El reclutamiento de menores en Ecuador, donde las bandas se disputan cada calle, también ocurre en TikTok, WhatsApp, videojuegos y otras plataformas. El crimen organizado traslada sus códigos del territorio a las pantallas para construir pertenencia, captar niños, niñas y adolescentes, y convertirlos —poco a poco— en parte de sus redes.
“Yo maté a dos personas”. Eso escuchó la psicóloga Liza Piñancela decir a un estudiante menor de edad en un colegio en un barrio popular de Guayaquil.
Además de ser alumno, el adolescente forma parte de una banda; o lo que las autoridades en Ecuador denominan Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
“Escuchar a un niño decir eso es durísimo”, dice la psicóloga.
Sin embargo, cada vez más niñas, niños y adolescentes están siendo contactados, reclutados y utilizados por bandas y grupos del crimen organizado en Ecuador.
Muchos de ellos llegan a través de redes sociales, donde las bandas no solo logran atraer los menores de edad a sus filas, sino también, promover el estilo de vida criminal como un símbolo de estatus en sus zonas de influencia. Mientras tanto, las instituciones intentan medidas que buscan aumentar las penas, dejando de lado la responsabilidad de las redes sociales.
Esta historia de Indómita Media de Ecuador hace parte de la investigación El algoritmo reclutador, una colaboración coordinada por el Centro Lationamericano de Periodismo de Investigación, CLIP, junto con tres medios de la región, que explora cómo las redes sociales han facilitado que se dispare el reclutamiento digital y cómo, cuando los gobiernos han querido obligarlas a actuar, sus lobistas lo han impedido.
“Hay algo en ellos que cambia cuando pertenecen a estas bandas”, dice firme Piñancela.
En Las Malvinas, en el sur de la ciudad, un niño confesó entre lágrimas a la hermana Susana Veloz, quien coordina un centro de apoyo comunitario y de programas sociales en ese sector, que deseaba unirse a la banda de Los Carniceros, para vengar la muerte de su hermano.
“Veo cómo se mueren mis amigos, cómo se murió mi hermano. ¿Por qué le hicieron eso, hermana? ¿Por qué le hicieron eso? Yo ya les dije que yo me uno para vengarme”, recuerda Veloz que le dijo el niño.
Otro de los niños del barrio, de apenas 12 años, es uno de los gatilleros más prominentes de esa banda. Conduce motos y si no es él quien va al volante, va de pasajero, mostrando un arma.
Cuando pasa cerca del centro que dirige la hermana, ella le dice: “aún estás a tiempo”. Pero sus palabras no lo alcanzan.
En la ciudad de Durán, a 10 kilómetros y separada por un puente de Guayaquil, la policía detectó a un niño de 9 años en el sector Colinas del Valle, que utilizaba una bicicleta para acercarse a los patrulleros y reportar sus movimientos a las bandas a cambio de pagos de 10 o 20 dólares.
“Conforme van creciendo, después de ser informantes, los utilizan para vender droga. Así empieza. Luego de vender droga, dependiendo del perfil que les vean, los utilizan para delitos más graves”, explica la sargento Lucía Medina, de la Policía Comunitaria de Durán.
Los delitos más graves a los que se refiere van desde robos y extorsiones hasta asesinato.
Por ejemplo, el 17 de junio de 2026, dos adolescentes —de 14 y 15 años— asesinaron a tiros a Carlos Alberto Suástegui Villanueva (conocido como alias Cachete), en el aeropuerto de Guayaquil. El hombre fue identificado por las autoridades como un cabecilla de la organización criminal Los Águilas y acababa de arribar en un vuelo procedente de Panamá.
En esa ocasión, los adolescentes evadieron los controles de seguridad escondiendo las armas en un ramo de flores y un peluche.
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Cuando la noticia de los niños del aeropuerto apareció en los medios nacionales, muchos en redes los llamaron “niños sicarios”, culpabilizándolos e incluso pidiendo penas más duras para los menores de edad que cometen delitos como estos.
En Ecuador, los menores de edad no se rigen por el Código Orgánico Integral Penal como los adultos, sino por el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA). De acuerdo con la normativa actual, los niños y niñas de hasta 12 años son absolutamente inimputables, es decir que no están sujetos a juzgamiento ni a medidas socioeducativas de ningún tipo.
Y aunque los adolescentes de entre 13 y 17 años también son penalmente inimputables (no van a cárceles de adultos ni reciben “penas” en sentido estricto), sí tienen cierto grado de responsabilidad por sus actos. Esto significa que en lugar de penas de prisión se los somete a un proceso de rehabilitación mediante medidas llamadas “socio-educativas”.
