Por Jose Luis Peñarredonda (CLIP), Andrea Rincón (Cuestión Pública), Thalíe Ponce y Paúl Mena Mena (Indómita Media) y Marcela Turati (Quinto Elemento Lab)
En Colombia, México y Ecuador, el crimen organizado usa los algoritmos de las redes sociales para atraer a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Las plataformas lo saben, pero prefieren enfocar sus esfuerzos en evitar tener que hacer todo lo que podrían para enfrentarlo.
—¿Pagan bien? —preguntó Pedro*, un adolescente colombiano que vivía en el suroccidente del país, en los comentarios de un video de Facebook que mostraba cómo le pagaban a otro chico por recoger hoja de coca de un cultivo.
—Escríbeme al interno — le respondió un integrante de un grupo criminal que se hace llamar Frente Dagoberto Ramos, emulando las viejas unidades de las extintas FARC que firmaron la paz en 2016.
Así recuerda Yiner Quiguantar, un joven líder indígena, la historia de como Pedro* pasó, en pocas semanas, de curiosear en redes sociales a ser parte de una organización armada. Quiguantar se dedica a ayudarles a escapar a niños y niñas que son captados por estos grupos criminales, y cada vez tiene más trabajo.
Como lo revelan las cifras oficiales y los testimonios recabados por investigadores sociales y periodistas de esta investigación en los lugares donde opera el crimen organizado en Colombia, México y Ecuador, las redes sociales son hoy una herramienta potente que usa para atraer a sus filas a cada vez adolescentes.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz calcula que el 44 por ciento de los jóvenes reclutados por grupos armados en 2025 fueron contactados a través de plataformas digitales. En ese mismo país, la Defensoría del Pueblo ha logrado documentar, entre 2024 y el 31 de julio de 2026, 1.173 casos de reclutamiento de menores de edad, y advirtió de un “importante subregistro”.
En Ecuador, una encuesta del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado revela que el 27 por ciento de los jóvenes indagados dijeron que se unieron a una pandilla tras ser contactados en alguna red social. Y aunque en México se desconoce la proporción de jóvenes reclutados a los carteles a través de las redes sociales, las autoridades han dado de baja cientos de cuentas tras el hallazgo del campo de entrenamiento y exterminio del Cartel Jalisco Nueva Generación en el Rancho Izaguirre, donde el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró hornos crematorios.
En ese momento, México tuvo una idea de la magnitud del reclutamiento digital: las autoridades, y testimonios de sobrevivientes, indican que una célula vinculada al lugar usaba perfiles de redes sociales para difundir falsas ofertas de trabajo y atraer a personas que eran citadas en terminales de autobuses y trasladadas al predio.
¿Qué han hecho las plataformas digitales frente a esta realidad? El Algoritmo Reclutador, una investigación colaborativa y transfronteriza coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto con Cuestión Pública (Colombia), Quinto Elemento Lab (México) e Indómita Media (Ecuador), encontró que su principal estrategia ha sido impedir que los gobiernos las obliguen a actuar.
Las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y expertos han documentado cómo se usan plataformas como TikTok o Facebook para el reclutamiento. Las mismas plataformas han colaborado ocasionalmente con las autoridades para eliminar perfiles y contenidos que tengan como objetivo reclutar menores de edad. No obstante, un vocero de TikTok, que pidió anonimato por razones de seguridad, negó a esta alianza periodística que tenga evidencia de que el reclutamiento de adolescentes ocurra en sus plataformas. “No hemos identificado patrones específicos que indiquen que estos grupos estén dirigiéndose directamente a menores”, respondió.
Meta admitió que ha probado modelos de inteligencia artificial para detectar “patrones de contenido tendientes al reclutamiento”, según un informe que publicó la empresa en 2026. En una declaración enviada a esta alianza periodística, Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, dijo: “El reclutamiento de menores por parte de Organizaciones e Individuos Peligrosos o de organizaciones criminales y terroristas está prohibido en nuestras plataformas. Eliminamos el contenido y las cuentas que infringen nuestra política de Organizaciones e Individuos Peligrosos, y seguimos invirtiendo en tecnología y equipos especializados para detectarlo de forma proactiva. También trabajamos de manera permanente con las autoridades de la región, respondiendo a solicitudes legales válidas y reportando casos aparentes de explotación infantil a las autoridades correspondientes».
