Según el último censo penitenciario, en Ecuador hay 73 mujeres trans en todas las cárceles del país. La Fundación Vivir Libre, que trabaja con estas poblaciones, sostiene que son muchas más. En las cárceles, casi siempre masculinas, intentan estar juntas para protegerse y cuestionar, como haría cualquier familiar, por si alguna de ellas llegara a desaparecer.
Chela* tenía un mal presentimiento cuando su hija Alexa, una mujer trans venezolana, que había llegado por unos días a Ecuador, dejó de contestarle los mensajes. Alexa había decidido quedarse en Guayaquil para celebrar su cumpleaños número 27, el fin de semana previo al 7 de agosto de 2023. En Ecuador estaba por trabajo, pero solo de paso. Su plan era irse a España.
A pesar de que Chela suele llamarla en masculino y con el nombre que le puso al nacer, tenían una relación cercana, siempre estaba pendiente de ella y Alexa siempre encontraba la forma de comunicarse con su mamá para decirle que estaba bien y que la quería. Alexa siempre ha sido muy cariñosa, “hasta cuando escribe. Trata a todo el mundo de ‘mi cielo’, ‘mi amor”, dice Chela. Por eso le parecía extraño no tener noticias suyas. Hasta que recibió una llamada. Un desconocido le dijo que Alexa estaba en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, bajo prisión preventiva.
A Chela la noticia le llegó en Bogotá, Colombia, donde nació. Visitaba a dos de sus cinco hijos radicados allí y ya tenía las maletas hechas para regresar a Mérida, la ciudad venezolana en la que nacieron todos sus hijos y a la que ella llegó a vivir a los once años con su mamá.
Cuando le dijeron que su hija Alexa estaba presa, estaba dispuesta a caminar hasta Guayaquil, como hacen muchos de sus compatriotas migrantes. “Yo tenía que ayudar a mi hija, ¿cómo más iba a hacer ella en un país extraño y presa?”, dice Chela. Pero en cuanto las amigas de Alexa se enteraron de la situación, financiaron su viaje en bus, con lo que pudieron.
Han pasado siete meses desde que llegó a Ecuador, un país que desconocía. Aquí consiguió un cuarto para vivir muy cerca de la Penitenciaría y poder acompañar a su hija, a quien recién le darán una audiencia de juicio el 22 de mayo. Acompañarla se ha convertido en un proceso doloroso.
La última vez que la vio fue el 28 de diciembre de 2023. Chela logró entrar a la cárcel a visitarla, a dejarle algunos sostenes nuevos, que tuvo que esconder en su cuerpo. También llevó abrigos para ella y para las tres mujeres trans con las que Alexa entró a la cárcel. A ella la vio pálida y con llagas en la piel. Por eso, días después, le envió cremas para el sarpullido, junto con algunas pastillas que ella misma le pedía y hasta pestañas postizas. Unos días después de esa visita se enteró de algo que su hija no le quería decir, era portadora de VIH.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice en un reporte de 2020, que las personas recluidas tienen 7,2 veces más probabilidades de tener VIH que quienes viven en libertad. Además, se calcula que en todo el mundo 4 de cada 10 personas privadas de libertad viven con VIH, pues los cuidados son menores, mientras que las posibilidades de contagiarse se incrementan.
Durante uno de sus intentos por conocer cuándo le darían una sentencia a su hija o gestionar su libertad, Chela logró hablar con un asistente de la Fiscalía del Guayas que le dijo ella debía estar en prioritaria, como llaman al pabellón al que va buena parte de la población en condiciones vulnerables. Allí está gran parte de las personas de diversidades sexogenéricas para recibir atención por ser portadoras de condiciones como el VIH. Aún así, Alexa inicialmente no fue enviada a prioritaria, llegó al pabellón masculino número 9, con sus tres compañeras trans.
Allí nunca le hicieron exámenes ni le aplicaron el tratamiento que había iniciado por su cuenta cuando estaba en libertad.
A pesar de lo que dice la OPS, el censo penitenciario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a finales de 2022, no hace una segmentación de la población con VIH dentro de las cárceles del país. En una entrevista con INDÓMITA, Carina Pavón, coordinadora de gestión interna de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, del Ministerio de Salud, dijo que no se ha identificado cuáles son las mayores vulnerabilidades de la población diversa en los centros penitenciarios. “Tendría que ser parte de un estudio, no tenemos una incidencia de mortalidad en este grupo”.
Desde el 9 de enero de 2024, cuando las cárceles fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas por decreto presidencial, a personas como Alexa —cuenta Chela— las dejan sin zapatos y ropa. Si las ven descansando, les echan agua encima y las golpean. Pero además, los militares les han dicho que tienen que sacarse los implantes de senos, una muestra de su transición al género con el que se identifican. La ocupación militar les ha negado su identidad, por eso, a muchas de las chicas trans que están en las cárceles, les han cortado sus cabellos largos, incluso hasta raparlas.