Estas incluyen una amonestación, servicios comunitarios, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana y la más drástica: internamiento institucional. Es decir, una privación total de la libertad en Centros de Adolescentes Infractores. Esta medida solo aplica a mayores de 14 años.
Además, en 2025 la ley aumentó el número de tiempo de internamiento para menores de edad que sean encontrados culpables de delitos.
Esas medidas punitivas, y la discusión sobre si son o no suficiente, desconoce todo lo que ocurre antes del momento en el que un niño o una niña llegan a empuñar un arma.
“Hay una metodología de captación, no es cualquier cosa. Es realmente una metodología de cómo atraerles a los jóvenes”, dice vehemente la hermana Veloz, sentada en el centro comunitario que dirige en Las Malvinas.
Dentro de esa estrategia, existen mecanismos en territorio, pero también otros que operan de una forma menos visible, en las redes sociales.
Según un estudio de Unicef en Ecuador, “las redes sociales y los medios digitales, como YouTube, juegan un rol en la difusión de violencia de los grupos delictivos y en la captación de adolescentes”. De acuerdo con la publicación, estos canales exhaltan “el estilo de vida criminal, promoviendo valores de valentía, riesgo y poder”.
“Se presume que los grupos de delincuencia organizada utilizan estas plataformas para contactar directamente a miembros potenciales, especialmente adolescentes hombres”.
Pero las niñas también son víctimas y existe un diferenciador de género para ellas. El estudio de Unicef identifica que “pueden verse obligadas a interactuar de manera sexual/romántica con hombres de los grupos como una estrategia de supervivencia”.
Por su condición de mujeres, también cambian los roles asignados. “Se percibe que las niñas y adolescentes mujeres son reclutadas, en ocasiones, por medio de formas aparentemente inocuas, como iniciar una relación con alguien ya involucrado en un grupo delictivo, que posteriormente se puede tornar en una relación violenta”.
“Generalmente son utilizadas para tareas como la explotación sexual, la trata de personas o para actuar como ‘atractivos’ que engañan a miembros de otros grupos. (…) En algunos casos, las adolescentes desarrollan vínculos más profundos con los grupos delictivos a través de relaciones personales afectivas, que pueden incluir embarazos, lo que dificulta aún más su desvinculación”.
Gabriel Brito es un antropólogo digital guayaquileño que se ha dedicado a estudiar el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos a través de TikTok en los últimos años. “Ecuador se ha convertido en un hub del narcotráfico global”, dice Brito, quien publicó una investigación académica al respecto en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.
El experto advierte que en el país, TikTok funciona como un embudo activo de captación. De acuerdo con su investigación, dentro de TikTok, el contenido vinculado a violencia se puede amplificar hasta un 76% más que el contenido ordinario. “El algoritmo detecta a los usuarios que interactúan con este contenido (dando likes o comentando con los códigos de la banda) y les empieza a mostrar más material similar”, explica.
Pero esa estrategia no podría funcionar sin la exposición previa de esos niños, niñas y adolescentes a cierto contenido en el mundo real. En otras palabras, explica la socióloga e investigadora Marilyn Urresto, “hay códigos qué entender”.
Eso hace parte de la metodología: un lenguaje que comunica algo solo a un interlocutor capaz de comprender ciertos simbolismos.
“Es un lenguaje un poco secreto. O sea, tienes que de alguna manera tener cierto nivel de conocimiento de qué significa cada cosa para entenderlo”, dice Urresto. “Porque si te fijas en los comentarios hay muy pocas palabras y un montón de emojis. Siempre hay una inicial, un signo de dólar”.
De esa forma, los jóvenes interactúan con videos que usan emojis (esta investigación no reproducirá los íconos específicos, para no amplificarlos), que tienen su propio significado en el mundo narcodelictivo.
Pero conocer estos lenguajes más allá de un significado explícito de pertenencia al crimen organizado también puede ser una forma de protección.
“Conocer el lenguaje que escribe el crimen organizado dentro de tu barrio es necesario para estar protegido. Para saber quién manda, quién opera, cómo opera, quién es el líder”, dice Urresto.
En junio de 2026, se hizo viral un video en el que tres niños, que no parecen tener más de 8 años, miran a una cámara haciendo gestos de bandas criminales, mientras un adulto les dice “alza placa”. Sin dudar, los niños mueven sus manos y con sus dedos, recrean en el aire esos símbolos identificativos a los que llaman “placas”.
Aunque nunca se identificó el lugar exacto de donde vienen esos niños, podría ser alguna ciudad costera que hace parte de la ruta del narcotráfico en Ecuador y donde hay gran presencia de bandas.
Quizás otros niños de otras ciudades o de las mismas ciudades, pero que residen en otros barrios más privilegiados, serían incapaces de reconocer esos símbolos. O ni siquiera sabrían lo que significa “placa”. A eso se refiere Urresto.