A la vez que declaran estar preocupadas por esta posibilidad, las tecnológicas dueñas de las redes han acudido ante congresistas de los países, y ante autoridades de gobiernos, para evitar que las obliguen a tomar medidas proactivas para impedir que esos contenidos circulen. Por ejemplo, podrían haber detectado y sacado de circulación el video que vio Pedro*, tener canales de interlocución con las autoridades para reportarlo, y ampliar sus definiciones sobre contenido prohibido para incluir algunos videos en los que se promociona el estilo de vida del crimen organizado, que suelen ser el primer eslabón de la cadena del reclutamiento digital.
En Colombia, como lo documentaron Cuestión Pública y el CLIP, el lobby de las plataformas tecnológicas logró borrar de un proyecto de ley sobre reclutamiento un apartado que les imponía algunas de estas obligaciones. (ver Si te recluta el crimen, no es problema mío, en la que Cuestión Pública, aliado de esta investigación amplía esta historia).
En Ecuador, una ley que endurece las penas contra esta conducta obliga a las tecnológicas a sacar los contenidos que les pidan las autoridades, pero no a hacer monitoreos preventivos (ver Cómo el crimen organizado capta en redes sociales a niños y adolescentes en Ecuador).
En México, se han presentado decenas de propuestas de ley en el Congreso nacional sobre reclutamiento de menores de edad, pero ninguna ha llegado a ser ley. Varios estados han logrado aprobar leyes que buscan penalizar esta práctica, pero ninguna de ellas menciona el rol que las plataformas digitales juegan en ella, ni les impone alguna obligación.
A juicio de los expertos entrevistados por esta alianza periodística, sin acciones preventivas como estas no será posible impedir que el crimen organizado siga usando plataformas digitales para reclutar. Como dice Quiguantar, “las redes restringen las cuentas, sí, pero después de un tiempo vuelven y operan».
Bailes, mensajes y ofertas de trabajo
El reclutamiento digital es un proceso que toma tiempo y exposición. Mathew Charles, un investigador posdoctoral de la Universidad del Rosario en Bogotá y director de la Fundación Mi Historia, que ha investigado extensamente el rol de los niños y niñas en el conflicto colombiano, identifica tres etapas en el proceso del reclutamiento digital: exposición, interacción y activación. En la primera, los jóvenes entran en contacto con el contenido en redes. En la segunda, interactúan con cuentas de los criminales, con lo que muchas veces se ponen a disposición de ellos para la etapa final: el reclutamiento físico y su entrada en el crimen organizado.
El reclutamiento digital es un proceso que toma tiempo y exposición. Mathew Charles, un investigador posdoctoral de la Universidad del Rosario en Bogotá y director de la Fundación Mi Historia, que ha investigado extensamente el rol de los niños y niñas en el conflicto colombiano, identifica tres etapas en el proceso del reclutamiento digital: exposición, interacción y activación. En la primera, los jóvenes entran en contacto con el contenido en redes. En la segunda, interactúan con cuentas de los criminales, con lo que muchas veces se ponen a disposición de ellos para la etapa final: el reclutamiento físico y su entrada en el crimen organizado.
La exposición puede ocurrir por accidente: buscando en TikTok canciones que están de moda, o simplemente porque el algoritmo les muestra un video. Quigantar lo ha visto en su familia: un día, uno de sus sobrinos buscó en esa plataforma una canción para bailar con su hermana. “Lo primero que le sale es una niña señorita que hace parte de la disidencia de las FARC, bailando”, cuenta.
La música es, muchas veces, la puerta de entrada a estos contenidos. Como se lo confirmó, en respuesta a un pedido de información, la Presidencia de la República de Colombia a Cuestión Pública y al CLIP, miembros de esta alianza periodística, el crimen organizado elige a los artistas que hacen conciertos en las zonas dominadas por ellos y logra ponerlos de moda, para que luego sus canciones lleguen a TikTok y “ellos ayudan a masificar la música y a partir de las composiciones de los artistas regionales, crean ‘remix’ que al final son puestos para ‘viralizar’ contenidos a través de TikTok.”
En Ecuador también funciona así. Como reportó Indómita Media, aliado de esta investigación transfronteriza, los grupos criminales ecuatorianos tienen incluso estudios de grabación para sus artistas.
