«En la penitenciaría no existe el derecho a la vida»

La familia de John Campuzano, excontador de Ecuagran y una de las víctimas de la masacre del 13 de noviembre en el pabellón transitorio de la Penitenciaría del Litoral, demandará al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por vulneración del derecho a la vida. «La justicia se nos sigue burlando», dice su hija Jomaira en redes, luego de que a una semana de la muerte de su padre, se haya hecho un nuevo sorteo para que el caso que enfrentaba cambie de juez.

JÉSSICA ZAMBRANO

A las 7 de la noche del viernes 12 de noviembre de 2021, John Campuzano, excontador de Ecuagran, habló por última vez con dos de sus tres hijos, Jomaira y John Jairo. Les contó que el día anterior había escuchado detonaciones y balaceras en la Penitenciaría del Litoral, donde estaba con prisión preventiva hace 70 días. Ese día no había comido. Una de las medidas de la policía para restringir el ingreso de material bélico es limitar el acceso a la comida. No era la primera vez que iba a dormir sin comer nada.

Al día siguiente, el sábado 13 de noviembre por la mañana, sus hijos vieron en Twitter una foto en la que aparecía su padre con la misma ropa con la que ingresó a la Penitenciaría: un calentador de la época colegial de su hijo y una camiseta. Su contextura, su corte de pelo. “Era él”, pensaron. A pesar de que lo reconocieron entre el tumulto de las víctimas de la masacre carcelaria, querían creer que seguía vivo. El domingo 14, criminalística les entregó su cuerpo y lo sepultaron.

Ese día, Jomaira hizo un post en su cuenta de Twitter,  a través del cual todos y todas conocimos un poco de la historia del excontador de Ecuagran, John Campuzano Triviño, condenado a 90 días de prisión preventiva a la cual no pudo apelar y cumplió 70 porque los conflictos que existen en la Penitenciaría del Litoral lo mataron antes de darle la posibilidad de hacer justicia.

A pesar de que no le avisaron a casi nadie, al velorio llegó muchísima gente. Gente de Balzar, de empresas en las que había trabajado, amigos que conoció jugando fútbol y organizando campeonatos. John Campuzano jugó de punta derecha en Emelec del año 79 hasta el 82, en ligas inferiores y quedó campeón. Durante sus últimos años jugaba de marcador y organizaba campeonatos de fútbol. Donde había una cancha hacía amigos y jugaba sus propios partidos. Acababa de tener a la última de sus nietas, a la más pequeña, la hija de Jomaira, de quien disfrutó sus primeros años de vida al tenerla en la misma casa.

El contador, amiguero, amante del fútbol, padre y abuelo John Campuzano se entregó a la justicia la madrugada del 1 de septiembre de 2021 bajo prisión preventiva. Pensaba que el que nada debe, nada teme. Que debía aportar a la justicia. «Decidió confiar en la justicia de este país y ese fue su error», dicen sus hijos.

La familia de Campuzano llegó a pagar USD 33 semanales para que su padre tenga acceso a un celular, comida y ciertos productos sanitarios. Durante su estadía en la cárcel depositaron más de USD 2.000, a pesar de que nunca les dejaron ingresar las medicinas que tomaba para la salud de su corazón. «No nos dejaban entregarle vitoallas, ropa interior, ni sus medicinas para la lesión que tenía en la rodilla ni para el corazón», cuenta Jomaira.

Para apelar a la prisión preventiva tuvo tres audiencias. Las tres se suspendieron. La primera sería el 30 de septiembre y se suspendió porque «no pudieron asentar la fecha». La secretaria del proceso dijo que no habían notificado con tiempo la fecha. La segunda sería el 12 de octubre. En esa ocasión el juez Johan Gustavo Marfetán Medina dijo que estaba de vacaciones. La tercera fecha de audiencia sería el 21 de octubre. Esa vez el mismo juez presentó un justificativo en el que decía que no podía comparecer en esta causa porque tenía una relación familiar con Enrique Weisson, gerente general de la compañía Ecuagran.

El 15 de noviembre de 2021, dos días después de la muerte de Campuzano en la penitenciaría, se acepta la justificación de Marfetán y se pide un nuevo sorteo de juez para el caso.

Una semana después de la muerte del excontador de Ecuagran, el lunes 22 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva contra Gad Goldstein, expresidente ejecutivo de Ecuagran, y Enrique Huerta, exgerente de Delcorp. «Lo que por cierto debieron hacer desde el principio y no contra el contador que nada tenía que hacer con el desvío que se dio a los fondos que provenían del ISSPOL a través de DECEVALE», asegura el abogado de la familia, Juan Vizueta.