Según Brito, desde el momento en que un joven adopta y replica estos códigos en sus redes para buscar aceptación y likes —construyendo su “yo algorítmico”—, ya se puede considerar que ha iniciado un proceso de reclutamiento simbólico, pues despierta un sentido de pertenencia antes de cualquier contacto físico.
Como un hincha de un equipo de fútbol que, aunque nunca haya ido al estadio a ver a su equipo jugar en vivo, se siente parte de la comunidad si usa la camiseta y comparte las palabras que utilizan otros miembros de la hinchada.
Una tesis realizada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador estudió la dimensión simbólica y narrativa de la organización delictiva Los Fatales – Choneros en el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas.
De acuerdo con los hallazgos de esa tesis, los grupos delictivos desarrollan estrategias de comunicación simbólica deliberadas orientadas a la alineación, fidelización y reclutamiento de individuos.
El estudio analizó publicaciones públicas en Facebook y examinó el papel de los símbolos, y concluyó que estos sirven como operadores ideológicos y organizativos que generan sentido de pertenencia, autoridad y cohesión interna.
Pero luego la captación va un paso más allá. En los perfiles de las cuentas de TikTok o en los comentarios de transmisiones en vivo (lives), los reclutadores colocan enlaces directos a Telegram o WhatsApp. Es en estos espacios privados donde se concreta la logística, se coordinan citas presenciales y se formaliza el reclutamiento.
En marzo de 2026, la Policía en Manta, en la provincia de Manabí, dijo que un niño había sido reclutado por medio de WhatsApp. El niño tenía 12 años y fue detenido por participar en un caso de extorsión. En esa ocasión, el coronel William Calle explicó que, además de ser captado por esa vía, el niño recibía a través del sistema de mensajería información de las posibles víctimas, entre quienes estaba el propietario de un restaurante.
El menor tomó fotografías del local comercial y de familiares del dueño del negocio para enviar mensajes amenazantes y exigir un pago de USD 1.000.
Según Brito, en fases avanzadas del embudo, se llegan a ver publicaciones que funcionan como un “LinkedIn del crimen”, donde se solicita personal de manera abierta (por ejemplo, pidiendo “gatilleros” o personas para abrir blindados), y los jóvenes responden en los comentarios confirmando su disponibilidad.
No solo ocurre en TikTok y WhatsApp. Los expertos apuntan a que también tiene lugar en otras plataformas como Facebook y Telegram, e incluso en videojuegos, principalmente en Roblox y Free Fire.
“Ahí hay una cadena de juegos donde conocen a más personas. Entonces, a través de ese compartir, de las cadenas y grupos para jugar, los mayores de edad utilizan esas redes para captar a los menores, haciéndose pasar por pares de ellos”, dice la sargento Lucía Medina.
En eso coincide Gabriela* (nombre protegido), docente de una escuela en Durán, quien ha visto cómo el reclutamiento ha crecido en los últimos dos años en su ciudad.
Para ella, este tipo de juegos facilitan la captación porque en ellos “se hablan, pueden interactuar. Y ellos quizás piensan que es un niño igual que ellos, pero a veces no son niños, sino que son adultos”.
“Acepto a alguien que no conozco, ese alguien comienza a hablar conmigo, me comienza a dar otras ideas. Así los van enganchando, los van agarrando. Y los niños son niños y de alguna manera se dejan guiar”.
A la profesora le preocupa la cantidad de videos en TikTok a los que están expuestos los chicos en los que los miembros de los grupos de delincuencia organizada “muestran el dinero, las armas y cosas así”.
“De alguna manera eso va quedándose en la mente de los estudiantes, sobre todo de los adolescentes. Y piensan ‘ah, mira, puede ser, dejo de estudiar y puedo vivir de esto’”.
Un estudio de Crisis Group —que analizó la violencia en los centros de narcotráfico de América Latina, incluido Ecuador— señala que la manera en la que se ha “glamorizado el derroche y la vida delictiva a través de plataformas de redes sociales como TikTok, así como en la música popular, atrae a los jóvenes que buscan tener cierto poder en comunidades donde saben que hay muy poco espacio para la movilidad social”.
Como identifica esa investigación, la música es también un elemento ancla y fundamental para captar la atención de los jóvenes en plataformas digitales como TikTok. Para Brito, funciona como una suerte de “tecnología afectiva”, que hace que la estética violenta resulte emocionalmente gratificante y socialmente aceptable antes de ser cuestionada moralmente. Además, se utiliza para proyectar una ilusión de poder, riqueza y un estilo de vida ostentoso.
