Bajo la política de “mano dura” del Gobierno de Daniel Noboa, Ecuador enfrenta un aumento de las desapariciones forzadas y graves vulneraciones de derechos humanos. En esta entrevista, Suelin Noriega, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), habla sobre esta problemática.
El 8 de diciembre de 2024, los niños Steven Medina, Josué e Ismael Arroyo, y Nehemías Arboleda, salieron de sus casas, en Las Malvinas, un barrio empobrecido en el sur de Guayaquil, a jugar fútbol a un parque, como lo hacían todas las semanas. Pero ese día no volvieron.
Una patrulla militar los detuvo y 16 días después, el 24 de diciembre de 2024, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y con signos de tortura cerca de una base militar en Taura, a unos 45 kilómetros de sus hogares.
El Gobierno dijo inicialmente que los cuatro menores eran ladrones, y que habían sido llevados por grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, durante la investigación, la Fiscalía señaló que no existían evidencias que sustentaran esa versión. Luego se comprobó que quienes se los llevaron fueron militares.
“Eran futbolistas, no eran terroristas”, es el grito que se escucha en su barrio desde su desaparición forzada y posterior asesinato. Steven, Josué, Ismael y Nehemías eran inocentes. Lo confirmó el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, el 22 de diciembre de 2025, cuando sentenció a16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por el delito de desaparición forzada. Posteriormente, la Corte Constitucional de Ecuador también declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la desaparición forzada y muerte de los cuatro.
El caso de ‘Los cuatro de Las Malvinas’ se convirtió en una herida profunda, en un símbolo de la fallida política del gobierno de Daniel Noboa, que declaró al Ecuador —a través de un decreto presidencial— en conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, contra las organizaciones narcodelictivas que operan en el país. El Decreto 111 identificó a 22 organizaciones como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía contra ellas.
Hoy, esa cantidad se ha duplicado. La política de “mano dura” contra el narcotráfico del presidente Noboa, no solo no ha logrado aplacar los números. Ha servido de marco para grandes violaciones contra los derechos humanos. En su informe sobre Ecuador de 2025, Amnistía Internacional señala que se realizaron miles de posibles detenciones arbitrarias, que parecían dirigirse desproporcionadamente contra grupos históricamente discriminados, entre ellos: personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas de bajo nivel socioeconómico, y jóvenes.
Han pasado dos años desde que ‘Los cuatro de Las Malvinas’ desaparecieron, pero el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registra 53 casos de desapariciones forzadas desde la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. Esta es una entrevista con Suelin Noriega, del CDH, organización que patrocina legalmente 38 casos y acompañó la creación del Comité de Familiares por Verdad y Justicia, compuesto principalmente por madres buscadoras.
¿Qué significa la cifra de 53 casos de víctimas de desaparición forzada en Ecuador? ¿Qué hay detrás de esos números?
Según el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, es de 51. Tomando esa cifra y otros casos de los que hemos tenido conocimiento, desde el CDH registramos 53. De esos, damos patrocinio legal a 38 casos. Existe un subregistro porque muchos otros casos están en Fiscalía como desaparición involuntaria o secuestro. Es decir, están mal tipificados y por tanto, en unidades judiciales incorrectas. Este registro de más de 50 personas empieza en 2024, a partir de la declaratoria de conflicto armado interno. Además, tenemos registro de ejecuciones extrajudiciales y un aumento significativo de graves vulneraciones a derechos humanos. Este supuesto conflicto armado interno marca un discurso de que existe un enemigo y de hay que atacar a ese enemigo sin compasión, pero quienes realmente hemos sido los perjudicados, somos los civiles. Bajo esa narrativa de militarización, los cuerpos civiles se han puesto a la merced de políticas poco eficaces y de un plan de seguridad que no existe. Y eso ha roto vidas inocentes, familias y proyectos de vida.