«Es algo impresionante que mi papá haya sido el único procesado en este caso y los representantes no hayan sido vinculados», dice John Jairo. «La justicia se nos sigue burlando», lo complementa su hermana Jomaira, otra de las hijas de John.

Para Vizueta, más que la excusa del juez Johan Marfetan, «lo que realmente afectó el debido proceso es el no haber resuelto oportunamente dicha excusa, y de esta manera haber permitido que otro juez pueda haber intervenido y así resuelto la situación jurídica del procesado. Recordemos que uno de los principios del proceso penal es la celeridad, que exige una justicia pronta y sin dilaciones que en el presente caso estuvo ausente».

En su cuenta de Twitter, Vizueta se pregunta «¿quiénes deben responder por esta muerte?». Responde a su pregunta alegando que «aquí existe, en primer orden un responsable que es el Estado, quién debió garantizar el derecho a la vida y la integridad de los privados libertad, ya que estos están bajo su custodia, y luego de ello la deplorable administración de justicia que tenemos, tanto por el desconocimiento de delitos financieros que conllevó a la privación de libertad de un hombre inocente como John Campuzano, así como por el letargo en resolver su situación de privación de libertad».

La familia de Campuzano presentará una demanda al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por vulneración del derecho a la vida. «El Estado no garantiza ese derecho, dentro de la penitenciaría no existe ese derecho», dice su hijo John Jairo. La demanda busca una compensación económica y una disculpa del fiscal. «El estado falla en todos los puntos, en la justicia, en la penitenciaría. Ya no sé si en Ecuador son más las personas malas o las personas buenas», dice John. Agrega que «más allá de que en la Penitenciaría no se respete el derecho a la vida, muchas personas inocentes se encuentran allí debido a las fallas del fiscal y de los jueces, porque en la fiscalía también hay que pagar para todo, por un escrito, porque se aceleren los trámites».

  • Periodista. Es ciclista urbana en una ciudad caótica y busca la calma descendiendo a la profundidad del mar. Usa el ciclismo y el buceo a pulmón para hilar sensaciones del cuerpo con historias cotidianas. Desde que practica estos deportes –en los que la mente se involucra mucho más de lo que parece– ha buscado la manera para que su profesión, el periodismo que muchas veces condena a los profesionales a la hostilidad de un espacio laboral, sea también viajar y contar las historias que no se miran desde las ciudades donde –incrédulamente– se cree que todo acontece.

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    JÉSSICA ZAMBRANO

    A las 7 de la noche del viernes 12 de noviembre de 2021, John Campuzano, excontador de Ecuagran, habló por última vez con dos de sus tres hijos, Jomaira y John Jairo. Les contó que el día anterior había escuchado detonaciones y balaceras en la Penitenciaría del Litoral, donde estaba con prisión preventiva hace 70 días. Ese día no había comido. Una de las medidas de la policía para restringir el ingreso de material bélico es limitar el acceso a la comida. No era la primera vez que iba a dormir sin comer nada.

    Al día siguiente, el sábado 13 de noviembre por la mañana, sus hijos vieron en Twitter una foto en la que aparecía su padre con la misma ropa con la que ingresó a la Penitenciaría: un calentador de la época colegial de su hijo y una camiseta. Su contextura, su corte de pelo. “Era él”, pensaron. A pesar de que lo reconocieron entre el tumulto de las víctimas de la masacre carcelaria, querían creer que seguía vivo. El domingo 14, criminalística les entregó su cuerpo y lo sepultaron.

    Ese día, Jomaira hizo un post en su cuenta de Twitter,  a través del cual todos y todas conocimos un poco de la historia del excontador de Ecuagran, John Campuzano Triviño, condenado a 90 días de prisión preventiva a la cual no pudo apelar y cumplió 70 porque los conflictos que existen en la Penitenciaría del Litoral lo mataron antes de darle la posibilidad de hacer justicia.

    A pesar de que no le avisaron a casi nadie, al velorio llegó muchísima gente. Gente de Balzar, de empresas en las que había trabajado, amigos que conoció jugando fútbol y organizando campeonatos. John Campuzano jugó de punta derecha en Emelec del año 79 hasta el 82, en ligas inferiores y quedó campeón. Durante sus últimos años jugaba de marcador y organizaba campeonatos de fútbol. Donde había una cancha hacía amigos y jugaba sus propios partidos. Acababa de tener a la última de sus nietas, a la más pequeña, la hija de Jomaira, de quien disfrutó sus primeros años de vida al tenerla en la misma casa.

