Este es el testimonio de Raúl, un joven guayaquileño defensor de derechos humanos, de 18 años, llevado a prisión injustamente, quien actualmente se encuentra en la Penitenciaría del Litoral. El texto fue construido con audios, mensajes de texto y sus declaraciones en la audiencia de Hábeas Corpus de su caso.
Buenas tardes a todos los presentes. Estoy aquí para compartirles mi historia y pido disculpas si parezco nervioso y con la voz apagada; es mi primera vez en prisión y en una audiencia. Llevo tres meses aquí y espero poder salir, porque soy inocente. Mi nombre es Raúl, tengo 18 años y trabajaba en un garaje ganando 50 dólares semanales. No es mucho, pero me ayuda con mis estudios, que inicié recientemente después de terminar el colegio.
Estoy acusado de un crimen que no cometí, detenido por intentar ayudar a la policía al responder sus preguntas. Soy un joven que cree, o creía, en la justicia. Cuando intenté llamar a mi familia, me quitaron el celular y terminé en la Fiscalía, donde me informaron que tendría prisión preventiva. Los detalles ya los conoce, señor juez, pero quiero mencionarle algo más: no estaría en esta situación si hubiera tenido los 500 dólares que me pidieron para no meterme preso. Soy de una familia pobre y no teníamos ni podíamos conseguir ese dinero. Señor juez, no sabía que la justicia tenía un precio que los pobres no podemos pagar. Quisiera aprovechar este espacio para compartirles algunas cosas sobre mí.
Vivo en Isla Trinitaria, uno de los sectores denominados como más peligrosos de la ciudad, pero también más olvidados y empobrecidos de Guayaquil. Recientemente terminé el colegio y con gran ilusión y sacrificio inicié una carrera. Obtener un cupo fue difícil, pero lo logré, y ahora estoy aquí sin saber cuándo podré retomar mis estudios. Yo creía en la justicia, señor juez, porque me considero un defensor de los derechos de los jóvenes y de la gente de mi comunidad.
Hace varios años inicié mi lucha al conocer y vivir el hambre, el desempleo, la desigualdad y la violencia. A pesar de todo, tengo la esperanza de justicia, de un mundo más digno y de mejores oportunidades para los jóvenes. Pero, ¿es justo lo que estoy viviendo? ¿Es justo que deje de estudiar por estar aquí? ¿Después de esto, qué pasará conmigo, señor juez?
Sé que mi caso no es el único. A diario, en los medios de comunicación, escucho noticias de jóvenes detenidos e involucrados en crímenes relacionados con el narcotráfico. Jóvenes como yo, negros y pobres. Le pregunto, señor juez, ¿es justo que los jóvenes de los barrios de Guayaquil, empobrecidos y racializados, tengamos como destino único la cárcel? No creo que sea justo. La violencia ha llegado a nuestros barrios y ahora nos vemos envueltos en una guerra que no es la nuestra. Aunque el gobierno la llame guerra contra la delincuencia, el narcotráfico y las bandas criminales, parece que los únicos perjudicados somos nosotros, los jóvenes quienes morimos y vamos a la cárcel por esta guerra.
Señor juez, quiero expresarle mi miedo. Me encuentro en un sistema penitenciario que ha experimentado quince masacres en los últimos años, con más de 680 personas muertas. Sé que usted también es consciente de que el sistema penitenciario del Ecuador no rehabilita; no es un lugar seguro con garantías de vida, sino un espacio de tortura y muerte. ¿Es justo que las cárceles del Ecuador se llenen cada día más de jóvenes con metas y sueños? Le comparto un dato que seguramente conoce: el 39.3% de la población penitenciaria del Ecuador son jóvenes.