“Está bien que entren los militares a poner orden, pero que no los maltraten porque ellos no son animales”, dice Chela.
Chela logró que el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) interpusiera un pedido de habeas corpus para su hija. En esta medida piden su traslado a un centro de privación adecuado para sus condiciones, atención médica urgente y que se detengan prácticas, que de acuerdo a los 13 convenios internacionales y regionales a los que Ecuador está suscrito, vulneran algún tipo de derecho sobre la igualdad, la no discriminación por identificarse con un género fuera de los estándares masculino y femenino; y la integridad física de la persona privada de libertad.
La primera audiencia llegó después de que Alexa se contagiara de tuberculosis durante la intervención militar. Esta condición debilita aún más su sistema inmunitario. Según la OPS, la tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del covid-19.
De acuerdo con el censo penitenciario, 1.437 personas, todos hombres, dijeron haber tenido tuberculosis. En las cárceles de Guayas se concentran 670 casos, en hombres entre 23 y 32 años. En las cárceles de mujeres, según el censo, no se registró ningún caso.
Las personas que cumplen una condena en la cárcel, con un diagnóstico de coinfección con tuberculosis y VIH, como Alexa, son consideradas población prioritaria. En noviembre de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso, firmó el decreto 949, en el cual ofreció el indulto a personas con sentencia ejecutoriada que conviven con una lista de enfermedades, entre ellas se encuentra la coinfección de tuberculosis y VIH. Sin embargo, actualmente la población que registra esta coinfección no está monitoreada en ningún mecanismo oficial.
El habeas corpus de Alexa se hace en una sala zoom, en una audiencia virtual en la que está un representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, una representante del Ministerio de Defensa, un delegado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), una doctora del Ministerio de Salud Pública que había atendido a los privados de libertad los últimos días de enero, y Fernando Bastias, abogado del CDH.
Alexa, con su pelo negro corto, sus ojos saltones y su piel morena, cuenta cómo ha sido para sus cuerpos transexuales y seropositivos la intervención militar en el sistema carcelario. La acompaña Diego, otro privado de la libertad, que, como Alexa, también se contagió de tuberculosis durante la intervención.
“Yo no fui solo agredida y ultrajada por la fuerza militar. Yo fui violada. En una celda, que se conoce como mínima, donde hay otras cuatro transexuales que aún no han sido sentenciadas, como yo. Yo fui violada por cinco militares, me obligaron a practicarles sexo oral y a tener sexo con personas que tenían tuberculosis y sífilis. Fui escupida, me pisaron la cabeza y me cortaron el cabello porque ellos decían que yo era un hombre”, dice Alexa en la audiencia, mientras su madre, con la cámara encendida, cubre su boca e intenta no llorar.
Alexa se levanta de la silla desde la cual todas la ven en la pantalla y muestra sus glúteos con un moretón y otras marcas en su espalda. El juez de la audiencia grita que no haga eso, mientras el representante del Comando Conjunto no deja de morder sus labios y mirar de reojo a la pantalla. Esa marca muestra todo lo contrario a lo que había declarado la doctora que los inspeccionó. Según Alexa, la revisión médica fue muy superficial. El informe médico decía que la privada de libertad “no tenía ningún tipo de gravedad” y que se habrían iniciado exámenes de laboratorio para su tratamiento.
“Y aún nos pegan, con palos, tubos, látigos, lo que encuentran porque nos tratan como perros. Me dicen que como no soy ecuatoriana no tengo derechos”, dice Alexa. Para ella se trata de transfobia, xenofobia y racismo, por ser una mujer trans, por no ser ecuatoriana, por su color de piel oscuro.
“Aquí te mueres, maricón”, recuerda que le dijo un militar a una compañera transexual que está muy grave, mientras ella expone su cara en esta audiencia. Porque además de ocupar sus cuerpos para limpiar las celdas y maltratarlas, asegura que los militares las obligan a desnudarse para grabarlas y después, subir sus videos a redes sociales para que “se ganen la comida”.
El Comité ha denunciado que algunas personas privadas de libertad pasaron hasta 144 horas sin comer, lo cual se considera una tortura, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Alexa dijo en su denuncia que las raciones de comida llegan en una tarrina que deben dividir para nueve personas con las que comparte su celda.
También dice que la amenazaron con “desaparecerla”, pero no puede seguir callando porque “lo siguen haciendo y mi amiga se está muriendo desnutrida”.