    El contador, amiguero, amante del fútbol, padre y abuelo John Campuzano se entregó a la justicia la madrugada del 1 de septiembre de 2021 bajo prisión preventiva. Pensaba que el que nada debe, nada teme. Que debía aportar a la justicia. «Decidió confiar en la justicia de este país y ese fue su error», dicen sus hijos.

    La familia de Campuzano llegó a pagar USD 33 semanales para que su padre tenga acceso a un celular, comida y ciertos productos sanitarios. Durante su estadía en la cárcel depositaron más de USD 2.000, a pesar de que nunca les dejaron ingresar las medicinas que tomaba para la salud de su corazón. «No nos dejaban entregarle vitoallas, ropa interior, ni sus medicinas para la lesión que tenía en la rodilla ni para el corazón», cuenta Jomaira.

    Para apelar a la prisión preventiva tuvo tres audiencias. Las tres se suspendieron. La primera sería el 30 de septiembre y se suspendió porque «no pudieron asentar la fecha». La secretaria del proceso dijo que no habían notificado con tiempo la fecha. La segunda sería el 12 de octubre. En esa ocasión el juez Johan Gustavo Marfetán Medina dijo que estaba de vacaciones. La tercera fecha de audiencia sería el 21 de octubre. Esa vez el mismo juez presentó un justificativo en el que decía que no podía comparecer en esta causa porque tenía una relación familiar con Enrique Weisson, gerente general de la compañía Ecuagran.

    El 15 de noviembre de 2021, dos días después de la muerte de Campuzano en la penitenciaría, se acepta la justificación de Marfetán y se pide un nuevo sorteo de juez para el caso.

    Una semana después de la muerte del excontador de Ecuagran, el lunes 22 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva contra Gad Goldstein, expresidente ejecutivo de Ecuagran, y Enrique Huerta, exgerente de Delcorp. «Lo que por cierto debieron hacer desde el principio y no contra el contador que nada tenía que hacer con el desvío que se dio a los fondos que provenían del ISSPOL a través de DECEVALE», asegura el abogado de la familia, Juan Vizueta.

    «Es algo impresionante que mi papá haya sido el único procesado en este caso y los representantes no hayan sido vinculados», dice John Jairo. «La justicia se nos sigue burlando», lo complementa su hermana Jomaira, otra de las hijas de John.

    Para Vizueta, más que la excusa del juez Johan Marfetan, «lo que realmente afectó el debido proceso es el no haber resuelto oportunamente dicha excusa, y de esta manera haber permitido que otro juez pueda haber intervenido y así resuelto la situación jurídica del procesado. Recordemos que uno de los principios del proceso penal es la celeridad, que exige una justicia pronta y sin dilaciones que en el presente caso estuvo ausente».

    En su cuenta de Twitter, Vizueta se pregunta «¿quiénes deben responder por esta muerte?». Responde a su pregunta alegando que «aquí existe, en primer orden un responsable que es el Estado, quién debió garantizar el derecho a la vida y la integridad de los privados libertad, ya que estos están bajo su custodia, y luego de ello la deplorable administración de justicia que tenemos, tanto por el desconocimiento de delitos financieros que conllevó a la privación de libertad de un hombre inocente como John Campuzano, así como por el letargo en resolver su situación de privación de libertad».

    La familia de Campuzano presentará una demanda al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por vulneración del derecho a la vida. «El Estado no garantiza ese derecho, dentro de la penitenciaría no existe ese derecho», dice su hijo John Jairo. La demanda busca una compensación económica y una disculpa del fiscal. «El estado falla en todos los puntos, en la justicia, en la penitenciaría. Ya no sé si en Ecuador son más las personas malas o las personas buenas», dice John. Agrega que «más allá de que en la Penitenciaría no se respete el derecho a la vida, muchas personas inocentes se encuentran allí debido a las fallas del fiscal y de los jueces, porque en la fiscalía también hay que pagar para todo, por un escrito, porque se aceleren los trámites».

    • Periodista. Es ciclista urbana en una ciudad caótica y busca la calma descendiendo a la profundidad del mar. Usa el ciclismo y el buceo a pulmón para hilar sensaciones del cuerpo con historias cotidianas. Desde que practica estos deportes –en los que la mente se involucra mucho más de lo que parece– ha buscado la manera para que su profesión, el periodismo que muchas veces condena a los profesionales a la hostilidad de un espacio laboral, sea también viajar y contar las historias que no se miran desde las ciudades donde –incrédulamente– se cree que todo acontece.

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