El crimen organizado ha permeado mi barrio, no solo ahora, sino desde hace varios años, señor juez. Sin embargo, gracias a las redes familiares y comunitarias crecí y viví cerca de él pero nunca logró enredarme en sus lazos, pero ahora estoy en la cárcel, en un pabellón que pertenece a una banda y por tanto, yo también soy de su propiedad. Debo pagar lo que me exigen y hacer lo que me pide. Esto, seguramente, usted también lo sabe: las cárceles en Ecuador no son propiedad del Estado; son dominio de las bandas. Mi familia me salvó del narco en mi barrio, pero ¿quién me salvará aquí?
Señor juez, estoy seguro de que es consciente de la responsabilidad estatal en todo esto. El Estado ecuatoriano responde culpando del aumento de la violencia a un conflicto entre bandas, ocultando la verdadera problemática: la criminalización de la pobreza y el racismo. El Estado no asume su responsabilidad respecto a la violencia en las cárceles y fuera de ellas, ignorando que es el resultado de la propia estructuración estatal para violentar, despojar, criminalizar y entregar al sistema penitenciario a las poblaciones empobrecidas. La narrativa de la guerra entre bandas oculta la violencia estructural ejercida por los altos mandos, las caras que no se ven, y facilita la militarización de nuestros barrios más empobrecidos, identificados como sectores peligrosos. Somos vistos como criminales por el simple hecho de vivir en estos barrios.
Señor juez, yo quiero preguntarle algo, ¿guerra contra quién?
Porque la guerra contra las drogas no está dando resultados, me doy cuenta de que la lucha no es contra las drogas ilegales, sino contra las poblaciones empobrecidas, racializadas, trabajadoras ambulantes e informales de nuestros barrios. 2023 fue el año más violento en la historia del país, con una tasa de homicidios de 44,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según datos del Ministerio del Interior, el 80% de las muertes a nivel nacional están relacionadas con el narcotráfico. Otro dato que seguramente usted conoce señor juez, el 37.80% de los homicidios en el primer semestre del 2023 corresponde a jóvenes entre 20 y 29 años, con un preocupante aumento del 79.56% en comparación con el 2022 en el porcentaje de muertes de jóvenes entre 15 y 19 años.
Estas cifras demuestran cómo la denominada guerra contra la delincuencia y el narcotráfico impacta en la vida de jóvenes empobrecidos y racializados, que se convierten en carne de cañón para el narcotráfico. Y siendo sincero, señor juez, no quiero ser parte de eso.
Quiero mencionar otra cosa que seguramente usted conoce: existe un orden racial que facilita el orden carcelario, las acciones policiales de persecución, las acciones mediáticas de exposición deshumanizada de adolescentes llamándonos delincuentes y las sentencias judiciales o sociales refuerzan y reproducen el etiquetamiento preexistente por el simple hecho de ser afrodescendiente, ya que la población encarcelada y la que se encamina hacia la prisión es predominantemente no blanca. Esto tiene un nombre que seguramente todos conocemos: racismo.
Señor juez, las cárceles en Ecuador tienen rostro de jóvenes de barrios pobres. En todo este proceso me he dado cuenta de algo que ya había escuchado antes, la policía es racista y el sistema judicial es injusto.
Yo soy inocente y quiero mi libertad, pero también quiero que los jóvenes en Ecuador dejemos de ser vistos como culpables de una guerra que no nos pertenece, que nuestros sueños dejen de ser truncados, que la cárcel no sea nuestro futuro y que el Estado se haga responsable de garantizarnos una vida libre de violencia. Me rechazaron el hábeas corpus y la justicia creyó que manteniéndome en la cárcel estaría aportando a la lucha contra la delincuencia, pero lo cierto es que su decisión me está arruinando la vida y está reproduciendo un discurso en la población violento, punitivo y de deseo de encarcelar a los pobres del que será muy difícil escapar.
No sé cuánto tiempo más deba estar aquí, pero le pido que piense en mi vida, en la de mi familia y en la vida de miles de jóvenes que, en medio de este contexto tan doloroso de violencia que vivimos, estamos luchando por un futuro mejor, pero lamentablemente no nos quedan opciones.
Gracias, señor juez.