La representante del Ministerio de Defensa responde. Dice que Alexa, como cualquier persona que vive en sociedad, se puede contagiar de una enfermedad. El delegado del Comando Conjunto alega que hay que dejar de denigrar a las Fuerzas Armadas que están cumpliendo con su deber. Después de escuchar los testimonios de las personas privadas de libertad y el argumento de las autoridades, el juez niega el habeas corpus. Ordena “corregir acciones si existen amenazas a la vida”, pero considera que “no se atacó los derechos humanos relacionados a la privación de la libertad”. Pide además, un chequeo médico y tratamiento integral.
Fernando Bastias, del CDH, insiste en que no hay certeza probatoria de que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo los tratados internacionales de intervención en las cárceles, que la falta de pruebas médicas sobre el estado de las privadas de libertad, no disminuye la probabilidad de que la revisión haya sido un chequeo superficial. Insiste en que se convoque a una mesa técnica para controlar el contagio de VIH y tuberculosis en la población penitenciaria.
Un informe de 2015, de la Corte IDH detectó varios niveles de violencia contra las personas LGBTIQ+ en distintos procesos del sistema carcelario entre los 18 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los cuales figura Ecuador. Este informe señala que muchas de las detenciones a personas sexodiversas están basadas en prejuicios. Estos se acentúan en el sistema carcelario con prácticas que perpetúan la violencia y el trato desigual. Por ello, una de las recomendaciones de la Corte es capacitar a los miembros de la fuerza pública y guías penitenciarios sobre el trato y la comprensión de su identidad.
Entre las propuestas para resolver el conflicto interno armado que ha declarado el presidente Daniel Noboa en Ecuador, entraría en vigencia, un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se comenzó a debatir en la Asamblea Nacional en enero y que ahora incluirán las medidas aprobadas en un Referéndum y Consulta Popular. Entre las reformas planteadas se agrega que toda la estructura de seguridad, militares, policías que utilicen el uso progresivo de la fuerza “no serán privados de su libertad o tendrán derecho a solicitar arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza”.
Chela solo quiere que su hija salga libre, llevarla a Colombia para que los doctores la atiendan de manera integral y luego, que decida si continuar su viaje a España o a cualquier otro lugar del mundo. Por ahora, ganaron una pequeña batalla: un mes después de su audiencia la trasladaron a la Regional, una cárcel conjunta a la Penitenciaría, al pabellón prioritario. “Ojalá sea para bien”, dice Chela.
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A finales de diciembre de 2023, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se fugó de la cárcel regional masculina del Guayas. Durante una semana, ni las autoridades competentes ni las personas que cumplían una condena en dicha cárcel, dijeron cuál era el reo que había escapado. Alfredo, un chico gay, alto, corpulento y venezolano, de 33 años, que estuvo allí por una condena entre abril de 2023 y enero de 2024, sospechaba que había sido alguien importante porque las reglas cambiaron.
Los mandaban a las celdas a las 17:00, cuando antes lo hacían a las 20:00, y durante algunos días no llegó la comida. Luego, en medio de la incertidumbre, empezó la intervención militar y todos supieron que el reo que había escapado del sistema carcelario era el líder de la banda Los Choneros, organización que controlaba las cárceles y desde allí hacía transacciones de narcotráfico con sus aliados, entre ellos el cártel de Sinaloa.
“Esos días fueron duros para nosotros. Había una chica colombiana trans, Angeline, a la que le pegaron muy fuerte, tanto que se le salió la silicona”, cuenta Alfredo, durante una entrevista en el norte de la ciudad en el albergue trans al que llegó, un mes después de haber cumplido su condena. Mientras habla, cierra los ojos, tratando de evadir la imagen que se le viene a la mente.
Cada día en prisión fue duro. Alfredo llegó hace 9 años a Ecuador desde Vargas, un estado cerca de Caracas, en Venezuela. Es licenciado en enfermería, y aquí se dedica a dar masajes y poner sueros. Entre 2016 y 2018 enfrentó su primera condena en prisión, pero en 2023 se encontró con otro mundo. Cuando entró, miembros de las bandas que controlaban los pabellones, lo castigaron. Primero, por ser un chico gay, luego, porque en su hombro izquierdo lleva el tatuaje de un ave fénix y miembros de bandas pensaron que era un águila, el símbolo de uno de los grupos de delincuencia organizada catalogado como grupo terrorista, de acuerdo a información de la Policía Nacional.
Durante tres días lo llevaron a una celda para golpearlo. Detrás de él había tres hombres: uno de ellos sostenía un palo que le impedía bajar la cabeza y si lo intentaba, los otros dos lo golpeaban. Ninguno de esos días vio la luz. Hasta que llegó un privado de la libertad de máxima seguridad y constató lo que Alfredo ya les había dicho: su tatuaje no era un águila, sino el símbolo de un ave que renace entre las cenizas.