Y eso no es casual: existe una interacción directa entre las dinámicas físicas de los barrios y el entorno digital.
Las bandas organizan conciertos gratuitos en sectores vulnerables —como la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil— con artistas locales populares en YouTube. En estos eventos se ofrece alcohol gratis y se exhiben armas de fuego.
Andrés* (nombre protegido), un joven que vive en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, en un barrio muy cercano a Las Malvinas, cuenta que a inicios de 2026, hubo un concierto en la zona del cantante urbano Jerson Saldarriaga, conocido como New Jerson. El tipo de música que canta ha empezado a formar parte de la narrativa que se construye alrededor de la cultura delictiva.
“Fueron muchos jóvenes y sacaban armas”, recuerda. “Uno de mis primos fue. Y me dijo que sí, que cantaba muy bien, pero ya cuando comenzaron a sacar armas tuvo que salir”.
Ese concierto que recuerda Andrés se realizó durante un estado de excepción y toque de queda. Según registros de la prensa, se escucharon disparos durante la presentación.
New Jerson fue detenido dos semanas después, en una urbanización en la vía a Samborondón, en un sector de lujo lejos del barrio donde presentó su música.
Durante el operativo en el que fue detenido, la Policía encontró anfetaminas, un arma de fuego y televisores de 75 pulgadas presuntamente provenientes del robo a un camión. Al día siguiente, el ministro de Interior, John Reinberg, informó sobre la captura de nueve personas en Samborondón, pertenecientes a la banda Los Choneros. El cantante enfrenta un juicio y ha insistido en su inocencia, aunque desde el 28 de septiembre ya no se encuentra bajo prisión preventiva.
Las canciones interpretadas en los conciertos como el de que dio Saldarriaga luego se utilizan como fondo en videos de TikTok que se viralizan, construyendo comunidad y sentido de pertenencia. En el caso de New Jerson, sus canciones hacen alusión a la vida en la calle y el barrio, a las fiestas nocturnas, el consumo de drogas, e incluso hay referencias a la Santa Muerte, una figura asociada con las bandas narcodelictivas en México y en últimos años también en Ecuador.
La socióloga Marilyn Urresto profundiza sobre esto y señala la música como un componente esencial para crear la identidad de las bandas en Ecuador. “El algoritmo también se va armando desde el tipo de música”, señala.
Urresto asegura además que bandas grandes, como Los Tiguerones y Los Choneros, incluso tienen sus propias productoras musicales. Por lo tanto, distribuyen sus narrativas a través de la música. Y cada una tiene su propio ritmo. Los primeros, más ligados al ritmo urbano y los segundos, a los rancheros.
Pero también manejan lenguajes diferentes. “Los Choneros hablan de una superación más ligada a lo familiar, desde la lealtad. En cambio, las letras y las canciones de Los Tiguerones son muchísimo más sanguinarias y descriptivas de todo lo que pueden hacer”.
Desde una perspectiva antropológica, la música es central en la creación de rituales que funcionan como mecanismos de cohesión social. De acuerdo con la investigación de Brito, la arquitectura de TikTok —basada en el uso y la reutilización de sonidos— posibilita lo que denomina una forma de “unión sincrónica asincrónica”. Es decir, que usuarios dispersos y sin conexión directa entre sí pueden participar de una experiencia compartida al incorporar los mismos audios y pistas musicales en sus videos.
La repetición de estos sonidos no solo genera reconocimiento y familiaridad entre los usuarios, sino que también favorece su circulación dentro de la plataforma: entre más veces se escucha y se comparte una canción específica, más se la muestra el algoritmo a otros usuarios.
En este sentido, el estudio de Brito revela que un conjunto reducido de canciones —sobre todo de los géneros narcocorridos, trap y reguetón local— contribuyen a construir un entorno cultural dentro de TikTok que hace parte de los procesos de captación. “Los videos que utilizaban estos sonidos recurrentes superaron sistemáticamente los promedios de la plataforma en cuanto a visualizaciones y likes”, dice el estudio, que analizó 5.500 videos de TikTok.
Una vocera de TikTok, que pidió anonimato por temas de seguridad, negó a esta alianza periodística que tenga evidencia de que el reclutamiento de adolescentes ocurra en sus plataformas. “No hemos identificado patrones específicos que indiquen que estos grupos estén dirigiéndose directamente a menores”, respondió la plataforma a través de un correo electrónico. Sin embargo, también indicaron que “en Ecuador hemos trabajado con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Ciberdelito” para identificar y eliminar contenidos de reclutamiento.
Por su parte, Meta —la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— contestó al equipo de medios de esta investigación (a través de una cadena de correos electrónicos), que “el reclutamiento de menores por parte de organizaciones e individuos peligrosos o de organizaciones criminales y terroristas está prohibido en nuestras plataformas”.