Hemos estado prácticamente en un estado de excepción permanente desde 2024, hemos tenido al menos 25 desde entonces. Y con ellos, toques de queda y restricciones de derecho. No es coincidencia que las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, los lugares con mayores casos de desapariciones forzadas, son también las provincias donde ha habido más toques de queda y más operativos militares en los últimos años.
¿Qué características comunes han encontrado entre los 38 casos que acompañan?
La mayoría son hombres. Hay solo dos mujeres, una en Los Ríos y otra en Guayas, en Guayaquil. La mayoría de hombres son jóvenes, de sectores rurales, especialmente en Los Ríos, donde está la mayor concentración de casos. De los 53 que hemos reportado, hay nueve menores de edad. En esta cifra están contemplados los cuatro niños de Las Malvinas.
Hemos identificado un patrón: en la mayoría de casos, los militares se acercaron a los jóvenes y les hicieron preguntas, por ejemplo si conocían a alguna persona. Cuando la respuesta fue que no, se los llevaron “para investigación”. La mayoría de casos han ocurrido en las posibilidades del marco legal del estado de excepción, que suspende la inviolabilidad de domicilio, es decir permite (a la Policía y las Fuerzas Armadas) ingresar a tu casa sin permiso. La libertad de realizar allanamientos sin una orden judicial les posibilita tomar a los jóvenes. Luego las familias van a las unidades policiales más cercanas a preguntar por ellos, pero no aparecen. Es una estructura.
Uno de los chicos logró escapar de un centro de detención provisional, el Cuerpo de Bomberos del cantón Montalvo (Los Ríos), que fue prestado a las Fuerzas Armadas. Siendo menor de edad lo detuvieron y lo desaparecieron. Tras escapar, puso una denuncia y dio su versión de los hechos, pero las autoridades competentes nunca hicieron nada.
Cuando una institución como las Fuerzas Armadas asume funciones de seguridad ciudadana que constitucionalmente corresponden a la Policía, vemos estos problemas. Hay nociones que no tienen. Y aunque sí hay violencia en las calles, esto no es una guerra. Sin embargo, llegan los militares a barrios empobrecidos con todo su aparataje y equipamiento militar, con armas, rifles, a pretender hacer un uso progresivo de la fuerza. Las familias se asustan. Muchas de las madres de las víctimas se subían a las camionetas tratando de impedir que se lleven a sus hijos porque tenían miedo de que no regresen. Y ahora vemos que era un miedo real, porque los siguen buscando. Cuando hacían esto, los militares les apuntaban con el rifle y les decían “bájate o te llevamos a ti también”. Una de ellas estaba embarazada y el impacto del golpe, al ser lanzada de la camioneta por un militar, le ocasionó un aborto espontáneo.
Estamos hablando de militares armados que van a buscar información y terminan desapareciendo personas. No tienen una misión clara y eso lo pagamos los civiles.
¿Qué elementos permiten hablar de desaparición forzada? ¿Qué se sabe sobre la presunta participación de miembros de las Fuerzas Armadas?
El discurso oficial de que los autores de estas desapariciones forzadas no son militares, sino personas vestidas de militares, no es convincente, porque en algunos casos hay fotos, videos y testigos. Cuando existe una implicación militar, el testimonio es válido como herramienta legal: saber que hay otras personas que presenciaron los hechos, además de los otros registros. Cuando existe el material, es gracias a la propia comunidad, a los vecinos, a la cámara de una tienda. A excepción del caso de Las Malvinas, que era un registro audiovisual municipal. Pero en algunos casos no hay una foto o un video porque algunos vecinos temen que eso los ponga en riesgo.
En Esmeraldas, el caso de la mujer que empujaron quedó registrado porque una vecina grabó todo con su celular. La chica subió el video a redes y se hizo viral. Luego, unos militares fueron a su casa y le rompieron el celular, pero el video ya estaba publicado. Por eso, ahora muchos militares quitan los celulares antes de entrar en alguna casa o realizar algún operativo.