En su informe sobre la violencia contra personas LGBTIQ+, la Corte IDH registra constantemente casos de aislamiento en esta población y recomienda que deben estar bajo estricta supervisión médica. Además advierte que “el aislamiento solitario y otras formas similares de privación del contacto humano durante períodos de tiempo prolongados pueden producir daños mentales y físicos irreversibles y constituyen tratos inhumanos y degradantes”.
El ave fénix de Alfredo no era el símbolo de una banda, pero dentro de la cárcel —además de pagar 20 dólares semanales por una gillette para afeitarse, queso y cuotas de colaboración para el mantenimiento del pabellón— le pidieron identificarse con una de ellas. Aunque no lo obligaron, a él lo aislaron por no hacerlo. A algunas de sus compañeras, mujeres trans, sí las forzaron a ‘plaquearse’, como se llama en la jerga de las bandas al tatuarse con el símbolo que las representa: un lobo, un tigre, un águila.
Le pregunto si ha recibido atención psicológica después de esos días o mientras estuvo en la cárcel. Dice que evita pensar en esos días. “Es algo a lo que no le doy cabeza”.
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Desde Ksa Trans, un hogar de paredes coloridas, que también funciona como taller de teatro y peluquería, Odalys Cayambe, una mujer trans de 43 años, preside la Fundación Vivir Libre. Es 6 de febrero de 2024 y han pasado dos semanas de la declaratoria de conflicto interno armado. La acompañan Paola, Gaby y Miguel, su pareja. A esta casa, ubicada en Bastión Popular, un barrio popular en el norte de Guayaquil, eventualmente llegan otras mujeres de la comunidad trans para organizar eventos que les permitan sostener la Ksa, buscar alternativas para no reincidir y protestar por la comunidad que está en prisión, porque el trabajo de Odalys, a diferencia de otras organizaciones LGBTIQ+, se enfoca en las mujeres trans que están en las cárceles, o que estuvieron como ella, Paola, Gaby o Miguel.
Sentada en el comedor de Ksa Trans, que a veces sirve para armar pancartas para las marchas que organizan, Odalys se pregunta qué pasó con Samantha, una mujer trans ambateña que cumplía una condena en la cárcel de hombres de Loja desde 2023. Una semana después de la militarización de las cárceles recibió una denuncia en la que aseguraban que Samantha había sido golpeada por los militares en una hernia, lo cual le provocó una herida que la mató.
El 26 de enero de 2024, Odalys envió una carta al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como presidenta de la Fundación Vivir Libre que también hizo pública a través de sus redes sociales. En ella pedía información de Samantha y otra mujer trans que cumplía una condena en la misma cárcel y que también habría sido maltratada.
Dos días después, el Ministerio de la Mujer respondió en X. “La persona privada de libertad se encuentra bien y no presenta signos de violencia”, y “se está dando Servicio de Protección Integral”.
Cayambe preguntó por dos de las tres mujeres trans que, según el registro de la Fundación Vivir Libre, estarían cumpliendo una condena en dicha cárcel. El Ministerio respondió de forma ambigua e incompleta, solo por una de ellas. Diez días después del comunicado público y la carta de Fundación Vivir Libre, el subsecretario de Diversidades del Ministerio de la Mujer, Alexander Guano, dijo en una carta enviada a Cayambe que había constatado el estado de una mujer trans en el Centro de Privación de la Libertad de Loja a través de su delegada en esta provincia, quien habría ingresado a la cárcel con el director de dicho centro y con el director provincial de la Defensoría del Pueblo de Loja.
Según el informe de esa visita, una de las mujeres trans por las que pregunta Cayambe se encontraría viva, habría recibido alimentación y tratamiento en el Pabellón D, de dicha cárcel. Sin embargo, cualquier otro dato que pueda probar su estado está restringido “con la finalidad de precautelar el derecho a la intimidad personal, el respeto a la autonomía de la víctima y su círculo cercano”, dice Guano en su respuesta.
Desde que inició la intervención militar en cárceles, Odalys recibe cada día mensajes de otras mujeres trans que a diario son maltratadas por militares.
A finales de marzo, Brisas de Libertad, un grupo de la comunidad LGBTIQ+ que se encuentra en la cárcel Regional de Guayaquil, le envió una carta de en la que denuncian las torturas que reciben a diario como población carcelaria, pero también la serie de insultos que reciben por reconocerse como parte de la comunidad. En esta carta le escriben en mayúsculas a Odalys “AYUDA POR FAVOR”.