Y aseguró que eliminan “el contenido y las cuentas que infringen nuestra política de organizaciones e individuos peligrosos, y seguimos invirtiendo en tecnología y equipos especializados para detectarlo de forma proactiva. Más allá de la aplicación de nuestras políticas, invertimos en prevención”.
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A partir de 2020, hubo un incremento de la violencia en Ecuador. Entonces, se identificaban tres grandes actores en el panorama del crimen organizado, con relaciones directas a carteles internacionales, principalmente mexicanos. Estos eran Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos.
Cuatro años después, en enero de 2024, el presidente Daniel Noboa identificó a 22 grupos de delincuencia organizada que operan dentro del territorio ecuatoriano. A través del Decreto Ejecutivo 111, declaró un conflicto armado interno en el país y catalogó a estos grupos como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Hoy, esa cantidad se ha duplicado. La plataforma de monitoreo Data sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (Acled, por sus siglas en inglés), identificó al menos 48 organizaciones criminales con presencia en el territorio ecuatoriano.
Es por esto que muchos expertos coinciden en que el crimen organizado en el país no tiene una estructura clara. “Está menos organizado que nunca, con múltiples subdivisiones y ramas disputándose territorios muy pequeños”, dice Urresto.
Esta fragmentación genera una constante lucha por el control territorial, las economías ilícitas (como extorsiones) y, en consecuencia, por el reclutamiento de personal, enfocado principalmente en niños y adolescentes.
Las bandas se aprovechan de jóvenes en entornos de extrema pobreza, deserción escolar o abandono familiar, para quienes la oferta de dinero rápido y estatus resulta una decisión “lógica” de supervivencia.
“¿Por qué cogen a los pequeñitos? Porque no tienen conciencia. Para ellos es un juego”, dice Veloz.
La psicóloga escolar Liza Piñancela y diversos docentes en Durán y Guayaquil reportan que la deserción escolar se ha agudizado drásticamente. Por ejemplo, la institución donde trabaja Piñancela vio reducir su matrícula de 800 a 377 estudiantes debido a amenazas de muerte y reclutamiento. “Se nos han ido por diferentes situaciones, como amenazas de muerte o porque alguien de una banda los cogió en la esquina y les dijo que si no se meten en la banda, matan a su familia. Optan por irse al campo, cambiarse de institución educativa o por la virtualidad”.
Un análisis de este equipo periodístico a las estadísticas del Ministerio de Educación muestra que el número de estudiantes matriculados se redujo casi un 11% en Durán, entre el 2022 y el 2025. Pasaron de 69.070 a 61.568. Y esta no es la cifra más preocupante del país: hay cantones donde el número de estudiantes matriculados ha caído en más del 20%. Entre ellos, localidades con altas tasas de violencia.
Por eso, la hermana Veloz denuncia el abandono gubernamental. Cree que esto ha provocado que muchos jóvenes se conviertan en blanco fácil para las organizaciones delictivas.
“Si yo soy un joven de 15, 16, 17 años no tengo nada y me doy cuenta que no voy a tener porque a esta edad no sé leer, no sé escribir, no sé hacer una profesión… viene uno que me ofrece dinero, comida, ropa y supuestamente me está dando un cambio de vida, yo acepto este cambio de vida”, dice Veloz.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador cuenta con un registro oficial de apenas cuatro casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales a nivel nacional, correspondientes al periodo comprendido entre el año 2024 y el 20 de agosto de 2026, según respondió a un pedido de información realizado por Indómita Media. Estos casos se encuentran distribuidos geográficamente en las provincias de Manabí, Los Ríos, Cotopaxi y Guayas, registrándose un caso en cada una de ellas.
Sin embargo, para los expertos es evidente que se trata de un subregistro. La violencia que rodea a las instituciones educativas y sus estudiantes en el país da una pista de por qué.
En sectores de extrema vulnerabilidad, como en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil y parte del distrito Nueva Prosperina, las bandas han roto cualquier límite de respeto institucional: fuentes consultadas para esta investigación —que pidieron mantenerse en anonimato por seguridad— reportan que miembros de GDO han ingresado físicamente a las aulas de la institución Fermín Vera Rojas para sacar a estudiantes por la fuerza, lo que obligó al plantel a mantener clases virtuales por un tiempo prolongado.
Las instituciones Dolores Veintimilla y Arnulfo Jaramillo Sierra, también en el distrito Nueva Prosperina, suspendieron igualmente las clases presenciales por un tiempo en 2025, debido a amenazas delictivas.