De esta forma, sabemos que las desapariciones están enmarcadas en operativos, aunque no sabemos con claridad cuáles operativos ni con qué fines. Esas son las consecuencias de tener un plan de seguridad poco claro.
Luego, en los avances de las investigaciones, vemos que hay participación de algunos agentes militares en los mismos casos. Por ejemplo, hay un militar involucrado en tres casos en Los Ríos. Los pequeños avances en la Fiscalía demuestran que hay operativos y patrones similares en los militares.
Se supone que todo ciudadano está bajo el respaldo de la ley, pero en una desaparición forzada, tras ser aprehendido por un agente del Estado, uno pierde esas garantías y, en lugar de estar bajo el respaldo de la ley, queda bajo la tutela de la persona que lo ha aprehendido: incomunicado, sin que sus familiares ni nadie más conozcan su ubicación. Estos son los signos de la desaparición forzada.
¿Existe el riesgo de que, en medio de la violencia y las desapariciones vinculadas al crimen organizado, las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales queden invisibilizadas?
Ya se ha tratado de hacer. En el caso de ‘Los cuatro de Las Malvinas’, en primera instancia, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que el caso no tenía nada que ver con militares, que los niños eran delincuentes a quienes se los llevaron grupos de delincuencia organizada, y finalmente se demostró que fueron militares y que los niños eran inocentes. Siempre hay deslegitimación desde el discurso oficial.
Hay una responsabilidad estatal tanto en las desapariciones forzadas, donde hay una clara implicación de agentes militares, como en las desapariciones en general, ya que las cifras de desapariciones en el país han aumentado significativamente. El Estado debe responder por qué están desapareciendo a las personas, por qué no se puede tener una vida regular en las calles, por qué cada familia está pensando en que quizás un familiar desaparezca.
Pero claro, sí te da herramientas jurídicas distintas el que haya implicación de militares, porque al ser una entidad estatal debe tener protocolos y tener claridad de quiénes salieron a realizar operativos. Si cometen alguna aprehensión, deben seguir un proceso. Deberían llevar un registro de a quiénes detuvieron, en colaboración con qué institución, bajo qué figura, etcétera, pero no hay ese registro, a diferencia de la policía que tiene un parte. Pero al menos existe el registro de las patrullas que salen a hacer cierto operativo.
A nivel jurídico, al ser un caso de desaparición forzada, donde hay implicación de agentes estatales, debería poderse acceder a estas bitácoras para llamar a los implicados a rendir versión y acercarse a la verdad. Pero esto ha sido bloqueado por el Ministerio de Defensa, que ha clasificado esa información. Esa es ahora la mayor brecha para las familias y el CDH, que estamos pidiendo su desclasificación. También lo piden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Es gravísimo que se ejerza desde el Estado y que haya complicidad al no dar información, porque ellos tienen los nombres de quiénes participaron en los operativos. Esto plantea cuestionamientos alrededor de, incluso, la democracia.
¿Han observado intentos de criminalizar, intimidar o desacreditar a las familias?
Todo el tiempo. La mayor herramienta de este gobierno ha sido ponernos de enemigos. Hay un peso en ser el familiar de alguien a quien se lo llevaron militares, porque bajo la narrativa del gobierno de “yo soy el bueno y tú eres el terrorista”, se justifican graves vulneraciones. La sociedad dice “por algo se lo llevaron”, “que los maten, que los desaparezcan”. La deslegitimación adquiere nuevos matices: las madres y otros familiares de desaparecidos no solo son deslegitimados por el discurso oficial, sino por la misma comunidad, y eso rompe el tejido social e instaura una narrativa nociva para la dignidad. Estamos bajo una lógica de punitivismo bastante grave, y no nos damos cuenta que al perder el sentido básico de derechos humanos y de protección estatal, nos ponemos en riesgo todos. Porque bajo esa lógica, pueden detener y desaparecer a cualquiera. El siguiente puedes ser tú o un familiar tuyo.