La música del cantante New Jerson circula en videos de TikTok alusivos al grupo criminal Los Choneros. En un concierto suyo del pasado mayo en Isla Trinitaria en el sur de Guayaquil, una zona con fuerte presencia de pandillas, los asistentes comenzaron a sacar armas sin ningún miedo, según contó Andrés*, un joven que conoce las dinámicas del lugar. “No te prohíben que tomes fotos, nada de eso. Yo creo que lo hacen como para que también multipliquen lo que pasa ahí”, dice. El cantante, que se llama Jerson Saldarriaga, fue detenido en mayo de 2026 en un operativo donde se encontraron drogas y televisores robados relacionados con ese grupo criminal. Fue acusado de asociación ilícita, aunque insiste en su inocencia y el caso está en juicio.
Esta alianza periodística se contactó con la abogada de Saldarriaga, pero no recibió respuesta.
En México, muchos de los videos de reclutamiento y propaganda criminal que circularon en TikTok en México entre marzo y agosto de 2025, y fueron analizados por el Colegio de México para un informe sobre el tema, tenían de fondo música con temas narco, que en ocasiones hacen alusión directa a los carteles y trabajar para ellos. “Puro vato acá bien bélico no sienten el temor, bien encapuchados vamos, bien sobres de la misión. Para andar en este jale se ocupa más que valor”, dice la canción, que a la fecha lleva más de 185.000 reproducciones en Spotify.
Otro punto de entrada son los emojis. Cada grupo delincuencial se identifica con sus propios íconos (esta investigación no revelará los íconos de cada banda para no amplificar esa información) y basta con digitarlos en los buscadores de las plataformas para encontrar el contenido. Los emojis, además, sirven para que el radar de la moderación no los vea, pero los jóvenes a los que se dirigen sí. En cambio, si se busca el nombre de un grupo armado, no aparece ningún resultado.
Ninguno de estos símbolos, en sí mismo, es una señal concluyente de que un contenido está relacionado con un grupo armado. Como lo señala un informe de la organización Save the Children y la Fundación Mi Historia publicado en junio de 2026 sobre reclutamiento digital en Colombia, “las combinaciones de símbolos y códigos son más relevantes que los elementos individuales. Es en la convergencia de señales donde se construye el significado”.
La segunda etapa, de la interacción, comienza muchas veces cuando el chico hace un like o un comentario. “Cuando un ‘pelado’ le da like al video de una banda, a la persona que está manejando esa cuenta le va a llegar una notificación, y esa persona va a tener toda la libertad para escribirle un mensaje directo”, explica el antropólogo ecuatoriano Gabriel Brito, quien ha investigado el reclutamiento digital en su país.
En otras ocasiones el intercambio es más explícito. En los tres países que hacen parte de esta investigación se ha documentado que las bandas a veces ofrecen trabajo en esas publicaciones. Y otras veces, son los mismos chicos quienes se ofrecen para trabajar, por mensaje privado o a veces en público. “Incluso suben fotos con sus amigos y con su grupo diciendo ‘Aquí tienes a tres’”, cuenta Brito.
El investigador señala que cuando la plataforma ya identifica que un usuario tiende a consumir y a interactuar con ese contenido, las ofertas vienen solas: “ya se convierte como en un LinkedIn del crimen organizado, porque el algoritmo ya te va mostrando ofertas laborales”, dice.
En México, autoridades policiales le dijeron a Quinto Elemento Lab, aliado de esta alianza periodística, que la mayoría de jóvenes caen en el reclutamiento porque responden a falsas ofertas de empleo.
Estas ofertas buscan explotar, por un lado, la precariedad y las necesidades de estos jóvenes o niños y sus familias, y por otro, su necesidad de reconocimiento y comunidad. Cuando no prometen dinero o trabajo, promocionan un estilo de vida aspiracional que, a juicio de la sargento Lucía Medina, de la policía de Ecuador, alimenta en los chicos y chicas “la ilusión de que pueden tener dinero, de que pueden tener una moto, de que se sientan poderosos”.
Para las chicas, este rol es incluso más marcado. “Se las muestra en redes sociales con uniformes, armas o en contextos de aparente poder y libertad”, dándoles estatus y reforzando “estereotipos patriarcales de la mujer como ‘premio’ o ‘anzuelo’ en medio de la guerra”, dice un informe de la organización colombiana Vivamos Humanos.
La activación, la etapa final del proceso, es crítica para las organizaciones criminales: necesitan reclutar mucho para no perder su capacidad de funcionar. En 2022, un estudio publicado en la revista Science decía que, en México, “los carteles deben reclutar entre 350 y 370 personas al día para no colapsar debido a las pérdidas agregadas”. Algo similar ocurre en Colombia, donde un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país asegura que “el reclutamiento permanente responde a una necesidad de reposición: los menores mueren en combate”. En Colombia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, 73 niñas, niños y adolescentes habrían muerto en operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026.
