En el contexto del Día del Trabajador, una socióloga feminista explica por qué esta fecha histórica pertenece también a las mujeres.
El Día del Trabajador se anuncia en masculino, pero la histórica lucha por mejores condiciones laborales, por la vida digna, por la vida libre de violencia, por la igualdad de derechos ha sido y sigue siendo nuestra.
Las mujeres hemos participado y hecho nuestras todas las luchas por los derechos humanos. Hemos hecho historia. Y sin embargo, esa misma historia (patriarcal) se ha encargado de desaparecernos e invisibilizar nuestras demandas.
En 1896 en Chicago (EE.UU.) se desarrolló una huelga sindicalista en el contexto de la Revolución Industrial. Allí, miles de trabajadores y trabajadoras de fábricas pidieron mejores condiciones laborales, entre ellas la reducción de la jornada laboral, que llegaba hasta las 16 horas diarias. Su lema: «8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación». Las y los trabajadores sostuvieron cuatro días de protesta que terminaron con la ejecución y detención de varios protestantes; desde entonces, el 1 de mayo constituye una fecha reivindicativa de los derechos de las y los trabajadores.
Y sí, las mujeres también marcharon, gritaron, lucharon y sostuvieron la huelga, porque también trabajaban, incluso con un menor salario y en condiciones más precarias que sus compañeros hombres.
No existe una etapa de la historia de la humanidad donde las mujeres no hayamos trabajado: labramos la tierra, construimos viviendas, cosechamos los alimentos, confeccionamos prendas de vestir, cuidamos, enseñamos, educamos, escribimos, sostenemos, mantenemos y reproducimos la vida en sociedad. Aun así, nuestro trabajo siempre ha sido desvalorizado e invisibilizado.
Y no es casualidad: es el orden patriarcal de la sociedad, la división sexual del trabajo y el contrato sexual que Carole Pateman explica como «la dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un libre acceso sexual a las mujeres».
Esto forma parte del contrato establecido por y para los hombres que rige en la sociedad para el sostenimiento de la desigualdad de los sexos como producto de la organización del patriarcado.
Y resulta impresionante que sucesos de hace más de 100 años tengan características similares en la actualidad. Según datos de la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para enero de 2022 solo el 25.7% de las mujeres que son parte de la Población Económica Activa (PEA) tenía un empleo adecuado. Esto quiere decir que el 74.3% de la población de mujeres se encuentra en condiciones de desempleo, subempleo, trabajo autónomo o trabajo no remunerado.
La Organización Internacional del Trabajo considera que la igualdad de género en condiciones laborales es un elemento clave para generar cambios sociales e institucionales que permitan alcanzar la igualdad y crecimiento económico. Para esto establece cuatro objetivos estratégicos: promover los principios y derechos fundamentales del trabajo; crear más empleo y oportunidades de ingresos para mujeres y hombres; mejorar la cobertura y la eficacia de la protección social y fortalecer el diálogo social.
Es notoria la existencia de la desigualdad respecto al género en el ámbito laboral ecuatoriano y estas brechas estructurales en el contexto de la crisis sanitaria por covid-19 se agudizaron y siguen deteriorando la situación laboral de las mujeres hasta hoy.
De acuerdo con datos de la Evaluación Socioeconómica PDNA coivd-19, para diciembre de 2020 en el contexto de pandemia, la tasa de desempleo en mujeres (6.7%) era el doble que el de los hombres (3.7%). Esto dio como resultado la exclusión de las mujeres a los trabajos de cuidado no remunerado.
Y según datos del INEC, para enero de 2022 las mujeres en el Ecuador presentan una tasa de empleo no remunerado aproximadamente 3.2 veces más alta que los hombres. El trabajo no remunerado, el sostenimiento y la reproducción de la vida, aunque son actividades inferiorizadas representan alrededor del 20% del PIB anual.
Frente a la crisis económica y la pérdida de empleos por la pandemia de covid-19, en junio del 2020 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley de Apoyo Humanitario (LOAH). Esta tenía como objetivo «sostener el empleo y dinamizar la economía del país» a través de una reforma laboral de carácter regresiva en materia de derechos labores y que además precariza la vida de las y los trabajadores y sus familias.
Según datos del Centro de Investigación y Defensa al Derecho al Trabajo la Ley de Apoyo Humanitario ha impactado principalmente a jovenes, mujeres, migrantes y personas de las diversidades sexogénericas, quienes, para sobrevivir a la crisis sanitaria, recurrieron a empleos precarizados.
En condiciones de vida tan desiguales y violentas como las que vivimos las mujeres ecuatorianas, donde no existen oportunidades y voluntad política para que las mujeres alcancemos mejores condiciones de vida, los trabajos de cuidados como actividades intrínsecas de lo femenino reproducen y perpetúan los estereotipos de género que nos condicionan al espacio privado del hogar.
Las mujeres —a través de los trabajos de cuidados— sostenemos al mundo. Y el mundo tiene una deuda histórica con nosotras por la invisibilización de nuestro trabajo, que desde el discurso del «amor» ha justificado la no retribución económica para el sostenimiento de la acumulación y explotación capitalista a través de nuestros cuerpos y nuestro trabajo.
Con el contexto de crisis que Ecuador atraviesa en la actualidad y con un Gobierno que día a día vulnera los derechos de las mujeres y nos revictimiza, las mujeres enfrentamos niveles abismales del aumento de la violencia, desempleo, pobreza y miseria, deterioro de todos los servicios públicos, propios de un sistema patriarcal y neoliberal. Estamos mayormente expuestas a las desigualdades sociales y sobre todo la exclusión de los espacios laborales dignos que refuerzan las relaciones de poder sobre nuestras vidas y nuestra participación.
Nosotras hemos estado en todas las luchas y este 1 de mayo reivindicamos el derecho al trabajo que merecemos todas las mujeres en espacios laborales seguros, libres de violencias y discriminaciones de género, con igualdad de condiciones y oportunidades laborales y con el reconocimiento y remuneración que merece el trabajo de cuidados.
Que el trabajo digno para todas las mujeres se haga costumbre.
