Los legisladores evadieron por completo el sentido del segundo debate. Por ejemplo, evitaron sugerir plazos en el tema de la temporalidad, uno de los más sensibles del proyecto de Ley, y volvieron a dedicarse a decir si están en contra o a favor del aborto.
El segundo debate sobre la Ley que normará la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, despenalizada desde abril de 2021, se cumplió sin mayores aportes para mejorar el articulado y con más criticas que apoyo al informe de mayoría que elaboró la Comisión de Justicia.
La sesión refleja que no habría los votos para aprobar la normativa, o que al menos será difícil lograr los 70 votos necesarios; además, cuán divididas están las bancadas con relación a este tema. Fue un debate que derivó en creencias religiosas personales, invocando a Dios en algunos casos y citando la Biblia en otros.
De los 46 asambleístas que intervinieron, 17 destacaron la necesidad de aprobar la normativa, de garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, y de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Además, reconocieron que la despenalización del aborto está vigente y que a la Asamblea le corresponde aprobar la normativa que regule su procedimiento.
Otros 29 asambleístas rechazaron no solo los térmicos del informe, sino que en algunos casos aseguraron que lo que se busca es promover el aborto libre y “masivo”. Dijeron que la Corte Constitucional no menciona que se debe aprobar la Ley, que no tiene competencia para exigirle eso a la Legislatura; y en casos más extremos negaron toda posibilidad de aprobar cualquier Ley en ese sentido. Sus argumentos: que no serán cómplices de un «asesinato», que no son criminales, e inclusive se mencionó la necesidad de un proyecto de planificación familiar, o del uso de anticonceptivos para evitar los abortos.
DISCURSOS A FAVOR Y EN CONTRA
Las y los legisladores que se oponen al proyecto de Ley trataron de llevar el debate hacia aspectos que no tienen relación con lo que se busca normar, el procedimiento para acceder al aborto por violación. Así, cuestionaron que el segundo informe no incluya la obligación de la denuncia por parte de la afectada por la violación, lo que significaría —dijeron— que el violador quede sin sanción, en la impunidad. Así lo mencionó, por ejemplo, Luisa González (UNES), quien manifestó que se pretende dejar al agresor en libertad, inclusive para que vuelva a delinquir. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada por Ecuador Chequea y el medio digital Indómita, se trata de una declaración falsa, pues la violación está ya tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Algo que Gruber Zambrano (independiente) le recordó a González, mencionando que la sanción tiene su propio procedimiento en esa Ley.
Por su parte, María Aquino sugirió que quienes apoyan la normativa deberían apoyar también la pena de muerte a los violadores, pronunciamiento que fue respaldado por María Fernanda Astudillo (UNES).
La Corte Constitucional tampoco se salvó de sus críticas. Según argumentos de legisladores como Vanessa Freire y Pedro Velasco (independientes), este organismo se excedió en sus competencias al ordenar a Asamblea que elabore un proyecto de Ley que norme el procedimiento. “Tenemos nueve dioses, dioses del Olimpo”, ironizó Cesar Rohon (independiente), mientras que el socialcristiano Esteban Torres aseguró que la sentencia mandaba conocer y discutir la Ley, pero no aprobarla, y que no sería cómplice de aprobación de esta Ley ya que el aborto es un “negocio para la comercialización de los tejidos de los fetos”. Esto, pese a que existe una aclaración de la Corte Constitucional que dice explícitamente que se debe aprobar la Ley, tal como lo recordó el fact-checking realizado entre Ecuador Chequea e Indómita.
Wilma Andrade (ID), Sofía Sánchez (PK) y Verónica Carrillo (ID) manifestaron que las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio. “La Ley no obliga a nadie a abortar, brinda la posibilidad de decidir a las mujeres víctimas de violencia sexual. La prohibición obliga a la clandestinidad”, aseguró Carrillo.
Y en medio de esta lluvia de criterios, siendo la temporalidad uno de los puntos críticos más cuestionados y mencionados, pocos se atrevieron a sugerir un plazo determinado. Y quien lo hizo cayó en contradicciones. Vanessa Freire propuso que el plazo máximo para interrumpir el embarazo sea de 12 semanas; lo único que mencionó, ya que el resto fue una serie de críticas al informe para mencionar que el proyecto debería ser archivado y abortado.
