La muerte de María Belén Bernal es responsabilidad de la Policía y del Estado

El cuerpo de María Belén Bernal se encontró once días después de que su madre exigiera su búsqueda. ¿Por qué la Policía y el Estado son responsables de su asesinato? Esta columna lo explica.

THALÍE PONCE

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que ya ves

Es femicidio

Impunidad para mi asesino

Es la desaparición

Es la violación

María Belén Bernal está muerta. Creo que ya lo sabía, pero una parte de mí conservaba una pequeñísima esperanza de que apareciera con vida.

María Belén Bernal está muerta: la mataron. La mató su esposo, la mató la Policía, la mató el Estado.

Sí, la muerte de María Belén Bernal es responsabilidad de la Policía y del Estado tanto como del femicida, aunque las autoridades busquen posicionar la narrativa contraria. Aunque hayan montado un troll center con el fin de desprestigiarla y culpabilizarla.

El hecho de que fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito, por un agente policial, debería ser suficiente para entender que el Estado es responsable. Pero repasemos los detalles a ver si queda más claro.

Hubo testigos. Se escucharon gritos y pedidos de ayuda. Antes de morir, María Belén alcanzó a decir «auxilio, me matan». La escucharon. Y nadie hizo nada.

Luego se oyó cómo Germán Cáceres salía de la habitación y arrastraba algo. «Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas. Cada dos pasos, golpes en las gradas», narró una agente. Probablemente era el cuerpo de María Belén Bernal, llevado como una cosa. Lo oyeron. Y nadie hizo nada.

Un cadete vio a Cáceres subir a un carro un bulto envuelto en una sábana. Y, una vez más, nadie hizo nada.

Los testigos son todos miembros de la Policía. De esa institución que se supone debería velar por nuestra seguridad. Y luego, cuando Cáceres fue a rendir su versión, el informe que podría haber asegurado su prisión preventiva no llegó a tiempo, y fue liberado. ¿Quién debía emitir ese documento? Sí… la Policía. Como si eso fuera poco, después lo dejaron escapar, tal como lo aseguró la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 

Tuvieron que pasar once días desde la desaparición de María Belén para que allanen la casa de los padres del femicida «en busca de evidencia», cuando ya estaba prófugo.

Un reporte de la Inspectoría General de la Policía Nacional —con corte 15 de junio de 2022— señala que ha habido 33 agentes detenidos por violencia intrafamiliar entre 2018 y 2022. Si bien la violencia de género no es el delito más recurrente entre miembros de la Policía, una investigación de Connectas en Ecuador evidenció que, de una muestra de 28 policías que habían vuelto a patrullar después de haber sido detenidos, 10 tenían procesos en curso por demanda de alimentos o denuncias de violencia intrafamiliar.

¿Qué podemos esperar de una institución que confía nuestra seguridad a posibles agresores? Creo que ya tenemos la respuesta: que asesinen a una mujer dentro de un recinto policial con total impunidad.

Cáceres no actuó solo. Tuvo ayuda y lo encubrieron. Pero las autoridades han preferido el cinismo antes que las respuestas. 

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que se trató de un «acto humano» y de un «crimen pasional». Esas palabras no solo son indolentes y desubicadas, sino inaceptables en un país en el que cada 28 horas asesinan a una mujer.

Eso significa que este 2022, más de 200 mujeres han sido víctimas de femicidio, la cifra más alta desde que se tipificó este delito en Ecuador. 

Esta estadística no puede ser leída sin el contexto de precarización, empobrecimiento e incremento de la violencia que afecta —como la mayoría de problemáticas sociales— principalmente a las mujeres; y que ha sido profundizado por las políticas de este Gobierno, que aunque en campaña prometió velar por los derechos de las mujeres, en la práctica nos ha dado la espalda.

Mientras Carrillo lanzaba esas declaraciones, la madre de María Belén exigía, incansablemente, que se busque a su hija. Mujeres, activistas y feministas acompañamos su lucha y exigimos conocer el paradero de María Belén. Pero la respuesta estatal —a través del secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez— fue que somos desestabilizadoras. 

Cuando encontraron el cuerpo de María Belén, Carrillo dijo que la Policía había «cumplido su trabajo». 

Esto solo tendría sentido si su trabajo fuera dejarnos en total desprotección.

Dice la antropóloga y feminista argentina Rita Segato que «el cuerpo de las mujeres es el lugar en el que se manifiesta el fracaso del Estado». El Estado ecuatoriano nos ha fallado. Le falló a María Belén Bernal. A las más de 200 mujeres asesinadas en lo que va del año. A todas.

  • Periodista y editora con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. Es exbecaria del International Center for Journalists (2019), la International Women's Media Foundation y el programa Reham Al-Farrah de la ONU (2021). En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y en 2020 fue finalista del premio Roche de periodismo en salud, edición Ecuador. En los últimos años su cobertura se ha centrado en la violencia basada en género y los derechos de las mujeres.

