La violencia basada en género está tan normalizada que no incomoda y atraviesa todos los espacios de participación de las mujeres, incluyendo la política. Yalilé Loaiza lo explica en esta columna, a partir del último episodio más visible en Ecuador.
“Pasadota de peso”. Con esas palabras se refirió Alejandro Rodas Coloma, candidato a concejal de Quito, a la candidata a la alcaldía Jéssica Jaramillo, a través de Twitter.
Tras los cuestionamientos en esa red social, Rodas Coloma —de la alianza Pachakutik-Pueblo Igualdad y Democracia-Mover, que impulsa la candidatura de Jorge Yunda— borró su publicación. Dijo que no lo hacía por el escarnio público sino porque su vida personal y familiar “está muy por encima de vulgares e insensatas amenazas camufladas”.
No se disculpó ni reconoció que lo que hizo al usar el cuerpo de una mujer como motivo de ataque es violencia política de género.
Rodas Coloma quien, según su hoja de vida, es abogado y máster en Derecho Constitucional y Liderazgo Democrático y Comunicación Política, ignora –o pretende hacerlo– que la violencia política de género más común radica en los roles de género tradicionales que disparan en contra de los cuerpos de las mujeres.
Pero no es sorpresa que, sin importar el nivel de estudios o experiencia profesional, los hombres no reconozcan las situaciones donde participan como autores de violencia, sobre todo cuando el escenario es electoral. A veces, incluso las mujeres ignoramos que enfrentamos distintos tipos de violencias por nuestro género. Un reciente estudio en Ecuador demostró que el 86% de mujeres encuestadas transitaron por situaciones de violencia de género, pero solo el 34% reconoció esos sucesos como violentos.
La violencia basada en género está tan normalizada que no incomoda y atraviesa todos los espacios de participación de las mujeres, incluyendo la política. Es por eso que la violencia política de género muchas veces pasa desapercibida, pero intenta desincentivar la participación política de las mujeres pues busca “menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo” a través del uso de la “violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”, según explica el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género elaborado en México, en 2017.
Un estudio, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador y publicado en 2019, comprobó que “los liderazgos femeninos dentro de los partidos y movimientos no son más visibles que hace 10 u 11 años”. Esto a pesar de que la ley exige paridad, por ejemplo, en la papeleta electoral.
La posibilidad de que una mujer ejerza roles de alto liderazgo, sea dentro del partido o como primera en la papeleta con aspiración a cargos públicos principales, es un camino pedregoso. La violencia política aparece en todos los niveles: desde la militancia, pasando por la elección de cuadros, los estereotipos que los movimientos buscan en las candidatas, la elección y tono de la campaña electoral y continúa en el ejercicio del cargo. Esto sin contar los costes familiares y comunitarios de las mujeres que deciden participar en la política.
A pesar de esto, las mujeres continúan buscando espacios de participación, algunas desde el activismo, otras desde la opinión y otras desde la representación pública.
Todas, en algún momento, reciben insultos, ataques y agresiones por levantar su voz e incomodar a los que se creen dueños de la opinión pública y de la toma de decisiones.
Como la vez en el que, el actual secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, entonces asambleísta de la bancada oficialista, fue suspendido por 15 días de sus funciones bajo los cargos de “agresión de palabra y evidente misoginia” en contra de la legisladora Mónica Palacios de la bancada Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa; quien también tuvo varios episodios similares durante su mandato. Por ejemplo, cuando luego de una fiesta de Navidad, dijo: “yo no sé si la equidad de género mejora la democracia, lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra”.
Todas saben que al entrar en política se enfrentarán a las violencias enquistadas en las estructuras patricarles que aún persisten pues “la mayoría de las formas de discriminación, acoso y violencia se encuentran naturalizadas y son parte del ejercicio de la política”, según el estudio de ONU Mujeres en Ecuador.
La desafortunada, agria y violenta afirmación de Rodas Coloma contra Jaramillo demuestra no solamente la falta de vocación política y la indigente selección de candidatos, sino que además ostentar extravagantes titulaciones académicas no es una garantía de comprensión de las realidades políticas y de las violencias contemporáneas.
El deber de quienes testificamos este tipo de impresentables actuaciones es señalar, cuestionar y exigir que la representación política, sin importar el partido, no esté condicionada por actores violentos, desprovistos de ideas y sin una pizca de vergüenza en la cara.