La posibilidad de que ni el informe de mayoría ni de minoría logren los votos necesarios hizo que Sofía Espín (UNES), proponente del informe de minoría, les recuerde a los legisladores que si no se aprueba ningún texto el aborto por violación seguirá realizandose, pero sin requisitos, sin normativa, sin plazos, sin regulación. La sentencia de la Corte señala que “la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir esta sentencia, ni sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación sexual”.
LAS POSICIONES EXTREMAS
En medio de este debate hubo expresiones y análisis extremos y que mostraron hasta desconocimiento. Nathalie Viteri (PSC), después de una profunda crítica al aborto, manifestó: “Si no quiero tener un bebé, uso un anticonceptivo antes”. Johana Moreira (ID) le recordó que no están hablando de relaciones consentidas, sino de niñas y adolescentes, muchas de ellas de la ruralidad, que no conocen ni tienen acceso a anticonceptivos. Y lo principal, que ninguna mujer espera, ni debería ser violada, como para cuidarse con anticonceptivos.
De su parte, Geraldine Weber (PSC), que antes de que se reinstalara la sesión lideró en los exteriores de la Asamblea una oración con lo grupos autodenominados provida pidiendo que no se apruebe la Ley, dijo que esta es discriminatoria, ya que en el país también hay niños y adolescentes violados.
Tras más de ocho horas de sesión, el debate se cerró y la ponente, Johana Moreira, pidió ocho días de plazo para incorporar las observaciones planteadas en la jornada y preparar el informe final que deberá ser votado. Fue una jornada donde 12 asambleístas mujeres estuvieron en contra y 14 asambleístas mujeres a favor; hubo también 3 asambleístas hombres a favor y 17 asambleístas hombres en contra.
Moreira emocionó tambien que la Ley sea votada por bloques, donde el artículo 19, que se refiere a los plazos para el aborto entre 20 y 22 semanas, sea votado por separado.
LA JORNADA EN NÚMEROS
-52 intervenciones
-46 asambleístas intervinieron
-17 asambleístas tuvieron intervenciones a favor
-29 asambleístas tuvieron intervenciones en contra
-12 asambleístas mujeres en contra
-14 asambleístas mujeres a favor
-3 asambleístas hombres a favor
-17 asambleístas hombres en contra
FACT-CHECKING EN VIVO
Durante esta continuación del segundo debate, Indómita y Ecuador Chequea realizaron el chequeo en vivo del discurso de los asambleístas. Este trabajo tuvo el respaldo de Cepam Guayaquil y los siguientes medios y coaliciones: Plan V, GK, La Barra Espaciadora, Chicas Poderosas Ecuador, Primicias, Wambra Radio, BN Periodismo, La Periódica, Tinta Digital, Ecuador Verifica, Ecuador Today y Edición 111.
Se realizaron, en total, 37 verificaciones; 14 resultaron falsas, 14 verdaderas y 9 imprecisas. A continuación, presentamos algunas de las más importantes:
Johana Moreira (ID): “Según los estándares internacionales, una maternidad forzada es una forma de tortura”.
Geraldine Weber (PSC): “La mayor causa de muertes es el aborto: son 45 millones de vidas sacrificadas al año por el aborto vs. 7 millones de vidas por el Covid – 19”.
Esther Cuesta (UNES): “Según cifras del INEC, en 2019 hubo casi 50.000 partos de adolescentes de 15 a 19 años”.
Luisa González (UNES): “2.500 niñas son violadas y dan a luz en el país. Con esta ley esta cifra va a aumentar”.
Esteban Torres (PSC): “La sentencia de la Corte Constitucional dice que la Asamblea debe conocer y discutir la Ley, pero nunca dice aprobar”.
Paola Cabezas (UNES): “Las mujeres negras somos las más criminalizadas, porque somos las más pobres, somos las que no tenemos recursos para ir al exterior, o pagar el silencio de un médico para que nos practique un aborto”.
Jorge Pinto (CREO): “La sentencia no busca determinar si hay derecho al aborto, lo que hace es cuestionar la pena de cárcel a la mujer víctima de violación”.