La evidencia disponible muestra que las redes son un método muy efectivo para reclutar. La ONG Vivamos Humanos detalla que otro grupo criminal autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia tiene —o por lo menos, aparenta tener— una especie de operador para manejar las “solicitudes” para unirse a ellos. Al escribirles, contestaron: “Son muchos los msj (mensajes) que nos llegan. Estamos haciendo lo posible por contactarlos”.
E incluso cuando los jóvenes que consumen el contenido no siempre terminan siendo reclutados, las bandas se benefician de toda esta operación, pues “normaliza la presencia de las pandillas en la cultura juvenil incluso antes de que ocurra algún contacto formal con la organización”, como explica Brito en un artículo académico sobre el tema.
Lo que hacen, o no, las plataformas
Las Big Tech saben que esto ocurre dentro de sus plataformas y servicios, y han hecho cosas al respecto. En junio de 2026, Meta anunció que había “actuado sobre” 101 cuentas y un grupo de Facebook, y 54 cuentas de Instagram que “parecían estar involucradas en esfuerzos de reclutamiento y la promoción y glorificación de actividad criminal”.
Desde 2024, cuando se conoció el caso del Rancho Izaguirre, TikTok ha sacado decenas de cuentas en México, muchas de ellas a solicitud de la Secretaría de Defensa. “Las solicitudes de las autoridades son atendidas en menos de 24 horas por un equipo de trabajo de TikTok dedicado a este tipo de situaciones. Cuando hay una solicitud urgente, se atiende de manera inmediata”, dijo un vocero de TikTok a esta alianza periodística.
Pero muchas personas que han investigado el tema dicen que esto no es suficiente. Para realmente atajar estos contenidos, coinciden los estudiosos, las plataformas deberían moderar y excluir los contenidos desde antes de que lleguen a los y las menores de edad, fortalecer los mecanismos de denuncia y entender que el reclutamiento es un proceso que comienza mucho antes de que las víctimas entren en contacto con los criminales.
Un primer problema es que un investigador, un padre o madre o un profesor no tienen una forma fácil de reportarles a las plataformas los contenidos de reclutamiento, explica Felipe Cortés, de la organización Save the Children. “Necesitamos generar un mecanismo muy transparente para que cualquiera que vea ese contenido pueda hacérselo llegar a las plataformas”.
Tampoco hay un “marco de cooperación estructurado entre plataformas y el Estado mexicano” para hacer esta clase de reportes, según el citado informe del Colegio de México sobre reclutamiento digital. Y las leyes estatales que buscan penalizar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ni siquiera menciona a las redes sociales.
En Ecuador tampoco se dan estos mecanismos expeditos para impedir que estos contenidos que sirven de anzuelo para los jóvenes sean eliminados a tiempo. Además, un proyecto de ley que aumentaría las penas por el reclutamiento digital y obligaría a las plataformas a remover estos contenidos tampoco crea este espacio, como lo reportó Indómita Media. El proyecto ya superó el primer debate.
En Colombia, una ley firmada en junio de 2026 sí crea un comité que busque impedir la circulación de esos contenidos, pero las tecnológicas lograron que esa ley no las obligara a detectarlos tempranamente y a trabajar con las autoridades en prevenirlos y bloquearlos, como buscaban los autores de la iniciativa. El Ministerio de las TIC, por su parte, anunció otro comité con ese mismo objetivo en agosto en una reunión con representantes de la industria tecnológica, pero no respondió preguntas de esta alianza sobre la operación y los compromisos que éste tendrá.
Las redes sociales siguen permitiendo que estos mensajes del crimen circulen, agazapados tras una “cultura” de libertad y poder para los jóvenes. Los contenidos que promocionan el estilo de vida de los grupos armados permanecen publicados por semanas en TikTok, como constató esta alianza periodística —algo que también denunció la organización Human Rights Watch en un reciente informe sobre el tema, mostrando además que hay “docenas de comentarios de usuarios que expresaban interés en unirse a los grupos armados”.
Como lo verificaron Cuestión Pública y el CLIP, un perfil de TikTok que fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en 2024 a un reclutador del grupo armado que se hace llamar frente Dagoberto Ramos en el Cauca seguía activo en 2026, y seguía a la vista del público sus contenidos promocionando a este grupo, reconocido por su violencia extrema que ha causado un gran sufrimiento a la población, según documentó la organización Pares en 2024.