A diario las hostigan diciéndoles “a punta de palo te quitamos la mariconada”, “Ustedes son hombres locos que se visten como mujer. Payasos”.
Carta enviada por Brisas de Libertad, de la Regional Guayas.
Entre las torturas se encuentra la práctica de submarinos a toda la población carcelaria: con “agua y toallas mojadas en el cuello ahorcan a la persona en la piscina de rehabilitación de los adultos mayores, te amarran manos y pies y te lanzan a ahogarse hasta verte inconsciente”, dice la carta que le enviaron a Odalys. Esta piscina, dice Odalys, la construyeron con aportes de los privados de libertad y sus familias, para las terapias de personas adultas mayores.
“Ayer casi me matan a palo y gas por no dejarme llevar un pedazo de esponja para dormir”. “Nos duele la espalda, la cabeza, los huesos”, dicen los mensajes que recibió Odalys el martes 2 de abril de una de sus compañeras en la cárcel regional de Guayaquil, quienes denuncian no resistir más.
Diane Rodríguez, mujer trans y directora de la organización Silueta X, una organización que busca salud, educación, empleo y justicia para la comunidad LGBTIQ+, dice que no se sostiene la posibilidad de la rehabilitación social si se busca la aplicación de medidas coercitivas con toda la población carcelaria, violando los derechos de personas de grupos prioritarios. Su organización ha recibido denuncias de mujeres trans y personas con enfermedades catastróficas que han sido golpeadas. Después de que les llegan las denuncias y su organización las publica en sus redes, las denuncias suelen detenerse. “Tememos que se sigan aplicando estas medidas y que no tengamos respuestas sobre estas agresiones desde la entidad competente”, dice Diane.
La realidad de las mujeres trans es una realidad diferenciada. Y con la intervención militar en las cárceles, como pone en evidencia el caso de Alexa o la violencia que denuncian las mujeres trans en sus cartas, su identidad está siendo negada y sus cuerpos violentados como parte de un proceso de amedrentamiento de toda la población carcelaria.
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La primera vez que Odalys Cayambe estuvo presa fue en la adolescencia, la segunda fue entre 2013 y 2018. Cuando ingresó le quitaron todo lo que la pudiera identificar con su identidad femenina: sostenes, a pesar de que tenía implantes, ropa, productos de higiene. Pero dentro del muro pudo negociar con la población carcelaria su identidad, como no era posible hacerlo con el Estado, a pesar de que es una garantía constitucional.
En 2017, el sistema de cárceles había pasado a manos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La ministra de ese momento, Lady Zúñiga, fue a la Penitenciaría del Litoral y Odalys Cayambe logró agendar una reunión para hablar con ella y se desnudó en su cara y le dijo: “míreme, yo tengo tetas”.
Con este acto performático, Cayambe pedía implementos para su higiene y el reconocimiento de su identidad; que sean agrupadas en un solo pabellón y que los oficios que desarrollaran como parte de su rehabilitación puedan enfocarse en procesos a su identidad.
Esto llegó con la gestión de labores de rehabilitación diferenciada para la comunidad LGBTIQ+, como la apertura de clases de costura y bordado, oficios que se han eliminado tras el incremento de las masacres carcelarias como resultado del control de las bandas que se disputan el poder de los centros de rehabilitación social.
Parte de esta medida se cumplió a través de un estudio que realizó el Ministerio de Justicia, encargado en ese momento de las prisiones, en 2017. En 2018, esa entidad fue disuelta durante el gobierno de Lenín Moreno, y las cárceles pasaron su administración al recién creado Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). En el mismo decreto en el que el entonces presidente Moreno creó el SNAI también creó la Secretaría de Derechos Humanos que tendría a su cargo que se cumplan las medidas cautelares y convenios en materia de derechos de los que Ecuador es parte.
El censo carcelario, realizado a finales de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), identificó a un porcentaje de la población trans en cárceles. En este le preguntaron a las personas privadas de libertad: “De acuerdo a su género, ¿usted cómo se identifica?”.
Según los datos recabados, 73 personas se identificaron como trans femeninas, 31 como trans masculinos, otros 7 como no binarios y 20 personas no respondieron. Esto representaría menos del 1% de la población carcelaria del país, que hasta diciembre de 2023 era de 30.804 personas, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
En octubre de 2021, el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos presentó un diagnóstico de la situación carcelaria en el país. Pedro Gutiérrez, abogade y licenciade en ciencias políticas y sociales, fue parte de esta investigación y dice que uno de los problemas es que “ni el Estado entiende bien la categoría”.