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    Que nos juzga por nacer

    Y nuestro castigo

    Es la violencia que ya ves

    Es femicidio

    Impunidad para mi asesino

    Es la desaparición

    Es la violación

    María Belén Bernal está muerta. Creo que ya lo sabía, pero una parte de mí conservaba una pequeñísima esperanza de que apareciera con vida.

    María Belén Bernal está muerta: la mataron. La mató su esposo, la mató la Policía, la mató el Estado.

    Sí, la muerte de María Belén Bernal es responsabilidad de la Policía y del Estado tanto como del femicida, aunque las autoridades busquen posicionar la narrativa contraria. Aunque hayan montado un troll center con el fin de desprestigiarla y culpabilizarla.

    El hecho de que fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito, por un agente policial, debería ser suficiente para entender que el Estado es responsable. Pero repasemos los detalles a ver si queda más claro.

    Hubo testigos. Se escucharon gritos y pedidos de ayuda. Antes de morir, María Belén alcanzó a decir «auxilio, me matan». La escucharon. Y nadie hizo nada.

    Luego se oyó cómo Germán Cáceres salía de la habitación y arrastraba algo. «Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas. Cada dos pasos, golpes en las gradas», narró una agente. Probablemente era el cuerpo de María Belén Bernal, llevado como una cosa. Lo oyeron. Y nadie hizo nada.

    Un cadete vio a Cáceres subir a un carro un bulto envuelto en una sábana. Y, una vez más, nadie hizo nada.

    Los testigos son todos miembros de la Policía. De esa institución que se supone debería velar por nuestra seguridad. Y luego, cuando Cáceres fue a rendir su versión, el informe que podría haber asegurado su prisión preventiva no llegó a tiempo, y fue liberado. ¿Quién debía emitir ese documento? Sí… la Policía. Como si eso fuera poco, después lo dejaron escapar, tal como lo aseguró la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 

    Tuvieron que pasar once días desde la desaparición de María Belén para que allanen la casa de los padres del femicida «en busca de evidencia», cuando ya estaba prófugo.

    Un reporte de la Inspectoría General de la Policía Nacional —con corte 15 de junio de 2022— señala que ha habido 33 agentes detenidos por violencia intrafamiliar entre 2018 y 2022. Si bien la violencia de género no es el delito más recurrente entre miembros de la Policía, una investigación de Connectas en Ecuador evidenció que, de una muestra de 28 policías que habían vuelto a patrullar después de haber sido detenidos, 10 tenían procesos en curso por demanda de alimentos o denuncias de violencia intrafamiliar.

    ¿Qué podemos esperar de una institución que confía nuestra seguridad a posibles agresores? Creo que ya tenemos la respuesta: que asesinen a una mujer dentro de un recinto policial con total impunidad.

    Cáceres no actuó solo. Tuvo ayuda y lo encubrieron. Pero las autoridades han preferido el cinismo antes que las respuestas. 

    El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que se trató de un «acto humano» y de un «crimen pasional». Esas palabras no solo son indolentes y desubicadas, sino inaceptables en un país en el que cada 28 horas asesinan a una mujer.

    Eso significa que este 2022, más de 200 mujeres han sido víctimas de femicidio, la cifra más alta desde que se tipificó este delito en Ecuador. 

    Esta estadística no puede ser leída sin el contexto de precarización, empobrecimiento e incremento de la violencia que afecta —como la mayoría de problemáticas sociales— principalmente a las mujeres; y que ha sido profundizado por las políticas de este Gobierno, que aunque en campaña prometió velar por los derechos de las mujeres, en la práctica nos ha dado la espalda.

    Mientras Carrillo lanzaba esas declaraciones, la madre de María Belén exigía, incansablemente, que se busque a su hija. Mujeres, activistas y feministas acompañamos su lucha y exigimos conocer el paradero de María Belén. Pero la respuesta estatal —a través del secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez— fue que somos desestabilizadoras. 

    Cuando encontraron el cuerpo de María Belén, Carrillo dijo que la Policía había «cumplido su trabajo». 

    Esto solo tendría sentido si su trabajo fuera dejarnos en total desprotección.

    Dice la antropóloga y feminista argentina Rita Segato que «el cuerpo de las mujeres es el lugar en el que se manifiesta el fracaso del Estado». El Estado ecuatoriano nos ha fallado. Le falló a María Belén Bernal. A las más de 200 mujeres asesinadas en lo que va del año. A todas.

    • Periodista y editora con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. Es exbecaria del International Center for Journalists (2019), la International Women's Media Foundation y el programa Reham Al-Farrah de la ONU (2021). En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y en 2020 fue finalista del premio Roche de periodismo en salud, edición Ecuador. En los últimos años su cobertura se ha centrado en la violencia basada en género y los derechos de las mujeres.

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