Bajar o eliminar contenidos cuando las autoridades lo piden tampoco parece una solución suficiente para impedir que la propaganda para el reclutamiento se detenga, en gran parte porque reponer cuentas que han sido cerradas es fácil. “Tú te bajas una cuenta, ellos se crean 100”, dice Brito, “y pueden crear miles de millones de bots que si te eliminan unas, van a subir otras nuevas con el mismo contenido, o incluso con ‘mejor’ contenido”.
Pero, como lo dijeron dos fuentes que pidieron anonimato para poder conversar sobre discusiones privadas sobre estos temas al interior de las empresas, no es claro que todos los contenidos que buscan reclutar menores infrinjan las normas de las plataformas, por lo que no es fácil retirarlos de allí.
Frente a esto, dice el Colegio de México en su informe, “TikTok debe invertir en algoritmos capaces de identificar las combinaciones de elementos narrativos y culturales que caracterizan los relatos de reclutamiento”.
En diferentes instancias también se les ha pedido a las plataformas que revisen los algoritmos que deciden qué contenidos se les recomiendan a los usuarios. Es decir, que impidan que estos algoritmos sean usados por los criminales para reclutar. Como lo plantea el Consenso Nacional de Cuidado Digital —una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil en Colombia dirigida a las plataformas—, sería deseable “evitar prácticas manipulativas, patrones oscuros y estrategias de diseño persuasivo, y limitar el uso de datos personales sensibles”.
El problema es que los equipos locales de las plataformas en América Latina no tienen la posibilidad de hacer esos cambios. Un común denominador que aparece en las discusiones con las tecnológicas es que los cambios de producto solo se pueden aprobar desde la casa matriz, según dos miembros de organizaciones la sociedad civil que han participado en ellas y pidieron anonimato para revelar información confidencial. Uno de ellos cuenta la respuesta que obtuvo de un ejecutivo de una de estas empresas: “Yo en Colombia no puedo hacerle nada, a no ser que San Francisco me diga que hoy lo va a cambiar”.
Incluso, las plataformas han evitado reunirse con quienes conocen el problema de primera mano. El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha buscado, sin éxito, una reunión con representantes de las plataformas, como estableció Quinto Elemento Lab. Y en Colombia, la Defensoría del Pueblo lleva más de un año intentando dialogar, sin éxito, con representantes de las tecnológicas para acordar unos mínimos de moderación, según confirmó la entidad en respuesta a un derecho de petición enviado a esta alianza periodística.
Para ellos, los encuentros han sido muy frustrantes. “Hablarles a las tecnológicas es hablarle a una pared”, cuenta Alejandro Castañeda, un experto en seguridad digital y protección infantil que ha hecho parte de esos acercamientos. “Es hablarle a una pared que te dice de antemano: ‘No voy a hacer absolutamente nada”.
En su declaración a esta alianza periodística, un vocero de Meta no respondió a una pregunta sobre esos acercamientos. Dijo que la empresa colabora “con expertos y ONG en terreno para llevar a cabo campañas de prevención que llegan a las personas que potencialmente han estado expuestas a estas organizaciones o individuos, conectándolas con recursos de apoyo locales”.
En México, TikTok se ha reunido con algunas organizaciones “aliadas” para hablar de entornos seguros digitales, y dice que “las solicitudes de las autoridades son atendidas en menos de 24 horas por un equipo de trabajo de TikTok dedicado a este tipo de situaciones”.
Mientras tanto, cientos de adolescentes como Pedro* siguen a merced de los grupos armados. Él tuvo suerte, pues logró entrar en contacto con Quiguantar, el líder indígena que rescata jóvenes reclutados, y escapó del grupo que lo tenía en su poder. Cada rescate es lento y peligroso; no ocurren con mucha frecuencia. Son una resistencia artesanal frente a la escala del algoritmo reclutador, y Quiguantar no da abasto. Como él dice, “hay muchos niños y jóvenes en los grupos armados que todavía buscan salir”.
*: Nombres cambiados para proteger la seguridad de las fuentes.
El Algoritmo Reclutador es una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Indómita Media (Ecuador), Cuestión Pública (Colombia) y Quinto Elemento Lab (México) que busca entender cómo el crimen organizado usa las redes sociales para reclutar niños, niñas y adolescentes en América Latina, y qué han hecho las grandes empresas tecnológicas al respecto. Con el apoyo de Oak Foundation y la revisión legal de El Veinte.