Gutiérrez se refiere a que la categoría LGBTIQ+ del censo penitenciario tiene unas variantes que no permiten identificar adecuadamente a la población de identidades sexogenéricas, más allá de hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans y no binarios. Según Gutiérrez, hay poblaciones grandes de identidades sexogenéricas en distintas cárceles, que si bien no se constituyen como agrupaciones, homosexuales mujeres trans y otras, como Brisas de Libertad, “son muchas más de las que plantea la autoridad”.
Cayambe dice, por su experiencia en cárceles, que al menos las mujeres trans son más, muchas más. De hecho, esta cifra se pone en evidencia con las 45 personas que firman la carta en la que le piden ayuda a Cayambe, todas las firmas se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ+ y están en una sola cárcel.
Para Cayambe, no transparentar las cifras sobre la población trans en las cárceles y borrar sus identidades es un asunto político. “Van a decir que somos pocas, que no pasa nada, ¿y las que se han muerto, las que no han sido identificadas? Por eso la Fundación Vivir Libre trabaja con grupos territoriales dentro y fuera del sistema carcelario”.
Al reconocimiento de la identidad y la asignación de labores que tengan que ver con ellas, se suma el conflicto respecto a qué lugar pertenecen las mujeres trans en el sistema carcelario.
La Corte IDH, cuya competencia reconoce Ecuador al estar suscrito a la Convención Americana, considera que la decisión de dónde alojar a las personas trans debe tomarse caso por caso, y los Estados miembros de la OEA deben tomar medidas “para asegurar, siempre que sea posible, que las personas trans participen en las decisiones relativas a la asignación de su alojamiento en centros de detención”.
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles permite el cambio de datos de acuerdo a la identidad autopercibida, desde 2016, pero no es sino hasta 2019 que se habilita el trámite a nivel nacional. Este sistema pedía “testigos” que constataran la identidad; además de generar un doble sistema cedulación que el activismo LGBTIQ+ consideraba discriminatorio pues se permitía el cambio de la casilla sexo por género.
Apenas en 2024, entró en vigencia un proyecto de ley que responde a las demandas de esta población. Con estas, las personas trans tienen dos opciones para modificar los datos en la cédula de acuerdo a su identidad autopercibida: cambiar el campo de sexo o reemplazarlo por género.
“No es solo un prejuicio sexista sino en el ingreso muchas mujeres trans ingresan a las cárceles ecuatorianas con su nombre masculino, con su sexo masculino y eso legitima el sistema penitenciario, a pesar de su identidad de género, su performatividad y los nombres que llevan”, dice Gutiérrez.
No hay elección, por mucho que haya una identidad específica en la cédula, en el sistema penitenciario las mujeres trans son hombres. “Las mujeres trans vamos a las cárceles de hombres porque en Ecuador solo hay dos sexos: hombre y mujer”, insiste Cayambe.
Paola Palma, una mujer trans que ahora trabaja como secretaria de la Fundación Vivir Libre, recuerda que cuando ella ingresó a la cárcel Regional del Guayas, en 2016, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad, quiso que el sistema la reconociera como una mujer y que le permita usar ropa acorde a su identidad, aunque su nombre y sexo legal sea masculino. Pero a su llegada un guía penitenciario le dijo “usted es un hombre, aquí no existe nada más”.
Para la directora de Ksa Trans, además de no existir la posibilidad de elegir si estar en una cárcel de hombres o de mujeres, prefiere convivir con hombres. Sostiene que en este sistema carcelario son menos violentadas que en los sistemas femeninos. En las cárceles masculinas han podido negociar el espacio que tienen, les permite trabajar como hizo Odalys cuando estuvo en prisión.
“La pelea es contra el Estado. Siempre ha sido así. Yo me quedé sin familia, sin madre a los 11 años cuando asumí mi identidad y no fue para que el sistema penitenciario me obligue a ser un hombre”, dice la directora de Ksa Trans.
En 2017 también se gestionó la diferenciación de pabellones para la población sexodiversa en prioritaria junto a personas adultas mayores o con enfermedades catastróficas. Esta segmentación, según testimonios de mujeres trans como Alexa, ha dejado de respetarse con la intervención de las bandas en las cárceles y ahora, con la intervención militar. Alfredo cuenta que aún en prioritaria el control a cargo de las bandas es tortuoso. “Cuando yo estuve el que mandaba era un líder que decía que era gay y nos apoyaba, pero era malo”.
Pero además, están las que desaparecen. Odalys, asegura que a propósito del conflicto interno armado, muchas mujeres trans son trasladadas a otras prisiones. “No sabemos con certeza dónde están. Con la excusa del traslado muchas desaparecen y el ministerio no quiere homologar la información que nosotras tenemos, con su identidad trans y con los nombres masculinos con los que constan en sus procesos”, dice Odalys desde Ksa Trans, donde funciona la Fundación Vivir Libre hace cinco años.