Los expertos consultados, además, coinciden en resaltar otro patrón. Si un estudiante vive en una zona controlada por una banda (por ejemplo, Tiguerones) pero su colegio está en territorio de otra (por ejemplo, Águilas), es etiquetado inmediatamente como “volteado” o “radar” (espía).
Docentes de Durán reportan que en dos colegios cercanos a su escuela han muerto varios estudiantes debido a la violencia criminal en los alrededores.
En julio de 2025, un estudiante de 16 años del colegio Eloy Alfaro de Durán, fue asesinado al pie de la institución educativa, cuando salía de clases. El 30 de junio de 2026 en Pedernales, en la provincia de Manabí, un estudiante de 16 años murió y varias personas resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en los exteriores de la Unidad Educativa Ciudad de Pedernales.
Para la psicóloga Liza Piñancela, esa convivencia constante de los estudiantes con balaceras, extorsiones y la presencia de bandas dentro de las aulas, tiene severas consecuencias en la salud mental de los menores de edad, pero también provoca que normalicen la violencia.
En agosto de 2026, el Ministerio de Educación presentó el Protocolo para prevenir, detectar y abordar casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en entornos escolares, que según dicen, “establece un marco de acción inmediato, diferenciado e interdisciplinario”.
Pero esos esfuerzos llegan tarde. Los docentes de instituciones públicas en barrios populares del país, identifican que el problema empezó en 2020, el año de la pandemia. Es decir, cuando la violencia en Ecuador empezó a escalar de manera acelerada. El protocolo no solo llega seis años después, sino que parece no ser suficiente.
Piñancela denuncia la ineficacia de las autoridades, la falta de inversión social y la desprotección de los adolescentes, quienes enfrentan un entorno donde la educación ha dejado de ser una opción viable.
El 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador, periodo en el que murieron 586 niños, niñas y adolescentes de forma violenta, según cifras del Ministerio del Interior. Es decir, uno cada 15 horas.
Un análisis de Indómita Media a estos datos muestra la dimensión de una violencia que golpea cada vez más temprano: entre 2021 y 2025, los homicidios de menores de 18 años aumentaron un 633 %, al pasar de 80 casos en 2021 a 586. Y la situación no ha mejorado. Hasta julio de 2026, otros 357 niños, niñas y adolescentes ya habían sido víctimas de homicidio.
Pero no solo hay más víctimas, también son cada vez más jóvenes. Históricamente, el grupo más afectado por los homicidios en Ecuador ha sido el de 25 a 29 años. En 2026, en cambio, el grupo con más víctimas es el de 20 a 24 años. La violencia está desplazándose hacia edades cada vez más tempranas.
Es como si ser niño o adolescente y vivir en un barrio empobrecido de Ecuador fuera una sentencia de muerte. “Aquí tenemos jóvenes que ni siquiera llegan a los 21 años porque mueren”, dice la hermana Susana Veloz.
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En Durán, la Policía Comunitaria llevó a cabo un plan piloto antirreclutamiento, en el que aplicaron dinámicas similares a un curso policial adaptado para niños, utilizando el ejercicio físico como método de corrección y autocontrol.
La iniciativa se enfocó en menores de 10 a 17 años, y posteriormente se reestructuró para edades de entre 11 y 17 años, permitiendo el ingreso de niños más jóvenes solo en casos sumamente especiales.
La sargento Lucía Medina cuenta que se encendió una alerta cuando empezaron a ver con detenimiento las cifras de niños y adolescentes aislados (una figura homóloga a la de la detención) y fallecidos en la ciudad, que alcanzó sus números más altos en 2025.
La detención de niños y adolescentes ha crecido en los últimos años. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, la Policía detuvo a 2106 personas entre 12 y 17 años, en 2021. La cifra subió en los años siguientes y llegó a los 2812 aprehendidos el año pasado. El panorama no ha cambiado en 2026. Hasta agosto, la Policía apresó a 2251 niños y adolescentes, un 22 % más que el año pasado en ese mismo periodo.
“Nosotros hicimos una investigación con los aislados que venían para acá”, dice Lucía Medina, en su oficina en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Durán. “Ahí yo me entrevistaba con ellos y también averigüé de dónde eran los menores de edad fallecidos”. Así, identificaron su relación con algunos colegios y escuelas de la ciudad, lo que les permitió delimitar con quiénes trabajar.
En lugar de ofrecer charlas aburridas que no interesan a los jóvenes —dice Medina— la Policía promociona el programa mostrando actividades físicas, deportes (como boxeo) y experiencias de aventura (como subir a torres o volar en aviones), apelando al gusto de los adolescentes por lo arriesgado y el trabajo en equipo.
Asimismo, dado que las bandas delictivas utilizan redes sociales como TikTok para atraer a los jóvenes mostrando lujos, dinero y armas, la Policía creó su propia cuenta en esta plataforma para competir por la atención de los menores. Aunque no queda claro si esa estrategia realmente obtiene resultados.