A nosotros como CDH también han buscado deslegitimarnos, tratando de posicionarnos como defensores de delincuentes, cuando en realidad somos defensores de la vida digna y los derechos humanos. Ante esto, la estrategia ha sido apoyarnos en organizaciones internacionales que nos ayudan a poner la mirada sobre lo que está pasando en Ecuador porque es súper grave y no lo estamos viendo con claridad.
¿Qué significa para una madre convertirse, de un día a otro, en una “madre buscadora”? ¿Cómo cambian la vida y el proyecto de vida tras la desaparición de un hijo o hija?
Cambia algo para siempre, hay un dolor profundo. Cuando uno pierde un esposo, se queda viudo o viuda, cuando uno pierde padres, se queda huérfano, pero cuando una madre o padre pierde un hijo, ni siquiera hay palabra para nombrar esa pérdida. Y es más doloroso cuando ni siquiera hay un cuerpo y cuando se está habitando constantemente el lugar de la duda. Estas madres están todo el tiempo haciéndose preguntas: ¿estará muerto?, ¿estará vivo?, ¿estará comiendo? Y así, empiezan a vivir sus vidas desde la duda, la angustia y la culpa. Por ejemplo, una de ellas no puede salir a un restaurante porque se siente culpable de estar comiendo mientras no sabe si su familiar estará siquiera vivo, peor aún comiendo. Estar en el lugar de la duda rompe con la posibilidad de construir una vida. Su proyecto de vida se ve destruido y con difícil posibilidad de elaborar uno nuevo, porque están constantemente en la espera.
Afecta también en lo económico, porque sus casos están acá, en Guayaquil. Las que viven en otras provincias tienen que viajar constantemente. En algunos casos, las personas desaparecidas eran quienes sostenían económicamente el hogar. Tienen hijos, entonces a ellas les toca salir a trabajar y conseguir el sustento de la familia, mientras dedican mucho tiempo a la búsqueda y a los procesos legales. Toda su vida se acomoda en relación con la desaparición.
Y también están en un vacío legal. Por ejemplo, en relación con las deudas o el dinero que tiene su familiar desaparecido en el banco, no existe una figura legal para ellas. Cuando alguien fallece, se entrega en el banco el acta de defunción, pero ellas no tienen un acta que reconozca la desaparición. Sus esposos no están, pero no cuentan con una figura legal que les permita realizar gestiones. Y si son más de 50 casos, se debe hacer algo. Las han despojado incluso de la posibilidad de realizar gestiones básicas.
¿Qué historias o experiencias de estas madres la sociedad debería conocer para dimensionar la problemática o al menos sensibilizarse sobre lo que está pasando?
Para mí lo primero es bajar las defensas alrededor del discurso de “tú eres el enemigo” o “por algo se lo llevaron” y sentarse a hablar con alguna de ellas. A mí me sorprende la resistencia que tienen sus cuerpos. Hace un año y medio hicimos un plantón en Quito para el cual no había presupuesto para hospedaje, entonces viajamos por la noche, estuvimos el plantón toda la jornada y esa noche regresamos a Los Ríos. Yo, con mi cuerpo medianamente joven, me sentía agotada, pero había madres de más de 70 años que estaban ahí con su cartel; son familiares que generalmente están silenciosas, pero que no faltan a una reunión o convocatoria. Su presencia es constante porque la urgencia de respuestas es más grande que sus necesidades fisiológicas o limitaciones físicas. Y eso debería plantearnos preguntas como sociedad.
