La crisis carcelaria en Ecuador, que ha dejado al menos 680 muertos dentro de las prisiones desde 2018, tiene profundas consecuencias en las personas encarceladas y sus familias. Y aunque la cobertura mediática de esta crisis ha sido extensa, poco se ha dicho acerca de las mujeres afectadas por el encarcelamiento: quienes viven tras las rejas y quienes están fuera de ellas, pero que mantienen una íntima relación con la vida de adentro. 

Cuando creamos INDÓMITA en 2021, uno de nuestros principales objetivos era contar historias no contadas: ir un poco más allá de la agenda mediática nacional y regional para explorar ángulos poco investigados de los temas más importantes. Por eso —aunque nunca nos habíamos planteado cubrir seguridad— la crisis carcelaria y de narcotráfico que enfrenta Ecuador se convirtió en una de nuestras prioridades. 

Creemos que es imposible hablar, pensar, documentar y narrar la vida de las mujeres, las diversidades y las infancias, en este momento que atraviesa el país, sin contar lo que pasa en las cárceles y fuera de ellas. O al revés: es imposible hablar de este momento histórico del Ecuador, sin mencionar de qué forma impacta en las vidas de las mujeres, las diversidades y las infancias. 

Así nació la idea de este especial periodístico, que hoy es una realidad gracias al Pulitzer Center.

Según las cifras oficiales, la población penitenciaria está compuesta de 31.321 personas, de las cuales un 93,7% son hombres y el 6,3% restante, mujeres. 

Las visitas que los hombres reciben frecuentemente son, principalmente, mujeres, sobre todo sus parejas (38,8%) y sus madres o madrastras (32,4%). Son mujeres que entran y salen de las prisiones y que tienen un vínculo estrecho con el sistema penitenciario, pues aunque no estén físicamente allí, el encarcelamiento ha cambiado sus vidas radicalmente. No solo sostienen económicamente las cárceles, sino que además son sometidas a una serie de violencias por parte del Estado únicamente por tener un familiar privado de la libertad.

Por eso, decidimos empezar por ellas.

Luego nos adentramos en las cárceles, para mirar más de cerca la realidad de las casi 2.000 mujeres que viven allí, pero de quienes existe escasa información. Así, los siguientes trabajos recogen sus vivencias: cómo se maneja la salud mental de las mujeres encarceladas, la situación específica de las mujeres trans y todas las implicaciones de la maternidad en prisión.

Desarrollar estos trabajos ha sido desafiante. Uno de los principales retos fue el levantamiento de la información oficial. Aunque solicitamos varias veces entrevistas con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), en cinco meses nunca recibimos respuesta. Incluso entregamos un oficio impreso en sus oficinas en Quito, pero este nunca fue contestado, aun cuando la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) establece un plazo máximo de 15 días para que las instituciones estatales brinden una respuesta a estos pedidos de información.

Entrar en las cárceles parecía imposible, y los constantes estados de excepción fueron la excusa continua de las autoridades para negar el acceso. Sin embargo, encontramos formas de hacer el trabajo. Los teléfonos celulares se convirtieron en herramientas clave. Pudimos hacer entrevistas y tener conversaciones con mujeres encarceladas a través de mensajes de texto, llamadas y videollamadas. 

Mientras elaboramos este especial periodístico —que lleva casi un año construyéndose— pasaron muchas cosas. Hubo un cambio de Gobierno que no estaba previsto y con la llegada del nuevo presidente, se declaró al país en conflicto armado interno mediante el decreto ejecutivo N. 111, del 9 de enero de 2024.

Esto dio un giro a nuestras historias, pues trajo consigo la intervención militar dentro de las prisiones del país por primera vez, y con ello, nuevas realidades. Por ejemplo, la incursión realizada a la Penitenciaría del Litoral por las Fuerzas Armadas en febrero, en la que algunas mujeres recibieron golpes y los uniformados les quitaron muchos de sus artículos personales. A las madres que conviven en prisión con sus hijos e hijas de hasta tres años, les quitaron la ropa, tinas y biberones de sus bebés. Y una mujer trans denunció haber sido víctima de violación sexual por parte de los militares.

Del otro lado de las rejas, decenas de mujeres familiares de presos compartían la angustia y el dolor de las mujeres de adentro, pues desde los pabellones de varones —donde están sus esposos, hijos, hermanos y padres— llegaron alertas de tortura. Realidades que no podíamos dejar de contar.

En 2021, se creó el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que incluye los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Educación, Deporte, Trabajo y Gobierno, así como al SNAI y Defensoría del Pueblo. Estaba presidido por la entonces Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos, que en 2022 se convirtió en un ministerio.

En 2022, ese directorio creó la Política Pública de Rehabilitación Social, un documento extenso —de casi 200 páginas— cuyo objetivo es “garantizar el acceso de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Y reconoce que “las penitenciarías y las medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior, son aflictivas, por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Es por eso que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación”.

Sin embargo, en 2023, ese directorio, así como el cumplimiento de la política pública, pasaron a ser competencias del SNAI y no del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral. Esa normativa cambió algunas leyes, entre ellas el reglamento del Organismo Técnico.

Y aunque el SNAI nunca nos respondió, la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos confirmó a INDÓMITA a través de una videollamada, que esa institución no ha convocado a ninguna reunión desde que se posesionó el nuevo gobierno.

Además, a lo largo de nuestra investigación encontramos irregularidades en el censo penitenciario, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por ejemplo, en la data que se refiere al número de horas promedio que pasa en su celda la población privada de libertad por grupos de edad y sexo. Sorpresivamente encontramos datos que dicen que hay personas que pasan 55 y 35 horas en el encierro de sus celdas. Si un día tiene 24 horas, ¿cómo es esto posible? Y más aún, ¿cómo es posible que contando con tan poca información oficial, la que existe tenga estos errores tan evidentes?

A pesar de todas esas barreras, logramos levantar la información para visibilizar estas realidades, olvidadas por el Estado ecuatoriano. Fue fundamental conversar con organizaciones de la sociedad civil, analizar su data y contrastar con las cifras oficiales, entrevistar a expertas, revisar material documental de medios y de la academia, visitar muchas veces los exteriores de la Penitenciaría del Litoral y revisar lo que dicen los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Y por supuesto, hablar con ellas. Con las mujeres que están o estuvieron dentro de los centros penitenciarios —o que tienen una relación estrecha con quienes estuvieron tras las rejas—. Con Ana, Isabel, Mirtha, Angelita, Stephania, Elvia, Mónica, Blanca, Estela, Elizabeth, Paola, Odalys y Alexis.

Estas son sus historias.

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