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La Asamblea Nacional de Ecuador tramita un proyecto de ley para erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desde diciembre del año pasado. Es una iniciativa del Gobierno Nacional. La propuesta nació del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Copruunna), órgano creado por el presidente Daniel Noboa en junio de 2025 que integra a 17 instituciones del Ejecutivo.
El texto ya entró a segundo y último debate del pleno de la Asamblea. La propuesta aborda la cooptación a través de plataformas digitales. No contempla la responsabilidad de las empresas tecnológicas en este problema —es decir, no las obliga a hacer ningún tipo de moderación, control previo ni colaboración con las autoridades— y deja la solución en manos del Estado y de los padres o los responsables del cuidado de los menores.
Plantea que el Estado adoptará medidas para implementar el bloqueo temporal de los accesos a direcciones IP, dominios URL y otros identificadores digitales que difundan contenido para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Señala que el Consejo de Comunicación —un ente autónomo y colegiado que protege los derechos de la comunicación en Ecuador— se encargue de monitorear los contenidos que promuevan el reclutamiento para que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) los bloquee. Asimismo, el proyecto propone que sea la Arcotel —institución adscrita al Ejecutivo— la que emita el reglamento para regular el bloqueo de estos contenidos.
El texto que entró a segundo debate descartó un elemento que se había tratado en el primero: la necesidad de contar con una orden judicial previa antes de interrumpir el acceso a los contenidos.
Para Lorena Naranjo, experta en derecho digital, sí es necesario contar con esas órdenes judiciales. “Si una entidad pública tuviera la potestad administrativa para cerrar o impedir IPs, el día de mañana podría hacerlo con sitios web opositores al gobierno”, señaló.
A través de un escrito, la Arcotel señaló que ya realiza ese tipo de bloqueos, pero en el ámbito de la protección de los derechos de autor, y subrayó que, para ello, siempre cuenta con una orden judicial previa. Aclaró que la institución no realiza los bloqueos directamente, sino que dispone a los prestadores de servicios de telecomunicaciones (los proveedores de internet) que los ejecuten. Agregó que la Arcotel, por ley, no regula contenidos sino el funcionamiento de las redes y servicios de telecomunicaciones.
La abogada constitucionalista Viviana Morales explicó que la competencia para emitir las órdenes de bloqueo de contenido que busque reclutar a menores de edad debería recaer sobre los jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia. Alertó que, para que las resoluciones judiciales sean expeditas, la Ley debería considerar este tipo de bloqueos como parte de las medidas de protección urgente. “Estas, los jueces resuelven en una semana o en dos”, indicó.
Jorge Merchán, experto en ciberseguridad, afirma que en sus diez años de experiencia en una empresa proveedora de internet, no ha visto que la Arcotel tenga una herramienta tecnológica capaz de hacer ese bloqueo de forma automática. Lo que esta institución suele hacer —dice— es crear regulaciones para que los prestadores de internet realicen los bloqueos.
Explicó que estos proveedores pueden identificar las direcciones IP y los dominios URL a través de los cuales se dirigen ataques en contra de sus usuarios y los desconectan. “Lo hacemos porque nosotros (los prestadores de servicios de internet) tenemos la administración completa del servicio de internet”, señaló.
Agregó que hacer bloqueos efectivos es muy complicado, pues quienes difunden contenido ilegal pueden cambiar de direcciones IP, de dominios URL y de registros DNS con mucha facilidad. Citó lo que sucede con las aplicaciones piratas de streaming. “A ellos les desbloquean todo el tiempo y ¿qué hacen? Cambian sus registros de DNS, ponen otros dominios y siguen funcionando”, afirmó Merchán.
Al respecto, la Arcotel señaló que, cuando un juez dispone un bloqueo, esta institución pide a los proveedores de internet que lo hagan de forma temporal y dinámica para ganar eficacia. Naranjo explicó que esto consiste en, no solamente dar de baja una IP, una URL o un DNS concretos, sino hacer vigilancia para detectar cómo los contenidos ilegales se mudan a otros canales y así continuar con los cortes.
Este fue otro elemento que quedó fuera del proyecto de ley para erradicar el reclutamiento. Antes, proponía que los bloqueos se realicen de forma temporal y dinámica. El texto que entró a segundo debate solo mantuvo el temporal.
La abogada constitucionalista Viviana Morales explicó que la competencia para emitir las órdenes de bloqueo de contenido que busque reclutar a menores de edad recaería sobre los jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia. Alertó que, para que las resoluciones judiciales sean expeditas, la Ley debería considerar este tipo de bloqueos como parte de las medidas de protección urgente. “Estas, los jueces resuelven en una semana o en dos”, indicó.
