los malos” se normalice y sea parte de nuestra cotidianidad, que le pongamos precio a la vida, que seamos capaces de negarles derechos a los “otros” que rompieron el contrato de ciudadano de bien; que culpemos madres y padres, a esas mismas personas porque fue el destino que eligieron, que ya no vivamos sino que sobrevivamos en una ciudad donde la barbarie es el ejercicio colectivo de ciudadania donde reproducimos la violencia.
Es ese estado de desesperanza, que hace que nos ceguemos a la realidad que vivimos, que olvidemos que es el deber del gobierno garantizar la vida y bienestar de todas las personas.
No nos damos cuenta que las causas de la violencia y delincuencia que hoy quiebran a nuestra ciudad es el objetivo principal de un proyecto político que precariza y destruye nuestras vidas para el beneficio de sus bolsillos, que destruye el tejido comunitario ingresando armas y drogas a nuestros territorios, que nos empobrece y nos quita la esperanza, que nos niega derechos y hace culpables de nuestra propia desgracias.
Cuando despertemos de ese estado de ceguera, desesperanza y supervivencia individual y seamos capaces de ver que quienes están muriendo en las calles y en las cárceles son nuestros vecinos, las personas que vimos crecer en nuestros barrios y los amigos de nuestros hijos que no tuvieron las mismas oportunidades, nuestras demandas irán donde deber ir, a reconocer como responsable de toda la ola de violencia y criminalidad que destruye nuestros barrios al Gobierno del Encuentro.
Hasta que eso pase, solo me queda llorar por Guayaquil.