Historias hay muchas, no solo de las madres. Pienso en cómo se sostiene la espera y cómo han dejado el deseo de vivir dignamente. Por ejemplo, está Britney, que al momento de la detención de su papá tenía 14 años. Cuando cumplió 15 años —que para nosotros como cultura representa un hito— no quiso celebrar porque faltaba su papá. Finalmente la familia la convenció e hicieron una reunión pequeña. El primer pedazo de torta que cortó, lo guardó en el congelador para cuando regresara su papá. Hay un tema de la memoria que sostienen diariamente pese a la falta de respuesta. Y los hitos de vida no representan lo mismo para ellas, están sobreviviendo las celebraciones.
Otro caso es el de Lucas, el hijo de Jonathan Villón, detenido desaparecido en 2024 en Guayaquil. Él tiene cuatro años y también va a los plantones, sostiene carteles, pero no estaba registrado en el Registro Civil. Hay que pensar que muchas de estas familias están en condiciones socioeconómicas precarias, entonces el derecho a la identidad tiene otros tiempos. Ahora está en otro vacío legal porque quiere ser registrado con el apellido de su papá, pero no hay cómo, y esa es otra lucha. Entonces, ¿cómo le borran hasta la identidad a un niño?
¿En qué momento estas madres dejan de ser solo familiares de una víctima y se convierten también en defensoras de derechos humanos? ¿Qué transformación hay en ellas y qué implicaciones tiene?
Dentro de todo lo que han sido despojadas, han encontrado en la búsqueda y el acompañamiento mutuo, una forma de resistencia. El saber que hay otra mujer, madre, tía, hermana, que entiende ese dolor, las hace sentir prtotegidas y menos solas. Esto no es algo que desearon o siquiera imaginaron; lo que más quieren es tener a su familiar de vuelta, saber qué pasó, pero la organización es la forma más eficiente que encuentran de dar respuesta a sus propios casos. El Comité de Familiares por Verdad y Justicia inició para mantener el acompañamiento legal estratégico, pero se convirtió en su forma de dar un sentido activo a la falta de respuesta estatal.
Cuando se convierten y se nombran defensoras de derechos humanos, recuperan un sentido activo en su propia historia. Porque nadie busca como busca una madre, como busca una tía. Para ellas se rompió todo: la sociedad, el Estado. Están aisladas y este grupo les ha dado otras formas de buscar. Dar una entrevista, por ejemplo, es una forma de buscar.
En otros países de América Latina existen movimientos de madres y familiares de desaparecidos que terminaron convirtiéndose en símbolos de resistencia. ¿Hay algo de esa experiencia que esté comenzando a ocurrir en Ecuador?
Nos hemos aliado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Flacso y Mujeres de Frente, y desde ahí se han organizado talleres con mujeres buscadoras de Querétaro (México), de Medellín (Colombia); también hubo un evento con las Cantadoras del Tumaco, un grupo de mujeres afrocolombianas, que utilizan cantos ancestrales para sanar la desaparición de sus familiares en el conflicto armado de ese país. Es importante ver el proceso de las otras, aunque esto hace que se fragilicen porque ven casos de buscadoras que llevan 20, 40 años buscando, y eso implica considerar esa posibilidad, que es bastante dolorosa. Pero al mismo tiempo, de alguna forma también les da esperanza, sentir que pueden hacer más, organizarse más.
Es importante pensar a estas mujeres más allá del hecho violento —la desaparición forzada— y verlas como un símbolo de resistencia, de esperanza y de profundo amor. Y hablo del amor porque son mujeres que fueron violentadas, a quienes se despojó de su proyecto de vida y sus hijos, a quienes se les ha hecho un daño profundo y su discurso es “solo los queremos de vuelta”. No quieren venganza, e incluso como forma de protección ni siquiera quieren saber quién se los llevó. Sí hay una necesidad por verdad y justicia y por el proceso judicial, pero lo que más desean es que regresen a su familiar.
Esta entrevista fue publicada originalmente en el medio taz de Alemania, y hace parte del programa Euroamérica: Understanding and Cooperation between Europe and Latin America. Esta es una versión extendida de su publicación original en alemán.