Naranjo subrayó la necesidad de contar con órdenes judiciales para interrumpir el acceso a cualquier contenido. “Si una entidad pública tuviera la potestad administrativa para cerrar o impedir IPs, el día de mañana podría hacerlo con sitios web opositores al gobierno”, señaló.
El proyecto de ley propone que serán las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, adscritas a los municipios, las encargadas de denunciar a las autoridades los casos relacionados con reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
El texto también señala la responsabilidad que tienen los padres sobre el cuidado de los menores para vigilar el uso de dispositivos electrónicos con el fin de evitar el reclutamiento. La propuesta plantea que, si los adultos no cumplen con ese cuidado, el Estado podrá activar medidas de protección a favor de los niños e, incluso, iniciar procesos penales.
Otra norma en el proyecto de ley es el endurecimiento de penas. En la actualidad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está penado con cárcel de 10 a 13 años. La iniciativa plantea penas de 22 a 26 años.
Este delito se incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en marzo de 2023. Hasta marzo de este año, la Fiscalía recibió apenas cuatro denuncias. Todas se plantearon en Guayas y se encuentran en indagación previa. Es decir que nadie ha sido procesado por este delito.
El proyecto de Ley se tramita en la Comisión de Transparencia, presidido por la asambleísta oficialista Diana Jácome. Este equipo le solicitó una entrevista, que fue negada por su apretada agenda, y le envió preguntas por escrito, que no fueron contestadas.
El martes 29 de septiembre, mientras la Asamblea debatía el proyecto, Jácome posteó un mensaje de Tim Ballard apoyando la iniciativa legal. Este exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y activista conservador dirigió la organización Operación Ferrocarril Subterráneo, dedicada al rescate de niños víctimas de trata. Dejó este cargo tras enfrentar denuncias de presunta conducta sexual inapropiada.
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Para Urresto, es importante hablar de captación o reclutamiento y no de niños, niñas y adolescentes que se vinculan a grupos delictivos. Por eso cree que etiquetas como la de “niños sicarios”, como la que circuló después de lo ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil, son estigmatizantes y deslindan de responsabilidad a quienes están detrás de los grupos delictivos.
“Empezamos a deshumanizar a los menores, a dejar de verlos como lo que son, niños, para comenzar a tratarlos como adultos. Y eso hace que no hablemos de reclutamiento forzado, sino de chicos que se vinculan”, dice.
Esa también es la mirada de Unicef, que dice en su estudio que el reclutamiento de menores de edad siempre es forzado y “es una de las formas más extremas de violencia y explotación”.
“Esta práctica atenta contra su derecho a crecer protegidos, a estar sanos, a estudiar, jugar y construir un proyecto de vida. Las consecuencias son devastadoras: les arrebata oportunidades y trunca su desarrollo”.
La hermana Susana Veloz no pierde la esperanza. “No les juzgamos. No somos nadie para juzgar el porqué estás ahí ni por qué permitiste que esto entrara en tu vida. Más bien les hacemos saber que aquí hay un espacio si quieres salvarte”, dice.
“Hay historias de salvación. Tenemos muchos chicos que ya tenían un arma en la mano y ahora están estudiando”.
Dos adolescentes están reunidos en la Isla Trinitaria, conversando, a la salida de uno de los cursos de la Policía, que ahora está llevando el programa piloto de Durán a algunos sectores conflictivos de Guayaquil.
“Yo quisiera terminar mis estudios y graduarme. Quisiera seguir ingeniería en sistemas en la universidad”, dice uno de ellos. “Yo quisiera graduarme y salir a la universidad y estudiar diseño gráfico”, dice el otro.
Pero saben que su entorno puede jugar en contra de sus sueños. “Nos preocupan las bandas delictivas que están tomando fuerzas en el barrio”, dice el primero.
Su amigo sigue: “Donde yo vivo es peligroso porque se ven hartísimos muchachos de bandas, yo he visto que pasan a cobrar vacunas y eso preocupa porque eso está ahí y uno nunca sabe lo que puede pasar”.
En el mundo digital es aún más difícil. El contacto ocurre sin que nadie lo vea y el algoritmo va llevando a los chicos cada vez más cerca de las bandas.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la seguridad de las fuentes
El Algoritmo Reclutador es una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Indómita Media (Ecuador), Cuestión Pública (Colombia) y Quinto Elemento Lab (México) que busca entender cómo el crimen organizado usa las redes sociales para reclutar niños, niñas y adolescentes en América Latina, y qué han hecho las grandes empresas tecnológicas al respecto. Con el apoyo de Oak Foundation y la revisión legal de El Veinte.