Odalys, Paola, Gaby, Miguel y todas las que llegan a Ksa Trans se organizan para armar contenidos por las compañeras que cumplen una condena en las cárceles masculinas. Piden que tengan atención prioritaria, que el Estado reconozca su identidad y les permita agruparse en los mismos pabellones por seguridad. Porque no todas tienen cerca una mujer trans que esté pendiente de ellas fuera de la cárcel, o una madre que busque las formas de hacer justicia por ellas. “Las mujeres trans entramos a las cárceles y no tenemos familia que nos busque”. Por eso necesitan estar juntas para que la sociedad sepa que existen. Para permanecer en vigilia entre ellas.
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Francis es una mujer trans que está por terminar su condena en la cárcel del Turi. Nació en Milagro, pero hace más de cinco años vive en Cuenca. Trabaja como estilista desde que aprendió a hacer cortes tribales y personalizados en Estados Unidos, hace más de 10 años, cuando viajó con una visa americana. En Turi, llama a su negocio “un spa ambulante”.
A diario recorre el centro penitenciario, de pabellón en pabellón con una maleta, en la que lleva todos los materiales que necesita para ejercer su trabajo como estilista y hacer cortes de cabello, tinturados, manicura y pedicura.
Su trabajo le permite pagar los gastos para los materiales que requiere, así como el economato, donde encuentra víveres y algunos implementos básicos. Otras mujeres trans y personas de las diversidades sexuales, usualmente se prostituyen, como le decían a Alfredo que hiciera en la Regional de Guayaquil. Para algunas hacerlo, es también una ventaja porque les permite ser su propio sistema productivo y continuar con un ejercicio que también ejercían en la calle, pero con las reglas del sistema penitenciario.
Según el informe de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, de la Corte IDH, se ha denunciado en los países miembros que el personal de la prisión administra redes de prostitución en las que las reclusas trans se ven forzadas a participar como trabajadoras sexuales. Esto las lleva a permanecer encerradas en sus celdas el mayor tiempo posible para evitar ser atacadas.
“Nosotras vivimos un círculo de violencia porque todo lo que tenemos está basado en nuestro cuerpo”, dice Odalys Cayambe. Se refiere a que gran parte de las mujeres trans se prostituyen. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2012 sobre las condiciones de la población LGBTIQ+ en Ecuador, el 37% de las mujeres trans encuestadas ejercieron el trabajo sexual.
Este estudio, que se trabajó para implementar una política sobre las condiciones de vida trans, que hoy debería ser aplicado por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, dice que una de las razones por las que las mujeres trans se prostituyen, es “la expulsión temprana de sus hogares, la deserción estudiantil, las pocas posibilidades laborales y las necesidades económicas, han influido para que esta ocupación laboral siempre esté asociada a las personas trans”. Reconocer su identidad les cuesta vivir en la calle.
Pero Francis no lidia con eso. Al contrario, una de sus mayores preocupaciones es que su trabajo se refleje en el modo en el que se ve. Por eso nunca está desarreglada, siempre le levanta el ánimo a las 10 compañeras trans con las que comparte en la cárcel, así como a todos sus clientes, pues está convencida de que su vida dentro de prisión tiene un propósito.
Por sus uñas largas, sus pómulos levantados, su cabello rubio largo y la forma en la que se arregla, la comparan con Sharon, la diva de tecnocumbia ecuatoriana que murió en enero de 2015, víctima de femicidio. Esa fama le permitió ganar un concurso de belleza, lo cual, de acuerdo a las políticas de la agrupación Caminos de Libertad, la habilita para ser parte de la directiva y hoy en día es su presidenta.
Esta organización, fundada por otras mujeres trans y hombres gays en 2017 de la cárcel del Turi trabaja en políticas a favor de la comunidad LGBTIQ+, busca acceso a salud integral, trabajo, reconocimiento pleno de su identidad de género, más allá de la lógica binaria (hombre y mujer) que reconoce el sistema penitenciario; pero también organizan actividades para adultos mayores, pues, aunque no existen pabellones exclusivos para la comunidad, muchos de los pabellones que habitan los comparten con población vulnerable.
Francis, además de ser parte de esta organización, durante su tiempo en prisión, también encontró un novio. “Nos estamos conociendo, yendo de a poco a ver qué pasa”, dice sonriendo, con su voz grave que se vuelve aguda con las interjecciones que utiliza.
Asegura, que el trabajo que ha hecho la organización ha funcionado, pues todos los guías penitenciarios, así como sus compañeros y compañeras la respetan porque se lo ha ganado. “No hay que exigir nada. En ningún momento me he sentido discriminada, aquí lo único que nos falta es la libertad. Gracias a Dios, tengo mi trabajo, tengo un lugar donde dormir”, dice desde una videollamada, en diciembre de 2023, antes de que se iniciara la intervención militar en todas las cárceles del país.
A pesar de que desde que se inició la intervención militar, no he podido volver a contactarme con Francis espero que tenga presente aquello que me dijo en nuestra llamada virtual, en diciembre de 2023: “A pesar de cualquier adversidad una no puede derrumbarse por el pasado, tiene que ser fuerte para ser mejor. Una puede luchar por su inocencia, pero el mundo a uno lo acaba. A uno lo entierran sin saber que también tenemos familiares, sin saber que también puede haber inocentes en un lugar así”.
Durante los primeros meses de Francis en prisión, su madre murió. “Ella siempre me decía mijo, ¿cuándo vienes?”. Sí, en masculino. “Así me decía mi madre”, dice Francis, que quiere salir de la prisión de Turi, en Cuenca e ir a visitar la tumba de sus padres, en Milagro, la ciudad costera en la que nació.
“Solo quiero despedirme de ellos y decirles que corregí mi camino. Que voy a salir adelante, sin pensar que estuve en un centro de rehabilitación, sin que me señale la gente”.
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El 13 de noviembre de 2021, Hellen Brigitte Maldonado, una mujer trans que enfrentaba una condena mínima de 30 meses en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N.1 de Guayaquil —conocido como Penitenciaría del Litoral— murió en una masacre carcelaria junto a, al menos, 61 personas más. A Hellen la sentenciaron como microtraficante de drogas cuando, según sus compañeras, ella era consumidora y ya había enfrentado la mitad de su condena. Para Cayambe el Estado la condenó en lugar de resolver un problema de salud. Esa noche le había enviado una foto a sus compañeras avisándoles que “estaba bien”.
Para Odalys Cayambe, Hellen Brigitte “no debía estar allí, no debía morir porque era una consumidora víctima de un sistema que ha condenado a las mujeres trans a un círculo de violencia”. Aclara que no era una traficante, delito por el que cumplía una condena mínima.
A partir de esta muerte, Pedro Gutiérrez, en representación de Kuska Estudio Jurídico y de Alianza Contra las Prisiones de Ecuador, envió una serie de recomendaciones al Ministerio de la Mujer y al Registro Civil en el Tribunal Popular del 2022, un tipo de encuentro entre la ciudadanía que busca generar una acción ética para juzgar la responsabilidad del Estado. Esa vez fue organizado por el Comité Permanente de Derechos Humanos.
Gutiérrez pidió acciones para que casos como el de Hellen Brigitte no se repitan. Entre los pedidos están unas disculpas públicas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos para los familiares y compañeras trans de Hellen. Pero el Estado no ha cumplido ni con las acciones que plantea Gutiérrez ni con las disculpas públicas.
“Hellen Maldonado no fue la primera ni será la última”, dice Odalys, para quien el SNAI no pudo responder ante una demanda que ella ya había hecho desde adentro de las rejas.
Demanda que también hizo Alexa en una audiencia que desconoció la tortura a la que se enfrenta dentro de la cárcel.
“La violencia sigue siendo la misma”, dice Odalys. “La diferencia es que antes pensaba que nosotras no teníamos derechos y ahora, en mi adultez, desde mi formación, me doy cuenta de que todo lo que conlleva violencia es político: hablamos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hablamos de un Consejo de Igualdad de Género, de diferente organismos que hablan de la violencia de la mujer, pero en la práctica ejecutan presupuestos y no se ve nada”.
La lucha de las mujeres trans dentro de las cárceles se gestiona pactando con quienes lideran el sistema penitenciario, no con el Estado. Por eso, en las cárceles las mujeres trans arman sus propios censos y tratan de permanecer juntas en los mismos pabellones.
“En los medios de comunicación nunca estaremos. Nunca saldrá en un medio de comunicación masivo, regular un encabezado que hable de nuestras muertes, no le dan prioridad a nuestras vida, solo a nuestra etiqueta”, insiste Odalys.
Por eso nada se ha dicho sobre Alexa pidiendo justicia ante un Comité que no reconoce la circunstancias a la que la ha llevado la prisión, ni de las torturas que vivió Ángel. Tampoco se habla de la desaparición de Samantha, de quien sus compañeras trans no han logrado tener información. Ni de cómo Francis quiso liderar un proceso de sanación desde las rejas.
Las mujeres trans en las cárceles se cuidan entre ellas porque no cualquiera tiene una madre como Chela, que esté dispuesta a caminar largas distancias para pedir justicia por su hija, Alexa.
Este reportaje fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center.
*El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la fuente.
